Mañana, jueves 19 de enero, los sindicatos franceses tienen una prueba de fuego. Se ha convocado una huelga general, acompañada por manifestaciones en todo el país, para protestar por la subida de la edad de jubilación: de los 62 a los 64 años. Para el Gobierno francés, la medida es inevitable por el déficit en los ingresos que prevé durante la próxima década. Para la inmensa mayoría de mortales significa, simple y llanamente, dos años menos de vida. ¿Estarán las movilizaciones a la altura del reto? ¿Dejarán pequeñas las demostraciones iniciadas por los chalecos amarillos hace cuatro años? Nadie lo sabe todavía.
Si uno atiende a los canales mainstream, se suceden expertos hablando sobre la inevitabilidad de la reforma, los franceses lo entenderán, se comportarán como adultos y aceptarán seguir trabajando dos años más. En cambio, si se leen los medios alternativos, las webs sindicales y las redes sociales, parece que Francia arderá mañana de punta a punta.
El argumentario macronista presenta la medida como una amarga obligación: «A ningún gobierno le gusta reformar las jubilaciones, pero nuestro papel es el de asegurar el sistema de pensiones para los franceses. Y si no lo hiciésemos, en cinco o diez años, con 10.000 millones de déficit por año, vendrían a decirnos: no habéis reformado nuestras pensiones y hoy no están aseguradas. Y ustedes nos lo reprocharían», decía el portavoz gubernamental, Olivier Véran.
La retórica paternalista (esa especie de «hoy os duele pero mañana nos lo agradeceréis») no ha sido, obviamente, bien recibida por las personas afectadas. Pero lo que ha desatado verdadera ira son las opiniones de determinados defensores de la reforma (todos ellos pertenecientes a clases acomodadas) relativizando la dureza de los actuales trabajos manuales.
Marc Ferracci, diputado de Renacimiento (la nueva marca política de Emmanuel Macron), llegó a decir en un debate en France 5 que los alicatadores tienen hoy un trabajo más llevadero puesto que «cuentan con protecciones para las rodillas que no existían hace 15 o 20 años». En la misma línea se expresaba François Patriat, antiguo ministro socialista hoy enrolado en las filas del partido de Macron. «En mi pueblo, hace años, tenía un vecino albañil que trabajaba cubriendo tejados. Y me decía: ‘Ya no puedo. Ya no puedo subir a los tejados como lo hacía antes’. Pero la naturaleza del trabajo hoy en día no es la misma. Los transportistas, los techadores, la gente que se dedica a las obras públicas están equipados de exoesqueletos, de nuevos materiales… Hoy, la penosidad [del trabajo] no es la misma», afirmó en France Info.
El hecho de ver a personas como Ferracci o Patriat, que es probable que nunca hayan embaldosado un suelo ni arreglado un tejado, hablar con suficiencia de este tipo de trabajos ha movido el eje ideológico del debate: lo que en principio era una cuestión de finanzas públicas ha acabado por reavivar la lucha de clases.
Todos a una
Es realmente difícil que todos los sindicatos franceses se pongan de acuerdo en algo. Su historia está marcada, desde la fundación de cada uno de ellos, por desacuerdos y escisiones. Pues bien, la medida anunciada el 10 de enero por la primera ministra, Élisabeth Borne, lo ha conseguido. CGT, Fuerza Obrera, Solidaires, Cfdt, la Federación Sindical Unitaria (educación), UNSA (sindicatos autónomos), hasta la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, todos, absolutamente todos, se han unido en contra de la reforma de las pensiones. Se espera que la huelga tenga mañana un seguimiento masivo. Las manifestaciones, a tenor del mapa proporcionado por los convocantes, dejarán en el Hexágono muy poco espacio sin recorrer.
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Las encuestas coinciden mayoritariamente con la postura de los sindicatos. Según un sondeo de la empresa Ifop, el 68% de la población francesa «es hostil a esta reforma de las pensiones». Otro estudio de Elabe (realizado para BFMTV, una televisión con un marcadísimo perfil conservador), indica que el 59% se opone a la medida; el porcentaje sube hasta el 67% cuando se les pregunta a los trabajadores y trabajadoras en activo. La encuesta de Odoxa (para el diario Le Figaro, buque insignia de la prensa francesa de derechas) ofrece lecturas algo contradictorias: el 52% se opone a la reforma pero el 65% apoya las manifestaciones de este jueves. Y no se prevén manifestaciones apacibles precisamente.
