MADRID // Los embajadores de los 28 Estados miembros de la Unión Europea han dado su luz verde a un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos pese a que la prórroga del anterior convenio fue anulada en 2011 por el Parlamento Europeo. La Eurocámara justificó entonces su decisión en base a dos poderosas razones: la primera, que el convenio no sólo no daba beneficios sino que generaba pérdidas y, la segunda, que el pacto pesquero incluía las aguas del Sáhara Occidental, la última colonia de África, sin que la población saharaui obtuviera beneficios de ello, lo que ponía en entredicho su legalidad.
El carpetazo que la Eurocámara dio a este convenio en diciembre de 2011 terminó no siendo tal, pues poco después sus principales adalides, España y Francia, volvieron a la carga para intentar que se rubricara un nuevo acuerdo, un horizonte que esta semana se ha concretado cuando este miércoles los representantes de los Estados que se sientan en el COREPER (Comité de Representantes Permanentes) han votado a favor de un nuevo convenio, con dos únicos votos en contra: los de Suecia y Dinamarca.
No sólo eso, explica Javier García Lachica, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), sino que además los embajadores han considerado que la aprobación de este pacto era de «prioridad A»; es decir, que será sancionado en el primer Consejo de Ministros de la Unión que se celebre la semana que viene, sin esperar a una reunión de los ministros de la cartera competente: Agricultura y Pesca.
Aunque el pacto sea rubricado en esa instancia, deberá pasar aún por la Comisión de Pesca y el plenario del Parlamento Europeo, que podría volver a tumbarlo. Sin embargo, explica García Lachica, las perspectivas de que esto ocurra «no son buenas» dado que «quien está ofreciendo la información es el gobierno español y la ponente de la Comisión de Pesca en la Eurocámara a través del gobierno español, es decir, la [eurodiputada popular] Carmen Fraga».
«Se está diciendo a los europarlamentarios que se han cumplido las condiciones que impuso Estrasburgo para que el acuerdo de pesca con Marruecos fuera legal, cuando no es cierto. En el informe elaborado por Fraga se asegura que el nuevo texto incluye una cláusula específica de derechos humanos, cuando sólo se hace una referencia general, y no se recoge la posibilidad de anularlo por violaciones de estos derechos, como sí hacen otros acuerdos pesqueros. También se asegura que el convenio es más ventajoso económicamente, incluso si ha aumentado la compensación que pagará Bruselas a Rabat y, por último, se asegura que la legalidad internacional debe discutirse en otros foros, como Naciones Unidas», detalla el portavoz de esta organización que denuncia la explotación de los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos.
«Es difícil de comprender por qué un acuerdo cuya prórroga se anuló; que se consideró contrario al Derecho Internacional, pues no respetaba la doctrina de Naciones Unidas sobre explotación de recursos naturales de un Territorio No Autónomo como el Sáhara, y que no es rentable va a ser resucitado en términos muy similares», deplora Javier García Lachica.
Un dictamen elaborado por Hans Corell, entonces vicesecretario general de la ONU para Asuntos Legales, a instancia del Consejo de Seguridad en 2002, precisó que para que la explotación de los recursos de una colonia sea legal tienen que concurrir dos requisitos: que el pueblo autóctono dé su visto bueno y que la población en cuestión se beneficie de la explotación de dichos recursos. Marruecos no ha demostrado nunca que se cumplan estas condiciones.
Pese a que las autoridades marroquíes entregaron en 2011 un informe en el que supuestamente demostraba dichos beneficios para los saharauis, los europarlamentarios que votaron contra la prórroga del anterior acuerdo en 2011 consideraron que el documento no era suficiente, probablemente debido a que apenas ofrecía datos y además éstos en ningún momento aludían de manera explícita al Sáhara Occidental.
Un pacto ruinoso
El anterior convenio de pesca, que expiró en febrero de 2011, tampoco se podía justificar con argumentos económicos. Preveía una compensación de 36 millones de euros anuales, cofinanciados por la Unión Europea-es decir, subraya el representante de WSRW, «por los ciudadanos»- y por los armadores.
Los 36 millones que se pagaron anualmente a Rabat no se correspondían con la importancia de las capturas. De hecho, una evaluación independiente encargada por la propia Comisión a la consultora Oceanic Développment precisó que por cada euro invertido, sólo se recuperaban 0,83 céntimos. La consultora francesa comparó el pacto con Marruecos con los otros convenios pesqueros de la UE con países terceros y llegó a la conclusión de que era el menos rentable de todos.
En el texto que acaba de recibir el visto bueno del COREPER, esta compensación se eleva a 40 millones, aunque también las cuotas de pesca aumentan, un aspecto que, subraya WSRW, ha servido al gobierno español y a la ponente Carmen Fraga para asegurar que el convenio ahora sí es lucrativo para la UE, una afirmación que la organización pone en duda.
Javier García Lachica asegura que el observatorio «comprende» que este acuerdo pueda ser beneficioso para los pescadores andaluces, fundamentalmente los de la zona de Barbate, en Cádiz. Sin embargo, la postura de la organización es que esos 36 millones anuales que durante casi un lustro, entre 2007 y 2011, se pagaron a Marruecos, podían haber sido empleados para crear alternativas económicas y de empleo en las zonas afectadas.
De acuerdo con otro informe elaborado por WSRW en 2011, los datos ofrecidos por los sucesivos gobiernos españoles sobre la importancia de este convenio para el sector pesquero nacional tampoco se corresponden del todo con la verdad. Para empezar, recalcaba ese documento, cuando se hablaba de las 116 licencias para barcos españoles que preveía el anterior compromiso, se soslayaba, por ejemplo, que una licencia no equivale a un permiso para pescar durante un año para un barco, pues algunos de ellos eran trimestrales, con lo que el hecho de haber pagado una licencia sólo daba derecho al buque a faenar durante tres meses. Además, la organización internacional precisaba que muchas de las licencias pesqueras quedaron desiertas por su elevado coste que disuadió a no pocos armadores.
