Economía – lamarea.com https://www.lamarea.com Periodismo para gente independiente Fri, 21 Sep 2018 14:57:01 +0000 es-ES hourly 1 El sueldo de los directivos de la banca supone el 11% de los gastos de personal https://www.lamarea.com/2018/09/20/el-sueldo-de-los-directivos-de-la-banca-supone-el-11-de-los-gastos-de-personal/ https://www.lamarea.com/2018/09/20/el-sueldo-de-los-directivos-de-la-banca-supone-el-11-de-los-gastos-de-personal/#respond Thu, 20 Sep 2018 11:10:57 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109859 banco santander

Los directivos suponen un 1,5% del personal de los 12 grandes bancos españoles*. Sin embargo, sus retribuciones salariales representan el 11% de los gastos en personal de estas entidades, según la IV edición del Informe sobre retribuciones del sector financiero español elaborado por CCOO.

España es el país europeo donde los ejecutivos de la banca tienen los sueldos más altos y el cuarto en el que más ha crecido la cifra de quienes ganan más de un millón de euros. Si atendemos a los salarios más altos y más bajos de estas empresas financieras, el 20% de las personas que más ganan quintuplica lo que ganan el 20% de las personas con menor salario. Ese 20% de personas con mayores sueldos suponen el 33% del gasto en personal, que llega al 40-45% en las grandes entidades, mientras que el 20% con salarios más bajos tan solo supone el 6,7% de los gastos, una quinta parte.

“Estas diferencias tan acusadas entran en conflicto con la profesionalidad del sector financiero. Las plantillas se ven sometidas a presiones, viéndonos abocados a seguir las directrices marcadas desde la dirección”, ha asegurado la secretaria de Profesionalidad del Sector Financiero de CCOO, Nuria Lobo, durante la presentación del informe en Madrid.

Desde el año 2014, los directivos y consejeros han crecido un 19,84%, alcanzando 2.549 en las 12 grandes empresas del sector. Sus retribuciones han aumentado un 20,64% y se sitúan en 1.140 millones de euros. Desde CCOO aseguran que la tendencia oligopolística de la banca no hará más que acentuar estas grandes diferencias entre directivos y el resto de la plantilla, y proponen una limitación de salarios como una forma de mejorar la equidad. “Hay que gravar a las empresas más desiguales”, ha sostenido el secretario general de servicios de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez.

La brecha de género

Desde el sindicato denuncian que solo 3 de las 12 empresas aportan ratios sobre brecha salarial de género y que los informes no suelen hacer menciones a los planes de igualdad. “Las empresas suscriben protocolos para luchar contra la brecha de género pero luego no hacen nada para ponerlo en marcha. Exigimos que la transparencia sea obligatoria. La responsabilidad social no puede ser una forma de hacer marketing”, ha denunciado Martínez.

La brecha de género sigue siendo muy grande en este tipo de entidades. Según las estimaciones de CCOO, solo el 18% de los directivos son mujeres, un porcentaje menor que en 2014 debido a la promoción de hombres. “Esto influye en la poca sensibilidad que suele haber en materia de igualdad”, ha insistido Martínez. El informe asegura que este bajo número de directivas genera fenómenos como prolongaciones de jornadas, menor conciliación y mayor presión comercial.

El número de consejeras, sin embargo, sí ha crecido en puntos desde 2014: ha pasado del 16% al 21%, “aún muy lejos del mínimo 60/40”. Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, es el único que se acerca a estos números, con un 38% de mujeres en su consejo. Bankia es la entidad más desigual y solo cuenta con un 9% de consejeras.


*Los doce bancos analizados son: Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Abanca y Cajamar.

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Los directivos suponen un 1,5% del personal de los 12 grandes bancos españoles*. Sin embargo, sus retribuciones salariales representan el 11% de los gastos en personal de estas entidades, según la IV edición del Informe sobre retribuciones del sector financiero español elaborado por CCOO. España es el país europeo donde los ejecutivos de la banca tienen los sueldos más altos y el cuarto en el que más ha crecido la cifra de quienes ganan más de un millón de euros. Si atendemos a los salarios más altos y más bajos de estas empresas financieras, el 20% de las personas que más ganan quintuplica lo que ganan el 20% de las personas con menor salario. Ese 20% de personas con mayores sueldos suponen el 33% del gasto en personal, que llega al 40-45% en las grandes entidades, mientras que el 20% con salarios más bajos tan solo supone el 6,7% de los gastos, una quinta parte. “Estas diferencias tan acusadas entran en conflicto con la profesionalidad del sector financiero. Las plantillas se ven sometidas a presiones, viéndonos abocados a seguir las directrices marcadas desde la dirección”, ha asegurado la secretaria de Profesionalidad del Sector Financiero de CCOO, Nuria Lobo, durante la presentación del informe en Madrid. Desde el año 2014, los directivos y consejeros han crecido un 19,84%, alcanzando 2.549 en las 12 grandes empresas del sector. Sus retribuciones han aumentado un 20,64% y se sitúan en 1.140 millones de euros. Desde CCOO aseguran que la tendencia oligopolística de la banca no hará más que acentuar estas grandes diferencias entre directivos y el resto de la plantilla, y proponen una limitación de salarios como una forma de mejorar la equidad. “Hay que gravar a las empresas más desiguales”, ha sostenido el secretario general de servicios de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez.

La brecha de género

Desde el sindicato denuncian que solo 3 de las 12 empresas aportan ratios sobre brecha salarial de género y que los informes no suelen hacer menciones a los planes de igualdad. “Las empresas suscriben protocolos para luchar contra la brecha de género pero luego no hacen nada para ponerlo en marcha. Exigimos que la transparencia sea obligatoria. La responsabilidad social no puede ser una forma de hacer marketing”, ha denunciado Martínez. La brecha de género sigue siendo muy grande en este tipo de entidades. Según las estimaciones de CCOO, solo el 18% de los directivos son mujeres, un porcentaje menor que en 2014 debido a la promoción de hombres. “Esto influye en la poca sensibilidad que suele haber en materia de igualdad”, ha insistido Martínez. El informe asegura que este bajo número de directivas genera fenómenos como prolongaciones de jornadas, menor conciliación y mayor presión comercial. El número de consejeras, sin embargo, sí ha crecido en puntos desde 2014: ha pasado del 16% al 21%, “aún muy lejos del mínimo 60/40”. Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, es el único que se acerca a estos números, con un 38% de mujeres en su consejo. Bankia es la entidad más desigual y solo cuenta con un 9% de consejeras.
*Los doce bancos analizados son: Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Abanca y Cajamar.

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[DESCARGA] Dossier ‘El máster de Dios’ https://www.lamarea.com/2018/09/13/descarga-dossier-el-master-de-dios/ https://www.lamarea.com/2018/09/13/descarga-dossier-el-master-de-dios/#comments Thu, 13 Sep 2018 10:19:48 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109670

Estos días se habla más que nunca de los (no) másteres de nuestra clase política. Que si TFM, que si tesis, que si plagios, que si asignaturas aprobadas sin pisar el aula... Pero hay mucho más. En #LaMarea59 pusimos el foco más arriba. Decidimos ir más allá e investigar cuántos consejeros y consejeras del IBEX 35 han estudiado en universidades o en centros de negocios ligados a la Iglesia católica. Para que conozcas esos vínculos y cómo la Iglesia sigue mandando, hemos decidido poner a vuestra disposición el dossier de manera gratuita. Puedes descargarlo en el enlace que aparece justo debajo.

https://kiosco.lamarea.com/categoria-producto/suscripciones/

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Estos días se habla más que nunca de los (no) másteres de nuestra clase política. Que si TFM, que si tesis, que si plagios, que si asignaturas aprobadas sin pisar el aula... Pero hay mucho más. En #LaMarea59 pusimos el foco más arriba. Decidimos ir más allá e investigar cuántos consejeros y consejeras del IBEX 35 han estudiado en universidades o en centros de negocios ligados a la Iglesia católica. Para que conozcas esos vínculos y cómo la Iglesia sigue mandando, hemos decidido poner a vuestra disposición el dossier de manera gratuita. Puedes descargarlo en el enlace que aparece justo debajo.

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Greenpeace denuncia 800 millones de sobrecostes al año en pagos por capacidad al sistema eléctrico https://www.lamarea.com/2018/09/13/greenpeace-denuncia-800-millones-de-sobrecostes-al-ano-en-pagos-por-capacidad-al-sistema-electrico/ https://www.lamarea.com/2018/09/13/greenpeace-denuncia-800-millones-de-sobrecostes-al-ano-en-pagos-por-capacidad-al-sistema-electrico/#comments Thu, 13 Sep 2018 09:03:08 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109660 Los pagos por capacidad eléctrica en España están siendo investigados por la Comisión Europea. Foto: Silberfuchs/301 images/Pixabay - CC0

Cada año de los últimos diez, los consumidores españoles pagaron alrededor de 800 millones de sobrecostes asociados a pagos por capacidad en el sistema eléctrico, según un informe hecho público hoy por Greenpeace. En total, las ayudas a las centrales, que no incluirían renovables excepto las hidroeléctricas, habrían sido de unos 8.000 millones entre 2008 y 2018, lo que habría inflado cada factura, de media, entre 5 y 6 euros al mes. Los pagos por capacidad son subvenciones destinadas a que las centrales eléctricas estén disponibles, haya o no demanda.

Estos pagos son una manera de incentivar las inversiones en capacidad firme del sistema eléctrico, es decir, capacidad que pueda estar disponible independientemente de las condiciones del mismo. Sin ellos, explica Natalia Fabra, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, las centrales no podrían recuperar sus costes de inversión: “Estas centrales, realmente, están para no producir. Son un seguro. Como en los mercados que tenemos ahora solo se paga por la energía, estos pagos se hacen necesarios”, explicó la economista, añadiendo que los pagos por capacidad “no están aislados del mercado de la energía, y su organización depende del mismo”.

Los pagos por capacidad forman parte de los costes regulados que se integran en la factura de la luz, y son, por lo tanto, sufragados por los abonados. Según Greenpeace, España es el país del mundo con mayores pagos por capacidad, y el primero que los introdujo. “Pedimos al gobierno que se abandonen estas subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear,” explicó Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en la organización ecologista.

Diferentes modelos

A pesar de que los pagos por garantía de suministro son habituales en los países de la Unión Europea, existen diferentes maneras de organizarlos. En España, el Estado paga a las centrales un precio fijo por kilovatio instalado, adquiriendo el derecho a obtener esos kilovatios si lo considera necesario. Este modelo ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, que en noviembre de 2016 estableció que debía seguirse un modelo más competitivo, lo que ha puesto en jaque a varias centrales de gas.

El modelo más habitual en el continente es el que siguen países como Alemania o Bélgica, que optan por mantener una reserva estratégica, por la cual el Estado paga a centrales concretas para que estén disponibles en caso de necesidad. Otros, como Portugal, prefieren pagar para reservarse el derecho de interruptibilidad a grandes consumidores (empresas que se comprometen a dejar de consumir electricidad si se necesita puntualmente en la red).

Para Natalia Fabra, la cuestión no es si deben existir o no los pagos, que considera necesarios, sino cómo se hagan. Para la economista, lo ideal sería que estos se adjudicaran a través de subastas, igual que las renovables, ya que el mercado no puede resolver estas garantías de suministro por sí mismo: “No es un fallo de mercado por una externalidad medioambiental, como en el caso de las renovables, sino que lo es por otra externalidad, como lo es la fiabilidad que aportan estas centrales”. Este modelo, explica Fabra, es el que siguen países como Italia o Irlanda.

Greenpeace también denuncia en su informe no haber podido acceder a los detalles de los pagos de capacidad. El gobierno, afirman, no identifica qué centrales perciben estas ayudas, ni qué cantidades recibe cada una. Asimismo, la ONG afirma que “la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial”. La Marea se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para contrastar la veracidad de esta información, no habiendo obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Sobre la mesa en Europa

Los mecanismos de capacidad son una de las claves que quedan por decidir en el conocido como el Paquete de Invierno, la directiva que regulará la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético basado en las renovables. La negociación, que se lleva a cabo a tres bandas por la Comisión Europea, el Europarlamento, y el Consejo de la Unión Europea, podría concluir antes de la celebración de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, Polonia, que dará comienzo el próximo 2 de diciembre.

Uno de los puntos clave de la negociación, y sobre el que se ha posicionado Greenpeace, es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del cual las centrales eléctricas deberían estar excluidas de los pagos por capacidad. La cifra clave es 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, el límite superior propuesto tanto por la ecologista como por el Parlamento Europeo, y que dejaría fuera de estas subvenciones a todas las centrales de carbón.

Sobrecapacidad

En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba que “el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario,” afirmaba la CNMC, que situaba el peor escenario en una punta de demanda de 46.000 MW. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), en España hay una potencia instalada de casi 104.000 MW. Greenpeace cuantifica en un 30% esta sobrecapacidad eléctrica.

“Tenemos una sobrecapacidad que no justifica unas garantías de suministro tan elevadas”, afirmó Tatiana Nuño. “Estos pagos son los que han fomentado y mantenido un sistema eléctrico muy viejo”, según datos de la ONG, “nos han convertido en el país de Europa que más ha subido en emisiones desde 1990”.

Según la ecologista, todo comenzó a finales de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de la economía hacía prever una demanda energética que nunca llegó a producirse. Según el documento, esta fue la causa detrás de la “burbuja energética”, en la cual se habría construido centrales eléctricas “de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello”. Este fenómeno llegaría a su momento en culminante en 2005 cuando, según Greenpeace, se construía una central al mes de media.

También a finales de los noventa fue cuando el Gobierno comenzó a abonar el seguro de suministro que, por aquel entonces, se conocía como “garantía de potencia”. Desde 1998 a 2007 se repartieron a las eléctricas unos 10.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de Greenpeace, que cita documentos de Red Eléctrica y del Operador del Mercado Ibérico en España (OMIE).

A partir de 2007 comienza a compensarse la inversión a través de los pagos por “nuevas instalaciones”, que significarán unos 3.600 millones en la última década. En 2011 es cuando se introducen los “pago por disponibilidad”, una figura que ya para ese entonces estaba implantada en numerosos países en todo el mundo, y que supondrán un montante total de unos 1.000 millones de euros hasta hoy. El resto de subvenciones calculadas por Greenpeace corresponden a incentivos al carbón nacional y a compensaciones medioambientales.

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Los pagos por capacidad eléctrica en España están siendo investigados por la Comisión Europea. Foto: Silberfuchs/301 images/Pixabay - CC0

Cada año de los últimos diez, los consumidores españoles pagaron alrededor de 800 millones de sobrecostes asociados a pagos por capacidad en el sistema eléctrico, según un informe hecho público hoy por Greenpeace. En total, las ayudas a las centrales, que no incluirían renovables excepto las hidroeléctricas, habrían sido de unos 8.000 millones entre 2008 y 2018, lo que habría inflado cada factura, de media, entre 5 y 6 euros al mes. Los pagos por capacidad son subvenciones destinadas a que las centrales eléctricas estén disponibles, haya o no demanda. Estos pagos son una manera de incentivar las inversiones en capacidad firme del sistema eléctrico, es decir, capacidad que pueda estar disponible independientemente de las condiciones del mismo. Sin ellos, explica Natalia Fabra, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, las centrales no podrían recuperar sus costes de inversión: “Estas centrales, realmente, están para no producir. Son un seguro. Como en los mercados que tenemos ahora solo se paga por la energía, estos pagos se hacen necesarios”, explicó la economista, añadiendo que los pagos por capacidad “no están aislados del mercado de la energía, y su organización depende del mismo”. Los pagos por capacidad forman parte de los costes regulados que se integran en la factura de la luz, y son, por lo tanto, sufragados por los abonados. Según Greenpeace, España es el país del mundo con mayores pagos por capacidad, y el primero que los introdujo. “Pedimos al gobierno que se abandonen estas subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear,” explicó Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en la organización ecologista.

