Economía – lamarea.com https://www.lamarea.com Periodismo para gente independiente Wed, 12 Dec 2018 18:57:28 +0000 es-ES hourly 1 Sindicatos denuncian “coacción” y “reparto de votos” en las elecciones de El Corte Inglés https://www.lamarea.com/2018/11/18/sindicatos-denuncian-coaccion-elecciones-el-corte-ingles/ https://www.lamarea.com/2018/11/18/sindicatos-denuncian-coaccion-elecciones-el-corte-ingles/#comments Sun, 18 Nov 2018 14:39:57 +0000 https://www.lamarea.com/?p=110763 El Corte Inglés

Comisiones Obreras, UGT y FETICO han interpuesto sendas reclamaciones en El Corte Inglés de Princesa (Madrid), dirigidas a la mesa central electoral responsable del proceso. Fuentes sindicales denuncian “coacción, acompañamiento de jefes y de candidatos” de FASGA, así como “reparto de votos en los despachos a los compañeros”. Estas prácticas, alegan, se han vivido también en los grandes almacenes situados en Méndez Álvaro, en la capital madrileña. Desde CC.OO., aseguran a este medio que esta forma de actuar es la tónica general “que sufren los sindicatos no afines al centro”. “Pusimos reclamaciones en los centros en los que sucedía, y fueron bastantes”, responde a La Marea una fuente del sindicato.

Las elecciones, que tuvieron lugar el viernes en casi la totalidad de grandes almacenes del país, involucró a cerca de 200 centros de El Corte Inglés. En el caso del de Princesa, ubicado junto al metro Argüelles, los sindicatos consultados sostienen que los altos directivos del centro llevaban desde por la mañana alentando al resto de la plantilla para que voten a su favor, "llevándolos de la mano" hasta el lugar donde se vota, en este caso, situado en el comedor interno de los empleados. Cristina Estevez de la sección de Grandes Almacenes de UGT, afirma a La Marea que durante la mañana llegaron incluso a amenazar con llamar a la policía si estas técnicas de coacción no cesaban. Unos métodos, aseguran desde el sindicato, que se extienden a toda la geografía española.

FASGA, sindicato mayoritario en El Corte Inglés, es acusado por los propios trabajadores y organizaciones sindicales de ‘amarillo’. Desde CC.OO. denuncian el trato de favor hacia sus integrantes, señalando que el ascenso dentro de la empresa “es imposible” si antes no estás afiliado a FASGA. Representantes de Comisiones Obreras presentes en el lugar confirman que los responsables de estas técnicas son, además de los altos cargos del centro, afiliados a FASGA que concurren a las elección.

Un representante de FAGSA, ante estas reclamaciones y acusaciones, ha afirmado a La Marea que “es todo muy relativo lo de acompañar” y que "nosotros también ponemos reclamaciones", algo que califica de "normal, fruto de los momentos de tensión”. Sobre el transcurso de la jornada a nivel general, afirma que ha habido “menos incidencias que en otros años”. Este medio se ha intentado poner en contacto en repetidas ocasiones con El Cortes Inglés, pero no ha obtenido respuesta.

Los resultados totales a nivel nacional han dado larga mayoría a los sindicatos amarillos. FASGA obtuvo un total de 903 delegados, mientras que FETICO obtuvo 626. Por su parte, UGT logró sacar 122 delegados y CCOO 69.

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El Corte Inglés

Comisiones Obreras, UGT y FETICO han interpuesto sendas reclamaciones en El Corte Inglés de Princesa (Madrid), dirigidas a la mesa central electoral responsable del proceso. Fuentes sindicales denuncian “coacción, acompañamiento de jefes y de candidatos” de FASGA, así como “reparto de votos en los despachos a los compañeros”. Estas prácticas, alegan, se han vivido también en los grandes almacenes situados en Méndez Álvaro, en la capital madrileña. Desde CC.OO., aseguran a este medio que esta forma de actuar es la tónica general “que sufren los sindicatos no afines al centro”. “Pusimos reclamaciones en los centros en los que sucedía, y fueron bastantes”, responde a La Marea una fuente del sindicato.

Las elecciones, que tuvieron lugar el viernes en casi la totalidad de grandes almacenes del país, involucró a cerca de 200 centros de El Corte Inglés. En el caso del de Princesa, ubicado junto al metro Argüelles, los sindicatos consultados sostienen que los altos directivos del centro llevaban desde por la mañana alentando al resto de la plantilla para que voten a su favor, "llevándolos de la mano" hasta el lugar donde se vota, en este caso, situado en el comedor interno de los empleados. Cristina Estevez de la sección de Grandes Almacenes de UGT, afirma a La Marea que durante la mañana llegaron incluso a amenazar con llamar a la policía si estas técnicas de coacción no cesaban. Unos métodos, aseguran desde el sindicato, que se extienden a toda la geografía española.

FASGA, sindicato mayoritario en El Corte Inglés, es acusado por los propios trabajadores y organizaciones sindicales de ‘amarillo’. Desde CC.OO. denuncian el trato de favor hacia sus integrantes, señalando que el ascenso dentro de la empresa “es imposible” si antes no estás afiliado a FASGA. Representantes de Comisiones Obreras presentes en el lugar confirman que los responsables de estas técnicas son, además de los altos cargos del centro, afiliados a FASGA que concurren a las elección.

Un representante de FAGSA, ante estas reclamaciones y acusaciones, ha afirmado a La Marea que “es todo muy relativo lo de acompañar” y que "nosotros también ponemos reclamaciones", algo que califica de "normal, fruto de los momentos de tensión”. Sobre el transcurso de la jornada a nivel general, afirma que ha habido “menos incidencias que en otros años”. Este medio se ha intentado poner en contacto en repetidas ocasiones con El Cortes Inglés, pero no ha obtenido respuesta.

Los resultados totales a nivel nacional han dado larga mayoría a los sindicatos amarillos. FASGA obtuvo un total de 903 delegados, mientras que FETICO obtuvo 626. Por su parte, UGT logró sacar 122 delegados y CCOO 69.

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Una trabajadora gana una demanda contra El Corte Inglés por no permitirle el horario de jornada reducida solicitado https://www.lamarea.com/2018/11/06/una-trabajadora-gana-demanda-contra-el-corte-ingles/ https://www.lamarea.com/2018/11/06/una-trabajadora-gana-demanda-contra-el-corte-ingles/#comments Tue, 06 Nov 2018 11:29:39 +0000 https://www.lamarea.com/?p=110581

El juzgado de lo social nº 1 de Gijón ha condenado a El Corte Inglés después de que la empresa se negara a aplicar una guarda legal acorde a la legislación vigente. La empleada denunciante, Silvia F.G., había pedido continuar con la jornada reducida, tal y como venía haciendo desde 2007, tras el nacimiento de su primera hija. No obstante, la empresa rechazó la petición.

El caso se centra en El Corte Inglés de Centro Comercial Gijón, donde Silvia ha trabajado los últimos 17 años de manera indefinida. En 2006, con el nacimiento de su primera hija, y tras la baja de maternidad, solicitó reincorporarse a media jornada, pasando de las 36 horas a 24, en horario de mañana (9:30 a 13:25) de lunes a sábado. En esa ocasión no hubo problema entre ninguna de las partes, pudiendo aplicar con total normalidad este derecho, reflejado en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Este punto afirma: “quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria”.

Un derecho que es aplicable, como estima la norma, hasta que el hijo cumple los 12 años. La hija de Silvia los cumplió el pasado septiembre. Sin embargo, en 2009 tuvo una segunda hija, hecho por el que pidió extender la situación otros tres años más, como permite la legislación actual. Esta petición fue solicitada al jefe de personal del centro en el que trabaja que, si bien no se negó a la reducción, sí mostró reticencias a la concreción de las horas. Haciendo caso omiso a la petición de Silvia de aplicar jornada de mañana, el jefe le trasladó la posibilidad de hacer horario rotativo de mañana y tarde, incumplimiendo así la ley, la cual estipula que es la persona trabajadora quien tiene la facultad de decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de reducción de jornada por cuidado de familiares. A pesar de la disconformidad con lo planteado, decidió aceptar trabajar una semana de mañana y otra de tarde, según explica la afectada.

El 1 de octubre, toda la plantilla recibió el calendario trimestral como es habitual. Pero frente a lo pactado anteriormente, el horario que recibió Silvia fijaba una semana de mañana y dos de tarde con jornada diaria de 6 horas, incumpliendo, además, el Estatuto. Aun así, según su relato, volvió a acatar las órdenes, a la vez que interpuso la demanda –que ahora ha ganado– contra la empresa. Primero se celebró un acto de conciliación el 15 de octubre, mientras que el juicio se produjo el 24 del mismo mes. En ambos casos, ningún representante de El Corte Inglés se personó. Cinco días más tarde, el juez falló a favor de Silvia F.G. con una sentencia firme y sin posibilidad de recurso.

Con el caso ya ganado, la empleada, ahora de baja por el “estrés generado por la situación”, llevó hasta su centro de trabajo la demanda. Esta fue recibida “con hostilidad” y “no queriendo acatarla”, sostiene. Desde El Corte Inglés –afirma– le alegaron que no habían recibido ninguna notificación, por lo que Silvia optó también por mandarla a través de correo electrónico al jefe de personal para que hubiera constancia. Aunque este continuó manteniendo que no habían recibido nada, según añade Silvia, el 2 de noviembre afirmó a la denunciante que ya disponía del horario que ella había pedido inicialmente.

Tal y como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 39.3, una de las principales trabas para poder aplicar la custodia de guardia viene dada si existieran “razones técnicas u organizativas” que imposibiliten acometer el cambio. Un razonamiento con el que El Cortes Inglés, asegura la parte demandante, no puede defenderse dadas sus dimensiones de negocio. Además, tal y como viene en el escrito judicial, la empleada “es polivalente”, pues ha desempeñado a lo largo de su carrera funciones en seis departamentos diferentes, hasta el actual de caja. Con el fin de conocer la postura de la empresa, este medio se ha puesto en contacto con El Corte Inglés,  pero la emprsa no ha querido hacer ningún comentario al respecto.

Las disputas legales en torno a la conciliación no son nuevas para El Corte Inglés.  No es la primera condena que reciben, actuaciones que chocan con el Plan de Igualdad –consensuado con sindicatos– y con su compromiso con la igualdad de género y la conciliación familiar, recogido en su última memoria anual.

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El juzgado de lo social nº 1 de Gijón ha condenado a El Corte Inglés después de que la empresa se negara a aplicar una guarda legal acorde a la legislación vigente. La empleada denunciante, Silvia F.G., había pedido continuar con la jornada reducida, tal y como venía haciendo desde 2007, tras el nacimiento de su primera hija. No obstante, la empresa rechazó la petición.

El caso se centra en El Corte Inglés de Centro Comercial Gijón, donde Silvia ha trabajado los últimos 17 años de manera indefinida. En 2006, con el nacimiento de su primera hija, y tras la baja de maternidad, solicitó reincorporarse a media jornada, pasando de las 36 horas a 24, en horario de mañana (9:30 a 13:25) de lunes a sábado. En esa ocasión no hubo problema entre ninguna de las partes, pudiendo aplicar con total normalidad este derecho, reflejado en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Este punto afirma: “quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria”.

Un derecho que es aplicable, como estima la norma, hasta que el hijo cumple los 12 años. La hija de Silvia los cumplió el pasado septiembre. Sin embargo, en 2009 tuvo una segunda hija, hecho por el que pidió extender la situación otros tres años más, como permite la legislación actual. Esta petición fue solicitada al jefe de personal del centro en el que trabaja que, si bien no se negó a la reducción, sí mostró reticencias a la concreción de las horas. Haciendo caso omiso a la petición de Silvia de aplicar jornada de mañana, el jefe le trasladó la posibilidad de hacer horario rotativo de mañana y tarde, incumplimiendo así la ley, la cual estipula que es la persona trabajadora quien tiene la facultad de decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de reducción de jornada por cuidado de familiares. A pesar de la disconformidad con lo planteado, decidió aceptar trabajar una semana de mañana y otra de tarde, según explica la afectada.

El 1 de octubre, toda la plantilla recibió el calendario trimestral como es habitual. Pero frente a lo pactado anteriormente, el horario que recibió Silvia fijaba una semana de mañana y dos de tarde con jornada diaria de 6 horas, incumpliendo, además, el Estatuto. Aun así, según su relato, volvió a acatar las órdenes, a la vez que interpuso la demanda –que ahora ha ganado– contra la empresa. Primero se celebró un acto de conciliación el 15 de octubre, mientras que el juicio se produjo el 24 del mismo mes. En ambos casos, ningún representante de El Corte Inglés se personó. Cinco días más tarde, el juez falló a favor de Silvia F.G. con una sentencia firme y sin posibilidad de recurso.

Con el caso ya ganado, la empleada, ahora de baja por el “estrés generado por la situación”, llevó hasta su centro de trabajo la demanda. Esta fue recibida “con hostilidad” y “no queriendo acatarla”, sostiene. Desde El Corte Inglés –afirma– le alegaron que no habían recibido ninguna notificación, por lo que Silvia optó también por mandarla a través de correo electrónico al jefe de personal para que hubiera constancia. Aunque este continuó manteniendo que no habían recibido nada, según añade Silvia, el 2 de noviembre afirmó a la denunciante que ya disponía del horario que ella había pedido inicialmente.

