La Estrategia Española 2023-2027 sobre seguridad y salud en el trabajo ya es una realidad. Presentada por parte del Ministerio de Trabajo, y con la aprobación tanto de los sindicatos como de la patronal, esta hoja de ruta pretende reducir la siniestralidad laboral en España. Los últimos datos publicados por el propio ministerio indican que hubo 679 accidentes mortales durante la jornada de trabajo y 147 en in itinere, y 631.724 accidentes de trabajo con baja, cifra que desciende hasta los 564.701 sin baja.
Según recoge la misma estrategia, se tendrán en cuenta las actividades de mayor peligrosidad y se promoverá un mayor nivel de protección de los colectivos más vulnerables. También se integrará la perspectiva de género en la gestión de la prevención. En total, son seis objetivos estratégicos interrelacionados entre sí cuya implementación se llevará a cabo a través de dos planes de acción, uno que abarca el periodo 2023-2024 y otro para 2025-2027. La aprobación llega después de un año y medio de negociación.
El primero de estos objetivos supone una mejora en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. “El sobreesfuerzo físico sigue siendo el principal mecanismo de materialización de un accidente de trabajo, representando el 32% de los mismos”, recoge la estrategia. Para intentar disminuir también el índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo, el planteamiento por parte del ministerio recoge diferentes áreas de acción como la promoción de la prevención de las enfermedades profesionales, el impulso de los protocolos de declaración de las sospechas de enfermedad profesional y, una de las medidas más esperadas, la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer profesional, que llega junto a unaactualización del listado de agentes cancerígenos.
El segundo objetivo se centra en adaptarse a las transformaciones, ya sea en la organización laboral como en los cambios demográfico y climático. “El futuro del trabajo viene marcado por la confluencia de diversos factores y tendencias (…) que están propiciando cambios en el tejido empresarial, en las relacionales laborales y de la organización del trabajo, así como en los riesgos a los que está expuesta la población trabajadora”, introduce la estrategia.
Como tercer objetivo, la estrategia se fija mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Es necesario eliminar las barreras que impiden la integración de la prevención en la política de empresa y favorecer una gestión de los riesgos proporcionada y eficiente”, dice el texto. Así pues, las acciones, orientadas todas ellas a ayudar a las pymes, se concentran en analizar y modificar la normativa a fin de facilitar su aplicación, mejorar las herramientas de apoyo a estas empresas y la formación y capacitación de empresarios y trabajadores.
Colectivos vulnerables y perspectiva de género
El cuarto objetivo está focalizado en reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, esto es, las personas migrantes y los trabajadores autónomos. Por ello, pretenden identificar los colectivos de trabajadores y trabajadoras que presenten peores datos de salud y analizar los factores que les hacen vulnerables. El propósito es incorporar la prevención de riesgos laborales de manera transversal en otras políticas públicas y desarrollar acciones para elevar el nivel de protección de colectivos específicos, como los que atañen al sector sanitario, los servicios de asistencia a domicilio, personas trabajadoras del hogar familiar y migrantes. Asimismo, la estrategia busca impulsar protocolos para la reincorporación al puesto de trabajo de aquellos y aquellas que hayan sufrido un daño en su salud.
El quinto objetivo está centrado en la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Tal y como explicita el documento, “existen evidencias que reflejan que la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es superior en las mujeres que en los hombres en determinadas ocupaciones o actividades y que tienen mayor riesgo de sufrir determinados daños en la salud asociados a condiciones de trabajo concretas”.
Las áreas de acción, en este sentido, están relacionadas con la actualización del marco normativo para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones preventivas, promoviendo la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres en el conjunto de políticas públicas y con el impulso a la incorporación de esta perspectiva en los procesos de toma y análisis de información. La estrategia también pretende impulsar acciones sobre los riesgos específicos de género, con especial atención a las actividades feminizadas y precarizadas. Por último, recoge la necesidad de sensibilizar sobre la perspectiva de género de forma real y eficaz.
El sexto y último objetivo está centrado en fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud para afrontar con éxito futuras crisis. Así lo resumen: avanzar hacia una sociedad en la que el trabajo no suponga un riesgo para la salud. “Es necesario contar con un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SNSST) dotado de instituciones fuertes y mecanismos de coordinación e intervención ágiles y eficientes”, explican. De esta forma, la estrategia recoge el desarrollo de mecanismos de coordinación conjuntos entre administraciones públicas y autoridades sanitarias y laborales para mejorar la preparación ante futuras crisis sanitarias.
Fruto del diálogo social
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tomó la palabra durante el acto de la firma por parte de todos los agentes sociales: “Esta estrategia incorpora elementos de vanguardia, como la salud mental, la perspectiva de género o la protección a los colectivos más vulnerables. El documento dedica especial atención a la mejora de la salud y prevención en las pymes. En definitiva, con esta firma nos comprometemos a trabajar conjuntamente para lograr entornos de trabajos seguros y saludables que contribuyan a la reducción de la siniestralidad laboral y al progreso de las empresas”.
El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, agregó que “sin duda, esta es una estrategia necesaria que aborda y pone el foco en aspectos claves para impulsar y avanzar la calidad de la prevención que se presta en nuestro país”.
Le siguió su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, quien remarcó que “necesitamos medios, nuevas normas, nuevas figuras que refuercen a los delegados de prevención de riesgos laborales en las empresas. Si dentro de cuatro años se renueva la estrategia, podremos ver los frutos de ello”. Y añadió: “La actual ley de prevención de riesgos laborales data de 1995 y se han producido muchos cambios desde entonces. La mesa de seguimiento debe convocarse cuanto antes para revisar a fondo la ley”.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, cerró la presentación: “Hay que mejorar el marco normativo y ajustarlo a la realidad de un mundo del trabajo que es radicalmente diferente al de hace unos años”, dijo. “Nuestros objetivos estarán avalados por el diálogo social y el debate fructífero entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y empresariales”, concluyó.