Diferentes modelos

A pesar de que los pagos por garantía de suministro son habituales en los países de la Unión Europea, existen diferentes maneras de organizarlos. En España, el Estado paga a las centrales un precio fijo por kilovatio instalado, adquiriendo el derecho a obtener esos kilovatios si lo considera necesario. Este modelo ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, que en noviembre de 2016 estableció que debía seguirse un modelo más competitivo, lo que ha puesto en jaque a varias centrales de gas. El modelo más habitual en el continente es el que siguen países como Alemania o Bélgica, que optan por mantener una reserva estratégica, por la cual el Estado paga a centrales concretas para que estén disponibles en caso de necesidad. Otros, como Portugal, prefieren pagar para reservarse el derecho de interruptibilidad a grandes consumidores (empresas que se comprometen a dejar de consumir electricidad si se necesita puntualmente en la red). Para Natalia Fabra, la cuestión no es si deben existir o no los pagos, que considera necesarios, sino cómo se hagan. Para la economista, lo ideal sería que estos se adjudicaran a través de subastas, igual que las renovables, ya que el mercado no puede resolver estas garantías de suministro por sí mismo: “No es un fallo de mercado por una externalidad medioambiental, como en el caso de las renovables, sino que lo es por otra externalidad, como lo es la fiabilidad que aportan estas centrales”. Este modelo, explica Fabra, es el que siguen países como Italia o Irlanda. Greenpeace también denuncia en su informe no haber podido acceder a los detalles de los pagos de capacidad. El gobierno, afirman, no identifica qué centrales perciben estas ayudas, ni qué cantidades recibe cada una. Asimismo, la ONG afirma que “la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial”. La Marea se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para contrastar la veracidad de esta información, no habiendo obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Sobre la mesa en Europa

Los mecanismos de capacidad son una de las claves que quedan por decidir en el conocido como el Paquete de Invierno, la directiva que regulará la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético basado en las renovables. La negociación, que se lleva a cabo a tres bandas por la Comisión Europea, el Europarlamento, y el Consejo de la Unión Europea, podría concluir antes de la celebración de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, Polonia, que dará comienzo el próximo 2 de diciembre. Uno de los puntos clave de la negociación, y sobre el que se ha posicionado Greenpeace, es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del cual las centrales eléctricas deberían estar excluidas de los pagos por capacidad. La cifra clave es 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, el límite superior propuesto tanto por la ecologista como por el Parlamento Europeo, y que dejaría fuera de estas subvenciones a todas las centrales de carbón.

Sobrecapacidad

En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba que “el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario,” afirmaba la CNMC, que situaba el peor escenario en una punta de demanda de 46.000 MW. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), en España hay una potencia instalada de casi 104.000 MW. Greenpeace cuantifica en un 30% esta sobrecapacidad eléctrica. “Tenemos una sobrecapacidad que no justifica unas garantías de suministro tan elevadas”, afirmó Tatiana Nuño. “Estos pagos son los que han fomentado y mantenido un sistema eléctrico muy viejo”, según datos de la ONG, “nos han convertido en el país de Europa que más ha subido en emisiones desde 1990”. Según la ecologista, todo comenzó a finales de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de la economía hacía prever una demanda energética que nunca llegó a producirse. Según el documento, esta fue la causa detrás de la “burbuja energética”, en la cual se habría construido centrales eléctricas “de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello”. Este fenómeno llegaría a su momento en culminante en 2005 cuando, según Greenpeace, se construía una central al mes de media. También a finales de los noventa fue cuando el Gobierno comenzó a abonar el seguro de suministro que, por aquel entonces, se conocía como “garantía de potencia”. Desde 1998 a 2007 se repartieron a las eléctricas unos 10.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de Greenpeace, que cita documentos de Red Eléctrica y del Operador del Mercado Ibérico en España (OMIE). A partir de 2007 comienza a compensarse la inversión a través de los pagos por “nuevas instalaciones”, que significarán unos 3.600 millones en la última década. En 2011 es cuando se introducen los “pago por disponibilidad”, una figura que ya para ese entonces estaba implantada en numerosos países en todo el mundo, y que supondrán un montante total de unos 1.000 millones de euros hasta hoy. El resto de subvenciones calculadas por Greenpeace corresponden a incentivos al carbón nacional y a compensaciones medioambientales.

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Dossier #LaMarea63 | Diez años de Lehman Brothers, las dos caras de la crisis https://www.lamarea.com/2018/09/05/dossier-lamarea63-diez-anos-de-lehman-brothers-las-dos-caras-de-la-crisis/ https://www.lamarea.com/2018/09/05/dossier-lamarea63-diez-anos-de-lehman-brothers-las-dos-caras-de-la-crisis/#comments Wed, 05 Sep 2018 14:37:26 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109439

Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

#LaMarea63 es un dossier doble sobre las consecuencias, diez años después, de la inauguración oficial de la última gran crisis económica. Si abres la revista por la Cara A, leerás cómo le ha ido a los mercados esta crisis tras la caída de Lehman Brothers y cómo se han reconvertido para seguir obteniendo beneficios. “¿Qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera?”, plantea Thilo Schäfer en esta primera parte.

Si abres la revista por la Cara B, leerás cómo le ha ido a las personas. Cuando cambiar las ruedas del coche se convierte en un problema y cuentas todos y cada uno de los céntimos que antes dormían entre los cojines del sofá; cuando dudas entre volver a casa de tu madre o salir fuera de tus fronteras a buscarte la vida; cuando por mucho que trabajas, el sueldo no solo no aumenta sino que baja; o, sencillamente, cuando las cosas cotidianas como pagar la luz, el agua o el alquiler –ya no hablamos de hipoteca– te producen miedo, te das cuenta de que quizá lo peor de la crisis tras una década brutal, como la define Cristina Fallarás en esta segunda parte, aún estaba por llegar.

Distintas generaciones reflexionan, a partir de su experiencia, sobre diez años de sufrimiento que se han llevado por delante los derechos, los salarios dignos y el futuro de la gente. El presente también, destaca uno de los entrevistados, que se ha quedado sin las dos casas que construyó tras una vida de esfuerzo y con la deuda del piso que perdió su hijo. La crisis, aquella palabra que tanto costó pronunciar a Zapatero cuando ya tenía el diente fuera, no ha terminado, como venía diciendo Rajoy en sus últimos meses de gobierno. La crisis se ha transformado en una precariedad diaria, peligrosamente asumida por sus damnificadas y damnificados. Ya no nos impacta quedarnos en paro, ni nos parece una locura pensar que no tendremos pensiones. Convivimos con ello. Nos acercan esta realidad a través de entrevistas Olivia Carballar, Patricia Simón, Isabel Cadenas y Daniel Bernabé, con fotografías de Laura León, Álvaro Minguito y Simón Bellido.

En este número, además, publicamos un adelanto de #yoIBEXtigo sobre Supermercados DIA y una #RutadelaMemoria sobre la Valencia republicana.

Entre los análisis, Mercè Molist escribe sobre por qué no nos importa (tanto) nuestra privacidad en Internet; Isabel Elbal sobre el derecho penal y el procés; María Rodríguez explica por qué no nos enteramos de lo que ocurre en África; y el colectivo Contra el Diluvio advierte (de nuevo) de la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático.

En Cultura, Elena Rosillo se adentra en el espíritu de las salas de conciertos y en cómo la nostalgia ya no es suficiente para hacer que revivan. Y entre nuestras secciones habituales, los Apuntes de Economía de Eduardo Garzón y el Como te lo cuento de Gerardo Tecé. ¡Disfruta del número!

Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

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#LaMarea63 es un dossier doble sobre las consecuencias, diez años después, de la inauguración oficial de la última gran crisis económica. Si abres la revista por la Cara A, leerás cómo le ha ido a los mercados esta crisis tras la caída de Lehman Brothers y cómo se han reconvertido para seguir obteniendo beneficios. “¿Qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera?”, plantea Thilo Schäfer en esta primera parte.

Si abres la revista por la Cara B, leerás cómo le ha ido a las personas. Cuando cambiar las ruedas del coche se convierte en un problema y cuentas todos y cada uno de los céntimos que antes dormían entre los cojines del sofá; cuando dudas entre volver a casa de tu madre o salir fuera de tus fronteras a buscarte la vida; cuando por mucho que trabajas, el sueldo no solo no aumenta sino que baja; o, sencillamente, cuando las cosas cotidianas como pagar la luz, el agua o el alquiler –ya no hablamos de hipoteca– te producen miedo, te das cuenta de que quizá lo peor de la crisis tras una década brutal, como la define Cristina Fallarás en esta segunda parte, aún estaba por llegar.

Distintas generaciones reflexionan, a partir de su experiencia, sobre diez años de sufrimiento que se han llevado por delante los derechos, los salarios dignos y el futuro de la gente. El presente también, destaca uno de los entrevistados, que se ha quedado sin las dos casas que construyó tras una vida de esfuerzo y con la deuda del piso que perdió su hijo. La crisis, aquella palabra que tanto costó pronunciar a Zapatero cuando ya tenía el diente fuera, no ha terminado, como venía diciendo Rajoy en sus últimos meses de gobierno. La crisis se ha transformado en una precariedad diaria, peligrosamente asumida por sus damnificadas y damnificados. Ya no nos impacta quedarnos en paro, ni nos parece una locura pensar que no tendremos pensiones. Convivimos con ello. Nos acercan esta realidad a través de entrevistas Olivia Carballar, Patricia Simón, Isabel Cadenas y Daniel Bernabé, con fotografías de Laura León, Álvaro Minguito y Simón Bellido.

En este número, además, publicamos un adelanto de #yoIBEXtigo sobre Supermercados DIA y una #RutadelaMemoria sobre la Valencia republicana. Entre los análisis, Mercè Molist escribe sobre por qué no nos importa (tanto) nuestra privacidad en Internet; Isabel Elbal sobre el derecho penal y el procés; María Rodríguez explica por qué no nos enteramos de lo que ocurre en África; y el colectivo Contra el Diluvio advierte (de nuevo) de la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático. En Cultura, Elena Rosillo se adentra en el espíritu de las salas de conciertos y en cómo la nostalgia ya no es suficiente para hacer que revivan. Y entre nuestras secciones habituales, los Apuntes de Economía de Eduardo Garzón y el Como te lo cuento de Gerardo Tecé. ¡Disfruta del número! Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

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Viajar sin hacer turismo https://www.lamarea.com/2018/09/03/viajar-sin-hacer-turismo/ https://www.lamarea.com/2018/09/03/viajar-sin-hacer-turismo/#comments Mon, 03 Sep 2018 08:40:40 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109435

Esto decía de Ginebra, en 1914, la periodista andaluza Carmen de Burgos, Colombine, en su libro Mis viajes por Europa (Nausícaä): “Una vez vista la bolsa, el teatro, la catedral, los bulevares, parece que estamos otra vez en la última ciudad que visitamos, que todas aquellas casas son las mismas, que se han adelantado para recibirnos. No merecía la pena molestarse para esto. Las compañías de teatro viajan, los libros se venden en todas partes, las obras de arte se reproducen con fidelidad; es igual siempre el confort de las casas y los grandes hoteles; la prensa y el telégrafo han dado una extensión mundial al pensamiento. ¿Para qué viajar si no se buscara el encanto ancestral de las antiguas ciudades románticas o el encanto de la naturaleza?”.

En el fondo, es esa la pregunta que nos hacemos en este número. ¿Tiene sentido seguir viajando como lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Cambiará o tendremos que modificar el concepto de viajar en los próximos años? ¿Cómo se puede hacer un turismo responsable en una sociedad capitalista? ¿Podremos viajar sin cambiar los modos de vida de la población autóctona, las economías locales… sin dañar el planeta? ¿O tendremos que asumir sencillamente que no podremos viajar?

Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, la industria del ocio de vacaciones es responsable de un 8% de las emisiones globales, lo que significa hasta cuatro veces más de lo que se le atribuía hasta este momento. El informe, llevado a cabo por personal investigador de la Universidad de Sydney (Australia), ha tenido en cuenta no solo las emisiones producidas por los aviones, sino todas las cadenas de suministro de los productos asociados al turismo, desde la comida a los souvenirs. Es, de hecho, el incremento en la demanda de bienes y servicios, y no el aumento en el número de vuelos, el que está detrás de la mayor parte del incremento de las emisiones, que crecieron alrededor de un 15% entre 2009 y 2013, según los datos recogidos en el informe. El turismo aporta en torno a un 10,4% al PIB global.

“Como cualquier actividad lucrativa dentro del capitalismo, el turismo tiende a la expansión absoluta dentro de unos límites que va empujando cada vez más, arrasa todo lo que se interponga entre él y sus beneficios. Lo vemos actualmente en la gentrificación de los barrios, el aumento del precio de los alquileres y la expulsión de vecinas hacia la periferia”, explican desde la iniciativa Contra el Diluvio, cuyo principal objetivo es luchar contra el cambio climático y sus consecuencias. Barcelona es una de esas ciudades donde comenzó a percibirse con más fuerza ese aumento desbordado del turismo.

Un estudio presentado el pasado junio en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)analiza la transformación urbana de la capital catalana a través del impacto de la plataforma de alojamiento Airbnb, una de las principales marcas asociadas a la denominada economía colaborativa. Una primera consecuencia de ello, según la autora del trabajo, Paola Imperatore, es la construcción de nuevos hoteles provocada por el aumento de los flujos de turistas. “Por la misma razón, muchos bloques se han convertido en pisos turísticos. Y las habitaciones se han convertido en un nuevo mercado en la ciudad en detrimento de la población local“, sostiene la experta, colaboradora del grupo de investigación Digital Commons (Dimmons) del IN3 de la UOC.

El otro efecto, de acuerdo a su estudio, es la transformación de la economía local basada en las necesidades de las personas residentes a una basada en el entretenimiento del turismo. “Los supermercados, kioscos, bibliotecas son sustituidos por bares que ofrecen ‘típicas’ comidas y bebidas, negocios de souvenir y otras atracciones. “Al mismo tiempo –prosigue– los precios de los servicios van subiendo por la presencia de consumidores y consumidoras con un poder adquisitivo mayor”. Es lo que se define como gentrificación.