Tal y como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 39.3, una de las principales trabas para poder aplicar la custodia de guardia viene dada si existieran “razones técnicas u organizativas” que imposibiliten acometer el cambio. Un razonamiento con el que El Cortes Inglés, asegura la parte demandante, no puede defenderse dadas sus dimensiones de negocio. Además, tal y como viene en el escrito judicial, la empleada “es polivalente”, pues ha desempeñado a lo largo de su carrera funciones en seis departamentos diferentes, hasta el actual de caja. Con el fin de conocer la postura de la empresa, este medio se ha puesto en contacto con El Corte Inglés,  pero la emprsa no ha querido hacer ningún comentario al respecto.

Las disputas legales en torno a la conciliación no son nuevas para El Corte Inglés.  No es la primera condena que reciben, actuaciones que chocan con el Plan de Igualdad –consensuado con sindicatos– y con su compromiso con la igualdad de género y la conciliación familiar, recogido en su última memoria anual.

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#YoIBEXtigo lanza el dossier de DIA https://www.lamarea.com/2018/10/25/dossier-yoibextigo-dia/ https://www.lamarea.com/2018/10/25/dossier-yoibextigo-dia/#comments Thu, 25 Oct 2018 13:43:19 +0000 https://www.lamarea.com/?p=110378 Interior de un supermercado del Grupo DIA. Foto: DIA.

#YoIBEXtigo es posible gracias a más de 3.000 mecenas que creen en el periodismo libre e independiente. Tú también puedes ser uno de ellos.

Tras varios meses de trabajo, presentamos el dossier #YoIBEXtigo de DIA, una de las marcas más conocidas -y menos investigada- de España, y la única cadena de supermercados del Ibex 35.

DIA, pionera en el concepto de marca blanca, es una de las empresas españolas con más presencia a nivel internacional. Desde su creación en 1966 hasta la actualidad, la compañía ha expandido sus negocios hasta América Latina, Asia y varios países Europeos, apoyándose en una amplia red de franquicias, al mismo tiempo que su composición accionarial se abría al capital extranjero. En la actualidad, DIA se encuentra en una lucha interna por el control de la empresa, un episodio en el que destaca el controvertido oligarca ruso Mijaíl Fridman, propietario de un tercio de la compañía.

La publicación del dossier de DIA -tercera cadena de supermercados de España, solo por detrás de Mercadona y Carrefour- llega en un momento en que la compañía atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia reciente, con grandes pérdidas en bolsa y cambios significativos en su consejo de administración. Entre otros giros de rumbo, recientemente dimitió la presidenta del grupo, Ana María Llopis, una de las tres únicas mujeres al frente de una compañía del Ibex 35. Cabe destacar que, a diferencia de otras empresas investigadas en YoIBEXtigo, el departamento de comunicación de DIA ha facilitado la información requerida en la mayoría de los casos.

Como es costumbre en #YoIBEXtigo, el dossier consagrado a DIA analiza los orígenes de la compañía, el perfil de quienes llevan sus riendas, su actividad dentro y fuera de España y la situación de su plantilla, sindicatos y subcontratas. También analizamos la estrategia de DIA para mejorar su imagen ante la opinión pública, su nivel de sostenibilidad y respeto al medio ambiente y, por último, las contradicciones de sus políticas de igualdad de género. En el caso de DIA, la investigación también pone el foco sobre los planes futuros de la empresa, así como sus alianzas con grandes compañías tecnológicas y su gestión de un tema cada vez más sensible: el pujante negocio de los datos de sus clientes.

Accede al índice completo del dossier YoIBEXtigo de DIA aquí.

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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro https://www.lamarea.com/2018/10/15/el-salario-minimo-no-tiene-relacion-con-la-tasa-de-paro/ https://www.lamarea.com/2018/10/15/el-salario-minimo-no-tiene-relacion-con-la-tasa-de-paro/#comments Mon, 15 Oct 2018 08:58:20 +0000 https://www.lamarea.com/?p=110242

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

La reflexión es tan simple que cualquiera puede entenderla y asimilarla con facilidad. Pero el problema es que la realidad económica es enormemente compleja y no se puede abordar utilizando razonamientos tan mecánicos y directos como el descrito. Tanto las premisas como las deducciones utilizadas son absolutamente irreales, no se cumplen en ninguna economía del planeta.

En primer lugar, no en todos los sectores los salarios suponen un coste elevado para el empleador. En aquellos en los que la productividad es muy elevada, como por ejemplo el energético o financiero, los costes salariales no son, ni de lejos, el coste más importante.  En segundo lugar, que los salarios aumenten no quiere decir que las empresas pasen a registrar pérdidas. El margen de beneficio empresarial no suele estar ajustado al mínimo. Es decir, el empleador en cuestión podría compensar el incremento salarial con una minoración de beneficios o de dividendos, y el negocio podría continuar.

En tercer lugar, el simple hecho de que los costes salariales sean menores no implica que vaya a aumentar el empleo. Los empleadores contratan en función de las necesidades de su negocio, no en función de los costes salariales. Ya pueden estar todos los trabajadores cobrando 1 euro a la hora que, si el negocio no necesita más trabajadores, el empleador no contratará a nadie más. En este caso, cualquier reducción salarial es una inyección de beneficios empresariales, y sin que la tasa de paro se inmute (no así las condiciones laborales de los trabajadores, claro, que empeorarían).

No nos debe sorprender que la evidencia empírica señale que no hay relación entre salario mínimo y tasa de paro. Hay países con salarios mínimos inexistentes que sufren tasas de desempleo muy importantes, y países con salarios mínimos elevados que sufren tasas de paro notables. No existe ninguna relación entre ambas variables. La tasa de paro depende de muchísimos factores, y el salario mínimo es de los menos importantes. En definitiva, la teoría económica convencional intenta disfrazar de ciencia lo que es el anhelo ideológico de reducir la masa salarial y así aumentar la masa de los beneficios empresariales.

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La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

La reflexión es tan simple que cualquiera puede entenderla y asimilarla con facilidad. Pero el problema es que la realidad económica es enormemente compleja y no se puede abordar utilizando razonamientos tan mecánicos y directos como el descrito. Tanto las premisas como las deducciones utilizadas son absolutamente irreales, no se cumplen en ninguna economía del planeta.

En primer lugar, no en todos los sectores los salarios suponen un coste elevado para el empleador. En aquellos en los que la productividad es muy elevada, como por ejemplo el energético o financiero, los costes salariales no son, ni de lejos, el coste más importante.  En segundo lugar, que los salarios aumenten no quiere decir que las empresas pasen a registrar pérdidas. El margen de beneficio empresarial no suele estar ajustado al mínimo. Es decir, el empleador en cuestión podría compensar el incremento salarial con una minoración de beneficios o de dividendos, y el negocio podría continuar.

En tercer lugar, el simple hecho de que los costes salariales sean menores no implica que vaya a aumentar el empleo. Los empleadores contratan en función de las necesidades de su negocio, no en función de los costes salariales. Ya pueden estar todos los trabajadores cobrando 1 euro a la hora que, si el negocio no necesita más trabajadores, el empleador no contratará a nadie más. En este caso, cualquier reducción salarial es una inyección de beneficios empresariales, y sin que la tasa de paro se inmute (no así las condiciones laborales de los trabajadores, claro, que empeorarían).

No nos debe sorprender que la evidencia empírica señale que no hay relación entre salario mínimo y tasa de paro. Hay países con salarios mínimos inexistentes que sufren tasas de desempleo muy importantes, y países con salarios mínimos elevados que sufren tasas de paro notables. No existe ninguna relación entre ambas variables. La tasa de paro depende de muchísimos factores, y el salario mínimo es de los menos importantes. En definitiva, la teoría económica convencional intenta disfrazar de ciencia lo que es el anhelo ideológico de reducir la masa salarial y así aumentar la masa de los beneficios empresariales.

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La crisis de las aerolíneas inquieta Islandia diez años después de la bancarrota nacional https://www.lamarea.com/2018/10/06/la-crisis-de-las-aerolineas-inquieta-islandia-diez-anos-despues-de-la-bancarrota-nacional/ https://www.lamarea.com/2018/10/06/la-crisis-de-las-aerolineas-inquieta-islandia-diez-anos-despues-de-la-bancarrota-nacional/#comments Sat, 06 Oct 2018 11:44:34 +0000 https://www.lamarea.com/?p=110130

ÈRIC LLUENT / EL FARO DE REYKJAVÍK //“Queridos pasajeros: la aerolínea Primera Air y los códigos IATA PF y 6F han sido suspendidos hoy 2 de octubre de 2018. En nombre del equipo de Primera Air, agradecemos vuestra lealtad. En este día triste nos despedimos de todos vosotros”. Con estas palabras, la compañía propiedad del islandés Andri Már Ingólfsson se declaraba en quiebra y anunciaba el fin de sus operaciones. La bancarrota ha dejado un agujero de 11,5 millones de euros en las cuentas de Arion Banki, el único banco privado de Islandia en la actualidad.

Desde 2008, los otoños en Islandia son distintos. La llegada de las primeras nieves y la bajada generalizada de las temperaturas trae a la población islandesa los recuerdos de un mes en el que el sueño dorado se desvaneció. La memoria de esa tarde del 6 de octubre en la que todo cambió. Ese Guð blessi Ísland (Dios bendiga Islandia) con el que el entonces primer ministro, Geir Haarde, acabó un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva de la nación. Aquel día la ciudadanía islandesa conoció las noticias sobre la quiebra inmediata de los tres principales bancos del país, Kaupthing, Glitnir y Landsbanki, y la más que probable bancarrota del Estado.

Se desató entonces el pánico absoluto y un silencio deprimente recorrió durante unos días la capital del desastre, Reykjavík, como antesala de una ola de protestas que forzaron la dimisión del primer ministro pasado el año nuevo. Desde entonces, los mitos sobre Islandia se han reproducido por todo el mundo, dibujando un país ideal, ejemplar, utópico, una nación que supuestamente ha demostrado que una alternativa al sistema económico imperante es posible. Pero, ¿realmente es así? ¿Cómo es Islandia diez años después del colapso financiero?

Sin duda, Islandia ha cambiado profundamente desde 2008. Su Parlamento ahora está mucho más fragmentado. Actualmente, ocho formaciones tienen representación en la cámara legislativa, tres más que hace una década. Existe un mayor sentido crítico ante el poder gubernamental y los propietarios de las grandes empresas. La prensa independiente, liderada por publicaciones como Stundin o Kjarninn, se ha hecho un hueco entre los todopoderosos Morgunblaðið y Fréttablaðið. El sector financiero ya no es el principal motor de la economía, habiendo dejado paso al turismo como sector revulsivo. Islandia en 2008 perdió la inocencia.

Pero hay muchos aspectos de la realidad social, económica y política de este país que pueden interpretarse como un déjà vu de lo que sucedió ahora hace una década. Los dos partidos que impulsaron el nepótico proceso de privatización que fue el germen de la bancarrota, el Partido de la Independencia y el Partido Progresista, siguen en el gobierno, ahora junto a la Izquierda Verde. La corona islandesa sigue siendo fuente de inestabilidad constante, las burbujas continúan caracterizando la economía nacional y las élites empresariales siguen alardeando de su amor por el riesgo. Y, a pesar de los intentos de refundación, se mantiene la constitución de 1944.

Puede parecer paradójico que, después del mayor boom turístico que jamás ha experimentado el país, las compañías aéreas estén en riesgo de bancarrota. Hasta 2011, Icelandair tenía el monopolio del sector aéreo islandés, pero fue entonces cuando apareció en escena Skúli Mogensen, un conocido inversor local que tenía un sueño, reventar el mercado para ofrecer una alternativa de transporte aéreo lowcost. Así nació Wow Air, una compañía que desde sus inicios ha llevado a cabo una política de precios insostenible que, tras el aumento de los costes del combustible y una frenada en el incremento anual de pasajeros, ha situado el sector de las aerolíneas islandesas al borde del abismo.

El pasado agosto, Wow Air anunció la comercialización de bonos para refinanciar su deuda por valor de 47,7 millones de euros. La idea de Skúli Mogensen es continuar la refinanciación de su empresa mediante una oferta pública de venta para salir a bolsa en 18 meses por un valor máximo estimado de 260 millones de euros. Pero por si las turbulencias financieras no fueran poco, Wow Air ha sido considerada este año como la peor compañía del mundo según el portal especializado AirHelp, que toma en consideración la puntualidad, la calidad del servicio y los procesos de reclamación de 72 compañías aéreas internacionales.

Por su parte, el presidente de Icelandair, Björgólfur Jóhannsson, presentó su dimisión el pasado agosto debido a las malas previsiones para este 2018 y a su incapacidad para asegurar los beneficios previstos a inicios de año. Pero lo más preocupante para la compañía está ocurriendo en la bolsa. En los últimos seis meses, las acciones de la Icelandair han perdido un 53,89% de su valor, un golpe durísimo para uno de los estandartes del sector islandés de los negocios.

