El presidente Pedro Sánchez celebraba hace unos días que España era el país con la inflación más baja de la Eurozona. Efectivamente, el 6,6% nos sitúa en la cola y a bastante distancia del promedio de 10% de la Zona Euro. Pero, a pesar del optimismo gubernamental, este dato macroeconómico sí supone un cambio significativo en el día a día de las personas que vienen experimentando una pérdida constante de poder adquisitivo.
Desde hace ya casi un año, ir a hacer la compra de alimentos y productos básicos se ha convertido en un ejercicio cada vez más frustrante para millones de familias de clase trabajadora. Se trata de personas que ven que, por la misma cantidad de dinero que gastaban hace unos meses, hoy pueden llenar su carro con muchos menos productos. Este artículo no pretende analizar pormenorizadamente datos ni debatir sobre las causas de la inflación sino destacar los abusos que se están cometiendo al amparo de una coyuntura determinada, que es aprovechada para la subida discrecional de precios que pulveriza, en poco tiempo, los aumentos salariales que se realizan conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Lo cierto es que a muchas personas no les importa cuáles son las causas del incremento exponencial del precio de la mayoría de los productos y servicios, ni si la inflación en España es más baja que en otros países. Lo único que les preocupa es tener que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, las causas deberían ser enumeradas por completo porque de la explicación que se dé a este robo reiterado a la clase trabajadora dependerá la respuesta que podamos plantear colectivamente, más allá de la queja en la tienda, en casa o en las redes sociales.
Todo el mundo ha experimentado ir al supermercado y ver cómo el producto que la semana pasada costaba tal cantidad, esta ha pasado a costar medio euro, treinta céntimos o un euro más. La cantidad varía, lo que no varía es un aumento que no siempre se explica por factores como el incremento de los costes de transporte o la energía, la sequía actual que, afirman, afectaría a productos envasados hace meses o el comodín de la “guerra de Putin”. Toda excusa es buena para seguir esquilmando a la clase trabajadora a la que, también, se trata de tomar el pelo vendiendo productos con el mismo precio, pero menor cantidad. Sin embargo, hay un elemento que no se está destacando suficiente: la codicia del capital, un factor que explica el funcionamiento del capitalismo pero que se olvida en muchos análisis.
El Banco de España publicaba en septiembre pasado que, en el primer semestre del año 2022, los beneficios empresariales habían aumentado un 84% en comparación con el año anterior. Las empresas habían logrado trasladar al precio de venta final, es decir, a los consumidores, el aumento de los costes que habían padecido. Así, las empresas españolas, en un contexto de inflación superior al 10% en aquel momento, solo habían visto reducido su margen de beneficio en un 0,2%. En paralelo, la clase trabajadora perdía poder adquisitivo pues sus salarios sólo habían subido un 2,6%, una cantidad insuficiente para asumir el aumento generalizado de precios.
La lógica del capitalismo implica asumir que las ganancias empresariales deben aumentar siempre. Ninguna empresa, menos todavía si cotiza en bolsa, puede permitirse no incrementar sus márgenes de ganancia anualmente. Sus accionistas necesitan multiplicar el valor de sus inversiones, nos dicen. Y eso, en el capitalismo, se convierte en un principio intocable que es más importante que construir una sociedad donde todo el mundo tenga garantizados derechos básicos. La especulación por encima de la justicia. La idea se ha normalizado hasta tal punto que en nuestro país se ha legislado para facilitar a las empresas realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a pesar de obtener beneficios. Y no ha hecho falta un contexto excepcional como la pandemia para permitirlo. Un momento, por cierto, en el que la clase trabajadora tuvo que apretarse el cinturón, a veces quedándose sin empleo y fundiendo los ahorros que pudiera tener, mientras el Estado asumía los costes de muchas grandes empresas que no estaban dispuestas a usar sus ganancias acumuladas para sobrellevar el mal bache.
Siguiendo esa lógica de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, grandes superficies y distribuidoras de alimentación están haciendo su agosto en estos meses. Y no son los trabajadores de la cadena de suministros ni los productores en origen los que se están beneficiando. El contexto de inflación genera impunidad. Todos los consumidores, da igual su poder adquisitivo, se encuentran atrapados en una telaraña de la que es difícil escapar, pues no hay posibilidad real de vivir al margen de las relaciones que marca el mercado en el capitalismo, ni de consumir a unos precios distintos en mercados controlados por oligopolios, como son el energético o el alimentario.
Los intentos mínimos de regulación por parte de los sectores socialdemócratas del Gobierno español se encuentran con la oposición de una patronal empresarial que se sabe impune. Plantear la regulación de precios es anatema, “una programación soviética” que lleva a la “falta de libertad” en palabras del líder de la CEOE. Por supuesto, limitar su libertad de abusar de los consumidores se interpreta como una “provocación” a las empresas, que al final responderán bien aumentando más los precios o llevándose la producción a otro lugar. Una coacción en toda regla que pone a los Estados a trabajar, de facto, para el capital.
El capitalismo en el siglo XXI, como en el siglo XIX y el XX, sigue siendo un modelo basado en la explotación de los trabajadores, a los que expropia el fruto de su trabajo y los vuelve cada vez más pobres con relación a la riqueza generada. Pero la sofisticación de su dominio es hoy más retorcida que antes. Frente al aumento de las brechas entre las clases sociales, el capitalismo presenta viejas soluciones a la desigualdad que produce, en la forma de la caridad, revestida hoy de solidaridad laica.
Estos días pre-navideños de solidaridad socialmente impostada, ir al súper no es solo un ejercicio de frustración sino de indignación cuando el personal de caja pregunta a los clientes si quieren donar para las distintas iniciativas de recogida de alimentos. Se trata de un chantaje emocional a unos trabajadores ya de por sí empobrecidos a quienes además se carga la responsabilidad social de mitigar los impactos del funcionamiento de un sistema económico injusto mientras quienes generan la pobreza siguen disfrutando de lo explotado. Ya saben, hay que respetar su libertad.
Quizás sea tiempo de plantear seriamente la necesidad de cambiar un sistema que presenta como loables las ayudas individuales a quienes menos tienen, pero demoniza las soluciones colectivas que pasan por construir sociedades justas e igualitarias, es decir, socialistas. Urge construir otro sistema donde sí exista libertad real para que los trabajadores no puedan ser robados impunemente, evitando la humillación añadida de tener que acudir a la caridad o solidaridad de otros incluso a pesar de tener trabajo.