Iban Díaz, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, ha estudiado este fenómeno en ciudades como Sevilla, Buenos Aires y Ciudad de México. En las tres capitales, aunque son muy diferentes entre ellas, lo que suele primar a la hora de organizar el espacio es que los suelos sean lo más rentables posibles. En Sevilla, el caso de la Alameda, la parte norte del casco histórico de la ciudad, es un ejemplo claro: “Pasó de ser una zona marginada a una zona revalorizada, sobre todo, a partir de la Expo 92, donde todo se hace desde el punto de vista del beneficio económico. Entonces se produjo un movimiento grande de clases que podían hipotecarse hacia la zona y la gente con menos recursos se fue yendo porque se encareció todo o los propietarios los echaron. Hay una limpieza del menudeo, desalojo de viviendas ocupadas, se elimina el mercadillo, se reduce el enclave de prostitución, se crea una comisaría y en la segunda mitad de los años 2000 se consolida como una zona segura y tranquila. Eso empieza a atraer más y más turismo. E incluso mucha gente de clase media que vivía ahí se tiene que ir por el aumento de los alquileres. Nunca ha habido tantos bares y comercios relacionados con el ocio nocturno, lo que genera un cambio a su vez de usuario”. En concreto, en diez años, las pernoctaciones han aumentado un 53% en Sevilla aunque el empleo del sector solo ha crecido un 18%, según aportó CCOO en unas jornadas sobre tasas turísticas.

Entre las medidas que se pueden adoptar para reducir estos procesos, Díaz cita algunas: la delimitación de zonas sensibles de especial protección, que implica proteger la forma de vida, las maneras de habitar el espacio, la forma de sociabilidad, e incluso los comercios tradicionales, como ocurre en París con las panaderías. También se pueden poner límites en esas áreas, como el número de pisos turísticos; o promover usos que no son rentables, para lo que se va a necesitar suelo público.

“El capitalismo tiene la capacidad de transformar cada actividad en una máquina de producción, con todos su impactos negativos. Pienso que no tenemos que dejar de viajar, pero que tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. Esto significa para mí, boicotear una cierta manera de viajar intentando crear alternativas y trayectorias fuera de las que la industria del turismo nos ofrece”, añade Imperatore. “Al final –continúa– el destino turístico que elegimos está fuertemente influenciado por la publicidad y también lo que hacemos cuando estamos en un lugar. La industria del turismo construye para cada ciudad una ‘reputación’, un imaginario. Está la ciudad romántica, la ciudad del divertimento, el barrio de las luces rojas, la ciudad de la torre y otras definiciones”.

Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona. REUTERS

Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona. REUTERS

Economía colaborativa

Es cierto, como destaca Imperatore, que las plataformas de economía colaborativa han contribuido a ampliar el acceso de consumidores a servicios de los que antes estaban excluidos, gracias a precios más baratos. Pero al mismo tiempo, este proceso ha producido una situación de súper consumismo que ha barrido cada potencial ventaja de la de actividad. “A menudo muchas plataformas que tienen una naturaleza realmente colaborativa acaban por ser englobadas en otras plataformas capitalistas”, afirma.

La economía colaborativa representa un 1,4% del PIB español y se prevé que el año 2025 lo haga entre un 2% y un 2,9%, según un estudio de la Fundación EY. Desde que estalló en 2013, este tipo de economía no ha parado de crecer. En 2015 representó unos ingresos de 28.000 millones de euros en la Unión Europea, según el informe Cuestiones clave a las que se enfrenta la economía colaborativa en Europa.

Medio Ambiente

¿Son estas fórmulas más compatibles con el medio ambiente? Tras analizar varios estudios al respecto, Koen Frenken, profesor de Estudios de Innovación en la Universidad de Utrecht, incide en que es probable que los impactos ambientales sean positivos, pero posiblemente mucho más pequeños de lo que se afirma y espera. “Los beneficios ambientales de la economía colaborativa no están de ninguna manera implícitos en esta tecnología y, por tanto, no pueden predecirse de antemano con precisión. Los impactos dependerán de manera crucial de la evolución de los modelos comerciales y las prácticas de los usuarios, así como del diseño de instituciones complementarias que aún están en construcción”, reflexiona el profesor en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global (Fuhem).

Para Imperatore, el sector del turismo necesita de una intervención pública. “Insisto, no sé si dejaremos de viajar, pero creo que será necesario modificar los hábitos de viaje que tenemos si no queremos ver ciudades como Disneyland, como un parque turístico”. En Contra el Diluvio, aunque valoran las iniciativas en contra de esta lógica, mantienen pocas esperanzas a la hora de hacer un turismo respetuoso con los destinos turísticos y el planeta dentro del capitalismo. Según el colectivo, el aumento de las emisiones relacionadas con la aviación en los últimos años y la popularización de los viajes lowcost –”que en realidad cuestan lo mismo pero se externaliza al resto de la sociedad su coste real”, matizan– parecen en el imaginario colectivo a veces un fenómeno imparable, pero nada más lejos de la realidad. “No hace ni 25 años, coger dos aviones en tres días para echar el fin de semana en Londres era impensable para casi todo el mundo, y nadie se moría por eso”.

Más tiempo libre

¿Y cómo se cambia esa mentalidad? “Es indispensable –añade el colectivo– que forcemos a gobiernos y Estados a disminuir los daños derivados de actividades como el turismo, pero no podemos esperar a eso para hacer algo: no hay una forma sostenible de viajar al otro lado del mundo para dos semanas, así que la forma principal de turismo debe desaparecer cuanto antes. Sin embargo, eso no tiene que significar una vida reducida al trabajo y a casa. Reorganizar la producción y ponerla al servicio de las personas (y no del capital) es una reivindicación fundamental de la lucha contra el cambio climático y, en esa lucha, debemos apostar por una sociedad poscapitalista en la que el trabajo esté mucho más repartido y se eliminen todas aquellas ramas de la producción insostenibles o innecesarias. En una sociedad con menos trabajo y más repartido dispondremos de más tiempo libre y de más vacaciones, y este excedente de tiempo, junto con restricciones a las formas más nocivas de transporte (como el avión), podría dar lugar a una nueva forma sostenible de conocer el mundo, más parecida a viajar que a hacer turismo”.

En conclusión: la mejor medida para disminuir el impacto del turismo es no hacer turismo. Pero para eso, para seguir manteniendo el planeta y siga mereciendo la pena viajar, como reclamaba Colombine, tenemos primero que aceptarlo. Esto dice Alastair Bonnett, en 2014, en su libro Fuera del mapa (Blackie Books): “La transformación de una serie de lugares complejos y diversos en otros simples y superficiales tiene como resultado una población más vulnerable culturalmente, una masa desarraigada cuyo único vínculo de cohesión es la ideología que se les impone desde arriba”.

La entrada Viajar sin hacer turismo se publicó primero en lamarea.com.

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Esto decía de Ginebra, en 1914, la periodista andaluza Carmen de Burgos, Colombine, en su libro Mis viajes por Europa (Nausícaä): “Una vez vista la bolsa, el teatro, la catedral, los bulevares, parece que estamos otra vez en la última ciudad que visitamos, que todas aquellas casas son las mismas, que se han adelantado para recibirnos. No merecía la pena molestarse para esto. Las compañías de teatro viajan, los libros se venden en todas partes, las obras de arte se reproducen con fidelidad; es igual siempre el confort de las casas y los grandes hoteles; la prensa y el telégrafo han dado una extensión mundial al pensamiento. ¿Para qué viajar si no se buscara el encanto ancestral de las antiguas ciudades románticas o el encanto de la naturaleza?”.

En el fondo, es esa la pregunta que nos hacemos en este número. ¿Tiene sentido seguir viajando como lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Cambiará o tendremos que modificar el concepto de viajar en los próximos años? ¿Cómo se puede hacer un turismo responsable en una sociedad capitalista? ¿Podremos viajar sin cambiar los modos de vida de la población autóctona, las economías locales… sin dañar el planeta? ¿O tendremos que asumir sencillamente que no podremos viajar?

Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, la industria del ocio de vacaciones es responsable de un 8% de las emisiones globales, lo que significa hasta cuatro veces más de lo que se le atribuía hasta este momento. El informe, llevado a cabo por personal investigador de la Universidad de Sydney (Australia), ha tenido en cuenta no solo las emisiones producidas por los aviones, sino todas las cadenas de suministro de los productos asociados al turismo, desde la comida a los souvenirs. Es, de hecho, el incremento en la demanda de bienes y servicios, y no el aumento en el número de vuelos, el que está detrás de la mayor parte del incremento de las emisiones, que crecieron alrededor de un 15% entre 2009 y 2013, según los datos recogidos en el informe. El turismo aporta en torno a un 10,4% al PIB global.

“Como cualquier actividad lucrativa dentro del capitalismo, el turismo tiende a la expansión absoluta dentro de unos límites que va empujando cada vez más, arrasa todo lo que se interponga entre él y sus beneficios. Lo vemos actualmente en la gentrificación de los barrios, el aumento del precio de los alquileres y la expulsión de vecinas hacia la periferia”, explican desde la iniciativa Contra el Diluvio, cuyo principal objetivo es luchar contra el cambio climático y sus consecuencias. Barcelona es una de esas ciudades donde comenzó a percibirse con más fuerza ese aumento desbordado del turismo.

Un estudio presentado el pasado junio en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)analiza la transformación urbana de la capital catalana a través del impacto de la plataforma de alojamiento Airbnb, una de las principales marcas asociadas a la denominada economía colaborativa. Una primera consecuencia de ello, según la autora del trabajo, Paola Imperatore, es la construcción de nuevos hoteles provocada por el aumento de los flujos de turistas. “Por la misma razón, muchos bloques se han convertido en pisos turísticos. Y las habitaciones se han convertido en un nuevo mercado en la ciudad en detrimento de la población local“, sostiene la experta, colaboradora del grupo de investigación Digital Commons (Dimmons) del IN3 de la UOC.

El otro efecto, de acuerdo a su estudio, es la transformación de la economía local basada en las necesidades de las personas residentes a una basada en el entretenimiento del turismo. “Los supermercados, kioscos, bibliotecas son sustituidos por bares que ofrecen ‘típicas’ comidas y bebidas, negocios de souvenir y otras atracciones. “Al mismo tiempo –prosigue– los precios de los servicios van subiendo por la presencia de consumidores y consumidoras con un poder adquisitivo mayor”. Es lo que se define como gentrificación.

Iban Díaz, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, ha estudiado este fenómeno en ciudades como Sevilla, Buenos Aires y Ciudad de México. En las tres capitales, aunque son muy diferentes entre ellas, lo que suele primar a la hora de organizar el espacio es que los suelos sean lo más rentables posibles. En Sevilla, el caso de la Alameda, la parte norte del casco histórico de la ciudad, es un ejemplo claro: “Pasó de ser una zona marginada a una zona revalorizada, sobre todo, a partir de la Expo 92, donde todo se hace desde el punto de vista del beneficio económico. Entonces se produjo un movimiento grande de clases que podían hipotecarse hacia la zona y la gente con menos recursos se fue yendo porque se encareció todo o los propietarios los echaron. Hay una limpieza del menudeo, desalojo de viviendas ocupadas, se elimina el mercadillo, se reduce el enclave de prostitución, se crea una comisaría y en la segunda mitad de los años 2000 se consolida como una zona segura y tranquila. Eso empieza a atraer más y más turismo. E incluso mucha gente de clase media que vivía ahí se tiene que ir por el aumento de los alquileres. Nunca ha habido tantos bares y comercios relacionados con el ocio nocturno, lo que genera un cambio a su vez de usuario”. En concreto, en diez años, las pernoctaciones han aumentado un 53% en Sevilla aunque el empleo del sector solo ha crecido un 18%, según aportó CCOO en unas jornadas sobre tasas turísticas.

Entre las medidas que se pueden adoptar para reducir estos procesos, Díaz cita algunas: la delimitación de zonas sensibles de especial protección, que implica proteger la forma de vida, las maneras de habitar el espacio, la forma de sociabilidad, e incluso los comercios tradicionales, como ocurre en París con las panaderías. También se pueden poner límites en esas áreas, como el número de pisos turísticos; o promover usos que no son rentables, para lo que se va a necesitar suelo público.

“El capitalismo tiene la capacidad de transformar cada actividad en una máquina de producción, con todos su impactos negativos. Pienso que no tenemos que dejar de viajar, pero que tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. Esto significa para mí, boicotear una cierta manera de viajar intentando crear alternativas y trayectorias fuera de las que la industria del turismo nos ofrece”, añade Imperatore. “Al final –continúa– el destino turístico que elegimos está fuertemente influenciado por la publicidad y también lo que hacemos cuando estamos en un lugar. La industria del turismo construye para cada ciudad una ‘reputación’, un imaginario. Está la ciudad romántica, la ciudad del divertimento, el barrio de las luces rojas, la ciudad de la torre y otras definiciones”.

Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona. REUTERS
Cartel contra los pisos turísticos en Barcelona. REUTERS

Economía colaborativa

Es cierto, como destaca Imperatore, que las plataformas de economía colaborativa han contribuido a ampliar el acceso de consumidores a servicios de los que antes estaban excluidos, gracias a precios más baratos. Pero al mismo tiempo, este proceso ha producido una situación de súper consumismo que ha barrido cada potencial ventaja de la de actividad. “A menudo muchas plataformas que tienen una naturaleza realmente colaborativa acaban por ser englobadas en otras plataformas capitalistas”, afirma.

La economía colaborativa representa un 1,4% del PIB español y se prevé que el año 2025 lo haga entre un 2% y un 2,9%, según un estudio de la Fundación EY. Desde que estalló en 2013, este tipo de economía no ha parado de crecer. En 2015 representó unos ingresos de 28.000 millones de euros en la Unión Europea, según el informe Cuestiones clave a las que se enfrenta la economía colaborativa en Europa.

Medio Ambiente

¿Son estas fórmulas más compatibles con el medio ambiente? Tras analizar varios estudios al respecto, Koen Frenken, profesor de Estudios de Innovación en la Universidad de Utrecht, incide en que es probable que los impactos ambientales sean positivos, pero posiblemente mucho más pequeños de lo que se afirma y espera. “Los beneficios ambientales de la economía colaborativa no están de ninguna manera implícitos en esta tecnología y, por tanto, no pueden predecirse de antemano con precisión. Los impactos dependerán de manera crucial de la evolución de los modelos comerciales y las prácticas de los usuarios, así como del diseño de instituciones complementarias que aún están en construcción”, reflexiona el profesor en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global (Fuhem).

Para Imperatore, el sector del turismo necesita de una intervención pública. “Insisto, no sé si dejaremos de viajar, pero creo que será necesario modificar los hábitos de viaje que tenemos si no queremos ver ciudades como Disneyland, como un parque turístico”. En Contra el Diluvio, aunque valoran las iniciativas en contra de esta lógica, mantienen pocas esperanzas a la hora de hacer un turismo respetuoso con los destinos turísticos y el planeta dentro del capitalismo. Según el colectivo, el aumento de las emisiones relacionadas con la aviación en los últimos años y la popularización de los viajes lowcost –”que en realidad cuestan lo mismo pero se externaliza al resto de la sociedad su coste real”, matizan– parecen en el imaginario colectivo a veces un fenómeno imparable, pero nada más lejos de la realidad. “No hace ni 25 años, coger dos aviones en tres días para echar el fin de semana en Londres era impensable para casi todo el mundo, y nadie se moría por eso”.