Diez años después de la gran bancarrota nacional, la crisis de las aerolíneas inquieta Islandia. El modelo económico neoliberal sigue intacto como referente de la élites islandesas que han apostado por el riesgo y la incertidumbre, dejando de lado la planificación, la estabilidad y el interés general. En un país tan pequeño como Islandia, con 350.000 habitantes, la bancarrota de una sola gran empresa puede debilitar significativamente el sector bancario y, por extensión, afectar negativamente a la totalidad de la economía nacional. Y mientras las dos aerolíneas luchan por sobrevivir y procuran perjudicarse la una a la otra, en las calles, en los bares y en las piscinas, a medida que se acerca el décimo aniversario de la gran catástrofe financiera, cada vez es más habitual escuchar a la ciudadanía de a pie quejándose de que los políticos y los empresarios locales, de 2008, no aprendieron nada.

Artículo publicado originalmente en El Faro de Reykjavík

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ÈRIC LLUENT / EL FARO DE REYKJAVÍK //“Queridos pasajeros: la aerolínea Primera Air y los códigos IATA PF y 6F han sido suspendidos hoy 2 de octubre de 2018. En nombre del equipo de Primera Air, agradecemos vuestra lealtad. En este día triste nos despedimos de todos vosotros”. Con estas palabras, la compañía propiedad del islandés Andri Már Ingólfsson se declaraba en quiebra y anunciaba el fin de sus operaciones. La bancarrota ha dejado un agujero de 11,5 millones de euros en las cuentas de Arion Banki, el único banco privado de Islandia en la actualidad.

Desde 2008, los otoños en Islandia son distintos. La llegada de las primeras nieves y la bajada generalizada de las temperaturas trae a la población islandesa los recuerdos de un mes en el que el sueño dorado se desvaneció. La memoria de esa tarde del 6 de octubre en la que todo cambió. Ese Guð blessi Ísland (Dios bendiga Islandia) con el que el entonces primer ministro, Geir Haarde, acabó un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva de la nación. Aquel día la ciudadanía islandesa conoció las noticias sobre la quiebra inmediata de los tres principales bancos del país, Kaupthing, Glitnir y Landsbanki, y la más que probable bancarrota del Estado.

Se desató entonces el pánico absoluto y un silencio deprimente recorrió durante unos días la capital del desastre, Reykjavík, como antesala de una ola de protestas que forzaron la dimisión del primer ministro pasado el año nuevo. Desde entonces, los mitos sobre Islandia se han reproducido por todo el mundo, dibujando un país ideal, ejemplar, utópico, una nación que supuestamente ha demostrado que una alternativa al sistema económico imperante es posible. Pero, ¿realmente es así? ¿Cómo es Islandia diez años después del colapso financiero?

Sin duda, Islandia ha cambiado profundamente desde 2008. Su Parlamento ahora está mucho más fragmentado. Actualmente, ocho formaciones tienen representación en la cámara legislativa, tres más que hace una década. Existe un mayor sentido crítico ante el poder gubernamental y los propietarios de las grandes empresas. La prensa independiente, liderada por publicaciones como Stundin o Kjarninn, se ha hecho un hueco entre los todopoderosos Morgunblaðið y Fréttablaðið. El sector financiero ya no es el principal motor de la economía, habiendo dejado paso al turismo como sector revulsivo. Islandia en 2008 perdió la inocencia.

Pero hay muchos aspectos de la realidad social, económica y política de este país que pueden interpretarse como un déjà vu de lo que sucedió ahora hace una década. Los dos partidos que impulsaron el nepótico proceso de privatización que fue el germen de la bancarrota, el Partido de la Independencia y el Partido Progresista, siguen en el gobierno, ahora junto a la Izquierda Verde. La corona islandesa sigue siendo fuente de inestabilidad constante, las burbujas continúan caracterizando la economía nacional y las élites empresariales siguen alardeando de su amor por el riesgo. Y, a pesar de los intentos de refundación, se mantiene la constitución de 1944.

Puede parecer paradójico que, después del mayor boom turístico que jamás ha experimentado el país, las compañías aéreas estén en riesgo de bancarrota. Hasta 2011, Icelandair tenía el monopolio del sector aéreo islandés, pero fue entonces cuando apareció en escena Skúli Mogensen, un conocido inversor local que tenía un sueño, reventar el mercado para ofrecer una alternativa de transporte aéreo lowcost. Así nació Wow Air, una compañía que desde sus inicios ha llevado a cabo una política de precios insostenible que, tras el aumento de los costes del combustible y una frenada en el incremento anual de pasajeros, ha situado el sector de las aerolíneas islandesas al borde del abismo.

El pasado agosto, Wow Air anunció la comercialización de bonos para refinanciar su deuda por valor de 47,7 millones de euros. La idea de Skúli Mogensen es continuar la refinanciación de su empresa mediante una oferta pública de venta para salir a bolsa en 18 meses por un valor máximo estimado de 260 millones de euros. Pero por si las turbulencias financieras no fueran poco, Wow Air ha sido considerada este año como la peor compañía del mundo según el portal especializado AirHelp, que toma en consideración la puntualidad, la calidad del servicio y los procesos de reclamación de 72 compañías aéreas internacionales.

Por su parte, el presidente de Icelandair, Björgólfur Jóhannsson, presentó su dimisión el pasado agosto debido a las malas previsiones para este 2018 y a su incapacidad para asegurar los beneficios previstos a inicios de año. Pero lo más preocupante para la compañía está ocurriendo en la bolsa. En los últimos seis meses, las acciones de la Icelandair han perdido un 53,89% de su valor, un golpe durísimo para uno de los estandartes del sector islandés de los negocios.

Diez años después de la gran bancarrota nacional, la crisis de las aerolíneas inquieta Islandia. El modelo económico neoliberal sigue intacto como referente de la élites islandesas que han apostado por el riesgo y la incertidumbre, dejando de lado la planificación, la estabilidad y el interés general. En un país tan pequeño como Islandia, con 350.000 habitantes, la bancarrota de una sola gran empresa puede debilitar significativamente el sector bancario y, por extensión, afectar negativamente a la totalidad de la economía nacional. Y mientras las dos aerolíneas luchan por sobrevivir y procuran perjudicarse la una a la otra, en las calles, en los bares y en las piscinas, a medida que se acerca el décimo aniversario de la gran catástrofe financiera, cada vez es más habitual escuchar a la ciudadanía de a pie quejándose de que los políticos y los empresarios locales, de 2008, no aprendieron nada.

Artículo publicado originalmente en El Faro de Reykjavík

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La reconversión de los mercados diez años después de Lehman Brothers https://www.lamarea.com/2018/10/02/la-reconversion-de-los-mercados-diez-anos-despues-de-lehman-brothers/ https://www.lamarea.com/2018/10/02/la-reconversion-de-los-mercados-diez-anos-despues-de-lehman-brothers/#comments Tue, 02 Oct 2018 09:48:40 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109997

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En una escena de Margin Call, una de las mejores películas que se han hecho sobre la gran crisis financiera y económica que estalló en 2008, Seth, un joven empleado de un banco de Wall Street inspirado en Lehman Brothers, expresa a su jefe su preocupación por el impacto sobre la “gente normal” que tendría un colapso de la pirámide especulativa. “¿Eres socialista, o qué?”, le espeta Will Emerson. “Mira, si quieres hacer esto en tu vida, y hacerlo bien, debes creer que eres necesario. Y lo eres. Si la gente quiere vivir de esta manera… con sus coches y sus casas que ni siquiera han pagado, entonces eres necesario. La única razón por la que pueden vivir como reyes es porque nosotros tenemos el dedo sobre la balanza en su favor. Y si yo levanto mi dedo...".

El 15 de septiembre de 2008 se derrumbó Lehman Brothers tras los excesos de la ingeniería financiera que permitía a la gente vivir como reyes, como decía Emerson en la película. La quiebra de una de las entidades más tradicionales y poderosas de Wall Street fue el detonante de la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929 con consecuencias económicas, sociales y políticas nefastas en casi todo el mundo. Los Estados se vieron obligados a rescatar a sus bancos con miles de millones de euros y dólares –en España, la factura sin retorno asciende a 60.000 millones de euros, como mínimo– lo cual acarreó duros recortes de gasto y la pérdida de millones de empleos.

Estamos en 2018. Diez años después, las economías de los países afectados han vuelto al crecimiento y los bancos supuestamente han saneado sus balances. Sin embargo, la huella devastadora de aquella crisis sigue visible en forma de salarios más bajos, más trabajos precarios y un altísimo endeudamiento de los Estados. El capitalismo financiero, ese “casino” que los dirigentes políticos habían prometido domesticar, es más grande, influyente y potencialmente destructor que nunca, mientras aumentan las desigualdades. Un informe de la ONG Oxfam del pasado enero calculó que el 82% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a los bolsillos del 1% más rico del mundo. "En estos diez años, el capital se ha reestructurado para perseguir la búsqueda de la rentabilidad sin que importe pisar derechos como la vivienda", afirma el economista Ricardo García Zaldívar, miembro del consejo de Attac, un movimiento internacional que promueve un cambio del sistema económico actual. Para muchas personas expertas, las medidas adoptadas en respuesta a las causas del colapso de Lehman Brothers han sido insuficientes y en el horizonte ya asoma el fantasma de la próxima gran crisis.

La proporción de las rentas de capital en el Producto Interior Bruto (PIB) de los países desarrollados no para de crecer, muchas veces en detrimento de las rentas de trabajo y del sector público. Los inversores, entre los que los grandes fondos han ganado protagonismo frente a la banca tradicional, emplean su poder financiero en extraer mayor rentabilidad de las empresas, del sector inmobiliario y de la deuda –pública y privada– que ya triplica el PIB mundial.

[caption id="attachment_6112" align="alignnone" width="900"] Sede de Lehman Brothers en Nueva York, en 2008. REUTERS[/caption]

Exprimir a las empresas

Empezamos por las empresas. Aunque el fenómeno del inversor tiburón no es nuevo en inglés, en los últimos tiempos se ha producido una aumento de los llamados “accionistas activistas”. Es decir, grandes inversores financieros que se meten en el capital de empresas cotizadas –y cada vez más toman asiento en sus consejos– con el fin de extraer el máximo beneficio en un plazo relativamente corto. "El enfoque de la inversión se desplaza", escribe Michael Hudson en Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global (Capitán Swing). "Ya no se trata de invertir para expandir el negocio e ingresar más, sino de buscar ganancias de capital”, concluye este profesor de la Universidad de Missouri, que trabajó varios años en Wall Street y fondos soberanos. Directivos de grandes empresas se alían con accionistas porque comparten el interés por la ganancia a corto plazo ya que se les retribuye en parte con acciones u opciones. “Esto significa que se estaría produciendo una reducción muy acusada del porcentaje de beneficios que se reinvierte en la actividad productiva de la empresa, en forma de capital físico y humano (lo que redundaría en aumentos de empleo y el desarrollo a largo plazo de los territorios), a favor de operaciones financieras tendentes a maximizar los beneficios a corto plazo para los accionistas, como el reparto de dividendos o la compra de acciones de la propia empresa para aumentar su precio a corto plazo”, explica en un estudio para la Fundación Alternativas Carmen Vizán Rodríguez, economista y asesora del Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social del Gobierno de España. Los accionistas activistas están especialmente presentes en sectores estratégicos y regulados, como la energía y las infraestructuras, donde la renta está prácticamente asegurada.

Un ejemplo de estas nuevas estrategias lo brinda la antigua Gas Natural Fenosa, recién rebautizada como Naturgy. La empresa energética ha vivido recientemente un cambio importante en su accionariado y en la dirección. Con los fondos CVC Capital Partners, con sede en Londres y Luxemburgo, Global Infrastructure Parnters (GIP), de Nueva York, ahora hay dos inversores financieros entre los principales accionistas con el 20% cada uno. La Caixa ha reducido su participación histórica al 24% y Repsol terminó una alianza estratégica histórica y salió del todo de la gasista. El nuevo presidente ejecutivo, Francisco Reynés, que llegó en febrero procedente de Abertis, presentó el Plan Estratégico en junio. El dividendo aumentará un impresionante 59% hasta 2022, mientras se reducen las inversiones y se prevé un ahorro de costes de 500 millones de euros anuales. Los directivos de Naturgy también abren la puerta a una recompra de acciones propias por valor de 2.000 millones de euros, si no encuentran mejor oportunidad para invertir este dinero. Sin embargo, no se toca la deuda, que seguirá en 16.400 millones de euros y por la que la empresa seguirá pagando un tipo de interés del 3,5% a sus acreedores, lo cual le ganó una rebaja de calificación de la agencia de rating Fitch. "La promesa de dividendo es un compromiso y una demostración de una filosofía muy sana en una industria como esta, que genera tanta caja”, afirmó Reynés en una entrevista con el diario económico Expansión en julio.

