En lo más recóndito del Parlamento Europeo, en el edificio Willy Brandt, hay un pequeño santuario para aquellos que se enfrentaron a la más grande de las multinacionales. Ese que aloja al grupo de la Izquierda Unitaria Europea, recuerda en su planta número dos a los trabajadores de Coca Cola en lucha. Algunas de las puertas de los eurodiputados de Izquierda Unida reciben a sus visitas con una pegatina que predica “No bebas Coca Cola. Si Madrid no fabrica, Madrid no consume”. Ya dentro, la mancha cubre la parte destinada a España en un mapa gigante de Europa. Casi 900 días acampados al frente de la fábrica de Fuenlabrada, protestas casi diarias y un reguero de sollozos que bien llenaría el Canal de Isabel II lograron hacer mella en la gigante de las bebidas refrescantes. “Sin su lucha, es probable que muchas otras no se lo hubieran pensando dos veces antes de echar a sus trabajadores”, anticipa la eurodiputada de IU, Paloma López.
“La vida no es como una de esas bonitas piezas publicitarias que Coca-Cola emite en Navidad. A veces tiene momentos duros”. Así valora una de las tantas voces afectadas por el conflicto el anuncio de que Madrid no volverá a fabricar refrescos en sus fábricas. “Incluso cuando pierden, ganan”. La embotelladora española había perdido desde 2014 todas las batallas judiciales contra los 821 trabajadores a los que quiso despedir con un ERE. Pero en la última, la misma Audiencia Nacional que anuló el ERE, permitió que la readmisión de los empleados de la fábrica cerrada se llevara a cabo en su nuevo centro logístico, y no en una planta productiva, como exigía la plantilla. La empresa tampoco abrirá más las plantas cerradas en Alicante, Asturias y Mallorca.
“Nos van a matar. De verdad, ni un sólo día tranquilos”, señala Gema Gil, esposa de uno de los trabajadores que se ha dejado la voz cada semana protestando en Sol. No habla de Coca-Cola, sino de los medios que abrían sus noticias con “el final del ERE tras un acuerdo con sus empleados” . “No ha terminado la lucha”, se apresuró a decir entonces un portavoz sindical de los empleados de la fábrica más combativa de España, la de Fuenlabrada, sobre las 325 personas que habían pedido la readmisión. Pero para eso era necesario que Coca-Cola volviera a producir refrescos en Madrid. Nunca lo hará.
Todo el contexto de despidos masivos, readmisiones a medias, sentencias laberínticas e intrincados entramados legales para “debilitar” a los trabajadores, como reconocen ellos mismos en privado, ha sido atribuido en todo momento al conjunto de embotelladoras independiente de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), que preside la catalana Sol-Daurella.
Un documento al que ha tenido acceso La Marea denuncia que los despidos y el ERE que aparecieron en la prensa en forma de “reestructuración” son parte de una ambiciosa estrategia comercial de la multinacional estadounidense para conquista Europa.
Bajo el nombre de Coca-Cola 2020, la marca con sede en Atlanta pretendía ya desde hace cinco años ganar, facturar y vender el doble. “El problema es cuando recurren al recorte de empleos para ello”, dice Mercedes Pérez Pino, del sindicato CCOO, que se reunió con el CEO de Coca Cola entre el 16 y 17 de abril de 2009. “Entrevistarse con Muhtar Kent es como hablar con Dios, o con el jefe de Dios”, narra antes de añadir que iba petrificada como una piedra.
La representante sindical, en un principio, no iba a entrar en la reunión ya que sólo había 10 participantes invitados. Finalmente le dejaron acceder al interior de la sala en Atlanta y le otorgaron tres minutos para preguntar a Kent. “Aproveché para lanzarle un dardo. Se tiró 20 minutos contestando”, recuerda en relación a la intervención que le costó el veto para volver a asistir a uno de esos encuentro.
Perez Pino cuenta que el empresario americano relató el proyecto que tenía reservado para la expansión mundial y que anticipaban los posteriores despidos de CCIP. “Estados Unidos tiene que jugar un gran papel en la búsqueda de soluciones en una crisis de índole mundial”, refleja el documento de la reunión al que ha tenido acceso La Marea. “Por eso hay que prepararse”, aseguró en relación al plan 2020. Año que en el que Kent preveía “el equilibrio del mundo”.
La sindicalista de Coca-Cola, que intuía que el proyecto incidiría en España, le preguntó por ello. “Estamos muy satisfechos con el funcionamiento y el sistema de franquicias establecido en España; sistema que va a continuar”, dije el todopoderoso CEO de Coca-Cola. No contenta, a su vuelta, le trasladó sus preocupaciones tanto a sus compañeros como a Casbega, la embotelladora de Coca-Cola en Madrid. “Mantuvieron un silencio hermético”, asegura. “Estaba claro que esto era parte de un proyecto de mayor nivel, pero Coca Cola lo negó. Fíjate si tenían que ver que al final son los que han sacado el ERE”.