Más tiempo libre

¿Y cómo se cambia esa mentalidad? “Es indispensable –añade el colectivo– que forcemos a gobiernos y Estados a disminuir los daños derivados de actividades como el turismo, pero no podemos esperar a eso para hacer algo: no hay una forma sostenible de viajar al otro lado del mundo para dos semanas, así que la forma principal de turismo debe desaparecer cuanto antes. Sin embargo, eso no tiene que significar una vida reducida al trabajo y a casa. Reorganizar la producción y ponerla al servicio de las personas (y no del capital) es una reivindicación fundamental de la lucha contra el cambio climático y, en esa lucha, debemos apostar por una sociedad poscapitalista en la que el trabajo esté mucho más repartido y se eliminen todas aquellas ramas de la producción insostenibles o innecesarias. En una sociedad con menos trabajo y más repartido dispondremos de más tiempo libre y de más vacaciones, y este excedente de tiempo, junto con restricciones a las formas más nocivas de transporte (como el avión), podría dar lugar a una nueva forma sostenible de conocer el mundo, más parecida a viajar que a hacer turismo”.

En conclusión: la mejor medida para disminuir el impacto del turismo es no hacer turismo. Pero para eso, para seguir manteniendo el planeta y siga mereciendo la pena viajar, como reclamaba Colombine, tenemos primero que aceptarlo. Esto dice Alastair Bonnett, en 2014, en su libro Fuera del mapa (Blackie Books): “La transformación de una serie de lugares complejos y diversos en otros simples y superficiales tiene como resultado una población más vulnerable culturalmente, una masa desarraigada cuyo único vínculo de cohesión es la ideología que se les impone desde arriba”.

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La hiperinflación en Venezuela no ha sido generada por crear mucho dinero (I) https://www.lamarea.com/2018/08/29/la-hiperinflacion-en-venezuela-no-ha-sido-generada-por-crear-mucho-dinero-i/ https://www.lamarea.com/2018/08/29/la-hiperinflacion-en-venezuela-no-ha-sido-generada-por-crear-mucho-dinero-i/#comments Wed, 29 Aug 2018 12:04:33 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109382 Dinero en Venezuela

Venezuela se encuentra actualmente en un proceso hiperinflacionario que está causando enormes estragos económicos y sociales a su población. Se denomina hiperinflación a la situación de incremento desorbitado y descontrolado de los precios caracterizado por una tasa de crecimiento mensual superior al 50%. Según la Asamblea Nacional de Venezuela ese momento se alcanzó en noviembre de 2017, con una tasa del 56%. Ocho meses más tarde, en julio de 2018, la tasa de crecimiento se situaba en el 125%. 

Y, como siempre que se habla de hiperinflaciones, surgen como setas analistas de todo tipo y pelaje repitiendo una y otra vez que la culpa es del gobierno correspondiente que se ha pasado imprimiendo dinero. Todavía me sigue fascinando lo extendida que está esa falsa idea tanto en el mundo académico como fuera de él. Como la gente siempre ve que en las hiperinflaciones se necesitan muchos billetes para comprar productos de primera necesidad, unen los dos conceptos y acaban deduciendo que la hiperinflación es consecuencia de haber creado mucho dinero. Pero por muy intuitiva que pueda ser esa conexión, la ciencia nos enseñó hace mucho tiempo que correlación no implica causalidad, por lo que dos fenómenos pueden darse al mismo tiempo sin que los una un vínculo causal directo. Y es que, como dijo Marx, si la apariencia coincidiese con la realidad no sería necesaria la ciencia. Pero a la vista está que todas aquellas personas que se limitan a replicar los postulados de la teoría económica convencional no quieren dedicar tiempo y esfuerzo en analizar con rigor dichos fenómenos económicos, conformándose con análisis tan simplistas como sonrojantes, especialmente si las conclusiones sirven para fortalecer el injusto y actual statu quo económico. Que la complejidad del mundo económico no les arruine sus pobres y fantasiosas explicaciones, y mucho menos sus privilegios. 

Lo expliqué con cierto detenimiento hace ya casi cinco años: no ha habido un solo caso de hiperinflación en el mundo que se haya originado por culpa de un gobierno que se volviese loco creando dinero. De hecho, esa fue una de las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto Cato (nada sospechoso de ser de izquierdas) tras analizar los 56 casos de hiperinflación más importantes de la historia en nuestro planeta. En realidad, todos ellos se debieron a un shock en la oferta que provocó una caída fortuita en la producción, lo que conllevó que la cantidad de dinero se hiciera excesiva en comparación con la cantidad de bienes y servicios producidos, empujando así los precios al alza (porque los vendedores le sacan todo el partido que pueden aumentando los precios a la poca producción que venden). Pero la clave está en entender que ese diferencial entre producción y dinero se debió siempre a una caída de la producción y no a un aumento de la cantidad de dinero.

Sirvan varios ejemplos de referencia. La inflación galopante registrada en Alemania entre 1922 y 1923 fue causada por la destrucción del aparato industrial alemán durante la primera guerra mundial así como la pérdida de buena parte del mismo debido a la entrega a Francia de los territorios de Alsacia-Lorena. En Hungría el fenómeno hiperinflacionario ocurrió en 1946 debido a la devastación que sufrió el país tras las invasiones nazi y soviética durante la Segunda Guerra Mundial (otros países como Grecia, Taiwán y China corrieron una suerte parecida como consecuencia del conflicto bélico). Durante la década de los años 80 se sucedieron episodios de hiperinflación en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, y todos ellos fueron debidos a  la caída de los precios de los productos que exportaban (estaño, cobre, plata, plomo, café…) lo que dificultaba la importación de otros productos, a las frecuentes insurrecciones militares que desestabilizaban la economía, y a los brutales planes de ajuste que imponía el Fondo Monetario Internacional que no hacían otra cosa que lastrar la demanda y la producción. La desintegración de la antigua Yugoslavia conllevó el destrozo de buena parte de su aparato productivo, desencadenando una espiral hiperinflacionista en Serbia durante la década de 1990. La elevada inflación descontrolada que experimentó Rusia y especialmente sus vecinas Armenia y Turkmenistán en 1992 y 1993 fue causada por la estrepitosa caída de la producción como consecuencia de la transformación del sistema desde uno socialista a uno capitalista. La hiperinflación sufrida en Zimbabue entre 2007 y 2008 (la segunda más intensa de la historia) se debió al colapso del sector agrícola tras ser confiscadas las tierras de las minorías blancas por el gobierno, lo que provocó una escasez de alimentos muy pronunciada en una economía altamente dependiente del campo.

Pero ninguno de todos esos factores le importarán nunca a un economista convencional que se precie, pues preferirá zanjar el asunto con un “la culpa fue del gobierno por crear mucho dinero”. Bajeza y deshonestidad intelectual que sólo puede ser explicada por el interés económico y político que presentan determinados grupos sociales para demonizar el gasto público y la creación de dinero estatal.

La hiperinflación nunca surge porque un gobierno pierda el control e imprima una cantidad excesiva de dinero, sino que aparece en situaciones extremas (conflictos bélicos, transición desordenada de sistemas económicos, y por pésimas políticas económicas) que provocan caídas importantes de la producción. Entonces, ¿por qué durante esos periodos se constata que la cantidad de dinero en circulación aumenta a ritmos vertiginosos? Pues por algo tan obvio que avergüenza recordarlo: para poder hacer frente a compras con precios mastodónticamente más elevados que antes necesitas mucho más dinero que antes. Es evidente. El banco central debe crear muchísimo más dinero para que el Estado pueda hacer frente a unos gastos corrientes que son muchísimo más caros, para que los bancos puedan hacer frente a las retiradas de dinero de sus clientes y a mayores créditos por parte de las empresas (pues han de comprar suministros mucho más caros). La creación de dinero es posterior a la chispa de la inflación galopante, aunque luego contribuya a agravarla (como tantos otros factores en un contexto de círculo vicioso de alza descontrolada de precios). El orden causal y cronológico es el siguiente: caída brusca de la producción, aumento de precios, aumento de dinero en circulación. No nos dejemos engañar por las apariencias, pues no siempre coinciden con la realidad.

A diferencia de lo que reza la teoría económica convencional y de lo que predomina en el imaginario colectivo, la creación de dinero no tiene por qué provocar inflación. Lo expliqué también hace tiempo. Puede que ocurra o no, todo va a depender de cómo de utilizada esté la capacidad productiva de una economía. Pero es que incluso aunque ocurra, nunca va a llegar al punto de convertirse en hiperinflación. De hecho, es más que probable que los elevados déficits públicos del gobierno bolivariano (y por lo tanto el nuevo dinero en circulación) hayan contribuido algo a empujar al alza los precios, pero eso es una cosa y otra que hayan provocado la hiperinflación. Recuérdese que la hiperinflación es un crecimiento mensual de los precios superior al 50%, algo que no ha ocurrido en Venezuela hasta hace 8 meses a pesar de que antes de eso la emisión de nuevo dinero era notable y el crecimiento de los precios estaba siendo bastante elevado. La hiperinflación se ha originado mucho más tarde; ¿por qué ha sido así? ¿cuál ha sido el shock productivo que ha incendiado la mecha? Esto es lo que veremos en el siguiente post.

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Dinero en Venezuela

Venezuela se encuentra actualmente en un proceso hiperinflacionario que está causando enormes estragos económicos y sociales a su población. Se denomina hiperinflación a la situación de incremento desorbitado y descontrolado de los precios caracterizado por una tasa de crecimiento mensual superior al 50%. Según la Asamblea Nacional de Venezuela ese momento se alcanzó en noviembre de 2017, con una tasa del 56%. Ocho meses más tarde, en julio de 2018, la tasa de crecimiento se situaba en el 125%.  Y, como siempre que se habla de hiperinflaciones, surgen como setas analistas de todo tipo y pelaje repitiendo una y otra vez que la culpa es del gobierno correspondiente que se ha pasado imprimiendo dinero. Todavía me sigue fascinando lo extendida que está esa falsa idea tanto en el mundo académico como fuera de él. Como la gente siempre ve que en las hiperinflaciones se necesitan muchos billetes para comprar productos de primera necesidad, unen los dos conceptos y acaban deduciendo que la hiperinflación es consecuencia de haber creado mucho dinero. Pero por muy intuitiva que pueda ser esa conexión, la ciencia nos enseñó hace mucho tiempo que correlación no implica causalidad, por lo que dos fenómenos pueden darse al mismo tiempo sin que los una un vínculo causal directo. Y es que, como dijo Marx, si la apariencia coincidiese con la realidad no sería necesaria la ciencia. Pero a la vista está que todas aquellas personas que se limitan a replicar los postulados de la teoría económica convencional no quieren dedicar tiempo y esfuerzo en analizar con rigor dichos fenómenos económicos, conformándose con análisis tan simplistas como sonrojantes, especialmente si las conclusiones sirven para fortalecer el injusto y actual statu quo económico. Que la complejidad del mundo económico no les arruine sus pobres y fantasiosas explicaciones, y mucho menos sus privilegios.  Lo expliqué con cierto detenimiento hace ya casi cinco años: no ha habido un solo caso de hiperinflación en el mundo que se haya originado por culpa de un gobierno que se volviese loco creando dinero. De hecho, esa fue una de las conclusiones de un estudio realizado por el Instituto Cato (nada sospechoso de ser de izquierdas) tras analizar los 56 casos de hiperinflación más importantes de la historia en nuestro planeta. En realidad, todos ellos se debieron a un shock en la oferta que provocó una caída fortuita en la producción, lo que conllevó que la cantidad de dinero se hiciera excesiva en comparación con la cantidad de bienes y servicios producidos, empujando así los precios al alza (porque los vendedores le sacan todo el partido que pueden aumentando los precios a la poca producción que venden). Pero la clave está en entender que ese diferencial entre producción y dinero se debió siempre a una caída de la producción y no a un aumento de la cantidad de dinero. Sirvan varios ejemplos de referencia. La inflación galopante registrada en Alemania entre 1922 y 1923 fue causada por la destrucción del aparato industrial alemán durante la primera guerra mundial así como la pérdida de buena parte del mismo debido a la entrega a Francia de los territorios de Alsacia-Lorena. En Hungría el fenómeno hiperinflacionario ocurrió en 1946 debido a la devastación que sufrió el país tras las invasiones nazi y soviética durante la Segunda Guerra Mundial (otros países como Grecia, Taiwán y China corrieron una suerte parecida como consecuencia del conflicto bélico). Durante la década de los años 80 se sucedieron episodios de hiperinflación en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, y todos ellos fueron debidos a  la caída de los precios de los productos que exportaban (estaño, cobre, plata, plomo, café…) lo que dificultaba la importación de otros productos, a las frecuentes insurrecciones militares que desestabilizaban la economía, y a los brutales planes de ajuste que imponía el Fondo Monetario Internacional que no hacían otra cosa que lastrar la demanda y la producción. La desintegración de la antigua Yugoslavia conllevó el destrozo de buena parte de su aparato productivo, desencadenando una espiral hiperinflacionista en Serbia durante la década de 1990. La elevada inflación descontrolada que experimentó Rusia y especialmente sus vecinas Armenia y Turkmenistán en 1992 y 1993 fue causada por la estrepitosa caída de la producción como consecuencia de la transformación del sistema desde uno socialista a uno capitalista. La hiperinflación sufrida en Zimbabue entre 2007 y 2008 (la segunda más intensa de la historia) se debió al colapso del sector agrícola tras ser confiscadas las tierras de las minorías blancas por el gobierno, lo que provocó una escasez de alimentos muy pronunciada en una economía altamente dependiente del campo. Pero ninguno de todos esos factores le importarán nunca a un economista convencional que se precie, pues preferirá zanjar el asunto con un “la culpa fue del gobierno por crear mucho dinero”. Bajeza y deshonestidad intelectual que sólo puede ser explicada por el interés económico y político que presentan determinados grupos sociales para demonizar el gasto público y la creación de dinero estatal. La hiperinflación nunca surge porque un gobierno pierda el control e imprima una cantidad excesiva de dinero, sino que aparece en situaciones extremas (conflictos bélicos, transición desordenada de sistemas económicos, y por pésimas políticas económicas) que provocan caídas importantes de la producción. Entonces, ¿por qué durante esos periodos se constata que la cantidad de dinero en circulación aumenta a ritmos vertiginosos? Pues por algo tan obvio que avergüenza recordarlo: para poder hacer frente a compras con precios mastodónticamente más elevados que antes necesitas mucho más dinero que antes. Es evidente. El banco central debe crear muchísimo más dinero para que el Estado pueda hacer frente a unos gastos corrientes que son muchísimo más caros, para que los bancos puedan hacer frente a las retiradas de dinero de sus clientes y a mayores créditos por parte de las empresas (pues han de comprar suministros mucho más caros). La creación de dinero es posterior a la chispa de la inflación galopante, aunque luego contribuya a agravarla (como tantos otros factores en un contexto de círculo vicioso de alza descontrolada de precios). El orden causal y cronológico es el siguiente: caída brusca de la producción, aumento de precios, aumento de dinero en circulación. No nos dejemos engañar por las apariencias, pues no siempre coinciden con la realidad. A diferencia de lo que reza la teoría económica convencional y de lo que predomina en el imaginario colectivo, la creación de dinero no tiene por qué provocar inflación. Lo expliqué también hace tiempo. Puede que ocurra o no, todo va a depender de cómo de utilizada esté la capacidad productiva de una economía. Pero es que incluso aunque ocurra, nunca va a llegar al punto de convertirse en hiperinflación. De hecho, es más que probable que los elevados déficits públicos del gobierno bolivariano (y por lo tanto el nuevo dinero en circulación) hayan contribuido algo a empujar al alza los precios, pero eso es una cosa y otra que hayan provocado la hiperinflación. Recuérdese que la hiperinflación es un crecimiento mensual de los precios superior al 50%, algo que no ha ocurrido en Venezuela hasta hace 8 meses a pesar de que antes de eso la emisión de nuevo dinero era notable y el crecimiento de los precios estaba siendo bastante elevado. La hiperinflación se ha originado mucho más tarde; ¿por qué ha sido así? ¿cuál ha sido el shock productivo que ha incendiado la mecha? Esto es lo que veremos en el siguiente post.