Los beneficios de las empresas, en muchos países, han aumentado por encima del crecimiento de la economía y también por encima de los salarios. En España, el año pasado el resultado contable declarado de las empresas a la Agencia Tributaria subió un 9,2% respecto a 2016. La masa salarial que tributa IRPF aumentó un 4,5%, debido al mayor número de personas con trabajo (la remuneración media por asalariado creció un escaso 0,1%, muy por debajo de la inflación). Para economistas como Vizán Rodríguez, este mayor crecimiento del capital frente a los salarios se debe a varios factores, como el mencionado trato preferencial al accionista, las privatizaciones, la deslocalización a países más baratos, los avances tecnológicos y la mayor concentración empresarial. También la revista The Economist, la biblia de ejecutivos, políticos y economistas, advirtió de estos desequilibrios en un editorial el pasado agosto: "Dado que la competencia en muchos mercados está disminuyendo, esto sugiere que las empresas son cada vez más capaces de extraer rentas de la economía".

[caption id="attachment_6113" align="alignnone" width="900"] Una manifestación en 2016 en Madrid. ÁLVARO MINGUITO[/caption]

Apostar por el ladrillo

Los tipos de interés en la zona euro y en EEUU han sido históricamente bajos en los últimos años en respuesta a la crisis –en cero o incluso negativos–, lo cual ha obligado a los inversores a buscar otras oportunidades para asegurar su rentabilidad. Además de exprimir las ganancias a corto plazo de las empresas cotizadas, han puesto la mirada en un viejo conocido: el sector inmobiliario, el origen de la caída de Lehman Brothers y con un recuerdo particularmente malo en España. En muchos países, los grandes fondos han comprado viviendas, oficinas y centros comerciales porque representan una inversión relativamente segura para su dinero que permite extraer una renta atractiva a través del alquiler. Tras el estallido de la burbuja del ladrillo en España, los movimientos en este sector se han multiplicado en los últimos años conforme  a la recuperación paulatina de los precios.

Los bancos se han desprendido de los activos inmobiliarios que heredaron de clientes que ya no podían pagar la hipoteca. También de promotoras quebradas. No les quedaba otra por la presión de los reguladores bancarios, muy preocupados por este lastre en los balances. Los compradores han sido sobre todo los grandes fondos anglosajones. Así, por ejemplo, el Santander traspasó activos por un valor bruto de 30.000 millones de euros, procedentes del Banco Popular, que adquirió por un euro tras su resolución en 2017, a una sociedad conjunta con Blackstone. El fondo neoyorquino es hoy el mayor propietario del país después de la Sareb, el denominado banco malo, participado por el Estado. Lo mismo hicieron BBVA, Caixabank y Sabadell. La banca española se libró de esta manera de activos por un valor bruto de 74.000 millones de euros.

Pero no son solo los grandes inversores de Wall Street o la City londinense los que participan en este renacimiento del sector del ladrillo. En los últimos años han surgido grandes empresas inversoras en inmobiliaria como Merlin Properties, que forma parte del Ibex 35, Colonial, Hispania y Lar, que juntos controlan activos por valor de 30.000 millones. Fue el anterior gobierno del Partido Popular quien dio un empujón al sector con la creación de las llamadas socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), vehículos especiales que son exentas del impuesto de sociedades a cambio de cotizar en bolsa y repartir un mínimo del 80% de sus beneficios en dividendos, que sí tributan. La bolsa de Madrid ha visto un auténtico boom de salidas al mercado de estas sociedades y ya cuenta con unas 60 socimi.

Los efectos sociales de este nuevo hambre inversor por el ladrillo no han pasado desapercibidos. Los nuevos propietarios de las casas, muchas veces, suben el precio y se desentienden de alquileres sociales, lo cual ha producido una nueva ola de desahucios. Uno de los casos llamativos de este verano ha sido el de Soraya Moreno y sus tres hijos, que debían abandonar su vivienda en el distrito madrileño de Vicálvaro porque el fondo buitre que la compró de Bankia no reconoce el alquiler social. Este y otros casos han provocado la intervención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que advirtió al Estado español de que debe tomar "medidas para evitar posibles daños irreparables".

El nuevo boom inmobiliario también amenaza a las personas que sencillamente no encuentran alquileres asequibles para vivir en los centros de las ciudades, donde, además, se expanden los controvertidos pisos turísticos, a menudo propiedad de inversores financieros. Es un problema que se repite en otras partes de Europa y del mundo sin que los gobernantes hayan encontrado una solución todavía. El gobierno de Nueva Zelanda acaba de optar por una medida muy radical al prohibir la venta de casas a extranjeros, con algunas excepciones.

La losa de la deuda

Aparte de las empresas y del sector inmobiliario, los inversores continúan sacando rentabilidad de la deuda, los créditos, hipotecas o bonos del sector público y privado. La posibilidad de comprar algo hoy y pagar mañana siempre ha sido la principal herramienta y alimento de los mercados financieros, tal como cuenta Will Emerson en Margin Call. El crédito se ha convertido en un pilar fundamental del actual sistema económico, y la ingeniería financiera ha creado un sinfín de productos y subproductos basados en el crédito. Después de la larga recesión, en la que las familias y las empresas españolas han reducido su deuda, la banca vuelve a recurrir a los préstamos como fuente de ingresos.

Pese a las advertencias del Banco de España y del Banco Central Europeo, las entidades nacionales han aumentado en la primera mitad del año los créditos al consumo desde el 12,5% del Sabadell hasta el 30,5% de Bankia. En junio, la deuda de los hogares creció en 9.500 millones de euros, la mayor subida en un mes desde 2007, antes de la crisis. “La debilidad de las rentas salariales explica la creciente importancia que ha adquirido el endeudamiento como sostén del consumo y la demanda interna, lo que conduce a la consolidación de patrones de crecimiento muy inestables dada la falta de control político sobre los mercados financieros, como ha puesto de manifiesto tristemente la última crisis financiera”, asegura la economista Vizán Rodríguez.

Sin embargo, no solo los hogares recurren al dinero prestado. También las empresas y la administración pública en todo el mundo. El total de la deuda mundial supera por tres veces al PIB. Muchos expertos ya presagian una nueva crisis provocada por el sobreendeudamiento, o una suspensión de pago de algunos países. La crisis de Turquía, que amenaza con contagiar a otros países emergentes que han financiado su crecimiento con dinero extranjero, es un primer aviso. El Banco de Portugal ya ha avisado que se está produciendo una burbuja inmobiliaria en el país.

Lo que se hizo tras la caída de Lehman Brothers

Todo esto conduce a la siguiente pregunta: ¿qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera después de la caída de Lehman Brothers? En Europa, el rescate multimillonario del sector bancario a costa del contribuyente ha acarreado una consolidación sin precedentes de la industria. En España operan hoy una docena de entidades grandes y medianas, mientras que antes de la crisis había más de 50. Obviamente, los responsables políticos no han hecho mucho caso al temor que surgió a raíz de Lehman Brothers de que había algunos bancos demasiado grandes para caer (too big to fail). Los que han sobrevivido a la tormenta hoy son más grandes que nunca.

Lo que sí se hizo fueron varios exámenes de la salud de las entidades financieras y las obligaciones de que se deshicieran de sus activos tóxicos, como el ladrillo. El BCE ha asumido la supervisión de los 130 bancos más grandes de la zona euro que antes rendían cuentas a las autoridades nacionales. Una amplia reforma con el nombre Basilea III obliga a las entidades a mantener mucho más capital en su balance como colchón para los tiempos malos. Es dinero que no pueden prestar a los clientes ni especular con él en los mercados, lo cual ha mermado la rentabilidad de los bancos. La idea es que nunca más sean los contribuyentes los que paguen la factura por la quiebra de un banco, como ocurrió, de hecho, en el caso del Popular en 2017. Pero poco después, Italia se saltó este principio, cuando acudió al rescate de unas entidades con dinero público. Fue un revés para la construcción de una unión bancaria en la zona euro, como lo es también la resistencia de Alemania y otros gobiernos a crear un Fondo de Garantía de Depósitos común que pondría a salvo los ahorros de la clientela hasta cierto límite.

“El sistema bancario es básicamente más estable y resistente, en parte por la consolidación y por las medidas de las autoridades, como los mayores requisitos de capital. Dicho esto, la unión bancaria en Europa sigue incompleta y hay una falta de voluntad política de avanzar más rápido. Incluso existe el riesgo de reversibilidad, como hemos visto en Italia”, opina José Manuel Amor, economista y socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) en Madrid. Otros analistas, sin embargo, son  más pesimistas. “Basilea III son parches”, opina García Zaldívar: “Un problema es que mucha parte del mercado está fuera del sector regulado”. Efectivamente, los directivos de la banca tradicional se quejan de que están sometidos a cada vez más regulaciones mientras otros juegan con el dinero a su placer, como los fondos y cada vez más las plataformas digitales.

Dicho esto, conviene recordar que detrás de los fondos no solo hay grandes fortunas, como destaca el economista Arcadi Oliveres en una entrevista con Jordi Pacheco en lamarea.com. “Los máximos responsables (de la crisis) son los fondos de inversión. Y esto debe ponernos en alerta porque una buena parte de los fondos de inversión son alimentados por los fondos de pensiones. Y a menudo nosotros alimentamos los fondos de pensiones al hacernos un plan de pensiones privado cuando no confiamos en la función de la Seguridad Social”, afirma Oliveres.

Lo que no se hizo

Y ahora llegamos inevitablemente a otra pregunta: ¿qué es lo que no se ha hecho en estos años duros de recesión? Aquella promesa del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de “refundar el capitalismo” se ha quedado en papel mojado. La lista de ideas que se han quedado en el cajón es larga. Una es la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras, inspirada en la llamada tasa Tobin. Por falta de un consenso mayor en la UE, diez países, entre ellos España, Alemania y Francia, acordaron establecer este impuesto que pretende frenar la especulación a la vez que reporta ingresos multimillonarios para las arcas públicas. Pero la iniciativa se fue descafeinando y languidece en los pasillo de Bruselas.

Mientras, la lucha contra los paraísos fiscales, la principal válvula de escape del gran capital, avanza en el mundo con pies de plomo. Las multinacionales, y especialmente los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft o Amazon, todavía logran minimizar su carga fiscal a través de países y territorios de baja imposición y alta opacidad. Hasta el 40% de los beneficios de las grandes multinacionales escapan al fisco de esta manera, según The Economist. “Los sistemas fiscales han fracasado en adaptarse al cambio tecnológico”, sentenció la revista británica.

Muchos críticos atribuyen este fracaso y la falta de voluntad política, en parte, al fenómeno de las puertas giratorias y el incesante trabajo de los poderosos lobbies en la Unión Europea. Ahí está el caso del británico Jonathan Hill, que había dirigido una empresa de lobby para la City antes de ser nombrado comisario europeo responsable para la regulación financiera, o el del expresidente de la Comisión José Manuel Durão Barroso, que pasó a ser presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, el banco neoyorquino que suele estar en el ajo de las grandes operaciones especulativas. En EEUU, la situación pinta incluso peor. El presidente, Donald Trump, ha derrumbado los pocos mecanismos para controlar mejor a la banca puestos por su antecesor Barack Obama.

Diez años después de la caída de Lehman Brothers, ¿estamos ante la próxima gran crisis? Hay división. “El mundo sigue siendo inestable pero no lo suficiente como para volver a una crisis como la de 2008”, afirma Manuel Amor, de la Afi. Otros economistas ven con preocupación el alto nivel de deuda –tanto pública como privada– y la creciente interconexión de las economías nacionales, donde un evento menor en un país puede provocar un shock mundial. “La economía se ha vuelto más global con la propagación macroeconómica de la volatilidad. Por lo tanto la próxima recesión global podría afectar a una mayor cantidad de países”, comentó el analista Lorenzo Ductor a la BBC. “Yo creo que podría ser peor que la crisis de 2008 en el corto plazo, porque habría más factores que propagan la recesión de un país a otro. Pero también tengo la impresión de que gracias a ciertas medidas que se tomaron en 2014, como la capitalización de los bancos, tardaríamos menos años en recuperarnos”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó en abril del riesgo del alto endeudamiento en el mundo. Muchos países altamente endeudados no están preparados para una subida de los tipos de interés, que se avecina, ya que dispararía el precio a pagar a los compradores de bonos.

Estaba mal preparada

El FMI está particularmente preocupado por países como España, cuya deuda pública roza el 100% de su PIB, como expresó el subdirector gerente del fondo, David Lipton, durante unas jornadas conjuntas con el Banco de España en abril. Pese a la austeridad, el gobierno de Rajoy pudo evitar recortes aún mayores al recurrir al endeudamiento –antes del estallido de la burbuja la deuda pública había bajado hasta el 35% del PIB–. “Tengo mis dudas sobre hasta qué punto está preparada España, y hasta qué punto tiene suficiente buffer (colchón) fiscal, para cuando llegue la siguiente recesión”, dijo en las mismas jornadas Servaas Deroose, uno de los hombres negros de la Comisión que supervisaron el rescate internacional para el sector financiero español.

