“Viendo cómo se ha llevado el proyecto de la mina de Las Cruces, cuyos desechos contaminantes también van al Guadalquivir, pienso que la lección no se ha aprendido. No es que el proyecto no cumpla la ley, bueno estaría, es que creo que era necesario un debate mucho más intenso y pensando en el largo plazo”. Abril de 2008. Son declaraciones del entonces director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Fernando Hiraldo, realizadas al diario Público. “Las Cruces cuenta con avales jamás vistos en Europa; además, no hay balsa; tenemos la experiencia de Aznalcóllar y no vamos a equivocarnos”, aseguraba en el mismo reportaje, desde la Junta de Andalucía, el delegado de Innovación en Sevilla en ese momento, Francisco Álvaro. Habían pasado diez años de uno de los mayores desastres medioambientales de Europa: un vertido equivalente a 4.600 campos de fútbol a las puertas de Doñana.
En aquel momento, mientras la Administración mostraba a los medios de comunicación el resultado de lo que fue la mayor restauración hidrológica en Europa, los ecologistas ya habían presentado siete denuncias contra Cobre Las Cruces (CLC), el nuevo proyecto que se iba a instalar a sólo diez kilómetros, por riesgo de contaminar un acuífero, entre otras cuestiones. “Nos sentíamos un poco como el ingeniero de minas Aguilar Campos, que dio la voz de alarma sobre lo que podía producirse en Aznalcóllar y nadie le hizo caso”, cuenta Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción.
Hoy, casi una década después, Albarreal tiene en sus manos miles y miles de folios con sellos judiciales de la instrucción sobre supuestas irregularidades de la mina, que finalmente fue acusada por la Fiscalía de contaminar el acuífero al que hacían referencia los ecologistas y del que se abastecía la población. Dos exdirectivos y la directora de Medio Ambiente de la empresa, propiedad en la actualidad de la canadiense First Quantum, se sentarán en el banquillo el próximo año acusados de un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos hasta cinco años y medio de prisión y una responsabilidad civil solidaria de 322.381,6 euros. El Ministerio Público pide, además, la restauración del equilibrio ecológico perturbado, que cifra en 285.069,42 euros.
Los ecologistas habían denunciado con insistencia que la condición con la que fue aprobado el proyecto -crear un sistema para no dañar el acuífero- estaba siendo incumplida sistemáticamente. “Ese sistema, en vez de proteger el acuífero, lo estaba maltratando, provocando detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado y además había instalado más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico”. La Junta llegó a clausurar la explotación en 2008 y, desde entonces, aunque fue reabierta, fue acumulando expedientes sancionadores.
Cobre Las Cruces, que se define como la minería del siglo XXI, respetuosa con el medio ambiente, siempre ha negado las irregularidades de las que ha sido acusada. En una visita a la explotación en 2011, un directivo incluso emuló el baño de Manuel Fraga en Palomares: «No deben tener miedo, el agua es perfecta, hasta la Coca-Cola la querría”, dijo a los periodistas Juan Carlos Baquero tras beberse un vaso de agua recién depurada en la nueva planta de tratamiento. La empresa, además, destaca su contribución a rebajar las listas del paro en una comarca necesitada de empleo. “La actividad de CLC está teniendo efectos positivos evidentes en el entorno de la mina, de cuya comarca se ha convertido en un motor de desarrollo económico”, sostiene en un documento sobre los diez años transcurridos desde que comenzó a excavar la corta para la extracción.
Según sus datos, proporciona empleo directo a 800 personas, de las que 260 pertenecen a la plantilla propia y el resto a las contratas que diariamente prestan servicio en las instalaciones de la empresa. “Más del 40% de los empleados son de los municipios vecinos. CLC destinó a salarios 13,5 millones de euros en 2015. El empleo indirecto se estima en 1.500 personas”, detalla en el informe, en el que recoge también la labor de una fundación del mismo nombre creada hace seis años: “Ha promovido o financiado más de 300 actividades de las que se han beneficiado más de 20.000 personas […] Entre otros programas, la Fundación ejecuta el denominado Plan de Desarrollo Municipal con sus municipios vecinos, que supone la aportación de 6,2 millones de euros en cuatro años para iniciativas locales de generación de empleo y fomento del emprendimiento, infraestructuras, equipamientos y actividades sociales, culturales, deportivas y medioambientales”.
Apuesta por la minería
En una apuesta decidida por impulsar la minería -con todas las garantías medioambientales, insiste la Junta-, la Administración autonómica ha decidido recuperar la mina de Aznalcóllar, cuya adjudicación llegó a los tribunales a través de una denuncia que quedó finalmente archivada. “Hay que derrotar prejuicios y clichés”, dijo el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado en un evento sobre minería metálica celebrado en Andalucía el pasado año: es una oportunidad para mostrar que Sevilla -añadió el consejero- va a ser la capital minera del mundo: “Tenemos recursos naturales y yacimientos, que no debemos desaprovechar”.
Los ecologistas consideran nefasto el plan de la Junta: “En Andalucía tenemos experiencia sobrada para admitir sin dudas que no existe minería a cielo abierto respetuosa con el medio ambiente por más que pretendan convencer a los ciudadanos de sus garantías técnicas. Los destrozos sobre el territorio, de alto valor ecológico en el entorno del Guadiamar, las emisiones atmosféricas del tratamiento de minerales, los accidentes industriales y la contaminación de las aguas y del suelo no podrán evitarse jamás. Se llevan muchos años exigiendo la restauración ambiental del entorno de Aznalcóllar cuyas balsas y escombreras aún provocan filtraciones al río Guadiamar y sus afluentes, terminando finalmente en Doñana y afectando a su restauración hidrológica. La respuesta de la Junta de Andalucía no puede ser más equivocada en su connivencia con las compañías depredadoras de los bienes comunes que aprovechan la poca prioridad de las políticas medioambientales en época de crisis económica”, concluyen. Boliden, la empresa sueca que explotaba la mina de Aznalcóllar cuando sucedió el desastre, sigue sin pagar a la Junta, 18 años después, los 90 millones que costó la limpieza.