La entrada La hiperinflación en Venezuela no ha sido generada por crear mucho dinero (I) se publicó primero en lamarea.com.

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“La crisis ha sido especulativa, ha costado mucho dinero a los Estados y no se ha hecho nada por resolverla” https://www.lamarea.com/2018/08/20/la-crisis-ha-sido-especulativa-ha-costado-mucho-dinero-a-los-estados-y-no-se-ha-hecho-nada-por-resolverla/ https://www.lamarea.com/2018/08/20/la-crisis-ha-sido-especulativa-ha-costado-mucho-dinero-a-los-estados-y-no-se-ha-hecho-nada-por-resolverla/#comments Mon, 20 Aug 2018 16:05:57 +0000 https://www.lamarea.com/?p=108709 El economista Arcadi Oliveres. Foto: GUILLEM MEDINA

El 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I de Borbón abdicó en favor de Felipe VI. Inmediatamente después del anuncio, miles de personas salieron a la calle en toda España para exigir un referéndum por la III República. Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) fue uno de ellos. Aquella tarde anuló sus compromisos y, convencido de que las monarquías son "una vergüenza democrática", se fue hasta la plaza de Catalunya de Barcelona para unirse a la reivindicación. Oliveres nos cita a tan solo unos metros de aquel lugar, en el muy céntrico y emblemático Café Zurich. El establecimiento dispone de un altillo de ambiente tranquilo donde a menudo este incansable activista se reúne con quienes le requieren. Entre otros pequeños obsequios, le llevamos el último ejemplar de La Marea. No lo acepta: lo compra cada mes en el quiosco. 

El 15 de septiembre de 2008 se produjo la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, un hecho que incendió los mercados y desató la crisis mundial. ¿Cómo ve la situación mundial diez años después?

Todo ha ido a peor. Aquella fecha marcó el inicio oficial de la crisis, pero había un caldo de cultivo que propició la caída. La palabra clave que define este caldo de cultivo se llama especulación. Históricamente, no todas las crisis han tenido estas características. Durante la década de 1970 también se produjo una gran crisis mundial, pero le dieron otro calificativo. La llamaron la crisis del petróleo. En cambio, esta crisis desatada con la caída de Lehman Brothers fue una crisis de especulación que se produjo en un doble ámbito: la especulación inmobiliaria y la especulación bursátil. La primera la hemos conocido bien aquí, pero la segunda fue mayor e incluso más grave. La gente compraba y vendía acciones esperando que cambiara la cotización y a partir de aquí hacían subir y bajar los valores atrapando a mucha gente que había invertido y que después no podía vender lo que había comprado o no podía volver a comprar lo que había vendido. Esta gente, que en su mayoría eran bancos y fondos de inversión, acabaron pidiendo auxilio a la administración pública. Fue a partir de este momento cuando los gobiernos de EEUU, Inglaterra, Japón y España, entre otros, empezaron a llevar a cabo lo que conocemos como el rescate bancario, para el cual han destinado grandes cantidades de dinero. Este es un tema que me ha obsesionado durante mucho tiempo, especialmente durante mis últimos años en la facultad. Y si los números no me fallan, en aquella época se alcanzó la cifra de cuatro billones de dólares destinados al rescate. En el caso de España, a pesar de que hay cifras escondidas, el rescate costó 60.000 millones a las arcas públicas. Hemos destinado a salvar a los bancos, que han tenido un comportamiento pésimo, prácticamente la mitad de lo que destinamos a pagar las pensiones. Y el problema es que no se ha puesto remedio a esto. La especulación sigue, no aprendemos.

En la actualidad ya se habla de un renacimiento del boom inmobiliario…

James Tobin, que fue Premio Nobel de Economía en 1981, propuso hace más de 20 años que los especuladores, si bien era improbable que abandonaran sus prácticas especulativas, empezaran a pagar impuestos. Los especuladores tienen tanta fuerza y poder de influencia que ningún gobierno ha aceptado la propuesta de Tobin. De los ocho últimos ministros de economía de EEUU, que allí llaman secretarios del Tesoro, seis eran especuladores antes de pasar a ocupar el cargo. De modo que ninguno de ellos tiene interés en salir de la crisis, porque cada vez ganan más. Un informe publicado a inicios de 2018 por Oxfam Intermón afirmaba que, durante los últimos años, la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y el 12% más rico concentra el 86% de la riqueza total. En resumen: la crisis ha sido especulativa; ha costado mucho dinero al Estado; y no se ha hecho nada por resolverla.

¿Quiénes son, a su juicio, los responsables de la crisis?

Los máximos responsables son los fondos de inversión. Y esto debe ponernos en alerta porque una buena parte de los fondos de inversión son alimentados por los fondos de pensiones. Y a menudo nosotros alimentamos los fondos de pensiones al hacernos un plan de pensiones privado cuando no confiamos en la función de la Seguridad Social. Por tanto, y esto es un principio ético a tener en cuenta, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad en todo esto. Los fondos de inversión son los grandes manipuladores. Y entre ellos, hay un banco de inversión norteamericano, Goldman Sachs, que es el peor de todos. Estos seis secretarios del tesoro de EEUU de los que hablaba anteriormente, antes de ocupar el cargo fueron directivos de esta compañía, a la cual se le atribuyen más de doscientos supuestos delitos. Es una banca, por tanto, cien por cien delictiva cuyos dirigentes son hoy en día ministros o directores de organismos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. 

¿Cuál es la relación entre la crisis económica en Cataluña y el Procés?

El desempleo, por un lado, y la inoperancia del Estado del bienestar, por otro, son los dos factores que han perjudicado más gravemente a la población tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Cataluña ha sido víctima de esta crisis económica por todo lo que ha significado desde el punto de vista del desempleo, que ha aumentado considerablemente. Puede que en algunos lugares concretos el paro haya disminuido algún punto, pero lo ha hecho, en todo caso, a cambio de cosas peores, como son los trabajos esporádicos, precarios y con salarios de miseria. Esto ha impactado mucho en la gente. La otra cara de la crisis es la desprotección ciudadana frente a esta situación. Cuando no tienes un empleo, lo menos que puedes esperar es que el Estado te proteja a través de aquello que llamamos el Estado del bienestar. Y puesto que los gobiernos han visto dificultades en los presupuestos —entre otras razones porque se ha destinado mucho dinero a salvar a la banca y muy poco a salvar a la población—, las pensiones no han subido, la Seguridad Social se ha tambaleado, las viviendas públicas no se han construido y la educación y la sanidad han sufrido recortes.

Por otra parte, y en referencia a la relación entre la crisis y el Procés, debo decir que yo, que soy anticapitalista, tengo ideas discrepantes con algunos compañeros independentistas. Ya he dicho muchas veces que soy independentista, pero parto de una idea: la independencia de Cataluña nunca se debe vincular con razones económicas. Cataluña debe ser independiente por la sencilla razón de que es un pueblo, una historia, una cultura, una idiosincrasia, una lengua, una manera de ser. Y en consecuencia, se lo merece. Pero Cataluña nunca debería reclamar la independencia con el fin de que su economía mejore. Debemos ser independentistas incluso si Cataluña empeorara económicamente, cosa que, por otra parte, no creo que sucediera. Pero eso de decir que siendo independientes tendremos más dinero porque no dependeremos de Madrid, no.

Ese tipo de argumentos generan conflicto entre comunidades autónomas…

Por supuesto. Yo he dicho que el día que Cataluña sea independiente tendrá que dar más dinero a Extremadura o a Galicia —pongamos por caso—, que el que da ahora, porque hay un principio que se llama solidaridad. Igual que debemos ayudar a Etiopía, debemos ayudar a Extremadura si es necesario. Y evidentemente, no habría que poner ninguna frontera, ni pedir visado a quienes vengan de España o desde cualquier otro lugar. Y sobre todo, nunca deberíamos decir esa terrible, horrible e inaceptable frase que dice “España nos roba”. Desde este punto de vista, la independencia la hemos manejado muy mal desde aquí. Puede que un país pequeño como Cataluña, bien administrado, permita vivir mejor a su gente, pero ese no debe ser el objetivo. Debemos ser independientes porque nos lo merecemos. Y punto. Cuando los hijos tienen una cierta edad, se emancipan. Y casi siempre se van para vivir en condiciones mucho peores: viven en pisos de alquiler, deben lavarse la ropa y la madre no cocina para ellos a diario. 

A pesar de las incomodidades, quieren emanciparse…

Cataluña se quiere emancipar porque ha alcanzado la mayoría de edad. No hay que vincular la independencia con la economía. Pongamos argumentos políticos, culturales, folclóricos, históricos, pero no económicos. Esto sería un egoísmo absoluto. Por otro lado, creo que habría que empezar a plantear la idea de que queremos ser independientes porque de ese modo construiremos un país nuevo. Lo cual quiere decir que, independientemente de la relación con el resto de España, más rico o más pobre, deberemos crear un país con empresas más justas; un país con una banca más ética; un país que respete el medio ambiente y que proteja los flujos migratorios; un país con una banca pública.

Existe una creciente toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre el uso del dinero, lo cual está llevando a muchos a elegir una banca responsable. ¿Cómo ve el fenómeno de la banca ética?

Voy a contarte una anécdota en relación con esto. En 1999, en la sede de Justícia i Pau —entidad de la que fui presidente entre 2002 y 2013— se celebró la primera reunión de 52 organizaciones (ONG, sindicatos, asociaciones de vecinos y otras por el estilo) para promover en Cataluña una banca ética. Diría que el primer paso sobre banca ética en Cataluña se dio desde Justícia i Pau cuando este término todavía era prácticamente desconocido. Aquel fue un primer paso. Otro factor que ha influido en el progreso de la banca ética es la práctica desaparición de las cajas de ahorros. No es que estas entidades fueran éticas, pero es evidente que la gente sentía más simpatía hacia ellas que hacia los bancos. Y en tercer lugar, los bancos se implican mucho en todo este mundo especulativo del que hablábamos antes, lo cual genera el descontento de la gente. Esto explica la simpatía creciente hacia la banca ética, la cual, a mi modo de ver, tiene un futuro importante siempre y cuando no se acabe echando a perder. Pero en principio vale la pena apoyarla si se quiere evitar la especulación. Yo siempre digo que esto de la banca ética debería complementarse con la banca pública, la banca del Estado. Y si se quiere potenciar la independencia de Cataluña, sería ya hora de poner en marcha esa institución mínima que es el Institut Català de Finances. A la larga, aunque yo no lo vea, la banca debe ser pública o ética.

Del mismo modo, podríamos mencionar el crecimiento del cooperativismo, los movimientos sociales y asamblearios, los bancos de tiempo. Todo ello camina en la misma dirección…

El mes de octubre de cada año, en el barrio de Sant Andreu, se celebra la Fira d’Economía Solidària de Catalunya, organizada por la XES (Xarxa d’Economia Social). Es una gozada visitarla. Allí ves cooperativas, agricultura ecológica, banca ética, alternativas a la energía, alternativas a la conexión a Internet… Estas iniciativas son pequeños embriones de una nueva economía. En la edición del año pasado pasaron por allí 50.000 personas, una cifra que no está nada mal para una feria de este estilo. La cosa empieza a moverse en estos ámbitos y por aquí es por donde debemos ir.

¿Cree que el rescate del Aquarius por parte del gobierno de Sánchez marcará un antes y un después en la gestión de los flujos migratorios por parte de España y la UE?

Me parece un gesto oportunista por parte del gobierno de Sánchez. Quien no me parece tan oportunista es Joan Ribó, el alcalde de Valencia. Por su historial, Ribó es un hombre honesto que se toma en serio estas cuestiones y que tuvo la sana idea de acoger a toda esta gente en Valencia. Por tanto, considero que su decisión fue puramente humanitaria. Por otra parte, supongo que la Moncloa tiene asesores inteligentes que debieron sugerirle a Sánchez que aprovechara la ocasión para apuntarse el gol. Después viene la segunda parte, más desagradable, que es enviar a las personas migrantes a los CIE, lo cual es absolutamente inaceptable. Pero más allá de esto, lo cierto es que deberíamos acoger a muchas más personas.

Se dice que la población inmigrante será necesaria en la UE durante las próximas décadas para revitalizar la economía…

Eso está escrito por Naciones Unidas desde hace 20 años. Aquí el envejecimiento de la población es un hecho evidente. Hace unos años ya se calculaba que entre 2010 y 2020 España debería recibir alrededor de 160.000 inmigrantes nuevos cada año para reflotar su economía ante el envejecimiento poblacional. Al margen de que acoger inmigrantes y refugiados es obligatorio desde el punto de vista ético, no es solo una cuestión de generosidad. Los inmigrantes pagan IVA independientemente de si tienen papeles o no. Si además tienen papeles, pagan un impuesto sobre la renta. Y si tienen trabajo, pagan cotizaciones a la Seguridad Social. Eso es lo que se deriva de ingresos procedentes de la inmigración. Por otra parte, generan una serie de gastos: educación, sanidad, protección a la vivienda, etc. En los últimos tiempos se han publicado estudios que advierten que los ingresos aportados por los inmigrantes al Estado son superiores a las prestaciones que  reciben. De modo que hay que examinar bien estas cifras antes de afirmar a la ligera que los inmigrantes cuestan dinero a las arcas públicas. Diría, por tanto, que la inmigración es positiva por varias razones: rejuvenece la población, impulsa nuestra economía y mejora nuestra cultura. No olvidemos que la cultura es fruto del mestizaje. El mundo ha sido así históricamente. No se pueden poner puertas al campo.

Hay poderosas industrias que se lucran en la gestión de las fronteras: empresas de seguridad, mafias…

En más de una ocasión he pedido públicamente que el exministro de Interior Jorge Fernández sea enviado a prisión inmediatamente por haber ordenado a sus guardias civiles lanzar pelotas de goma a los inmigrantes que en febrero de 2014 murieron en la playa del Tarajal. Eso, que yo sepa, tiene un nombre: asesinato. Por tanto, este señor debe ser juzgado.

¿Cree que Iñaki Urdangarin está pagando por conductas que son atribuibles también a otros miembros de la Corona?

