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Europa Laica advierte que el dinero que recibe la Iglesia Católica es muy superior a las personas que representa.
Critica la “atadura” de los acuerdos con la Santa Sede
El presidente de la asociación Europa Laica, Juanjo Picó, ha explicado el significado de laicismo en la sociedad y las instituciones, advirtiendo de la “atadura” que suponen los acuerdos de la Santa Sede con el Estado.
En una conferencia organizada por Izquierda Unida de Ávila, enfocada a la explicación didáctica del significado de laicidad y su transposición práctica, Picó partió del análisis de la plasmación de este concepto en la Constitución Española, que en su artículo 16 proclama que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Por eso defendió “la atadura que supone la permanencia de los acuerdos con la Santa Sede, que amarran la acción de los gobiernos a la hora de establecer legislación más acorde con ese principio constitucional”. En este sentido, recordó que los acuerdos, firmados cinco días después de la aprobación en referéndum del texto constitucional, “ya indican que la declaración de aconfesionalidad venía negociada en paralelo con la voluntad de trabarla en su desarrollo”.
Según Picó, “laicidad es una forma de organizar la convivencia entre diferentes en un plano de igualdad”, por lo que “no es un valor moral ni de creencia, sino un valor democrático”. “Un estado no puede ser ateo, como no puede ser creyente, puesto que esos son valores del individuo, de su ámbito privado”, ha destacado.
El presidente de la Asociación Europa Laica ha considerado que “la sociedad española en la actualidad se encuentra secularizada en muy alta proporción, ya que tan solo un 5% de los españoles y españolas tienen práctica religiosa una vez a la semana”. Sin embargo, “la participación de una creencia religiosa, cristiana católica, en los mecanismos del poder político y, sobre todo, económico es muy superior”, dado que recibe “de una u otra forma, una inyección económica de doce mil millones del dinero público puesto en sus manos”.
Picó defiende la desaparición de las casillas en la declaración del IRPF que destinan parte de los impuestos a la Iglesia Católica y a otros fines sociales. “Los servicios a los ciudadanos son una obligación del estado y este no debe delegarlo en iglesias u ONGs”, por lo que aboga por no marcar ninguna de las dos casillas.