Gracias a la bajada de los tipos de interés en Europa, el Tesoro logró disminuir el coste de financiar la deuda. Aun así, en 2017 el Estado todavía tenía que dedicar 30.000 millones de euros a pagar a sus acreedores. Si los tipos suben solo un punto, la factura para las arcas públicas será enorme. “En este momento, España no está preparada ni para una desaceleración normal”, agregó el belga Deroose. Amor, de AFI, no lo ve tan oscuro. “Una desaceleración no vendría bien a España, pero no sufriría tanto como en 2008 por la menor deuda privada. La deuda pública es mayor pero hay otros mecanismos para el Estado como la política fiscal y los tipos volverían a bajar en una nueva crisis. Además, hoy no hay un sector del que la economía dependa tanto como ocurrió con la construcción después de 2008. Hoy la economía está más diversificada”, opina.

El evento

El concepto de justicia social es ajeno al pensamiento neoliberal. Pero la creciente brecha entre ese “uno por ciento más rico” y el resto de la sociedad preocupa cada vez más a los poderosos, gobernantes y agentes económicos. “Un aumento de la desigualdad daña el nivel y la sostenibilidad del crecimiento”, admitieron economistas del FMI en un estudio que criticaba las políticas de austeridad impuestas por el propio fondo a países como Grecia y Portugal. Los bien engrasados mecanismos del sistema actual conducen inevitablemente a un reparo cada vez más desigual de la riqueza, como documenta Thomas Piketty en El capital en el Siglo XXI. En un informe sobre la desigualdad mundial, el economista francés y cuatro ilustres colegas hacen una advertencia muy agorera de que la inacción para corregir el sistema podría desembocar en “todo tipo de desastres políticos, económicos y sociales”. Cabe añadir el medioambiental, de cuya proximidad han dado un anticipo la sequía y la ola de calor extremo de este verano en Europa.

Ante este panorama, partes de las élites ya se están preparando. Douglas Rushkoff, escritor y profesor de cultura virtual, cuenta en un artículo en la revista digital Medium un encuentro extraño con un grupo de banqueros de inversión que le habían invitado a hablar de los avances tecnológicos, “la oferta más abultada que había recibido nunca por una charla”. Para su sorpresa, los anfitriones no se interesaban tanto por la inteligencia artificial, el blockchain o las monedas virtuales, sino que le inquirían sobre cómo prepararse para lo que llamaban “el evento”, un eufemismo para el momento en el que el mundo, tal como lo conocemos, estalla. “Estos hombres se estaban preparando para un futuro digital que tenía muy poco que ver con hacer del mundo un lugar mejor, y mucho con trascender la condición humana y aislarse a sí mismos del peligro real y presente que representan el cambio climático, la subida del nivel del mar, las migraciones masivas, las pandemias globales, el pánico nativista y el agotamiento de recursos. Para ellos, el futuro de la tecnología solo tiene una dimensión: el escape”, relata Rushkoff.

¿Es inevitable este destino apocalíptico para la humanidad? “Nunca he sido partidario del ‘cuanto peor mejor’ pero la crisis debe agudizarse para que haga reflexionar a los responsables sobre cambios estructurales profundos”, comenta el economismo de Attac García Zaldívar. Esta organización y otras 60 en toda Europa preparan una serie de acciones para aprovechar el décimo aniversario de la quiebra de Lehman Brothers y concienciar a la ciudadanía del peligro que presenta el actual orden económico. “Es complicado y perezoso explicar algo tan amplio como cambiar el sistema financiero y el concepto de libre mercado”, se queja Cuca Fernández, coordinadora de Attac España. Espera reconectar con la gran movilización a nivel europeo que despertó el rechazo al TTIP, el tratado de libre comercio entre la UE y EEUU, antes de que Trump enterrara el proyecto. En Attac lamentan que la lucha por un sistema económico más justo haya ido perdiendo fuelle. “El 15-M sí puso el foco en el tema de las finanzas y aspectos como la deuda. Pero se ha ido disolviendo”, lamenta Fernández: “Esperemos que el 15 de septiembre, día del aniversario de Lehman Brothers, sirva como momento para comenzar una movilización. Pero es una carrera de larga distancia con muchos obstáculos. El sector financiero tiene mucha influencia en los medios”.

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En una escena de Margin Call, una de las mejores películas que se han hecho sobre la gran crisis financiera y económica que estalló en 2008, Seth, un joven empleado de un banco de Wall Street inspirado en Lehman Brothers, expresa a su jefe su preocupación por el impacto sobre la “gente normal” que tendría un colapso de la pirámide especulativa. “¿Eres socialista, o qué?”, le espeta Will Emerson. “Mira, si quieres hacer esto en tu vida, y hacerlo bien, debes creer que eres necesario. Y lo eres. Si la gente quiere vivir de esta manera… con sus coches y sus casas que ni siquiera han pagado, entonces eres necesario. La única razón por la que pueden vivir como reyes es porque nosotros tenemos el dedo sobre la balanza en su favor. Y si yo levanto mi dedo...".

El 15 de septiembre de 2008 se derrumbó Lehman Brothers tras los excesos de la ingeniería financiera que permitía a la gente vivir como reyes, como decía Emerson en la película. La quiebra de una de las entidades más tradicionales y poderosas de Wall Street fue el detonante de la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929 con consecuencias económicas, sociales y políticas nefastas en casi todo el mundo. Los Estados se vieron obligados a rescatar a sus bancos con miles de millones de euros y dólares –en España, la factura sin retorno asciende a 60.000 millones de euros, como mínimo– lo cual acarreó duros recortes de gasto y la pérdida de millones de empleos.

Estamos en 2018. Diez años después, las economías de los países afectados han vuelto al crecimiento y los bancos supuestamente han saneado sus balances. Sin embargo, la huella devastadora de aquella crisis sigue visible en forma de salarios más bajos, más trabajos precarios y un altísimo endeudamiento de los Estados. El capitalismo financiero, ese “casino” que los dirigentes políticos habían prometido domesticar, es más grande, influyente y potencialmente destructor que nunca, mientras aumentan las desigualdades. Un informe de la ONG Oxfam del pasado enero calculó que el 82% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a los bolsillos del 1% más rico del mundo. "En estos diez años, el capital se ha reestructurado para perseguir la búsqueda de la rentabilidad sin que importe pisar derechos como la vivienda", afirma el economista Ricardo García Zaldívar, miembro del consejo de Attac, un movimiento internacional que promueve un cambio del sistema económico actual. Para muchas personas expertas, las medidas adoptadas en respuesta a las causas del colapso de Lehman Brothers han sido insuficientes y en el horizonte ya asoma el fantasma de la próxima gran crisis.

La proporción de las rentas de capital en el Producto Interior Bruto (PIB) de los países desarrollados no para de crecer, muchas veces en detrimento de las rentas de trabajo y del sector público. Los inversores, entre los que los grandes fondos han ganado protagonismo frente a la banca tradicional, emplean su poder financiero en extraer mayor rentabilidad de las empresas, del sector inmobiliario y de la deuda –pública y privada– que ya triplica el PIB mundial.

[caption id="attachment_6112" align="alignnone" width="900"] Sede de Lehman Brothers en Nueva York, en 2008. REUTERS[/caption]

Exprimir a las empresas

Empezamos por las empresas. Aunque el fenómeno del inversor tiburón no es nuevo en inglés, en los últimos tiempos se ha producido una aumento de los llamados “accionistas activistas”. Es decir, grandes inversores financieros que se meten en el capital de empresas cotizadas –y cada vez más toman asiento en sus consejos– con el fin de extraer el máximo beneficio en un plazo relativamente corto. "El enfoque de la inversión se desplaza", escribe Michael Hudson en Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global (Capitán Swing). "Ya no se trata de invertir para expandir el negocio e ingresar más, sino de buscar ganancias de capital”, concluye este profesor de la Universidad de Missouri, que trabajó varios años en Wall Street y fondos soberanos. Directivos de grandes empresas se alían con accionistas porque comparten el interés por la ganancia a corto plazo ya que se les retribuye en parte con acciones u opciones. “Esto significa que se estaría produciendo una reducción muy acusada del porcentaje de beneficios que se reinvierte en la actividad productiva de la empresa, en forma de capital físico y humano (lo que redundaría en aumentos de empleo y el desarrollo a largo plazo de los territorios), a favor de operaciones financieras tendentes a maximizar los beneficios a corto plazo para los accionistas, como el reparto de dividendos o la compra de acciones de la propia empresa para aumentar su precio a corto plazo”, explica en un estudio para la Fundación Alternativas Carmen Vizán Rodríguez, economista y asesora del Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social del Gobierno de España. Los accionistas activistas están especialmente presentes en sectores estratégicos y regulados, como la energía y las infraestructuras, donde la renta está prácticamente asegurada.

Un ejemplo de estas nuevas estrategias lo brinda la antigua Gas Natural Fenosa, recién rebautizada como Naturgy. La empresa energética ha vivido recientemente un cambio importante en su accionariado y en la dirección. Con los fondos CVC Capital Partners, con sede en Londres y Luxemburgo, Global Infrastructure Parnters (GIP), de Nueva York, ahora hay dos inversores financieros entre los principales accionistas con el 20% cada uno. La Caixa ha reducido su participación histórica al 24% y Repsol terminó una alianza estratégica histórica y salió del todo de la gasista. El nuevo presidente ejecutivo, Francisco Reynés, que llegó en febrero procedente de Abertis, presentó el Plan Estratégico en junio. El dividendo aumentará un impresionante 59% hasta 2022, mientras se reducen las inversiones y se prevé un ahorro de costes de 500 millones de euros anuales. Los directivos de Naturgy también abren la puerta a una recompra de acciones propias por valor de 2.000 millones de euros, si no encuentran mejor oportunidad para invertir este dinero. Sin embargo, no se toca la deuda, que seguirá en 16.400 millones de euros y por la que la empresa seguirá pagando un tipo de interés del 3,5% a sus acreedores, lo cual le ganó una rebaja de calificación de la agencia de rating Fitch. "La promesa de dividendo es un compromiso y una demostración de una filosofía muy sana en una industria como esta, que genera tanta caja”, afirmó Reynés en una entrevista con el diario económico Expansión en julio.

Los beneficios de las empresas, en muchos países, han aumentado por encima del crecimiento de la economía y también por encima de los salarios. En España, el año pasado el resultado contable declarado de las empresas a la Agencia Tributaria subió un 9,2% respecto a 2016. La masa salarial que tributa IRPF aumentó un 4,5%, debido al mayor número de personas con trabajo (la remuneración media por asalariado creció un escaso 0,1%, muy por debajo de la inflación). Para economistas como Vizán Rodríguez, este mayor crecimiento del capital frente a los salarios se debe a varios factores, como el mencionado trato preferencial al accionista, las privatizaciones, la deslocalización a países más baratos, los avances tecnológicos y la mayor concentración empresarial. También la revista The Economist, la biblia de ejecutivos, políticos y economistas, advirtió de estos desequilibrios en un editorial el pasado agosto: "Dado que la competencia en muchos mercados está disminuyendo, esto sugiere que las empresas son cada vez más capaces de extraer rentas de la economía".

[caption id="attachment_6113" align="alignnone" width="900"] Una manifestación en 2016 en Madrid. ÁLVARO MINGUITO[/caption]

Apostar por el ladrillo

Los tipos de interés en la zona euro y en EEUU han sido históricamente bajos en los últimos años en respuesta a la crisis –en cero o incluso negativos–, lo cual ha obligado a los inversores a buscar otras oportunidades para asegurar su rentabilidad. Además de exprimir las ganancias a corto plazo de las empresas cotizadas, han puesto la mirada en un viejo conocido: el sector inmobiliario, el origen de la caída de Lehman Brothers y con un recuerdo particularmente malo en España. En muchos países, los grandes fondos han comprado viviendas, oficinas y centros comerciales porque representan una inversión relativamente segura para su dinero que permite extraer una renta atractiva a través del alquiler. Tras el estallido de la burbuja del ladrillo en España, los movimientos en este sector se han multiplicado en los últimos años conforme  a la recuperación paulatina de los precios.

Los bancos se han desprendido de los activos inmobiliarios que heredaron de clientes que ya no podían pagar la hipoteca. También de promotoras quebradas. No les quedaba otra por la presión de los reguladores bancarios, muy preocupados por este lastre en los balances. Los compradores han sido sobre todo los grandes fondos anglosajones. Así, por ejemplo, el Santander traspasó activos por un valor bruto de 30.000 millones de euros, procedentes del Banco Popular, que adquirió por un euro tras su resolución en 2017, a una sociedad conjunta con Blackstone. El fondo neoyorquino es hoy el mayor propietario del país después de la Sareb, el denominado banco malo, participado por el Estado. Lo mismo hicieron BBVA, Caixabank y Sabadell. La banca española se libró de esta manera de activos por un valor bruto de 74.000 millones de euros.

Pero no son solo los grandes inversores de Wall Street o la City londinense los que participan en este renacimiento del sector del ladrillo. En los últimos años han surgido grandes empresas inversoras en inmobiliaria como Merlin Properties, que forma parte del Ibex 35, Colonial, Hispania y Lar, que juntos controlan activos por valor de 30.000 millones. Fue el anterior gobierno del Partido Popular quien dio un empujón al sector con la creación de las llamadas socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), vehículos especiales que son exentas del impuesto de sociedades a cambio de cotizar en bolsa y repartir un mínimo del 80% de sus beneficios en dividendos, que sí tributan. La bolsa de Madrid ha visto un auténtico boom de salidas al mercado de estas sociedades y ya cuenta con unas 60 socimi.