Por supuesto que sí. Primero: contrariamente a lo que se dice, Urdangarin recibe un trato de favor cumpliendo su condena en una cárcel de mujeres en la que él será el único hombre y estará aislado. Por tanto, es mentira eso que dicen de que la familia real no recibe tratos de favor. Dicho esto, conviene recordar que su suegro, Juan Carlos de Borbón, ha amasado millones de euros supuestamente en comisiones por la venta de armas y compra de petróleo. Se dice que, cuando era más joven, pactó con el Reino de Arabia que por cada barril de petróleo que comprara España a Arabia Saudí, recibiría una determinada cantidad en su cuenta corriente. Este señor ha cobrado supuestamente comisiones ilegales durante toda la vida. Y si entramos en temas políticos, hay asuntos muy dudosos en la vida de Juan Carlos I. Por ejemplo, si estaba o no detrás del 23F. O aquello que contaba en sus memorias el antiguo diputado Solé Tura, ya fallecido, que decía que él y otros compañeros, como redactores de la Constitución, querían poner que las autonomías podrían salir de España si lo deseaban. En eso llegó un militar, supuestamente enviado por Juan Carlos I, que la Constitución debía consagrar la sagrada unidad de España y eso no lo iba a cambiar nadie. Intervenciones, en duda, cien por cien antidemocráticas. Una monarquía, sea en España, Inglaterra u Holanda, no tiene ninguna razón de ser. Es una vergüenza democrática. ¿Por qué una familia, la familia real, ha de tener unos privilegios por encima de todas las demás? Además, el caso español es mucho peor, ya que se sitúa a los hombres por encima de las mujeres. Por razones de edad, no debería ser Felipe el sucesor de la Corona sino Elena. Las monarquías deben desaparecer inmediatamente.

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El economista Arcadi Oliveres. Foto: GUILLEM MEDINA

El 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I de Borbón abdicó en favor de Felipe VI. Inmediatamente después del anuncio, miles de personas salieron a la calle en toda España para exigir un referéndum por la III República. Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) fue uno de ellos. Aquella tarde anuló sus compromisos y, convencido de que las monarquías son "una vergüenza democrática", se fue hasta la plaza de Catalunya de Barcelona para unirse a la reivindicación. Oliveres nos cita a tan solo unos metros de aquel lugar, en el muy céntrico y emblemático Café Zurich. El establecimiento dispone de un altillo de ambiente tranquilo donde a menudo este incansable activista se reúne con quienes le requieren. Entre otros pequeños obsequios, le llevamos el último ejemplar de La Marea. No lo acepta: lo compra cada mes en el quiosco. 

El 15 de septiembre de 2008 se produjo la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, un hecho que incendió los mercados y desató la crisis mundial. ¿Cómo ve la situación mundial diez años después?

Todo ha ido a peor. Aquella fecha marcó el inicio oficial de la crisis, pero había un caldo de cultivo que propició la caída. La palabra clave que define este caldo de cultivo se llama especulación. Históricamente, no todas las crisis han tenido estas características. Durante la década de 1970 también se produjo una gran crisis mundial, pero le dieron otro calificativo. La llamaron la crisis del petróleo. En cambio, esta crisis desatada con la caída de Lehman Brothers fue una crisis de especulación que se produjo en un doble ámbito: la especulación inmobiliaria y la especulación bursátil. La primera la hemos conocido bien aquí, pero la segunda fue mayor e incluso más grave. La gente compraba y vendía acciones esperando que cambiara la cotización y a partir de aquí hacían subir y bajar los valores atrapando a mucha gente que había invertido y que después no podía vender lo que había comprado o no podía volver a comprar lo que había vendido. Esta gente, que en su mayoría eran bancos y fondos de inversión, acabaron pidiendo auxilio a la administración pública. Fue a partir de este momento cuando los gobiernos de EEUU, Inglaterra, Japón y España, entre otros, empezaron a llevar a cabo lo que conocemos como el rescate bancario, para el cual han destinado grandes cantidades de dinero. Este es un tema que me ha obsesionado durante mucho tiempo, especialmente durante mis últimos años en la facultad. Y si los números no me fallan, en aquella época se alcanzó la cifra de cuatro billones de dólares destinados al rescate. En el caso de España, a pesar de que hay cifras escondidas, el rescate costó 60.000 millones a las arcas públicas. Hemos destinado a salvar a los bancos, que han tenido un comportamiento pésimo, prácticamente la mitad de lo que destinamos a pagar las pensiones. Y el problema es que no se ha puesto remedio a esto. La especulación sigue, no aprendemos.

En la actualidad ya se habla de un renacimiento del boom inmobiliario…

James Tobin, que fue Premio Nobel de Economía en 1981, propuso hace más de 20 años que los especuladores, si bien era improbable que abandonaran sus prácticas especulativas, empezaran a pagar impuestos. Los especuladores tienen tanta fuerza y poder de influencia que ningún gobierno ha aceptado la propuesta de Tobin. De los ocho últimos ministros de economía de EEUU, que allí llaman secretarios del Tesoro, seis eran especuladores antes de pasar a ocupar el cargo. De modo que ninguno de ellos tiene interés en salir de la crisis, porque cada vez ganan más. Un informe publicado a inicios de 2018 por Oxfam Intermón afirmaba que, durante los últimos años, la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y el 12% más rico concentra el 86% de la riqueza total. En resumen: la crisis ha sido especulativa; ha costado mucho dinero al Estado; y no se ha hecho nada por resolverla.

¿Quiénes son, a su juicio, los responsables de la crisis?

Los máximos responsables son los fondos de inversión. Y esto debe ponernos en alerta porque una buena parte de los fondos de inversión son alimentados por los fondos de pensiones. Y a menudo nosotros alimentamos los fondos de pensiones al hacernos un plan de pensiones privado cuando no confiamos en la función de la Seguridad Social. Por tanto, y esto es un principio ético a tener en cuenta, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad en todo esto. Los fondos de inversión son los grandes manipuladores. Y entre ellos, hay un banco de inversión norteamericano, Goldman Sachs, que es el peor de todos. Estos seis secretarios del tesoro de EEUU de los que hablaba anteriormente, antes de ocupar el cargo fueron directivos de esta compañía, a la cual se le atribuyen más de doscientos supuestos delitos. Es una banca, por tanto, cien por cien delictiva cuyos dirigentes son hoy en día ministros o directores de organismos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. 

¿Cuál es la relación entre la crisis económica en Cataluña y el Procés?

El desempleo, por un lado, y la inoperancia del Estado del bienestar, por otro, son los dos factores que han perjudicado más gravemente a la población tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Cataluña ha sido víctima de esta crisis económica por todo lo que ha significado desde el punto de vista del desempleo, que ha aumentado considerablemente. Puede que en algunos lugares concretos el paro haya disminuido algún punto, pero lo ha hecho, en todo caso, a cambio de cosas peores, como son los trabajos esporádicos, precarios y con salarios de miseria. Esto ha impactado mucho en la gente. La otra cara de la crisis es la desprotección ciudadana frente a esta situación. Cuando no tienes un empleo, lo menos que puedes esperar es que el Estado te proteja a través de aquello que llamamos el Estado del bienestar. Y puesto que los gobiernos han visto dificultades en los presupuestos —entre otras razones porque se ha destinado mucho dinero a salvar a la banca y muy poco a salvar a la población—, las pensiones no han subido, la Seguridad Social se ha tambaleado, las viviendas públicas no se han construido y la educación y la sanidad han sufrido recortes.

Por otra parte, y en referencia a la relación entre la crisis y el Procés, debo decir que yo, que soy anticapitalista, tengo ideas discrepantes con algunos compañeros independentistas. Ya he dicho muchas veces que soy independentista, pero parto de una idea: la independencia de Cataluña nunca se debe vincular con razones económicas. Cataluña debe ser independiente por la sencilla razón de que es un pueblo, una historia, una cultura, una idiosincrasia, una lengua, una manera de ser. Y en consecuencia, se lo merece. Pero Cataluña nunca debería reclamar la independencia con el fin de que su economía mejore. Debemos ser independentistas incluso si Cataluña empeorara económicamente, cosa que, por otra parte, no creo que sucediera. Pero eso de decir que siendo independientes tendremos más dinero porque no dependeremos de Madrid, no.

Ese tipo de argumentos generan conflicto entre comunidades autónomas…

Por supuesto. Yo he dicho que el día que Cataluña sea independiente tendrá que dar más dinero a Extremadura o a Galicia —pongamos por caso—, que el que da ahora, porque hay un principio que se llama solidaridad. Igual que debemos ayudar a Etiopía, debemos ayudar a Extremadura si es necesario. Y evidentemente, no habría que poner ninguna frontera, ni pedir visado a quienes vengan de España o desde cualquier otro lugar. Y sobre todo, nunca deberíamos decir esa terrible, horrible e inaceptable frase que dice “España nos roba”. Desde este punto de vista, la independencia la hemos manejado muy mal desde aquí. Puede que un país pequeño como Cataluña, bien administrado, permita vivir mejor a su gente, pero ese no debe ser el objetivo. Debemos ser independientes porque nos lo merecemos. Y punto. Cuando los hijos tienen una cierta edad, se emancipan. Y casi siempre se van para vivir en condiciones mucho peores: viven en pisos de alquiler, deben lavarse la ropa y la madre no cocina para ellos a diario. 

A pesar de las incomodidades, quieren emanciparse…

Cataluña se quiere emancipar porque ha alcanzado la mayoría de edad. No hay que vincular la independencia con la economía. Pongamos argumentos políticos, culturales, folclóricos, históricos, pero no económicos. Esto sería un egoísmo absoluto. Por otro lado, creo que habría que empezar a plantear la idea de que queremos ser independientes porque de ese modo construiremos un país nuevo. Lo cual quiere decir que, independientemente de la relación con el resto de España, más rico o más pobre, deberemos crear un país con empresas más justas; un país con una banca más ética; un país que respete el medio ambiente y que proteja los flujos migratorios; un país con una banca pública.

Existe una creciente toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre el uso del dinero, lo cual está llevando a muchos a elegir una banca responsable. ¿Cómo ve el fenómeno de la banca ética?

Voy a contarte una anécdota en relación con esto. En 1999, en la sede de Justícia i Pau —entidad de la que fui presidente entre 2002 y 2013— se celebró la primera reunión de 52 organizaciones (ONG, sindicatos, asociaciones de vecinos y otras por el estilo) para promover en Cataluña una banca ética. Diría que el primer paso sobre banca ética en Cataluña se dio desde Justícia i Pau cuando este término todavía era prácticamente desconocido. Aquel fue un primer paso. Otro factor que ha influido en el progreso de la banca ética es la práctica desaparición de las cajas de ahorros. No es que estas entidades fueran éticas, pero es evidente que la gente sentía más simpatía hacia ellas que hacia los bancos. Y en tercer lugar, los bancos se implican mucho en todo este mundo especulativo del que hablábamos antes, lo cual genera el descontento de la gente. Esto explica la simpatía creciente hacia la banca ética, la cual, a mi modo de ver, tiene un futuro importante siempre y cuando no se acabe echando a perder. Pero en principio vale la pena apoyarla si se quiere evitar la especulación. Yo siempre digo que esto de la banca ética debería complementarse con la banca pública, la banca del Estado. Y si se quiere potenciar la independencia de Cataluña, sería ya hora de poner en marcha esa institución mínima que es el Institut Català de Finances. A la larga, aunque yo no lo vea, la banca debe ser pública o ética.

Del mismo modo, podríamos mencionar el crecimiento del cooperativismo, los movimientos sociales y asamblearios, los bancos de tiempo. Todo ello camina en la misma dirección…

El mes de octubre de cada año, en el barrio de Sant Andreu, se celebra la Fira d’Economía Solidària de Catalunya, organizada por la XES (Xarxa d’Economia Social). Es una gozada visitarla. Allí ves cooperativas, agricultura ecológica, banca ética, alternativas a la energía, alternativas a la conexión a Internet… Estas iniciativas son pequeños embriones de una nueva economía. En la edición del año pasado pasaron por allí 50.000 personas, una cifra que no está nada mal para una feria de este estilo. La cosa empieza a moverse en estos ámbitos y por aquí es por donde debemos ir.

¿Cree que el rescate del Aquarius por parte del gobierno de Sánchez marcará un antes y un después en la gestión de los flujos migratorios por parte de España y la UE?

Me parece un gesto oportunista por parte del gobierno de Sánchez. Quien no me parece tan oportunista es Joan Ribó, el alcalde de Valencia. Por su historial, Ribó es un hombre honesto que se toma en serio estas cuestiones y que tuvo la sana idea de acoger a toda esta gente en Valencia. Por tanto, considero que su decisión fue puramente humanitaria. Por otra parte, supongo que la Moncloa tiene asesores inteligentes que debieron sugerirle a Sánchez que aprovechara la ocasión para apuntarse el gol. Después viene la segunda parte, más desagradable, que es enviar a las personas migrantes a los CIE, lo cual es absolutamente inaceptable. Pero más allá de esto, lo cierto es que deberíamos acoger a muchas más personas.

Se dice que la población inmigrante será necesaria en la UE durante las próximas décadas para revitalizar la economía…

Eso está escrito por Naciones Unidas desde hace 20 años. Aquí el envejecimiento de la población es un hecho evidente. Hace unos años ya se calculaba que entre 2010 y 2020 España debería recibir alrededor de 160.000 inmigrantes nuevos cada año para reflotar su economía ante el envejecimiento poblacional. Al margen de que acoger inmigrantes y refugiados es obligatorio desde el punto de vista ético, no es solo una cuestión de generosidad. Los inmigrantes pagan IVA independientemente de si tienen papeles o no. Si además tienen papeles, pagan un impuesto sobre la renta. Y si tienen trabajo, pagan cotizaciones a la Seguridad Social. Eso es lo que se deriva de ingresos procedentes de la inmigración. Por otra parte, generan una serie de gastos: educación, sanidad, protección a la vivienda, etc. En los últimos tiempos se han publicado estudios que advierten que los ingresos aportados por los inmigrantes al Estado son superiores a las prestaciones que  reciben. De modo que hay que examinar bien estas cifras antes de afirmar a la ligera que los inmigrantes cuestan dinero a las arcas públicas. Diría, por tanto, que la inmigración es positiva por varias razones: rejuvenece la población, impulsa nuestra economía y mejora nuestra cultura. No olvidemos que la cultura es fruto del mestizaje. El mundo ha sido así históricamente. No se pueden poner puertas al campo.

Hay poderosas industrias que se lucran en la gestión de las fronteras: empresas de seguridad, mafias…

En más de una ocasión he pedido públicamente que el exministro de Interior Jorge Fernández sea enviado a prisión inmediatamente por haber ordenado a sus guardias civiles lanzar pelotas de goma a los inmigrantes que en febrero de 2014 murieron en la playa del Tarajal. Eso, que yo sepa, tiene un nombre: asesinato. Por tanto, este señor debe ser juzgado.

¿Cree que Iñaki Urdangarin está pagando por conductas que son atribuibles también a otros miembros de la Corona?

Por supuesto que sí. Primero: contrariamente a lo que se dice, Urdangarin recibe un trato de favor cumpliendo su condena en una cárcel de mujeres en la que él será el único hombre y estará aislado. Por tanto, es mentira eso que dicen de que la familia real no recibe tratos de favor. Dicho esto, conviene recordar que su suegro, Juan Carlos de Borbón, ha amasado millones de euros supuestamente en comisiones por la venta de armas y compra de petróleo. Se dice que, cuando era más joven, pactó con el Reino de Arabia que por cada barril de petróleo que comprara España a Arabia Saudí, recibiría una determinada cantidad en su cuenta corriente. Este señor ha cobrado supuestamente comisiones ilegales durante toda la vida. Y si entramos en temas políticos, hay asuntos muy dudosos en la vida de Juan Carlos I. Por ejemplo, si estaba o no detrás del 23F. O aquello que contaba en sus memorias el antiguo diputado Solé Tura, ya fallecido, que decía que él y otros compañeros, como redactores de la Constitución, querían poner que las autonomías podrían salir de España si lo deseaban. En eso llegó un militar, supuestamente enviado por Juan Carlos I, que la Constitución debía consagrar la sagrada unidad de España y eso no lo iba a cambiar nadie. Intervenciones, en duda, cien por cien antidemocráticas. Una monarquía, sea en España, Inglaterra u Holanda, no tiene ninguna razón de ser. Es una vergüenza democrática. ¿Por qué una familia, la familia real, ha de tener unos privilegios por encima de todas las demás? Además, el caso español es mucho peor, ya que se sitúa a los hombres por encima de las mujeres. Por razones de edad, no debería ser Felipe el sucesor de la Corona sino Elena. Las monarquías deben desaparecer inmediatamente.

