Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional por la Democracia, el partido que ganó las elecciones en 2020. En la actualidad, Myanmar está abierto a las inversiones de países como China o Singapur y de su mayor garante en estos momentos: Rusia . Si bien el proveedor tradicional de armas en Myanmar ha sido China, hace años que el Tatmadaw decidió diversificar la compra de armamento por la sospecha de que China había estado apoyando a determinados grupos étnicos en la frontera, como los wa o los kachín.Además, “el golpe de Estado de Myanmar en febrero de 2021 y la invasión rusa de Ucrania un año después han profundizado las tendencias: teniendo que enfrentar sanciones internacionales más fuertes y el aislamiento diplomático, los dos países están explorando activamente formas de fortalecer sus lazos económicos y de seguridad […]. Rusia ha brindado un apoyo incondicional a la junta en Naypyitaw después del golpe, también ha hecho envíos continuos de armas. El régimen de Myanmar, a su vez, se ha posicionado como el amigo menos crítico de Rusia en Asia y ha apoyado abiertamente la invasión de Ucrania. En los últimos meses, los dos países han desarrollado canales bancarios y financieros directos para respaldar el comercio bilateral, incluidas las compras de Myanmar de productos energéticos rusos”, según reza un informe de Crisis Group .
Febrero de 2021, vuelta a la casilla de salida
El golpe de Estado no fue una sorpresa. Ni para la población birmana ni para la comunidad internacional. A pesar de haberse celebrado las primeras elecciones democráticas en 2015 , el Tatmadaw nunca llegó a abandonar el poder: la Constitución vigente, de 2008, fue hecha a medida por y para el estamento militar. En el texto se contempla que, sea cual sea el resultado electoral, los militares ocuparán un 25% de los escaños en el Parlamento. Además, tienen reservados los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, y disfrutan de capacidad de veto a cualquier iniciativa de reforma constitucional.
Por ley, el Tatmadaw también puede tomar el poder si se produce un estado de emergencia. Este estado de emergencia tiene que venir declarado por el presidente del país (esto sucedió el 1 de febrero de 2021: después de que Suu Kyi y el presidente del país, Win Myint, fueran detenidos, el vicepresidente interino, U Myint Swe, firmó el estado de emergencia). El golpe de estado estuvo liderado por Min Aung Hlaing, discípulo de Tan Shwe (jefe de estado de Myanmar entre 1992 y 2011), uno de los rostros de la represión durante las protestas de 2008 y uno de los artífices del genocidio rohingya en 2017. Inicialmente, el Tatmadaw aseguró que iba a convocar elecciones en febrero de 2022, pero en estos dos años y hasta hace una semana, no se había vuelto a hablar del tema.
Durante este tiempo, con la vuelta a la dictadura militar, la situación de la población birmana no ha hecho más que empeorar. En febrero de 2022, las personas desplazadas en Myanmar se habían duplicado, según la ACNUR. La seguridad en el territorio se ha deteriorado y los combates y los conflictos armados se han intensificado. Lo único positivo, si es que se puede usar este término en este contexto, es la mejora del entendimiento entre la etnia mayoritaria (bamar) y otras minoritarias.
“A causa del golpe, los bamar han entendido mejor nuestras luchas. Ojalá no hubiese sido de esta manera, pero se está dando así. Las minorías estamos impartiendo formación para hacer frente a los militares y eso crea aliados; pero también crea una responsabilidad que antes no teníamos”, explica el birmano kachín. De hecho, las diferentes guerrillas están impartiendo formación a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (People’s Defence Force, PDF), el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional.
En esta línea, Kaamil Ahmed, periodista de The Guardian y autor de I Feel No Peace: Rohingya Fleeing Over Seas & Rivers (Hurst Publishers, 2023), considera que esta situación ha hecho que muchos bamar en Myanmar cambiaran su percepción acerca de los rohingya: “Activistas que antes eran hostiles a la causa rohingya se han dado cuenta de la campaña que había orquestado el Tatmadaw contra esta minoría. Cuando gobernaba Suu Kyi, la mayoría de la población birmana no veía al estamento militar como un enemigo. Ahora sí”.
Ahmed asegura que no ha podido acceder a los campos de refugiados rohingya en Bangladés desde 2019, ya que el Gobierno bengalí cada vez pone más trabas. “Tampoco tenemos información de lo que ocurre dentro de Myanmar con los rohingya, porque están muy aislados, aunque intuyo que la situación no es buena buena, porque cada vez llegan más refugiados a la frontera bengalí. Las condiciones en Bangladés tampoco son buenas y se ha incrementado el número de rohingya que intentan llegar a Malasia en botes”.
El periodismo se desangra
En este terror militar que vive el país, los periodistas están en el punto de mira. Cuando se produjo el golpe, el Tatmadaw prohibió la actividad de unos 20 medios de comunicación. Desde entonces han muerto cuatro periodistas: dos después de haber sido torturados, uno en una protesta y otro en una emboscada. En términos relativos a su población, Myanmar es, en estos momentos, el país con más periodistas encarcelados del mundo; y ocupa el puesto 176 entre 180 países en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Actualmente hay 72 periodistas encarcelados, de los cuales 50 han sido condenados.
“Los militares han ganado la batalla porque han conseguido normalizar el terror. Las condenas de diez años a dos documentalistas japoneses sirvieron como aviso: ‘no vengáis porque esto es lo que os pasará’. Fueron liberados y deportados , pero si vuelven tendrán que cumplir condena”. Daniel Bastard, responsable del Área de Asia-Pacífico de RSF, se muestra pesimista y no cree que la situación mejore próximamente, a pesar de la posible convocatoria de elecciones. “La Junta no tiene tradición de apertura”, concluye. Y tiene razón: no la tiene.