Los efectos sociales de este nuevo hambre inversor por el ladrillo no han pasado desapercibidos. Los nuevos propietarios de las casas, muchas veces, suben el precio y se desentienden de alquileres sociales, lo cual ha producido una nueva ola de desahucios. Uno de los casos llamativos de este verano ha sido el de Soraya Moreno y sus tres hijos, que debían abandonar su vivienda en el distrito madrileño de Vicálvaro porque el fondo buitre que la compró de Bankia no reconoce el alquiler social. Este y otros casos han provocado la intervención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que advirtió al Estado español de que debe tomar "medidas para evitar posibles daños irreparables".

El nuevo boom inmobiliario también amenaza a las personas que sencillamente no encuentran alquileres asequibles para vivir en los centros de las ciudades, donde, además, se expanden los controvertidos pisos turísticos, a menudo propiedad de inversores financieros. Es un problema que se repite en otras partes de Europa y del mundo sin que los gobernantes hayan encontrado una solución todavía. El gobierno de Nueva Zelanda acaba de optar por una medida muy radical al prohibir la venta de casas a extranjeros, con algunas excepciones.

La losa de la deuda

Aparte de las empresas y del sector inmobiliario, los inversores continúan sacando rentabilidad de la deuda, los créditos, hipotecas o bonos del sector público y privado. La posibilidad de comprar algo hoy y pagar mañana siempre ha sido la principal herramienta y alimento de los mercados financieros, tal como cuenta Will Emerson en Margin Call. El crédito se ha convertido en un pilar fundamental del actual sistema económico, y la ingeniería financiera ha creado un sinfín de productos y subproductos basados en el crédito. Después de la larga recesión, en la que las familias y las empresas españolas han reducido su deuda, la banca vuelve a recurrir a los préstamos como fuente de ingresos.

Pese a las advertencias del Banco de España y del Banco Central Europeo, las entidades nacionales han aumentado en la primera mitad del año los créditos al consumo desde el 12,5% del Sabadell hasta el 30,5% de Bankia. En junio, la deuda de los hogares creció en 9.500 millones de euros, la mayor subida en un mes desde 2007, antes de la crisis. “La debilidad de las rentas salariales explica la creciente importancia que ha adquirido el endeudamiento como sostén del consumo y la demanda interna, lo que conduce a la consolidación de patrones de crecimiento muy inestables dada la falta de control político sobre los mercados financieros, como ha puesto de manifiesto tristemente la última crisis financiera”, asegura la economista Vizán Rodríguez.

Sin embargo, no solo los hogares recurren al dinero prestado. También las empresas y la administración pública en todo el mundo. El total de la deuda mundial supera por tres veces al PIB. Muchos expertos ya presagian una nueva crisis provocada por el sobreendeudamiento, o una suspensión de pago de algunos países. La crisis de Turquía, que amenaza con contagiar a otros países emergentes que han financiado su crecimiento con dinero extranjero, es un primer aviso. El Banco de Portugal ya ha avisado que se está produciendo una burbuja inmobiliaria en el país.

Lo que se hizo tras la caída de Lehman Brothers

Todo esto conduce a la siguiente pregunta: ¿qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera después de la caída de Lehman Brothers? En Europa, el rescate multimillonario del sector bancario a costa del contribuyente ha acarreado una consolidación sin precedentes de la industria. En España operan hoy una docena de entidades grandes y medianas, mientras que antes de la crisis había más de 50. Obviamente, los responsables políticos no han hecho mucho caso al temor que surgió a raíz de Lehman Brothers de que había algunos bancos demasiado grandes para caer (too big to fail). Los que han sobrevivido a la tormenta hoy son más grandes que nunca.

Lo que sí se hizo fueron varios exámenes de la salud de las entidades financieras y las obligaciones de que se deshicieran de sus activos tóxicos, como el ladrillo. El BCE ha asumido la supervisión de los 130 bancos más grandes de la zona euro que antes rendían cuentas a las autoridades nacionales. Una amplia reforma con el nombre Basilea III obliga a las entidades a mantener mucho más capital en su balance como colchón para los tiempos malos. Es dinero que no pueden prestar a los clientes ni especular con él en los mercados, lo cual ha mermado la rentabilidad de los bancos. La idea es que nunca más sean los contribuyentes los que paguen la factura por la quiebra de un banco, como ocurrió, de hecho, en el caso del Popular en 2017. Pero poco después, Italia se saltó este principio, cuando acudió al rescate de unas entidades con dinero público. Fue un revés para la construcción de una unión bancaria en la zona euro, como lo es también la resistencia de Alemania y otros gobiernos a crear un Fondo de Garantía de Depósitos común que pondría a salvo los ahorros de la clientela hasta cierto límite.

“El sistema bancario es básicamente más estable y resistente, en parte por la consolidación y por las medidas de las autoridades, como los mayores requisitos de capital. Dicho esto, la unión bancaria en Europa sigue incompleta y hay una falta de voluntad política de avanzar más rápido. Incluso existe el riesgo de reversibilidad, como hemos visto en Italia”, opina José Manuel Amor, economista y socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) en Madrid. Otros analistas, sin embargo, son  más pesimistas. “Basilea III son parches”, opina García Zaldívar: “Un problema es que mucha parte del mercado está fuera del sector regulado”. Efectivamente, los directivos de la banca tradicional se quejan de que están sometidos a cada vez más regulaciones mientras otros juegan con el dinero a su placer, como los fondos y cada vez más las plataformas digitales.

Dicho esto, conviene recordar que detrás de los fondos no solo hay grandes fortunas, como destaca el economista Arcadi Oliveres en una entrevista con Jordi Pacheco en lamarea.com. “Los máximos responsables (de la crisis) son los fondos de inversión. Y esto debe ponernos en alerta porque una buena parte de los fondos de inversión son alimentados por los fondos de pensiones. Y a menudo nosotros alimentamos los fondos de pensiones al hacernos un plan de pensiones privado cuando no confiamos en la función de la Seguridad Social”, afirma Oliveres.

Lo que no se hizo

Y ahora llegamos inevitablemente a otra pregunta: ¿qué es lo que no se ha hecho en estos años duros de recesión? Aquella promesa del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de “refundar el capitalismo” se ha quedado en papel mojado. La lista de ideas que se han quedado en el cajón es larga. Una es la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras, inspirada en la llamada tasa Tobin. Por falta de un consenso mayor en la UE, diez países, entre ellos España, Alemania y Francia, acordaron establecer este impuesto que pretende frenar la especulación a la vez que reporta ingresos multimillonarios para las arcas públicas. Pero la iniciativa se fue descafeinando y languidece en los pasillo de Bruselas.

Mientras, la lucha contra los paraísos fiscales, la principal válvula de escape del gran capital, avanza en el mundo con pies de plomo. Las multinacionales, y especialmente los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft o Amazon, todavía logran minimizar su carga fiscal a través de países y territorios de baja imposición y alta opacidad. Hasta el 40% de los beneficios de las grandes multinacionales escapan al fisco de esta manera, según The Economist. “Los sistemas fiscales han fracasado en adaptarse al cambio tecnológico”, sentenció la revista británica.

Muchos críticos atribuyen este fracaso y la falta de voluntad política, en parte, al fenómeno de las puertas giratorias y el incesante trabajo de los poderosos lobbies en la Unión Europea. Ahí está el caso del británico Jonathan Hill, que había dirigido una empresa de lobby para la City antes de ser nombrado comisario europeo responsable para la regulación financiera, o el del expresidente de la Comisión José Manuel Durão Barroso, que pasó a ser presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, el banco neoyorquino que suele estar en el ajo de las grandes operaciones especulativas. En EEUU, la situación pinta incluso peor. El presidente, Donald Trump, ha derrumbado los pocos mecanismos para controlar mejor a la banca puestos por su antecesor Barack Obama.

Diez años después de la caída de Lehman Brothers, ¿estamos ante la próxima gran crisis? Hay división. “El mundo sigue siendo inestable pero no lo suficiente como para volver a una crisis como la de 2008”, afirma Manuel Amor, de la Afi. Otros economistas ven con preocupación el alto nivel de deuda –tanto pública como privada– y la creciente interconexión de las economías nacionales, donde un evento menor en un país puede provocar un shock mundial. “La economía se ha vuelto más global con la propagación macroeconómica de la volatilidad. Por lo tanto la próxima recesión global podría afectar a una mayor cantidad de países”, comentó el analista Lorenzo Ductor a la BBC. “Yo creo que podría ser peor que la crisis de 2008 en el corto plazo, porque habría más factores que propagan la recesión de un país a otro. Pero también tengo la impresión de que gracias a ciertas medidas que se tomaron en 2014, como la capitalización de los bancos, tardaríamos menos años en recuperarnos”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó en abril del riesgo del alto endeudamiento en el mundo. Muchos países altamente endeudados no están preparados para una subida de los tipos de interés, que se avecina, ya que dispararía el precio a pagar a los compradores de bonos.

Estaba mal preparada

El FMI está particularmente preocupado por países como España, cuya deuda pública roza el 100% de su PIB, como expresó el subdirector gerente del fondo, David Lipton, durante unas jornadas conjuntas con el Banco de España en abril. Pese a la austeridad, el gobierno de Rajoy pudo evitar recortes aún mayores al recurrir al endeudamiento –antes del estallido de la burbuja la deuda pública había bajado hasta el 35% del PIB–. “Tengo mis dudas sobre hasta qué punto está preparada España, y hasta qué punto tiene suficiente buffer (colchón) fiscal, para cuando llegue la siguiente recesión”, dijo en las mismas jornadas Servaas Deroose, uno de los hombres negros de la Comisión que supervisaron el rescate internacional para el sector financiero español.

Gracias a la bajada de los tipos de interés en Europa, el Tesoro logró disminuir el coste de financiar la deuda. Aun así, en 2017 el Estado todavía tenía que dedicar 30.000 millones de euros a pagar a sus acreedores. Si los tipos suben solo un punto, la factura para las arcas públicas será enorme. “En este momento, España no está preparada ni para una desaceleración normal”, agregó el belga Deroose. Amor, de AFI, no lo ve tan oscuro. “Una desaceleración no vendría bien a España, pero no sufriría tanto como en 2008 por la menor deuda privada. La deuda pública es mayor pero hay otros mecanismos para el Estado como la política fiscal y los tipos volverían a bajar en una nueva crisis. Además, hoy no hay un sector del que la economía dependa tanto como ocurrió con la construcción después de 2008. Hoy la economía está más diversificada”, opina.

El evento

El concepto de justicia social es ajeno al pensamiento neoliberal. Pero la creciente brecha entre ese “uno por ciento más rico” y el resto de la sociedad preocupa cada vez más a los poderosos, gobernantes y agentes económicos. “Un aumento de la desigualdad daña el nivel y la sostenibilidad del crecimiento”, admitieron economistas del FMI en un estudio que criticaba las políticas de austeridad impuestas por el propio fondo a países como Grecia y Portugal. Los bien engrasados mecanismos del sistema actual conducen inevitablemente a un reparo cada vez más desigual de la riqueza, como documenta Thomas Piketty en El capital en el Siglo XXI. En un informe sobre la desigualdad mundial, el economista francés y cuatro ilustres colegas hacen una advertencia muy agorera de que la inacción para corregir el sistema podría desembocar en “todo tipo de desastres políticos, económicos y sociales”. Cabe añadir el medioambiental, de cuya proximidad han dado un anticipo la sequía y la ola de calor extremo de este verano en Europa.

Ante este panorama, partes de las élites ya se están preparando. Douglas Rushkoff, escritor y profesor de cultura virtual, cuenta en un artículo en la revista digital Medium un encuentro extraño con un grupo de banqueros de inversión que le habían invitado a hablar de los avances tecnológicos, “la oferta más abultada que había recibido nunca por una charla”. Para su sorpresa, los anfitriones no se interesaban tanto por la inteligencia artificial, el blockchain o las monedas virtuales, sino que le inquirían sobre cómo prepararse para lo que llamaban “el evento”, un eufemismo para el momento en el que el mundo, tal como lo conocemos, estalla. “Estos hombres se estaban preparando para un futuro digital que tenía muy poco que ver con hacer del mundo un lugar mejor, y mucho con trascender la condición humana y aislarse a sí mismos del peligro real y presente que representan el cambio climático, la subida del nivel del mar, las migraciones masivas, las pandemias globales, el pánico nativista y el agotamiento de recursos. Para ellos, el futuro de la tecnología solo tiene una dimensión: el escape”, relata Rushkoff.