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Especial #yoIBEXtigo | Puertas giratorias de las empresas energéticas https://www.lamarea.com/2018/07/15/especial-yoibextigo-puertas-giratorias-de-las-empresas-energeticas/ https://www.lamarea.com/2018/07/15/especial-yoibextigo-puertas-giratorias-de-las-empresas-energeticas/#comments Sat, 14 Jul 2018 22:01:16 +0000 https://www.lamarea.com/?p=108500

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JOSÉ BAUTISTA / DANI DOMÍNGUEZ / EDUARDO ROBAINA / ANA ORDAZ // Las puertas giratorias existirán siempre, y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir” [sic], aseguraba en enero Pedro Solbes, exministro de Economía y Hacienda, ante la Comisión parlamentaria que investigó la crisis, la quiebra de las cajas de ahorros y su posterior rescate con dinero público. Hasta 2014, Solbes fue consejero de Enel, la eléctrica italiana que se hizo con el control de Endesa con el beneplácito del gobierno socialista del que él formaba parte. Su sucesora en el ministerio, la socialista Elena Salgado, economista de profesión, también trabajó en Endesa. Fue nombrada consejera de la eléctrica española menos de un año después de dejar el cargo. Salgado asegura “entender” las puertas giratorias y se escuda en que en realidad su “vocación inicial fue la de ser ingeniero de energía”. También fue consejero de Endesa Luis de Guindos (PP), sucesor de Salgado en la cartera de Economía, quien antes de llegar a la eléctrica había sido secretario de Estado de Economía a las órdenes del entonces ministro Rodrigo Rato.

El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Endesa no es más que un ejemplo: en su plantilla han trabajado al menos un presidente, cinco ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal, pero el gobierno de Felipe González (PSOE) inició su privatización, obra que culminó José María Aznar a finales de los noventa.

Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, solo transcurren meses. Hay exaltos cargos del Estado que entran en los consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios y, fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería.

En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Pero las privatizaciones iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar dieron un giro a esta dinámica. Fabra ilustra este cambio con una anécdota: “Tras varios años, fui a Endesa para hablar con el consejero delegado. Entré en el garaje y me encontré que aquello parecía un concesionario de BMW. Aquello había cambiado completamente. Los sueldos de los directivos eran escandalosos”.

Tras el estallido de la crisis, buena parte de la ciudadanía empezó a cuestionar el fenómeno de las puertas giratorias. Son conocidos los casos de los expresidentes Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–), José María Aznar (PP, Endesa), o Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa), quien argumentó que dejaba su cargo en la empresa gasista no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era "muy aburrido”.

Sin embargo, aún pasan desapercibidos otros altos cargos con menos visibilidad mediática pero que juegan un papel clave a la hora de pensar y redactar leyes, decretos y órdenes ministeriales. “La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más”, explicaba Jorge Fabra a La Marea a principios de 2017.

Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.

Un negocio exclusivo

Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario tener grandes sumas de dinero para, entre otros, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas. No es lo mismo vender pan que vender petróleo, por eso en España hay más de 15.000 panaderías, según la patronal CEOPAN, y poco más de una decena de petroleras distribuyendo crudo, por poner un ejemplo. Tampoco es normal que tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen en torno al 90% de la producción eléctrica nacional. En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético.

En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90. Las dos últimas –Enagás y Red Eléctrica– siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos –dinero con el que la empresa ‘premia’ a sus accionistas– va a parar a manos privadas, como fondos de inversión extranjeros como Blackrock o grandes bancos, como Caixabank. Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.

En #YoIBEXtigo identificamos a más  175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en España, suavizado por los principales medios de comunicación, que cada año ingresan parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología. PSOE y PP aglutinan la mayor parte de las puertas giratorias, aunque en el juego también entran PNV, Esquerra Republicana, la extinta CiU e incluso líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, entre otros. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y ninguno de esos nombres fue vetado por la Oficina de Conflictos de Interés, el ente público encargado de sacar tarjeta roja a los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.


AMISTADES Y FAMILIARES

Eduardo Robaina y Dani Domínguez

Uno para todos, todos para uno. José Folgado es presidente de Red Eléctrica desde 2012. Tres veces secretario de Estado con Aznar, llegó a su actual puesto tras renunciar a la alcaldía de la ciudad madrileña de Tres Cantos, cargo que ostentaba desde 2007. Abandonó pocos meses después de ganar las elecciones, pero no lo hizo solo. Tras él, un efecto dominó. Primero fichó a Beatriz Elisa de Munck Loyola, su exjefa de gabinete y primera teniente de alcalde, como directora de gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales en REE. Tuvo una suerte similar Daniel Arveras, antiguo director de comunicación del municipio madrileño, que pasó a ser asesor externo del departamento de Comunicación de la compañía eléctrica.

Todo queda en familia. Desde perfiles técnicos a personalidades sin conocimiento de la materia, pasando por aquellos elegidos que tienen lazos familiares directos con altos cargos del Estado. Dos de los casos más emblemáticos son los de Ignacio López del Hierro Bravo, marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y Alberto Nadal, hermano gemelo del exministro Álvaro Nadal. Tras ser propuestos como nuevos consejeros de REE, ambos aseguran que renunciaron pocos días después para no perjudicar a sus respectivos familiares (por entonces, Álvaro Nadal era director de la Oficina Económica del presidente Rajoy). En el caso de Iberdrola, son varias las veces que se han llevado a cabo estas prácticas. Ana Bono Rodríguez, hija del exministro José Bono –amigo de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía–, trabaja como jefa de equipo en el área de regulación del departamento jurídico. También Marta Ares Godoy, primogénita de Rodolfo Ares, exconsejero socialista de Interior en el Gobierno vasco (2009-2012), figura en nómina de Iberdrola, una lista a la que también se suma N. Alfonsín Uranga, hija del actual jefe de la Casa Real, quien ejerce como Junior Brand Manager desde agosto de 2016.

Ni experiencia ni estudios. En noviembre de 2016, Arsenio Fernández de Mesa dejó su puesto como director general de la Guardia Civil. El 31 de enero de 2017, REE anunciaba su incorporación como consejero independiente. REE afirma que este antiguo auxiliar de jardinería, sin experiencia ni estudios en el sector energético, era “idóneo para el cargo” y por ello le asignó un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. No obstante, Fernandez Mesa no es el único que ha pasado por una energética del Ibex35 sin tener estudios ni experiencia en el sector.

Cosa de hombres. De las más de 175 puertas giratorias documentadas por La Marea en las seis empresas energéticas del Ibex35, el 85% están copadas por hombres. Endesa es la compañía con menor número de mujeres en las puertas giratorias: solo dos de las 33 halladas, es decir, el 6%. Le siguen de cerca Gas Natural Fenosa y Repsol, con cuotas de puertas giratorias femeninas del 6,2% y un 9,1% respectivamente. En el lado contrario se encuentra Red Eléctrica, donde el 32,3% de las puertas giratorias son mujeres.

Indemnizaciones millonarias. Es paradigmático el caso de Red Eléctrica ya que, aunque el Estado es su principal accionista, no revela las indemnizaciones que reciben sus cargos tras ser despedidos. Por otra parte, Repsol es una de las empresas del sector energético más generosas con los salarios y los pagos por despido de sus consejeros y directivos. Destacan casos como el de Fernando Ramírez Mazarredo, quien se embolsó algo más de nueve millones de euros tras su salida de la compañía en 2010 y se valió de técnicas de ingeniería fiscal que le permitieron tributar menos (ese año ingresó más de 11 millones de euros y Hacienda le devolvió 53.367).

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JOSÉ BAUTISTA / DANI DOMÍNGUEZ / EDUARDO ROBAINA / ANA ORDAZ // Las puertas giratorias existirán siempre, y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir” [sic], aseguraba en enero Pedro Solbes, exministro de Economía y Hacienda, ante la Comisión parlamentaria que investigó la crisis, la quiebra de las cajas de ahorros y su posterior rescate con dinero público. Hasta 2014, Solbes fue consejero de Enel, la eléctrica italiana que se hizo con el control de Endesa con el beneplácito del gobierno socialista del que él formaba parte. Su sucesora en el ministerio, la socialista Elena Salgado, economista de profesión, también trabajó en Endesa. Fue nombrada consejera de la eléctrica española menos de un año después de dejar el cargo. Salgado asegura “entender” las puertas giratorias y se escuda en que en realidad su “vocación inicial fue la de ser ingeniero de energía”. También fue consejero de Endesa Luis de Guindos (PP), sucesor de Salgado en la cartera de Economía, quien antes de llegar a la eléctrica había sido secretario de Estado de Economía a las órdenes del entonces ministro Rodrigo Rato.

El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Endesa no es más que un ejemplo: en su plantilla han trabajado al menos un presidente, cinco ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal, pero el gobierno de Felipe González (PSOE) inició su privatización, obra que culminó José María Aznar a finales de los noventa.

Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, solo transcurren meses. Hay exaltos cargos del Estado que entran en los consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios y, fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería.

En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Pero las privatizaciones iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar dieron un giro a esta dinámica. Fabra ilustra este cambio con una anécdota: “Tras varios años, fui a Endesa para hablar con el consejero delegado. Entré en el garaje y me encontré que aquello parecía un concesionario de BMW. Aquello había cambiado completamente. Los sueldos de los directivos eran escandalosos”.

Tras el estallido de la crisis, buena parte de la ciudadanía empezó a cuestionar el fenómeno de las puertas giratorias. Son conocidos los casos de los expresidentes Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–), José María Aznar (PP, Endesa), o Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa), quien argumentó que dejaba su cargo en la empresa gasista no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era "muy aburrido”.

Sin embargo, aún pasan desapercibidos otros altos cargos con menos visibilidad mediática pero que juegan un papel clave a la hora de pensar y redactar leyes, decretos y órdenes ministeriales. “La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más”, explicaba Jorge Fabra a La Marea a principios de 2017.

Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.

Un negocio exclusivo

Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario tener grandes sumas de dinero para, entre otros, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas. No es lo mismo vender pan que vender petróleo, por eso en España hay más de 15.000 panaderías, según la patronal CEOPAN, y poco más de una decena de petroleras distribuyendo crudo, por poner un ejemplo. Tampoco es normal que tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen en torno al 90% de la producción eléctrica nacional. En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético.

En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90. Las dos últimas –Enagás y Red Eléctrica– siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos –dinero con el que la empresa ‘premia’ a sus accionistas– va a parar a manos privadas, como fondos de inversión extranjeros como Blackrock o grandes bancos, como Caixabank. Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.

En #YoIBEXtigo identificamos a más  175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en España, suavizado por los principales medios de comunicación, que cada año ingresan parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología. PSOE y PP aglutinan la mayor parte de las puertas giratorias, aunque en el juego también entran PNV, Esquerra Republicana, la extinta CiU e incluso líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, entre otros. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y ninguno de esos nombres fue vetado por la Oficina de Conflictos de Interés, el ente público encargado de sacar tarjeta roja a los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.


AMISTADES Y FAMILIARES

Eduardo Robaina y Dani Domínguez

Uno para todos, todos para uno. José Folgado es presidente de Red Eléctrica desde 2012. Tres veces secretario de Estado con Aznar, llegó a su actual puesto tras renunciar a la alcaldía de la ciudad madrileña de Tres Cantos, cargo que ostentaba desde 2007. Abandonó pocos meses después de ganar las elecciones, pero no lo hizo solo. Tras él, un efecto dominó. Primero fichó a Beatriz Elisa de Munck Loyola, su exjefa de gabinete y primera teniente de alcalde, como directora de gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales en REE. Tuvo una suerte similar Daniel Arveras, antiguo director de comunicación del municipio madrileño, que pasó a ser asesor externo del departamento de Comunicación de la compañía eléctrica.

Todo queda en familia. Desde perfiles técnicos a personalidades sin conocimiento de la materia, pasando por aquellos elegidos que tienen lazos familiares directos con altos cargos del Estado. Dos de los casos más emblemáticos son los de Ignacio López del Hierro Bravo, marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y Alberto Nadal, hermano gemelo del exministro Álvaro Nadal. Tras ser propuestos como nuevos consejeros de REE, ambos aseguran que renunciaron pocos días después para no perjudicar a sus respectivos familiares (por entonces, Álvaro Nadal era director de la Oficina Económica del presidente Rajoy). En el caso de Iberdrola, son varias las veces que se han llevado a cabo estas prácticas. Ana Bono Rodríguez, hija del exministro José Bono –amigo de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía–, trabaja como jefa de equipo en el área de regulación del departamento jurídico. También Marta Ares Godoy, primogénita de Rodolfo Ares, exconsejero socialista de Interior en el Gobierno vasco (2009-2012), figura en nómina de Iberdrola, una lista a la que también se suma N. Alfonsín Uranga, hija del actual jefe de la Casa Real, quien ejerce como Junior Brand Manager desde agosto de 2016.

Ni experiencia ni estudios. En noviembre de 2016, Arsenio Fernández de Mesa dejó su puesto como director general de la Guardia Civil. El 31 de enero de 2017, REE anunciaba su incorporación como consejero independiente. REE afirma que este antiguo auxiliar de jardinería, sin experiencia ni estudios en el sector energético, era “idóneo para el cargo” y por ello le asignó un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. No obstante, Fernandez Mesa no es el único que ha pasado por una energética del Ibex35 sin tener estudios ni experiencia en el sector.

Cosa de hombres. De las más de 175 puertas giratorias documentadas por La Marea en las seis empresas energéticas del Ibex35, el 85% están copadas por hombres. Endesa es la compañía con menor número de mujeres en las puertas giratorias: solo dos de las 33 halladas, es decir, el 6%. Le siguen de cerca Gas Natural Fenosa y Repsol, con cuotas de puertas giratorias femeninas del 6,2% y un 9,1% respectivamente. En el lado contrario se encuentra Red Eléctrica, donde el 32,3% de las puertas giratorias son mujeres.

Indemnizaciones millonarias. Es paradigmático el caso de Red Eléctrica ya que, aunque el Estado es su principal accionista, no revela las indemnizaciones que reciben sus cargos tras ser despedidos. Por otra parte, Repsol es una de las empresas del sector energético más generosas con los salarios y los pagos por despido de sus consejeros y directivos. Destacan casos como el de Fernando Ramírez Mazarredo, quien se embolsó algo más de nueve millones de euros tras su salida de la compañía en 2010 y se valió de técnicas de ingeniería fiscal que le permitieron tributar menos (ese año ingresó más de 11 millones de euros y Hacienda le devolvió 53.367).