En relación al empleo, el proyecto 2020 ha afectado directamente a todos los países del mundo donde está implantada la compañía. No tanto en Sudamérica, porque las condiciones laborales son eran débiles. Hace treinta años, Coca-Cola planteó una expansión y estrategia laboral diferente: la compañía pasaría a ser socia de la propia embotelladora. Lo que repercute, según Pérez Pino, en que los trabajadores apenas tengan derechos y la empresa tenga todo el poder. Así lo corroboran las denuncias sobre la sobreexplotación de acuíferos para producir la bebida en El Salvador y los presuntos abusos de sus subcontratas a trabajadores en Colombia.
En el caso de Europa la situación es distinta. Hasta hace unos años, la organización de Coca-Cola se basaba en el sistema de franquicias. De tal forma, la marca concedía a empresarios del país donde iba a instalarse la franquicia para fabricar sus productos, reservándose la venta del jarabe y controlando que las producciones y sistemas comerciales se ajustaran a una serie de parámetros. El hecho de que las embotelladoras independientes escatimaran en la calidad del producto para aumentar sus beneficios, dio lugar al intento de cambiar el modelo por el de Sudamérica. Desde que esta iniciativa se planteara en 2010, ha repercutido en el cierre de fábricas en Alemania, Grecia, Francia, Italia, Turquía o España, donde la situación es si cabe “más kafkiana, por la complacencia de los gobiernos e incluso de algunas organizaciones sindicales”, según la de CCOO. “Resulta curioso que hasta que yo no fui a Atlanta y expuse ‘a traición’ la situación de tercerización, vulneración de derechos, etc. ningún acta revelaba lo que estaba sucediendo en España”.
Hasta el año 2013, España mantuvo el citado sistema de franquicias. A partir de ese momento, se comenzó con la unificación de todos los embotelladores al amparo de la Compañía Coca-Cola, y se creó la llamada Coca Cola Iberian Partners con la presencia mayoritaria de Cataluña (Cobega). “Lo que hay detrás de la fusión en España es la consiguiente unión de las plantas europea de la mano de la compañía Coca-Cola con CCIP”, asegura el Jefe de Ventas de esta última, Francisco Bermejo. “La situación de Europa queda aproximadamente con el 38 por ciento en manos de CCIP, el 44 por ciento en Coca Cola Enterprise [embotelladores de diferentes países como Benelux y Francia] y el 18 por ciento en la propia Coca-Cola”.
El siguiente paso que se plantea es la salida a bolsa de la ya asentada como Coca-Cola European Partners, que convertirá a la familia Daurella en la sexta fortuna española. La nueva embotelladora facturará 12.600 millones de dólares anuales, cotizará en las bolsas de Nueva York, Ámsterdam y Londres, y operará en trece países.
“A bien obrar bien pagar”, que dice un refranero popular. La fusión ibérica, el cierre de plantas y el polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anulado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, conllevó al planteamiento de un dividendo millonario entre los accionistas de la embotelladora española de Coca-Cola, según recoge el acuerdo de fusión remitido por Coca-Cola que publicó eldiario.es.
La estrategia hegemónica de la multinacional en Europa ha sido criticada también en el Parlamento Europeo. Con el objetivo de “visibilizar el conflicto y que no quede reducido a una zona muy concreta de Madrid”, diferentes europarlamentarios recibieron a los trabajadores en Bruselas durante el mes de Febrero. Paloma López, una de las impulsoras de la visita, carga en conversaciones con La Marea contra la vulneración por parte de España de la Carta Social Europea. “El Estado ha permitido los desmanes de las grandes empresas y les ha brindando además las herramientas legales para hacerlo”, apunta en relación a la reforma laboral.
Por este y otros motivos, 35 eurodiputados pidieron en marzo a la Comisión Europea que protegiera a los empleados de Coca-Cola.
“En el marco europeo hay un incumplimiento sistemático de derechos”, añade de nuevo López. Lo que provoca que Europa sea cada vez menos consciente de los trabajadores y trabajadoras. “En las normativas europeas, el lenguaje institucional casi siempre hace referencia a términos como ‘empresas’ y menos al de la mano de obra que las sostienen.”
Por el momento, el sistema que Coca-Cola ha planteado en España con el cierre de Fuenlabrada incidirá en el apartado de la huella de carbono. La fabrica de la capital madrileña fabricaba 120 millones de cajas al día. Para abastecer el mercado de Madrid y Centro –que es el que tiene mayor consumo per cápita de Europa- es necesaria la circulación permanente de más de 300 trailers atravesando diariamente la península. “¿Tú sabes el impacto que tiene para el clima que tantos camiones recorran ida y vuelta España cada día?”, sentencia Francisco Bermejo sobre el bien publicitado compromiso de Coca-Cola con el medio ambiente.