¿Es inevitable este destino apocalíptico para la humanidad? “Nunca he sido partidario del ‘cuanto peor mejor’ pero la crisis debe agudizarse para que haga reflexionar a los responsables sobre cambios estructurales profundos”, comenta el economismo de Attac García Zaldívar. Esta organización y otras 60 en toda Europa preparan una serie de acciones para aprovechar el décimo aniversario de la quiebra de Lehman Brothers y concienciar a la ciudadanía del peligro que presenta el actual orden económico. “Es complicado y perezoso explicar algo tan amplio como cambiar el sistema financiero y el concepto de libre mercado”, se queja Cuca Fernández, coordinadora de Attac España. Espera reconectar con la gran movilización a nivel europeo que despertó el rechazo al TTIP, el tratado de libre comercio entre la UE y EEUU, antes de que Trump enterrara el proyecto. En Attac lamentan que la lucha por un sistema económico más justo haya ido perdiendo fuelle. “El 15-M sí puso el foco en el tema de las finanzas y aspectos como la deuda. Pero se ha ido disolviendo”, lamenta Fernández: “Esperemos que el 15 de septiembre, día del aniversario de Lehman Brothers, sirva como momento para comenzar una movilización. Pero es una carrera de larga distancia con muchos obstáculos. El sector financiero tiene mucha influencia en los medios”.

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El sueldo de los directivos de la banca supone el 11% de los gastos de personal https://www.lamarea.com/2018/09/20/el-sueldo-de-los-directivos-de-la-banca-supone-el-11-de-los-gastos-de-personal/ https://www.lamarea.com/2018/09/20/el-sueldo-de-los-directivos-de-la-banca-supone-el-11-de-los-gastos-de-personal/#comments Thu, 20 Sep 2018 11:10:57 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109859 banco santander

Los directivos suponen un 1,5% del personal de los 12 grandes bancos españoles*. Sin embargo, sus retribuciones salariales representan el 11% de los gastos en personal de estas entidades, según la IV edición del Informe sobre retribuciones del sector financiero español elaborado por CCOO.

España es el país europeo donde los ejecutivos de la banca tienen los sueldos más altos y el cuarto en el que más ha crecido la cifra de quienes ganan más de un millón de euros. Si atendemos a los salarios más altos y más bajos de estas empresas financieras, el 20% de las personas que más ganan quintuplica lo que ganan el 20% de las personas con menor salario. Ese 20% de personas con mayores sueldos suponen el 33% del gasto en personal, que llega al 40-45% en las grandes entidades, mientras que el 20% con salarios más bajos tan solo supone el 6,7% de los gastos, una quinta parte.

“Estas diferencias tan acusadas entran en conflicto con la profesionalidad del sector financiero. Las plantillas se ven sometidas a presiones, viéndonos abocados a seguir las directrices marcadas desde la dirección”, ha asegurado la secretaria de Profesionalidad del Sector Financiero de CCOO, Nuria Lobo, durante la presentación del informe en Madrid.

Desde el año 2014, los directivos y consejeros han crecido un 19,84%, alcanzando 2.549 en las 12 grandes empresas del sector. Sus retribuciones han aumentado un 20,64% y se sitúan en 1.140 millones de euros. Desde CCOO aseguran que la tendencia oligopolística de la banca no hará más que acentuar estas grandes diferencias entre directivos y el resto de la plantilla, y proponen una limitación de salarios como una forma de mejorar la equidad. “Hay que gravar a las empresas más desiguales”, ha sostenido el secretario general de servicios de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez.

La brecha de género

Desde el sindicato denuncian que solo 3 de las 12 empresas aportan ratios sobre brecha salarial de género y que los informes no suelen hacer menciones a los planes de igualdad. “Las empresas suscriben protocolos para luchar contra la brecha de género pero luego no hacen nada para ponerlo en marcha. Exigimos que la transparencia sea obligatoria. La responsabilidad social no puede ser una forma de hacer marketing”, ha denunciado Martínez.

La brecha de género sigue siendo muy grande en este tipo de entidades. Según las estimaciones de CCOO, solo el 18% de los directivos son mujeres, un porcentaje menor que en 2014 debido a la promoción de hombres. “Esto influye en la poca sensibilidad que suele haber en materia de igualdad”, ha insistido Martínez. El informe asegura que este bajo número de directivas genera fenómenos como prolongaciones de jornadas, menor conciliación y mayor presión comercial.

El número de consejeras, sin embargo, sí ha crecido en puntos desde 2014: ha pasado del 16% al 21%, “aún muy lejos del mínimo 60/40”. Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, es el único que se acerca a estos números, con un 38% de mujeres en su consejo. Bankia es la entidad más desigual y solo cuenta con un 9% de consejeras.


*Los doce bancos analizados son: Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Abanca y Cajamar.

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banco santander

Los directivos suponen un 1,5% del personal de los 12 grandes bancos españoles*. Sin embargo, sus retribuciones salariales representan el 11% de los gastos en personal de estas entidades, según la IV edición del Informe sobre retribuciones del sector financiero español elaborado por CCOO. España es el país europeo donde los ejecutivos de la banca tienen los sueldos más altos y el cuarto en el que más ha crecido la cifra de quienes ganan más de un millón de euros. Si atendemos a los salarios más altos y más bajos de estas empresas financieras, el 20% de las personas que más ganan quintuplica lo que ganan el 20% de las personas con menor salario. Ese 20% de personas con mayores sueldos suponen el 33% del gasto en personal, que llega al 40-45% en las grandes entidades, mientras que el 20% con salarios más bajos tan solo supone el 6,7% de los gastos, una quinta parte. “Estas diferencias tan acusadas entran en conflicto con la profesionalidad del sector financiero. Las plantillas se ven sometidas a presiones, viéndonos abocados a seguir las directrices marcadas desde la dirección”, ha asegurado la secretaria de Profesionalidad del Sector Financiero de CCOO, Nuria Lobo, durante la presentación del informe en Madrid. Desde el año 2014, los directivos y consejeros han crecido un 19,84%, alcanzando 2.549 en las 12 grandes empresas del sector. Sus retribuciones han aumentado un 20,64% y se sitúan en 1.140 millones de euros. Desde CCOO aseguran que la tendencia oligopolística de la banca no hará más que acentuar estas grandes diferencias entre directivos y el resto de la plantilla, y proponen una limitación de salarios como una forma de mejorar la equidad. “Hay que gravar a las empresas más desiguales”, ha sostenido el secretario general de servicios de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez.

La brecha de género

Desde el sindicato denuncian que solo 3 de las 12 empresas aportan ratios sobre brecha salarial de género y que los informes no suelen hacer menciones a los planes de igualdad. “Las empresas suscriben protocolos para luchar contra la brecha de género pero luego no hacen nada para ponerlo en marcha. Exigimos que la transparencia sea obligatoria. La responsabilidad social no puede ser una forma de hacer marketing”, ha denunciado Martínez. La brecha de género sigue siendo muy grande en este tipo de entidades. Según las estimaciones de CCOO, solo el 18% de los directivos son mujeres, un porcentaje menor que en 2014 debido a la promoción de hombres. “Esto influye en la poca sensibilidad que suele haber en materia de igualdad”, ha insistido Martínez. El informe asegura que este bajo número de directivas genera fenómenos como prolongaciones de jornadas, menor conciliación y mayor presión comercial. El número de consejeras, sin embargo, sí ha crecido en puntos desde 2014: ha pasado del 16% al 21%, “aún muy lejos del mínimo 60/40”. Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, es el único que se acerca a estos números, con un 38% de mujeres en su consejo. Bankia es la entidad más desigual y solo cuenta con un 9% de consejeras.
*Los doce bancos analizados son: Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Abanca y Cajamar.

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Estos días se habla más que nunca de los (no) másteres de nuestra clase política. Que si TFM, que si tesis, que si plagios, que si asignaturas aprobadas sin pisar el aula... Pero hay mucho más. En #LaMarea59 pusimos el foco más arriba. Decidimos ir más allá e investigar cuántos consejeros y consejeras del IBEX 35 han estudiado en universidades o en centros de negocios ligados a la Iglesia católica. Para que conozcas esos vínculos y cómo la Iglesia sigue mandando, hemos decidido poner a vuestra disposición el dossier de manera gratuita. Puedes descargarlo en el enlace que aparece justo debajo.

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Greenpeace denuncia 800 millones de sobrecostes al año en pagos por capacidad al sistema eléctrico https://www.lamarea.com/2018/09/13/greenpeace-denuncia-800-millones-de-sobrecostes-al-ano-en-pagos-por-capacidad-al-sistema-electrico/ https://www.lamarea.com/2018/09/13/greenpeace-denuncia-800-millones-de-sobrecostes-al-ano-en-pagos-por-capacidad-al-sistema-electrico/#comments Thu, 13 Sep 2018 09:03:08 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109660 Los pagos por capacidad eléctrica en España están siendo investigados por la Comisión Europea. Foto: Silberfuchs/301 images/Pixabay - CC0

Cada año de los últimos diez, los consumidores españoles pagaron alrededor de 800 millones de sobrecostes asociados a pagos por capacidad en el sistema eléctrico, según un informe hecho público hoy por Greenpeace. En total, las ayudas a las centrales, que no incluirían renovables excepto las hidroeléctricas, habrían sido de unos 8.000 millones entre 2008 y 2018, lo que habría inflado cada factura, de media, entre 5 y 6 euros al mes. Los pagos por capacidad son subvenciones destinadas a que las centrales eléctricas estén disponibles, haya o no demanda.

Estos pagos son una manera de incentivar las inversiones en capacidad firme del sistema eléctrico, es decir, capacidad que pueda estar disponible independientemente de las condiciones del mismo. Sin ellos, explica Natalia Fabra, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, las centrales no podrían recuperar sus costes de inversión: “Estas centrales, realmente, están para no producir. Son un seguro. Como en los mercados que tenemos ahora solo se paga por la energía, estos pagos se hacen necesarios”, explicó la economista, añadiendo que los pagos por capacidad “no están aislados del mercado de la energía, y su organización depende del mismo”.

Los pagos por capacidad forman parte de los costes regulados que se integran en la factura de la luz, y son, por lo tanto, sufragados por los abonados. Según Greenpeace, España es el país del mundo con mayores pagos por capacidad, y el primero que los introdujo. “Pedimos al gobierno que se abandonen estas subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear,” explicó Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en la organización ecologista.

Diferentes modelos

A pesar de que los pagos por garantía de suministro son habituales en los países de la Unión Europea, existen diferentes maneras de organizarlos. En España, el Estado paga a las centrales un precio fijo por kilovatio instalado, adquiriendo el derecho a obtener esos kilovatios si lo considera necesario. Este modelo ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, que en noviembre de 2016 estableció que debía seguirse un modelo más competitivo, lo que ha puesto en jaque a varias centrales de gas.

El modelo más habitual en el continente es el que siguen países como Alemania o Bélgica, que optan por mantener una reserva estratégica, por la cual el Estado paga a centrales concretas para que estén disponibles en caso de necesidad. Otros, como Portugal, prefieren pagar para reservarse el derecho de interruptibilidad a grandes consumidores (empresas que se comprometen a dejar de consumir electricidad si se necesita puntualmente en la red).

Para Natalia Fabra, la cuestión no es si deben existir o no los pagos, que considera necesarios, sino cómo se hagan. Para la economista, lo ideal sería que estos se adjudicaran a través de subastas, igual que las renovables, ya que el mercado no puede resolver estas garantías de suministro por sí mismo: “No es un fallo de mercado por una externalidad medioambiental, como en el caso de las renovables, sino que lo es por otra externalidad, como lo es la fiabilidad que aportan estas centrales”. Este modelo, explica Fabra, es el que siguen países como Italia o Irlanda.

Greenpeace también denuncia en su informe no haber podido acceder a los detalles de los pagos de capacidad. El gobierno, afirman, no identifica qué centrales perciben estas ayudas, ni qué cantidades recibe cada una. Asimismo, la ONG afirma que “la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial”. La Marea se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para contrastar la veracidad de esta información, no habiendo obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Sobre la mesa en Europa

Los mecanismos de capacidad son una de las claves que quedan por decidir en el conocido como el Paquete de Invierno, la directiva que regulará la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético basado en las renovables. La negociación, que se lleva a cabo a tres bandas por la Comisión Europea, el Europarlamento, y el Consejo de la Unión Europea, podría concluir antes de la celebración de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, Polonia, que dará comienzo el próximo 2 de diciembre.

Uno de los puntos clave de la negociación, y sobre el que se ha posicionado Greenpeace, es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del cual las centrales eléctricas deberían estar excluidas de los pagos por capacidad. La cifra clave es 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, el límite superior propuesto tanto por la ecologista como por el Parlamento Europeo, y que dejaría fuera de estas subvenciones a todas las centrales de carbón.

Sobrecapacidad

En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba que “el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario,” afirmaba la CNMC, que situaba el peor escenario en una punta de demanda de 46.000 MW. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), en España hay una potencia instalada de casi 104.000 MW. Greenpeace cuantifica en un 30% esta sobrecapacidad eléctrica.

“Tenemos una sobrecapacidad que no justifica unas garantías de suministro tan elevadas”, afirmó Tatiana Nuño. “Estos pagos son los que han fomentado y mantenido un sistema eléctrico muy viejo”, según datos de la ONG, “nos han convertido en el país de Europa que más ha subido en emisiones desde 1990”.