Pararán las escuelas y las fábricas, las oficinas y los transportes públicos. Pero hay una medida coercitiva que destaca sobre todas las demás: la sección de minas y energía de la CGT ha anunciado posibles cortes selectivos de electricidad en las casas de los diputados favorables a la reforma.
El tema de la edad de jubilación ha sido central en la política francesa durante las últimas décadas. Desde los tiempos de Nicolas Sarkozy (que ya en 2010 retrasó el retiro oficial dos años: de los 60 a los 62) se viene repitiendo el mantra de que «si vivimos más tiempo, hay que trabajar más tiempo». El concepto ha sido adoptado por todos los políticos conservadores, desde Macron a Valérie Pecresse. La única que se ha desmarcado ha sido la ultraderechista Marine Le Pen. Fiel a su estilo populista, ha querido subirse a la ola de descontento y califica la reforma como «una estafa».
La otra frase que se repite, de clara inspiración thatcherista, es que «no hay alternativa». ¿Pero es verdad? Ya son quince años de malos augurios en los que se han sucedido una crisis económica, una pandemia y una guerra en Europa que ha conmocionado los mercados energéticos. Todo eso sin contar la emergencia climática. Los efectos, en todos los casos, han sido positivos para las grandes fortunas. Y ahí es donde apuntan los críticos de la reforma.
Las alternativas
Desde su llegada al palacio del Elíseo en 2017, la política económica de Macron se ha basado en una reliquia ideológica de la era Reagan: el efecto derrame. Según esta teoría, perdonando impuestos a los ricos, estos gastarían más e invertirían más, con lo que ese dinero se derramaría sobre toda la sociedad en su conjunto. El premio Nobel Paul Krugman lo llama una «idea zombi» y asegura que en Estados Unidos nunca funcionó. En la Francia de Macron, por supuesto, tampoco lo ha hecho.
El sindicato Solidaires ha cifrado en 60.000 millones de euros al año lo que el tesoro francés ha dejado de ingresar por la supresión o la reducción estructural de impuestos a los ricos durante el primer mandato de Macron. A eso hay que sumar las ayudas que el Estado francés reparte, sin ninguna contrapartida, entre las grandes empresas: 157.000 millones al año, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales .
«¡Ustedes, los pobres, no entienden nada de economía! ¡Encontrar 10.000 millones de euros para sus pensiones es imposible!».
Viñeta del dibujante Allan Barte
El sistema de pensiones francés, tal y como explicaba la primera ministra en France Info, está basado en la solidaridad intergeneracional: lo que los trabajadores activos aportan a los pensionistas. «Y esta relación no ha dejado de bajar. En 2005 teníamos dos activos por cada jubilado. Hoy tenemos 1,7 trabajadores activos por cada jubilado. Mañana será 1,5. (…) Si no queremos dejar una deuda sobre las espaldas de las generaciones futuras y si no queremos bajar las pensiones, hay que trabajar más tiempo», decía Borne.
Según el ministro de Economía, Bruno Lemaire, esta reforma aportará 17.700 millones de euros a la caja de las pensiones en 2030. Así, trabajando más, podrían enjugarse los famosos 10.000 millones de déficit proyectados por el Consejo de Orientación de las Pensiones (que prefiere hablar de porcentaje del PIB y no de millones: un -0,4 % del PIB en 2027). ¿Pero y si los ricos volvieran a pagar más impuestos? ¿Qué pasaría?
Según el último informe de Oxfam Francia, tasar al 2% la fortuna de los milmillonarios bastaría para enjugar el déficit asociado a las pensiones. La propuesta es bien modesta si se compara con la de Thomas Piketty. Respecto a la reforma de las pensiones, el célebre economista cree que Macron «vuelve a equivocarse de época» y que habría que establecer un impuesto del 50% a las 500 mayores fortunas de Francia. Eso, asegura, serviría para ingresar 400.000 millones en las arcas públicas.
Así, los alicatadores podrían jubilarse cuando les tocara. Incluso antes. Con o sin protecciones en las rodillas.
