Este artículo es parte del reportaje publicado en el número de abril de La Marea, todavía a la venta en quioscos y aquí

Las instituciones de la Unión Europea emulan en cierta medida el organigrama habitual en los países democráticos, con la división entre el poder legislativo y el control parlamentario. No obstante, la Eurocámara no tiene competencias plenas sobre todas las políticas que se deciden.

¿Qué asuntos se deciden en la Unión Europea?

Los 28 estados miembros han cedido algunas competencias importantes a las instituciones comunitarias para que los gestionen en exclusiva. Se trata sobre todo de aspectos que tienen que ver con el mercado único europeo para garantizar el libre movimiento de bienes y de personas, así como unas normas unificadas para todos. La UE hace de supervisor de competencia, vigilando, por ejemplo, si ciertas empresas reciben subvenciones estatales que les den ventaja frente a otras. La supervisión también incluye la armonización de productos y servicios, como la tarifas de telefonía móvil transfronterizas, el roaming. La UE tiene competencia absoluta sobre las aduanas y establece los aranceles con terceros países, ya que dentro de la UE se han eliminado estas trabas. Se está negociando un acuerdo de libre comercio con EEUU que tendría un impacto importante sobre las economías europeas.

Cualquier acuerdo necesita el visto bueno del Parlamento Europeo. Luego hay muchas otras áreas donde manda la UE pero necesita buscar el consenso de los estados miembros y sus parlamentos. En temas de medio ambiente hay una serie de normas de cumplimiento obligatorio, como los límites de los niveles de contaminación, aunque muchas administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, llevan incumpliéndolos desde hace años. La Política Agrícula Común (PAC) se come gran parte del presupuesto comunitario. En este sector, como en la pesca, la UE fija cuotas. También establece estándares para la seguridad alimentaria. La política de protección del consumidor afecta a los productos que se venden en diferentes países de la UE. Bruselas tiene mucho peso en temas de seguridad. De ahí la prohibición de llevar líquidos a bordo de los aviones, algo que ningún Estado puede vetar por libre en sus aeropuertos. Los 18 países que han adoptado el euro como moneda han cedido la política monetaria al BCE.

¿Qué asuntos se deciden a nivel nacional?

Gran parte de las políticas económicas y sociales siguen siendo asunto de la política nacional de cada país, aunque la crisis del euro ha acelerado los esfuerzos para articular una especie de gobierno económico comunitario para coordinar estas políticas. Así, por ejemplo, son los gobiernos los que fijan los impuestos o las pensiones. En el mismo sentido hay normas europeas que marcan unos mínimos en condiciones sanitarias y horarios laborales y en materia relativa a la igualdad de género. Pero en el fondo cada gobierno adopta la legislación que quiera, como ha ocurrido en España con la reforma laboral. Sanidad, educación y cultura también son áreas en las que la UE apenas si tiene poder de decisión, más allá de ofrecer programas asistenciales como las becas Erasmus o subvenciones a películas y otras expresiones culturales. Europa tampoco interfiere en la legislación social. Por ello, la Comisión y el Parlamento Europeo no pueden hacer nada respecto a la ley de aborto del Gobierno español. Ahora, el PSOE quiere llevar la reforma ante el Tribunal de Justicia de la UE para que considere si la ley vulnera los derechos fundamentales.

¿Qué competencias tiene el Parlamento Europeo?

Con el Tratado de Lisboa se han duplicado las áreas de decisión política que requieren la aprobación del PE. En la actualidad, son 80. Este diseño abarca la mayor parte de los temas que se tratan a nivel comunitario, incluyendo la política agraria. Sin embargo, en cuanto a los aspectos más importantes de la política económica, como los niveles de déficit o el gasto público, la Eurocámara, como mucho, tiene una función consultiva. Por el contrario, sí tiene poder para aprobar las diferentes partidas del presupuesto comunitario, aunque no el monto global. También debe aprobar los nombramientos de los miembros de la Comisión y del Banco Central Europeo.

¿Cómo se hacen las directivas y normas en la Unión Europea?

A diferencia de los parlamentos nacionales, la Eurocámara no tiene capacidad para presentar proyectos de ley por iniciativa propia. Los eurodiputados pueden aprobar resoluciones no vinculantes para manifestar su posición, por ejemplo sobre la troika o la situación en Ucrania. También pueden hacer recomendaciones a la Comisión Europea para que elabore determinadas normativas, pero sin que sean de obligado cumplimiento. Le corresponde a la Comisión elaborar las directivas que, después de un largo proceso, acaban siendo trasladadas a las diferentes legislaciones nacionales. Lo primero que hace la Comisión es mandar sus propuestas a los 28 parlamentos nacionales para que evalúen si el asunto en cuestión es competencia comunitaria o si debería ser tratado a nivel nacional. Si un número suficiente de parlamentos se opone, la Comisión debe retirar su propuesta. En caso de que haya luz verde, manda el proyecto al PE y al Consejo Europeo. La Eurocámara puede modificar, enmendar o rechazar la propuesta antes de pasarla al Consejo. Si ambas instituciones están de acuerdo, se adopta la norma. Si persisten diferencias en último término se crea un comité de conciliación.

150.900 millones de euros

Es el presupuesto de la UE para 2013 y que  equivale el 1% del PIB que generan los países miembros en su conjunto. Casi la mitad fue destinado a programas de cohesión para las regiones más retrasadas. El 6% va a gastos de administración.

7.665 euros de salario bruto

Desde 2009 todos los diputados del Parlamento Europeo reciben el mismo salario. Antes lo cobraban en función de lo que se pagaba en sus países. A esta cantidad, hay que sumarle las generosas dietas para asistentes y otros gastos.

33.000 empleados

En Bruselas trabajan personas de todos los países miembros, seleccionados a través de oposiciones generales. Frente a las críticas de la “eurocracia”, la Comisión insiste en que el personal es “inferior a un ayuntamiento de tamaño medio”.

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