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El saqueo de Grecia, lejos de haber acabado, se va a intensificar https://www.lamarea.com/2018/07/03/el-saqueo-de-grecia-lejos-de-haber-acabado-se-va-a-intensificar/ https://www.lamarea.com/2018/07/03/el-saqueo-de-grecia-lejos-de-haber-acabado-se-va-a-intensificar/#comments Tue, 03 Jul 2018 10:11:19 +0000 https://www.lamarea.com/?p=108178

El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– "rescate" de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar. 

Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias.

¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social.

Quien crea que la Unión Europea está siendo solidaria con Grecia por prestarle dinero debería ser consciente de que solo el 10,3% de todo ese dinero europeo recibido ha servido para financiar los gastos públicos típicos del Estado (sueldos, pensiones, educación, sanidad, etc); el 89,7% restante se ha empleado para devolver deuda, pagar sus intereses y recapitalizar bancos. Lo llaman rescate pero es pillaje. La ciudadanía griega no ha sido rescatada en absoluto; al contrario: ha sido y continúa siendo saqueada. Los únicos que han sido rescatados han sido los bancos europeos, especialmente los alemanes y franceses, que eran quienes habían comprado deuda pública griega antes de 2010 y quienes podrían haber perdido el dinero en caso de una quiebra del Estado. Para evitarlo, la UE prestó dinero a Grecia para que fuese saldando la deuda con los bancos europeos, que astutamente fueron retirando sus posiciones en bonos públicos griegos. De esta forma, el riesgo de impago fue trasladado desde los bancos privados hacia los Estados de Europa. La banca siempre gana, ya se sabe: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas y los riesgos. Así cualquiera se hace capitalista.

Pero seguramente lo más doloroso de todo este asunto ha sido el maltrato que están acometiendo los países europeos a uno de sus socios. De hecho, los primeros préstamos que le hicieron fueron completamente usureros (lo reconoció incluso el Fondo Monetario Internacional) al estar en torno al 5% cuando el Banco Central Europeo lo prestaba cerca del 0%. Esto explica en parte que los Estados europeos ganen dinero con la crisis griega. Sin ir más lejos, hace poco el propio gobierno alemán reconoció que había ganado 2.900 millones de euros por los intereses de los préstamos a Grecia. Y eso sin hablar de los beneficios indirectos que ese país obtiene gracias a la crisis de la deuda pública helena: el instituto alemán para la Investigación Económica de Halle estima que el Estado germano ha ahorrado desde 2010 unos 100.000 millones de euros gracias a que los inversores han acudido a sus bonos públicos para huir de los griegos y de otros países del sur de Europa. Y a pesar de todo esto, escuchamos cómo los dirigentes alemanes dicen que están siendo demasiado generosos con Grecia. ¡Pero si la están saqueando!

La economía griega ha sido destruida en una cuarta parte desde el inicio de los "rescates", los ingresos de los griegos han caído un 38,3%, la tasa de pobreza se sitúa en el 22%, el sistema público de pensiones han sufrido 14 tijeretazos y la mayoría de pensionistas ha perdido un tercio de su poder adquisitivo, el 30% de los negocios han cerrado, la inversión empresarial se ha desplomado un 60%, la tasa de paro supera el 20%, la deuda pública está por encima del 178%, muchos griegos no tienen más remedio que emigrar… Grecia no puede permitirse ni un año más de saqueo. La Unión Europea está arruinando salvajemente a un país miembro, y encima algunos lo intentan vender como una buena noticia. Vivimos tiempos confusos… y abominables.

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El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– "rescate" de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.  Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias. ¿Cuántos países del mundo y a lo largo de toda la historia han logrado tener superávits continuados durante 41 años? Muy fácil: ¡ninguno! Eso es absolutamente imposible, y los dirigentes europeos que han fijado las condiciones lo saben. Ninguna economía del planeta puede estar entregando a otros países un 2,2% de su PIB, ni siquiera la más rica del mundo. Cualquier Estado que pretenda lograr esa quimera destruirá tanto su economía –que inevitablemente terminará tarde o temprano revirtiendo los superávits hasta convertirlos en déficits–, amén de los brutales destrozos en términos de empleo y bienestar. Antes de cumplir el objetivo llegará un momento en el que no haya más recursos que expoliar. Esta medida no tiene ningún tipo de sentido, es la sentencia de muerte de la economía griega. No hay ningún motivo para la esperanza: si el Estado griego se empeña en intentar cumplirlo (y subrayo intentar porque jamás lo logrará), entonces el saqueo no solo continuará sino que se intensificará, y el pueblo griego seguirá condenado al desastre económico y social. Quien crea que la Unión Europea está siendo solidaria con Grecia por prestarle dinero debería ser consciente de que solo el 10,3% de todo ese dinero europeo recibido ha servido para financiar los gastos públicos típicos del Estado (sueldos, pensiones, educación, sanidad, etc); el 89,7% restante se ha empleado para devolver deuda, pagar sus intereses y recapitalizar bancos. Lo llaman rescate pero es pillaje. La ciudadanía griega no ha sido rescatada en absoluto; al contrario: ha sido y continúa siendo saqueada. Los únicos que han sido rescatados han sido los bancos europeos, especialmente los alemanes y franceses, que eran quienes habían comprado deuda pública griega antes de 2010 y quienes podrían haber perdido el dinero en caso de una quiebra del Estado. Para evitarlo, la UE prestó dinero a Grecia para que fuese saldando la deuda con los bancos europeos, que astutamente fueron retirando sus posiciones en bonos públicos griegos. De esta forma, el riesgo de impago fue trasladado desde los bancos privados hacia los Estados de Europa. La banca siempre gana, ya se sabe: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas y los riesgos. Así cualquiera se hace capitalista. Pero seguramente lo más doloroso de todo este asunto ha sido el maltrato que están acometiendo los países europeos a uno de sus socios. De hecho, los primeros préstamos que le hicieron fueron completamente usureros (lo reconoció incluso el Fondo Monetario Internacional) al estar en torno al 5% cuando el Banco Central Europeo lo prestaba cerca del 0%. Esto explica en parte que los Estados europeos ganen dinero con la crisis griega. Sin ir más lejos, hace poco el propio gobierno alemán reconoció que había ganado 2.900 millones de euros por los intereses de los préstamos a Grecia. Y eso sin hablar de los beneficios indirectos que ese país obtiene gracias a la crisis de la deuda pública helena: el instituto alemán para la Investigación Económica de Halle estima que el Estado germano ha ahorrado desde 2010 unos 100.000 millones de euros gracias a que los inversores han acudido a sus bonos públicos para huir de los griegos y de otros países del sur de Europa. Y a pesar de todo esto, escuchamos cómo los dirigentes alemanes dicen que están siendo demasiado generosos con Grecia. ¡Pero si la están saqueando! La economía griega ha sido destruida en una cuarta parte desde el inicio de los "rescates", los ingresos de los griegos han caído un 38,3%, la tasa de pobreza se sitúa en el 22%, el sistema público de pensiones han sufrido 14 tijeretazos y la mayoría de pensionistas ha perdido un tercio de su poder adquisitivo, el 30% de los negocios han cerrado, la inversión empresarial se ha desplomado un 60%, la tasa de paro supera el 20%, la deuda pública está por encima del 178%, muchos griegos no tienen más remedio que emigrar… Grecia no puede permitirse ni un año más de saqueo. La Unión Europea está arruinando salvajemente a un país miembro, y encima algunos lo intentan vender como una buena noticia. Vivimos tiempos confusos… y abominables.

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Una aplicación para que ninguna persona con derecho al bono social se quede sin él https://www.lamarea.com/2018/06/27/una-aplicacion-para-que-ninguna-persona-con-derecho-al-bono-social-se-quede-sin-el/ https://www.lamarea.com/2018/06/27/una-aplicacion-para-que-ninguna-persona-con-derecho-al-bono-social-se-quede-sin-el/#comments Wed, 27 Jun 2018 10:35:49 +0000 https://www.lamarea.com/?p=108057 Tendido eléctrico, La Marea, FACUA, luz

¿Sabes si tienes acceso al bono social de electricidad? La Fundación Civio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han presentado una herramienta que permite comprobar si se tiene derecho a esta bonificación estatal y, en caso afirmativo, solicitarla de una forma rápida, sencilla y personalizada según cada caso.

 

La idea de fondo es que ninguna persona que tenga derecho a este descuento en la factura de la luz creado para situaciones de vulnerabilidad se quede fuera. "Pese a una prórroga del anterior Gobierno, forzado por las escasas solicitudes y la complejidad de su propio sistema, y a la ampliación del plazo para solicitarlo, solo lo han pedido algo más de 500.000 personas 31 de mayo. En este punto, cerca de dos millones de hogares perderán en octubre el bono social si no se acogen al nuevo modelo y lo notarán en su factura de la luz de ese mismo mes", explica la Fundación Civio en una nota de prensa. Además –añade– millones de posibles beneficiarios no están disfrutando las ayudas del nuevo modelo, vigentes desde el pasado octubre.

Lenguaje claro y personalizado

Los consumidores y consumidoras de electricidad pueden ingresar en la aplicación parámetros como su renta individual o familiar, si todos los ingresos de su unidad familiar son por jubilación o incapacidad, o si su caso presenta circunstancias especiales (como que algún miembro de su unidad familiar presente una discapacidad igual o superior al 33%, o sea víctima de violencia de género, entre otras). Después, la herramienta facilita a la persona usuaria un impreso de solicitud adaptado a su caso, que ya incluye los parámetros aportados. De esta forma, el consumidor solo tendrá que rellenar sus datos personales y enviárselo directamente a su empresa comercializadora a la dirección, y con la documentación complementaria necesaria, que también especifica la herramienta.

“Una política pública como esta, destinada a los colectivos más vulnerables, no ayuda si no se comunica, se simplifica el proceso y se cuida que los ciudadanos no tengan problemas para acceder a ella. En el caso del nuevo bono social, la dinámica ha sido todo lo contrario: un sistema farragoso, difícil de entender, que no ha llegado a la mayoría de posibles beneficiarios y que, en un primer paso del proceso, gestionan las propias eléctricas”, argumenta en la nota de prensa Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio.

En los próximos días, Civio asegura que solicitará una reunión con el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica para mejorar estas ayudas a las personas más desfavorecidas. “Vamos a hacer incidencia en dos direcciones. Por un lado, para que se simplifiquen los trámites para solicitar el bono social y sea el Gobierno directamente y durante todo el proceso, y no las eléctricas, quien se encargue de su gestión y, sobre todo, de la atención al usuario; por otro, para que a medio plazo se modifiquen los requisitos de acceso y que los distintos colectivos vulnerables puedan beneficiarse con igualdad de condiciones, especialmente las viudas, que han sido excluidas en la reforma”, concluye Belmonte.

La aplicación –explica la nota– se distribuye bajo una licencia CC BY-ND 4.0 y cualquier persona u organización puede insertarla fácilmente en su propia página web. No quedará constancia de ningún dato que introduzca el usuario, y tanto la CNMC como Civio garantizan la seguridad y la confidencialidad de los datos.

Ambas entidades compartirán en los próximos días esta aplicación con cientos de colectivos de personas mayores y pensionistas, de personas con discapacidades, con rentas bajas y otras situaciones de vulnerabilidad. También con organismos públicos, asociaciones en defensa de los consumidores y oficinas municipales de atención al consumidor, para llegar al máximo número posible de potenciales beneficiarios antes de que finalice el plazo de vigencia del anterior sistema y cientos de miles de personas pierdan sus descuentos en la factura.

Para resolver cualquier duda de los consumidores, la CNMC ha habilitado el siguiente buzón de correo: proteccionalconsumidor@cnmc.es.

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¿Sabes si tienes acceso al bono social de electricidad? La Fundación Civio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han presentado una herramienta que permite comprobar si se tiene derecho a esta bonificación estatal y, en caso afirmativo, solicitarla de una forma rápida, sencilla y personalizada según cada caso.   La idea de fondo es que ninguna persona que tenga derecho a este descuento en la factura de la luz creado para situaciones de vulnerabilidad se quede fuera. "Pese a una prórroga del anterior Gobierno, forzado por las escasas solicitudes y la complejidad de su propio sistema, y a la ampliación del plazo para solicitarlo, solo lo han pedido algo más de 500.000 personas 31 de mayo. En este punto, cerca de dos millones de hogares perderán en octubre el bono social si no se acogen al nuevo modelo y lo notarán en su factura de la luz de ese mismo mes", explica la Fundación Civio en una nota de prensa. Además –añade– millones de posibles beneficiarios no están disfrutando las ayudas del nuevo modelo, vigentes desde el pasado octubre.

Lenguaje claro y personalizado

Los consumidores y consumidoras de electricidad pueden ingresar en la aplicación parámetros como su renta individual o familiar, si todos los ingresos de su unidad familiar son por jubilación o incapacidad, o si su caso presenta circunstancias especiales (como que algún miembro de su unidad familiar presente una discapacidad igual o superior al 33%, o sea víctima de violencia de género, entre otras). Después, la herramienta facilita a la persona usuaria un impreso de solicitud adaptado a su caso, que ya incluye los parámetros aportados. De esta forma, el consumidor solo tendrá que rellenar sus datos personales y enviárselo directamente a su empresa comercializadora a la dirección, y con la documentación complementaria necesaria, que también especifica la herramienta. “Una política pública como esta, destinada a los colectivos más vulnerables, no ayuda si no se comunica, se simplifica el proceso y se cuida que los ciudadanos no tengan problemas para acceder a ella. En el caso del nuevo bono social, la dinámica ha sido todo lo contrario: un sistema farragoso, difícil de entender, que no ha llegado a la mayoría de posibles beneficiarios y que, en un primer paso del proceso, gestionan las propias eléctricas”, argumenta en la nota de prensa Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. En los próximos días, Civio asegura que solicitará una reunión con el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica para mejorar estas ayudas a las personas más desfavorecidas. “Vamos a hacer incidencia en dos direcciones. Por un lado, para que se simplifiquen los trámites para solicitar el bono social y sea el Gobierno directamente y durante todo el proceso, y no las eléctricas, quien se encargue de su gestión y, sobre todo, de la atención al usuario; por otro, para que a medio plazo se modifiquen los requisitos de acceso y que los distintos colectivos vulnerables puedan beneficiarse con igualdad de condiciones, especialmente las viudas, que han sido excluidas en la reforma”, concluye Belmonte. La aplicación –explica la nota– se distribuye bajo una licencia CC BY-ND 4.0 y cualquier persona u organización puede insertarla fácilmente en su propia página web. No quedará constancia de ningún dato que introduzca el usuario, y tanto la CNMC como Civio garantizan la seguridad y la confidencialidad de los datos. Ambas entidades compartirán en los próximos días esta aplicación con cientos de colectivos de personas mayores y pensionistas, de personas con discapacidades, con rentas bajas y otras situaciones de vulnerabilidad. También con organismos públicos, asociaciones en defensa de los consumidores y oficinas municipales de atención al consumidor, para llegar al máximo número posible de potenciales beneficiarios antes de que finalice el plazo de vigencia del anterior sistema y cientos de miles de personas pierdan sus descuentos en la factura. Para resolver cualquier duda de los consumidores, la CNMC ha habilitado el siguiente buzón de correo: proteccionalconsumidor@cnmc.es.

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