El rescate del fantasma del terrorismo con fines electorales que se está dando en esta campaña por parte del Partido Popular (PP), como si la situación política en el País Vasco o en España no hubiera cambiado desde que ETA cesara su actividad en 2011, está provocando divisiones en el propio PP y malestar incluso entre familiares de las víctimas de ETA que ven con estupor la última provocación comunicativa de Isabel Díaz Ayuso: “ETA está viva y en el poder”. Estas declaraciones han sido el punto culminante de una estrategia que este partido lleva años explotando cada vez que quiere eludir el debate sobre políticas concretas: el comodín de ETA. Una estrategia que ha sido retomada en estos días, pero cuyo uso no responde solamente a la voluntad de obtener réditos en las urnas sino, sobre todo, a dejar claros cuáles son los límites de lo políticamente posible en el régimen del 78.
La inclusión en las listas electorales de Bildu de varias personas relacionadas con la banda armada en el pasado, denunciada en los últimos días por las mismas víctimas que ahora critican las hipérboles de Díaz Ayuso, ha desatado la tormenta política. La reacción del resto de partidos ha sido unánime, condenando la posibilidad de que algunos exterroristas o personas del “entorno de ETA” puedan ser electas. Una cuestión ética, más que legal, argumentaban, pues estos candidatos tienen plenos derechos políticos, incluido el de sufragio pasivo. Como resultado de la presión política y mediática, Bildu ha dado un paso atrás y anunció que los siete candidatos condenados por delitos de sangre no asumirán el cargo si son electos en aras de favorecer “la convivencia y la paz”.
Este señalamiento a los candidatos de Bildu y la respuesta del partido cediendo al chantaje de la derecha abre un precedente preocupante que nos confronta de nuevo con las líneas rojas existentes para defender determinadas ideas en la democracia española, incluso cuando se hace por la vía electoral. De hecho, tanto el sector ayusista del PP como Vox están aprovechando para plantear la ilegalización de la izquierda abertzale, posicionando en la sociedad un peligroso debate que abriría la puerta a la futura ilegalización de las ideas que el poder hegemónico considerara fuera de la ley como, por ejemplo, el comunismo. Algo que ya sucede de facto si se considera cómo los medios hegemónicos representan -cuando no silencian- a esta ideología, desproveyéndola de toda legitimidad democrática. El artículo 16 de la Constitución española, que garantiza la libertad ideológica, se vulnera en la práctica demostrando, una vez más, que no todos somos iguales ante la ley.
Los límites y dobles raseros democráticos del régimen del 78 son evidentes. Resulta altamente paradójico, cuando no directamente insultante, que un partido fundado por varios ministros de una dictadura que aplicó la pena de muerte hasta sus últimos estertores, como la franquista, plantee vetos a otros candidatos políticos por sus pasados delitos de sangre. Sólo la Ley de amnistía convertida en amnesia colectiva puede permitir la desfachatez ética de amparar unos asesinatos políticos mientras se condena a otros, dando lecciones de moral, además. El cinismo de la derecha se torna especialmente grave si se considera que, a diferencia de los ex terroristas de ETA, juzgados y condenados a distintas penas de prisión por su uso de la violencia como herramienta política, ninguno de los muchos responsables de los crímenes del franquismo ha sido juzgado por tribunal alguno en el Estado español. Y tampoco por tribunales extranjeros pues España ha boicoteado activamente la conocida como Querella Argentina, impulsada ante la justicia de ese país por un grupo de activistas por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, apelando a los principios de la justicia universal. Una España que, por el contrario, ha aceptado este mismo principio cuando se ha tratado de llevar ante los tribunales españoles a responsables de crímenes de lesa humanidad, eso sí, realizados a kilómetros de distancia de su territorio, por ejemplo, en Guatemala.
Para acabar de mostrarnos las costuras e hipocresías de una Transición a la democracia que surgió de un pacto gatopardista de élites, esta semana también entró en escena el excomisario y ex agente de la inteligencia española José Manuel Villarejo. En su comparecencia en la Comisión de Investigación que investiga la presunta trama parapolicial creada desde el Ministerio del Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy, celebrada el 10 de mayo en el Congreso de los Diputados, Villarejo dejó algunas frases célebres. Por ejemplo: “Los servicios de inteligencia de todos los países en ocasiones entienden que hay que tomar unas decisiones drásticas respecto a determinadas personas y actúan” y esto se aplica a “la gente incómoda” pues “todos los países, todos los Estados (…) entienden que en un momento determinado la eliminación física es la mejor solución a una crisis y lo ejecutan”. Villarejo se refería al terrorismo de Estado, esos crímenes que en el caso de España se siguieron produciendo también en democracia, como los del terrorismo de ETA, que les sirvió de justificación.
Las palabras de Villarejo ilustran a la perfección la razón de Estado, esa guerra soterrada de aquellos que consideran que el Estado es suyo y que utilizan todos los medios a su alcance para mantener su dominio frente a quienes cuestionan el orden existente. Quienes quieren democratizar el Estado se convierten en ese enemigo interno, real o imaginario, que ha servido a lo largo de la historia para justificar los peores crímenes estatales en nombre de la supuesta democracia. Con la demonización de determinadas ideas, incluso cuando se defienden con métodos pacíficos, la derecha permite visualizar las auténticas líneas rojas de un régimen que expulsa de la legitimidad política a todos aquellos que quieren transformarlo desde otros postulados ideológicos. Una apuesta arriesgada que puede revertirse en contra del propio statu quo que la derecha pretende defender.
