Lo que la Justicia española no quiere oír

SEVILLA // Están nerviosos. El notario se retrasa casi una hora. Vuelven a recordar la historia de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres… Y no pueden creer que estén ahí, con la boca seca de tanto pedir justicia, mientras el Supremo, el mismo que condenó a Baltasar Garzón, da carpetazo a las “vergüenzas” de su ya expresidente Carlos Dívar. Son Rafael López, Paqui Maqueda, Noelia Rodríguez, Concha Morón, Rosa Baras y Manuel García, miembros de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y familiares de desaparecidos o fusilados. Acaban de firmar en Sevilla un poder notarial para adherirse a la causa abierta en Argentina contra los crímenes franquistas.

Según el abogado Carlos Slepoy, son ya más de cien personas y numerosos colectivos los que se han sumado a la querella, impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y dos familiares de desaparecidos. “Estamos preparando una campaña para conseguir que se adhieran más personas en vista de la visita a España de la jueza María Servini [que lleva la causa] el próximo septiembre”, explica Slepoy. Servini ya ha pedido información a las autoridades españolas sobre las fosas comunes y datos personales de los presuntos autores de los crímenes investigados, entre ellos jueces, ministros o directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo.

«Queremos invitar a la jueza a la fosa de Cazalla (Sevilla), que se está exhumando ahora», cuenta Manuel García. En esa fosa, ubicada en el cementerio, se encuentra supuestamente su abuelo, de su mismo nombre. Era teniente de alcalde de Alanís, municipio vecino. Hasta el momento, ya se han localizado más de 80 cadáveres. Rafael López, que preside la AMHyJA, ni siquiera ha conseguido que se exhume la fosa de su abuelo, Isidro Fernández, en Hinojos (Huelva). Isidro era responsable del Partido Socialista en El Rocío. “Dos falangistas se lo llevaron a Hinojos, donde fue fusilado con un grupo de unas diez personas, una de ellas una mujer, Frasquita la Charamusca», recuerda. Su abuela se quedó sola con cinco hijos. Montó un horno de leña para hacer pan y se lo quemaron.

Noelia Rodríguez no le ha dicho a su madre, Otilia, de 77 años, que iba a personarse en la causa. “Cuando se emitía el programa Quién sabe dónde, mi madre, que tenía un año cuando mataron a mi abuelo, Manuel Escobar, quería llamar», cuenta. “En la lista de los que había que asesinar no estaba mi abuelo, sino su hermano, José. Pero cambiaron el nombre porque José era el novio de una falangista», dice Noelia. Manuel Baras era masón, jefe de los municipales en Cádiz. «Pasó por varias cárceles, hasta que un día le dijeron a mi padre, con 18 años, cuando iba a llevarle la comida, que ya no la necesitaba», recuerda Rosa Baras, su nieta.

Concha Morón es también nieta y sobrina de fusilados. Su abuelo, Alfonso Morón, cónsul honorario de México, fue detenido en la primera redada de masones en Huelva y fue al primero que asesinaron tras intentar, sin éxito, que delatara a sus compañeros. Su tío José Hernández fue fusilado acusado de conspirar contra Queipo de Llano. A Paqui Maqueda le mataron a su bisabuelo Juan Rodríguez y a su abuelo Pascual. «Ay, madre mía», fueron las últimas palabras de Pascual, al que le descerrajaron siete tiros por la espalda. «Si la reparación no ha llegado de la mano de la justicia española que nos venga de Argentina», concluye Maqueda. Son sólo seis testimonios que los tribunales españoles, de momento, no han escuchado. O no han querido escuchar.