Los pueblos hacen suya la lucha minera

MIERES (ASTURIAS) // En la entrada del pozo minero de San Jorge (Aller, Asturias), están escritos con rotulador los nombres de un sinfín de ayuntamientos, pequeños comercios y bares que han hecho donaciones a la caja de resistencia de los mineros o han respaldado la lucha para defender, no solo sus puestos de trabajo, sino el futuro de las cuencas en las que viven.

Junto a la puerta de acceso de la mina de San Jorge, todos los martes, jueves y sábados se concentran centenares de vecinos para apoyar a los tres mineros que continúan encerrados a cientos de metros de profundidad en el vecino pozo de Santiago, el que da empleo a más trabajadores en España. También continúan los encierros en las profundidades de las perforaciones de Candín (Langreo, Asturias), Ariño (Teruel) y Santa Cruz del Sil (León).

A diferencia de las protestas de 1962, en las que los mineros exigieron mejoras laborales al régimen de Franco, en 2012 no reclaman dinero, sino la supervivencia del sector del carbón, al menos, hasta 2018, la fecha que pactaron el Gobierno español y la UE. A su juicio, mantener la industria minera, es la única forma de evitar un “drama social” en poblaciones en las que el único empleo posible es la extracción de carbón.

El nuevo recorte de las ayudas anunciado por el Gobierno (el 64%, según los sindicatos) fue el que desencadenó las protestas porque “condenará al sector a un cierre inmediato y definitivo”, aseguran.

Ayudas a las cuencas

¿Por qué los vecinos de las cuencas mineras y sus alcaldes dan un apoyo tan férreo a los mineros, a pesar de estar sufriendo cortes de tráfico diarios? “Porque las ayudas que reclamamos no son solo para el carbón. También incluyen miles de becas para jóvenes de las comarcas, partidas para construcción de carreteras, el fomento de un tejido industrial alternativo a la minería para el futuro…”, señala Conchi Alonso, minera de 34 años.

Históricamente, además de negociar sus condiciones de trabajo, los mineros han sido “solidarios” en sus reivindicaciones con el resto de las comarcas y “la gente agradece esta solidaridad, que no ha habido desde otros sectores”, apunta José Manuel Sapico, portavoz de las comarcas mineras de CCOO.

El 22 de junio, Conchi inició una caminata desde Mieres (Asturias) hacia Madrid junto a otros 59 compañeros, que forman la columna asturiana de la marcha negra. La caminata de tres semanas es una más de las protestas lanzadas en junio (manifestaciones, acampadas, encierros, cortes de tráfico…) y finalizará el 11 de julio con la llegada conjunta a Madrid de más de 200 mineros de Castilla y León, Asturias y Aragón.

La huelga de los mineros españoles ha sido el primer parón indefinido convocado por un sector en Europa desde que comenzó la oleada de recortes. El seguimiento es del 100% y la cohesión de los trabajadores ha despertado envidias entre sus colegas europeos.

Diferencias con las ciudades

Además de las ayudas económicas del Gobierno, hay otro motivo por el que los mineros cuentan con un apoyo masivo en las cuencas: la mayor parte de sus vecinos conoce de primera mano el sacrificio que supone trabajar en la mina porque tiene a algún familiar activo, retirado o fallecido en un accidente. En las grandes ciudades asturianas, los cortes de tráfico de los mineros y los enfrentamientos con la policía han levantado más recelos.

En pueblos como Degaña, la mina da trabajo a casi todos sus habitantes activos. El alcalde, Jaime Garet (IU), teme encontrarse con un panorama desolador como el que, en los últimos años, ha despoblado barrios enteros de Chicago (EEUU), tras el hundimiento del sector del automóvil. En la minería, existe otro precedente en la década de 1980, en Reino Unido: Margaret Tatcher impulsó el cierre y la privatización de las 174 minas del Estado, donde trabajaban 187.000 personas. El impacto social noqueó a poblaciones enteras.

En Asturias, ya hay áreas inmersas en esta depresión social: el valle de Turón es el ejemplo más claro del drama minero. En la primera mitad del siglo XX, decenas de pueblos y pedanías brotaron en las faldas de sus montañas, al calor de los nuevos pozos y chamizos de extracción libre de carbón. Allí, llegaron a trabajar hasta 8.000 mineros, pero las instalaciones fueron cerrando poco a poco hasta 2005, cuando dejó de extraer carbón la última de ellas.

Hoy, la carretera que serpentea en el interior del valle es un reguero de pozos abandonados, con las máquinas oxidadas y los edificios cubiertos por la maleza. La despoblación va en aumento, los intentos por atraer otros sectores industriales han fracasado y los jóvenes emigran.

La despoblación

Uno de los pocos que queda, Miguel Prado, de 30 años, fue presidente hasta enero de la Plataforma Juvenil para la Defensa del Valle de Turón. Estudió informática y trabajó cinco años en una empresa italiana que se instaló en el valle. Pero cuando se acabaron las ayudas que recibía del gobierno español, la compañía se marchó.

“A los trabajadores de las minas, el Gobierno les ofreció prejubilaciones pero, con ellas, se fueron los puestos de trabajo. Nosotros nos hemos quedado sin trabajo”, lamenta Miguel. Los jóvenes no echan esto en cara a sus mayores: solo reclaman al Gobierno que invierta en la zona para crear un tejido industrial alternativo.

POLÉMICAS SOBRE LA VIOLENCIA Y LA CONTAMINACIÓN

La violencia utilzada en algunas protestas contra la Policía y las emisiones de dióxido de carbono por combustión del carbónsonlasdospolémicas a las que se enfrentan los mineros. Sobre la primera, critican que quien genera la violencia es “quien genera el problema”. Además, reclaman aumentar la investigación en proyectos como, por ejemplo, el que busca solidificar CO2 para evitar su emisión a la atmósfera.