Según la ecologista, todo comenzó a finales de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de la economía hacía prever una demanda energética que nunca llegó a producirse. Según el documento, esta fue la causa detrás de la “burbuja energética”, en la cual se habría construido centrales eléctricas “de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello”. Este fenómeno llegaría a su momento en culminante en 2005 cuando, según Greenpeace, se construía una central al mes de media.

También a finales de los noventa fue cuando el Gobierno comenzó a abonar el seguro de suministro que, por aquel entonces, se conocía como “garantía de potencia”. Desde 1998 a 2007 se repartieron a las eléctricas unos 10.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de Greenpeace, que cita documentos de Red Eléctrica y del Operador del Mercado Ibérico en España (OMIE).

A partir de 2007 comienza a compensarse la inversión a través de los pagos por “nuevas instalaciones”, que significarán unos 3.600 millones en la última década. En 2011 es cuando se introducen los “pago por disponibilidad”, una figura que ya para ese entonces estaba implantada en numerosos países en todo el mundo, y que supondrán un montante total de unos 1.000 millones de euros hasta hoy. El resto de subvenciones calculadas por Greenpeace corresponden a incentivos al carbón nacional y a compensaciones medioambientales.

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Los pagos por capacidad eléctrica en España están siendo investigados por la Comisión Europea. Foto: Silberfuchs/301 images/Pixabay - CC0

Cada año de los últimos diez, los consumidores españoles pagaron alrededor de 800 millones de sobrecostes asociados a pagos por capacidad en el sistema eléctrico, según un informe hecho público hoy por Greenpeace. En total, las ayudas a las centrales, que no incluirían renovables excepto las hidroeléctricas, habrían sido de unos 8.000 millones entre 2008 y 2018, lo que habría inflado cada factura, de media, entre 5 y 6 euros al mes. Los pagos por capacidad son subvenciones destinadas a que las centrales eléctricas estén disponibles, haya o no demanda. Estos pagos son una manera de incentivar las inversiones en capacidad firme del sistema eléctrico, es decir, capacidad que pueda estar disponible independientemente de las condiciones del mismo. Sin ellos, explica Natalia Fabra, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, las centrales no podrían recuperar sus costes de inversión: “Estas centrales, realmente, están para no producir. Son un seguro. Como en los mercados que tenemos ahora solo se paga por la energía, estos pagos se hacen necesarios”, explicó la economista, añadiendo que los pagos por capacidad “no están aislados del mercado de la energía, y su organización depende del mismo”. Los pagos por capacidad forman parte de los costes regulados que se integran en la factura de la luz, y son, por lo tanto, sufragados por los abonados. Según Greenpeace, España es el país del mundo con mayores pagos por capacidad, y el primero que los introdujo. “Pedimos al gobierno que se abandonen estas subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear,” explicó Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en la organización ecologista.

Diferentes modelos

A pesar de que los pagos por garantía de suministro son habituales en los países de la Unión Europea, existen diferentes maneras de organizarlos. En España, el Estado paga a las centrales un precio fijo por kilovatio instalado, adquiriendo el derecho a obtener esos kilovatios si lo considera necesario. Este modelo ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, que en noviembre de 2016 estableció que debía seguirse un modelo más competitivo, lo que ha puesto en jaque a varias centrales de gas. El modelo más habitual en el continente es el que siguen países como Alemania o Bélgica, que optan por mantener una reserva estratégica, por la cual el Estado paga a centrales concretas para que estén disponibles en caso de necesidad. Otros, como Portugal, prefieren pagar para reservarse el derecho de interruptibilidad a grandes consumidores (empresas que se comprometen a dejar de consumir electricidad si se necesita puntualmente en la red). Para Natalia Fabra, la cuestión no es si deben existir o no los pagos, que considera necesarios, sino cómo se hagan. Para la economista, lo ideal sería que estos se adjudicaran a través de subastas, igual que las renovables, ya que el mercado no puede resolver estas garantías de suministro por sí mismo: “No es un fallo de mercado por una externalidad medioambiental, como en el caso de las renovables, sino que lo es por otra externalidad, como lo es la fiabilidad que aportan estas centrales”. Este modelo, explica Fabra, es el que siguen países como Italia o Irlanda. Greenpeace también denuncia en su informe no haber podido acceder a los detalles de los pagos de capacidad. El gobierno, afirman, no identifica qué centrales perciben estas ayudas, ni qué cantidades recibe cada una. Asimismo, la ONG afirma que “la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial”. La Marea se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para contrastar la veracidad de esta información, no habiendo obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Sobre la mesa en Europa

Los mecanismos de capacidad son una de las claves que quedan por decidir en el conocido como el Paquete de Invierno, la directiva que regulará la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético basado en las renovables. La negociación, que se lleva a cabo a tres bandas por la Comisión Europea, el Europarlamento, y el Consejo de la Unión Europea, podría concluir antes de la celebración de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, Polonia, que dará comienzo el próximo 2 de diciembre. Uno de los puntos clave de la negociación, y sobre el que se ha posicionado Greenpeace, es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del cual las centrales eléctricas deberían estar excluidas de los pagos por capacidad. La cifra clave es 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, el límite superior propuesto tanto por la ecologista como por el Parlamento Europeo, y que dejaría fuera de estas subvenciones a todas las centrales de carbón.

Sobrecapacidad

En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba que “el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario,” afirmaba la CNMC, que situaba el peor escenario en una punta de demanda de 46.000 MW. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), en España hay una potencia instalada de casi 104.000 MW. Greenpeace cuantifica en un 30% esta sobrecapacidad eléctrica. “Tenemos una sobrecapacidad que no justifica unas garantías de suministro tan elevadas”, afirmó Tatiana Nuño. “Estos pagos son los que han fomentado y mantenido un sistema eléctrico muy viejo”, según datos de la ONG, “nos han convertido en el país de Europa que más ha subido en emisiones desde 1990”. Según la ecologista, todo comenzó a finales de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de la economía hacía prever una demanda energética que nunca llegó a producirse. Según el documento, esta fue la causa detrás de la “burbuja energética”, en la cual se habría construido centrales eléctricas “de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello”. Este fenómeno llegaría a su momento en culminante en 2005 cuando, según Greenpeace, se construía una central al mes de media. También a finales de los noventa fue cuando el Gobierno comenzó a abonar el seguro de suministro que, por aquel entonces, se conocía como “garantía de potencia”. Desde 1998 a 2007 se repartieron a las eléctricas unos 10.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de Greenpeace, que cita documentos de Red Eléctrica y del Operador del Mercado Ibérico en España (OMIE). A partir de 2007 comienza a compensarse la inversión a través de los pagos por “nuevas instalaciones”, que significarán unos 3.600 millones en la última década. En 2011 es cuando se introducen los “pago por disponibilidad”, una figura que ya para ese entonces estaba implantada en numerosos países en todo el mundo, y que supondrán un montante total de unos 1.000 millones de euros hasta hoy. El resto de subvenciones calculadas por Greenpeace corresponden a incentivos al carbón nacional y a compensaciones medioambientales.

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Dossier #LaMarea63 | Diez años de Lehman Brothers, las dos caras de la crisis https://www.lamarea.com/2018/09/05/dossier-lamarea63-diez-anos-de-lehman-brothers-las-dos-caras-de-la-crisis/ https://www.lamarea.com/2018/09/05/dossier-lamarea63-diez-anos-de-lehman-brothers-las-dos-caras-de-la-crisis/#comments Wed, 05 Sep 2018 14:37:26 +0000 https://www.lamarea.com/?p=109439

Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

#LaMarea63 es un dossier doble sobre las consecuencias, diez años después, de la inauguración oficial de la última gran crisis económica. Si abres la revista por la Cara A, leerás cómo le ha ido a los mercados esta crisis tras la caída de Lehman Brothers y cómo se han reconvertido para seguir obteniendo beneficios. “¿Qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera?”, plantea Thilo Schäfer en esta primera parte.

Si abres la revista por la Cara B, leerás cómo le ha ido a las personas. Cuando cambiar las ruedas del coche se convierte en un problema y cuentas todos y cada uno de los céntimos que antes dormían entre los cojines del sofá; cuando dudas entre volver a casa de tu madre o salir fuera de tus fronteras a buscarte la vida; cuando por mucho que trabajas, el sueldo no solo no aumenta sino que baja; o, sencillamente, cuando las cosas cotidianas como pagar la luz, el agua o el alquiler –ya no hablamos de hipoteca– te producen miedo, te das cuenta de que quizá lo peor de la crisis tras una década brutal, como la define Cristina Fallarás en esta segunda parte, aún estaba por llegar.

Distintas generaciones reflexionan, a partir de su experiencia, sobre diez años de sufrimiento que se han llevado por delante los derechos, los salarios dignos y el futuro de la gente. El presente también, destaca uno de los entrevistados, que se ha quedado sin las dos casas que construyó tras una vida de esfuerzo y con la deuda del piso que perdió su hijo. La crisis, aquella palabra que tanto costó pronunciar a Zapatero cuando ya tenía el diente fuera, no ha terminado, como venía diciendo Rajoy en sus últimos meses de gobierno. La crisis se ha transformado en una precariedad diaria, peligrosamente asumida por sus damnificadas y damnificados. Ya no nos impacta quedarnos en paro, ni nos parece una locura pensar que no tendremos pensiones. Convivimos con ello. Nos acercan esta realidad a través de entrevistas Olivia Carballar, Patricia Simón, Isabel Cadenas y Daniel Bernabé, con fotografías de Laura León, Álvaro Minguito y Simón Bellido.

En este número, además, publicamos un adelanto de #yoIBEXtigo sobre Supermercados DIA y una #RutadelaMemoria sobre la Valencia republicana.

Entre los análisis, Mercè Molist escribe sobre por qué no nos importa (tanto) nuestra privacidad en Internet; Isabel Elbal sobre el derecho penal y el procés; María Rodríguez explica por qué no nos enteramos de lo que ocurre en África; y el colectivo Contra el Diluvio advierte (de nuevo) de la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático.

En Cultura, Elena Rosillo se adentra en el espíritu de las salas de conciertos y en cómo la nostalgia ya no es suficiente para hacer que revivan. Y entre nuestras secciones habituales, los Apuntes de Economía de Eduardo Garzón y el Como te lo cuento de Gerardo Tecé. ¡Disfruta del número!

Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

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#LaMarea63 es un dossier doble sobre las consecuencias, diez años después, de la inauguración oficial de la última gran crisis económica. Si abres la revista por la Cara A, leerás cómo le ha ido a los mercados esta crisis tras la caída de Lehman Brothers y cómo se han reconvertido para seguir obteniendo beneficios. “¿Qué se ha hecho para contener o, por lo menos, amortiguar los efectos negativos de la especulación financiera?”, plantea Thilo Schäfer en esta primera parte.

Si abres la revista por la Cara B, leerás cómo le ha ido a las personas. Cuando cambiar las ruedas del coche se convierte en un problema y cuentas todos y cada uno de los céntimos que antes dormían entre los cojines del sofá; cuando dudas entre volver a casa de tu madre o salir fuera de tus fronteras a buscarte la vida; cuando por mucho que trabajas, el sueldo no solo no aumenta sino que baja; o, sencillamente, cuando las cosas cotidianas como pagar la luz, el agua o el alquiler –ya no hablamos de hipoteca– te producen miedo, te das cuenta de que quizá lo peor de la crisis tras una década brutal, como la define Cristina Fallarás en esta segunda parte, aún estaba por llegar.

Distintas generaciones reflexionan, a partir de su experiencia, sobre diez años de sufrimiento que se han llevado por delante los derechos, los salarios dignos y el futuro de la gente. El presente también, destaca uno de los entrevistados, que se ha quedado sin las dos casas que construyó tras una vida de esfuerzo y con la deuda del piso que perdió su hijo. La crisis, aquella palabra que tanto costó pronunciar a Zapatero cuando ya tenía el diente fuera, no ha terminado, como venía diciendo Rajoy en sus últimos meses de gobierno. La crisis se ha transformado en una precariedad diaria, peligrosamente asumida por sus damnificadas y damnificados. Ya no nos impacta quedarnos en paro, ni nos parece una locura pensar que no tendremos pensiones. Convivimos con ello. Nos acercan esta realidad a través de entrevistas Olivia Carballar, Patricia Simón, Isabel Cadenas y Daniel Bernabé, con fotografías de Laura León, Álvaro Minguito y Simón Bellido.

En este número, además, publicamos un adelanto de #yoIBEXtigo sobre Supermercados DIA y una #RutadelaMemoria sobre la Valencia republicana. Entre los análisis, Mercè Molist escribe sobre por qué no nos importa (tanto) nuestra privacidad en Internet; Isabel Elbal sobre el derecho penal y el procés; María Rodríguez explica por qué no nos enteramos de lo que ocurre en África; y el colectivo Contra el Diluvio advierte (de nuevo) de la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático. En Cultura, Elena Rosillo se adentra en el espíritu de las salas de conciertos y en cómo la nostalgia ya no es suficiente para hacer que revivan. Y entre nuestras secciones habituales, los Apuntes de Economía de Eduardo Garzón y el Como te lo cuento de Gerardo Tecé. ¡Disfruta del número! Puedes comprar #LaMarea63 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.

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