Vivimos arrasadas por una indescriptible batalla cultural ultraconservadora que, mucho me temo, está ganándole el juego al feminismo más materialista. Al feminismo de toda la vida, al de antes y al de ahora. A aquel feminismo acostumbrado a seguir devanándose los sesos para hacer posible la eficacia material de los derechos de las mujeres, a pesar de todo y contra todo. Al único que siembre ha dicho alto y claro, hasta cuando nadie se atrevía a hacerlo, «yo sí te creo«.
El movimiento político feminista nunca ha dejado de reptar por todos los caminos inimaginables frente a un sofisticado patriarcado, que, en su triple salto mortal, parece que nos la ha vuelto a colar. Prevenidas, como siempre han estado las feministas, sabíamos que disparábamos a uno de los ventrículos del corazón del patriarcado, la violencia sexual, el origen de todas las violencias ejercidas históricamente contra las mujeres y sus cuerpos. El “origen de la dominación masculina”, como adelantaría hace tres décadas la historiadora Gerda Lerner.
Pero a pesar de tanta experiencia y de tantos siglos aprendiendo de nuestras predecesoras, maestras, del hartazgo y de las voces de las víctimas y sobrevivientes, no nos habíamos preparado para librar otra gran ofensiva, la que virulentamente está desplegando la propia cultura de la violación que la ministra de Igualdad nombró hace unos días en el Congreso, para dejar de invalidar y desenfocar los más de 60 artículos que contiene una ley histórica y garantista cuyo objetivo, como imprime su artículo 1, es “la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales”.
Y mientras tanto, las víctimas y las supervivientes de violencia sexual siguen esperando.
Mucho se ha hablado y escrito en los últimos tres años sobre el proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, hoy ley – por aquí dejo el link por si algún despistado o despistada aún no se la ha leído, Ley Orgánica 19/2022, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual–. Es más, la sensación que nos atrapa a compañeras que llevamos años y años acompañando a las víctimas de violencia sexual fluctúa entre una cierta confusión y alegría por un lado, al reconocer que por fin hablamos de violencia sexual y de cultura de la violación en un país en el que la lucha contra la violencia sexual y, de forma concreta, sus supervivientes desaparecieron negligentemente de las agendas institucionales y de las políticas públicas durante 30 años. Y por otro, asistimos con asombro, en mi caso irritante, desde el lugar que ocupo en el Ministerio de Igualdad, pero también como experta en la materia, a un indescriptible nivel de expertas y expertos fakes sobre el derecho penal y la violencia sexual que, mucho me temo, al final, consigue su objetivo: invisibilizar las voces de las víctimas (principalmente al 80% que nunca va a llegar al sistema penal) y evitar así hablar de la violencia sexual y de quienes la ejercen.
Estos días, por ejemplo, a mí me llama enormemente la atención toda la importancia que cobra para algunos medios y tertulianos la bajada de algunas penas y la puesta en libertad de algunos agresores sexuales. Me llama la atención porque, desde hace 20 años que llevo trabajando en este campo, jamás había visto tanta solidaridad (lo escribo en tono irónico, claro) con las víctimas. Y me pregunto: ¿desde cuándo le ha interesado a esta gente la libertad sexual de las mujeres? ¿Desde cuándo la puesta en libertad de agresores sexuales, la absolución e impunidad de sus actos o la falta de credibilidad a la que se enfrentan las víctimas les ha parecido importante? ¿Cuántos se han solidarizado con las supervivientes del Aula Municipal de Teatro de Lleida? ¿Cuánta gente que ahora es experta en derecho transitorio ha escrito sobre el derecho a la asistencia integral como derecho clave y necesario para la recuperación integral de la violencia sexual frente al daño vivido?
Cuanto más complicado sea el debate y más más sucio esté el fondo del mar, más complejo va a ser sacar a la superficie los debates pendientes que tanto asustan al patriarcado y a sus brazos ejecutores. El relato de la batalla penal ha encontrado su horma perfecta. Comprender la complejidad de nuestro sistema penal o, por ejemplo, reconocer lo que la Relatora de Naciones Unidas advertía en 2021 al Estado español acerca de la existencia en los tribunales españoles de un patrón estructural que desprotege a las niñas y niños víctimas de violencia sexual y que discrimina a las mujeres implica también un ejercicio de autorreflexión de una gran altura ética y moral. A nadie le gusta que le digan que quizá no estamos haciendo bien nuestro trabajo. A mí tampoco. Hace poco me lo dijo una víctima y estuve varios días sin dormir.
