Absuelto Antonio Aramayona, ¿no debería dimitir el delegado del Gobierno en Aragón?

Dado que acabamos de recibir la excelente noticia de que Marga Ribas, Marisol Ibáñez y Antonio Aramayona han sido absueltos, tras ser acosados a multas por la Delegación del Gobierno en Aragón, pues se les reconoce judicialmente el derecho que les asiste a la libertad de expresión en su protesta, no me resisto a invitar al titular de esa Delegación a que ponga su cargo a disposición del Gobierno o dimita, pues con su actitud persecutoria y acosadora a un derecho fundamental no debería seguir estando al frente de ese departamento. ¿O es que cuando la justicia impone multas y sanciones el ciudadano está obligado a pagarlas y cuando quien decide imponerlas va en contra del derecho a la libertad de expresión no está obligado a nada?

A lo largo de todo un año y pico, el profesor jubilado de Filosofía Antonio Aramayona y sus dos compañeras han tenido que resistirse y hacer frente a quienes querían imponerles una mordaza propia del viejo régimen y desalojarlos del lugar que ocupaban y ocupan en el portal de la vivienda de la consejera de Educación del gobierno aragonés.

Lo hacían, lo hacen y los seguirán haciendo en demanda de una educación pública y laica de calidad. No han podido con ellos porque, además de aspirar a ese objetivo, estaban convencidos de que su presencia allí daba constancia y vigor a un principio elemental en toda democracia que se precie: la libertad de dar voz a todos los que creemos que la palabra le puede a cualquier tipo de represión que pretenda acallarla.

Gracias por estar y seguir ahí, Antonio, Marisol, Marga. El señor delegado del Gobierno en esa Comunidad debería estar muy avergonzado de su papel porque lo remite, directamente, adonde nunca deberíamos regresar por más que les incomode una ciudadanía libre, coherente y responsable. Personalmente me sentiría muy a disgusto de seguir luciendo ese cargo con esa mácula.

NOTA DE ARAMAYONA, MARGA Y MARISOL

Mediante sentencia 305/14 de siete de julio de 2014 (cuya copia en pdf se adjunta) relativa al juicio de faltas 84/14, el magistrado Rafael Lasala Albasini, ha resuelto la libre absolución de Marga Ribas y Marisol Ibáñez, a quienes el ministerio fiscal había retirado ya los cargos, y de Antonio Aramayona, para quien el fiscal había solicitado la imposición de una multa de 160 euros.

Consideramos que la sentencia, sustentada en la sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional, supone el claro reconocimiento de que la libertad de expresión, no violenta y cívicamente ejercida en la vía pública, está por encima de la potestad sancionadora de los poderes públicos del Estado. En esta línea, se ratifica que, siendo la libertad uno de los valores superiores y la seguridad jurídica uno de los principios configuradores del Estado de Derecho, no siendo ningún poder público ilimitado, y estando la potestad sancionadora del Estado sujeta a unos estrictos límites, la potestad sancionadora se deslegitima si de algún modo se traspasan tales límites.

Ni que decir tiene la importancia que ello tiene para el ejercicio de la libertad de expresión de los tres encausados en el domicilio o despacho de un cargo público (en este caso, la vivienda de la Consejera aragonesa de Educación), sino de toda la ciudadanía que quiera manifestar noviolentamente en la vía pública sus ideas, sus valores, sus reivindicaciones y sus denuncias.

Por otro lado, la sentencia establece que la desobediencia a la autoridad ha de suponer previamente que el acto de esa autoridad cuenta con una base legal que la sustente. Tanto el 4 como el 5 de junio (días donde fuimos sancionados) los agentes adujeron como norma legal el artículo 26 h de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no se dan en la actuación de Antonio Aramayona los casos contemplados como acción contraria a la seguridad ciudadana, por lo que el magistrado no encuentra base para la emisión de la orden recibida por los agentes, más teniendo en cuenta el comportamiento cívico y educado que mantuvieron en todo momento tanto Aramayona como los mismos agentes.

Insiste la sentencia en que tampoco ha habido vejaciones, molestias o coacciones al cargo público en cuyo portal se encontraba (concretamente, la Consejera aragonesa de Educación), ni esta ha interpuesto en algún momento denuncia por tal motivo, por lo que no caben medidas sancionadoras cuyo objetivo fuere prevenir la reiteración de la conducta de Aramayona (estar en ese portal), pues no ha habido una previa denuncia por parte de la Consejera. Más aún, recuerda el magistrado que la señora Consejera aragonesa de Educación desistió en el pasado de la acción penal entablada por ella misma a raíz de un escrache en las inmediaciones de su domicilio, por lo que no parece necesaria protección alguna de una acción que ya antes desistió y ahora no pretende (hasta el momento ni ha denunciado ni se ha querellado ni siquiera ha dado señales de vida por esta causa).

La absolución de Marga Ribas, Marisol Ibáñez y Antonio Aramayona de las faltas contra el orden público no solo refuerzan la reivindicación no violenta de los derechos y libertades fundamentales y la denuncia de las lesiones de tales derechos y libertades en la vía pública por parte de la ciudadanía , sino que ponen en cuestión el concepto mismo del orden público en el que sustentan a menudo sus medidas, órdenes y acciones algunas autoridades y poderes públicos del actual Gobierno.

Nos ratificamos en la defensa de la libertad de expresión, de la escuela pública y laica, de la denuncia contra los recortes perpetrados contra el derecho universal a la educación, de los derechos universales y las libertades cívicas fundamentales, y de la libertad y la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Seguimos y seguiremos en esta brega e invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo en los lugares y ámbitos que su conciencia ética y cívica les dicte.