El negocio del PP valenciano: el dinero al bolsillo y los niños a los barracones

Le dijeron de todo entre los flashes de los periodistas. Pero entre los abucheos que el expresidente del PP valenciano Alfonso Rus recibió a la salida del juzgado, se pudo escuchar la siguiente frase: “Y los niños a estudiar a los barracones”. La detención de Rus y de una veintena de dirigentes del PP valenciano en la denominada Operación Taula vuelve a poner en evidencia cómo el partido, cuyas riendas tomará una gestora, ha gestionado los recursos públicos en beneficio propio.

El gobierno valenciano gastó casi cien millones de euros en la celebración del campeonato de Fórmula Uno. Y mientras tanto, miles de alumnos y alumnas acudían a su colegio o instituto para recibir sus clases en barracones o en centros educativos en muy mal estado, en algunos casos declarados en ruina. Pero además, al mismo tiempo, los colegios que se construían se hacía con un sobrecoste que ha alcanzando el 36%. En todos los casos, mientras la corrupción campaba a sus anchas, se argumentaba que no había dinero para acometer las necesidades que la sociedad demandaba.

La realidad en las infraestructuras educativas de la Comunidad Valenciana es dramática. El último dato revela que hay instalados alrededor de 1.700 módulos prefabricados y una treintena de centros están conformados en su totalidad por barracones. En las últimas semanas se ha conocido también que hubo fraude en la adjudicación de estas instalaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a cinco empresas que crearon un cártel para pactar los precios para ganar los concursos de instalación de aulas prefabricadas de Ciegsa, la empresa pública dependiente de la conselleria y encargada de la construcción de centros educativos.

Esta misma empresa ha sido catalogada de «estafa institucionalizada». Este calificativo procede del informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat Valenciana sobre Ciegsa, presentado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler y el conseller de Educación, Vicent Marzà. El documento saca a la luz que las construcciones de los centros educativos han tenido un sobrecoste de un 36% más que si la gestión hubiese estado a cargo directamente del Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Educación. A una media de cinco millones de euros por un nuevo centro, solo con el sobrecoste se podrían haber construido 108 colegios o institutos. Los colegios han costado 540 millones más de los presupuestado. El informe revela que esta empresa de titularidad pública ha supuesto un coste para las arcas valencianas de 1.000 millones de euros desde 2001, cuando se creó.

Mientras todo esto ocurría, el alumnado sufría las consecuencias de este juego de corruptelas y mala gestión. Hay cientos de casos de lamentable estado en el que se imparten las clases. El colegio del municipio de Rojales (Alicante), de más de 40 años de antigüedad, lleva más de una década luchando para la construcción de nuevo centro. Se desprendieron cornisas de más de 30 kilos sobre el patio donde minutos antes jugaban los niños y niñas. Y se han visto obligados a decidir entre encender la calefacción o la luz porque la instalación eléctrica no soporta las dos cosas. Ahora es uno de los 124 centros cuyas obras de remodelación ha prometido acometer la conselleria antes de que acabe la legislatura. O el CEIP 103 de Valencia, el cual está compuesto íntegramente de aulas prefabricadas.