Entonar el mea culpa y ponerse a trabajar desde las propias instituciones sobre los fallos de nuestro sistema y sobre la deuda pendiente que tenemos con las víctimas y supervivientes de violencias sexuales implica desplegar durante, como mínimo, los próximos 30 años –los que llevamos de retraso– frente a la ultraderecha negacionista y al patriarcado sofisticado al que me refería en las primeras líneas, un plan de ingeniería institucional y feminista indescriptible o, al menos, imposible de trasladar en este breve texto. Además, si la derecha reaccionaria y machista gobierna, todas sabemos que los obstáculos serán mayores. Eso sí, no insalvables. El movimiento político feminista lleva siglos avanzando a pesar de las dificultades del contexto y de los marcos reaccionarios de algunas políticas públicas y normas que se han aprobado contrarias a los derechos de las mujeres.
Tenemos por delante un listado, casi interminable, de tareas para combatir la violencia sexual y la ideología que la sostiene. Para que el “relato del terror sexual” y la “batalla de la representación” que tan magistralmente diseccionó Nerea Barjola en su obra Microfísica Sexista del Poder, y que llevamos varios días librando en el seno del Ministerio de Igualdad –y la mayoría feminista–, no empañe y obvie la puesta en marcha de la necesaria materialidad de los derechos de las mujeres, que imprime por primera vez en este país una norma integral y orgánica de este alcance que protege la libertad sexual. Por supuesto que también el derecho que reclaman las mujeres a la justicia y la reparación -y que debe no obviar la condena de los agresores, frente a una impunidad bastante generalizada- debe ser tenido en cuenta y escuchado.
En este importante momento a todas y todos los salvadores de nuestra libertad sexual les suplico que primero, por favor, empiecen por creer a las víctimas. Después, que sigan despojándondose de sus prejuicios y estereotipos de género, del machismo intrínseco –como decía un amigo mío muy de izquierdas pero muy machista– y que, por favor, sean valientes para enfrentarse a todo ese relato fallido y falso que nos hace creer que, cuanto más duro es nuestro sistema penal y más altas son las penas, más seguras vamos a estar las mujeres frente a “los violadores”.
A los salvadores oportunistas de las mujeres les recuerdo que siempre se nos ha violado, incluso con códigos penales durísimos y oscuros. Con inquisiciones torturadoras o con penas de muerte franquistas. Los hombres llevan violando siglos y las mujeres llevamos los mismos siglos siendo agredidas sexualmente. Ningún código penal ha conseguido en los últimos 400 años evitar la violencia sexual en la pareja –ni mucho menos, en el sagrado matrimonio–, tampoco de nuestros compañeros de trabajo, de los hermanos, abuelos y padres, del amigo, del profesor o de todo ese listado de agresores con los que siempre se ha convivido como si nada.
Para finalizar, me gustaría insistir en algo que considero crucial en este contexto tan confuso y tan claro a la vez para algunas: volquemos toda nuestra energía para materializar lo que las víctimas trasladan. 1) Que la violencia cese. 2) Que se las crea. Y 3) Que se las acompañe en su derecho a reparación integral. Es su derecho. No es una concesión.
Cuando terminamos de escribir el informe de Amnistía Internacional en 2018 Ya es hora de que me creas: un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas sobre la desatención del Estado español a las violencias sexuales, jamás podría imaginarme que solo cuatro años después, las necesidades de las víctimas que entrevistamos para elaborar este informe y las recomendaciones que efectuamos cuando yo aún no era asesora del Ministerio de Igualdad, estarían por fin impresas en una ley.
Como también escribí en otro medio en 2018, es evidente que el camino es imparable. Por eso, les recomiendo que lean el informe de Amnistía Internacional de 2018 y lean la Ley de Libertad Garantía Integral de la Libertad Sexual. Es posible que así entiendan mejor lo que escribo. Gracias.
Bárbara Tardón Recio es asesora del Ministerio de Igualdad. Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Experta en violencia sexual.
