El senador Carles Mulet, del partido político Compromís, registró el lunes 24 de octubre una batería de preguntas en la Cámara Alta sobre el señalamiento a dos periodistas de La Marea por parte de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. A través de un canal de Telegram con más de 4.000 suscriptores llamado Policía SXXI DIFUSIONES, la organización invitó el pasado 21 de octubre a sus seguidores a que pasasen “a saludar” al periodista Miquel Ramos, colaborador de La Marea, después de que este publicase un comentario crítico con la organización en su cuenta de Twitter.
Dos días después, el mismo canal de mensajería apuntaba a Dani Domínguez, subdirector de este medio: “Este es Dani, amigo de Miquel, de la película “Dos tontos muy tontos”. Nosotros ya no les hacemos mucho caso, pero por si queréis pasar a saludarle a él también”, comenzaba el mensaje, el cual acompañaban con el enlace a un tuit de Domínguez.
El senador Mulet recoge estos mensajes en su escrito y pregunta al Gobierno si va a “interesar” a la Fiscalía General del Estado “para que analice si corresponde promover actuaciones ante estos posibles delitos de odio”. Asimismo, interpela al Ejecutivo sobre la posibilidad de estudiar si los miembros del colectivo que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían estar incurriendo en alguna “irregularidad” o “ilegalidad” que fuese incompatible con su cargo: “¿Es compatible con la función pública promover fake news y discursos de odio y acoso a periodistas? ¿Va a identificar el Ministerio de Interior a las personas que gestionan estas redes sociales?”, apunta Mulet.
En su web, Una Policía para el Siglo XXI se define como una “asociación de profesionales de la Seguridad Pública, compuesta por miembros de diferentes Cuerpos”. Entre sus objetivos se encuentra “el desarrollo de un nuevo modelo policial que abandone viejas y obsoletas prácticas y se ajuste a las nuevas realidades delincuenciales y a las demandas de seguridad emergentes”. La organización ha denunciado al Ministerio del Interior “por usar a las FFCCS para permitir disturbios violentos”. También al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a otras 26 personas ligadas a Podemos por posar sin mascarilla para una foto en 2021.
Sus integrantes acuden de manera asidua a espacios mediáticos próximos a la extrema derecha donde señalan a la “inmigración ilegal y desbordada” como culpable de los “problemas de seguridad y de libertad”. José Manuel Vallejo, vicepresidente de la asociación, participó el pasado 14 de octubre en una mesa redonda sobre Inmigración y Ciudadanía organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes. En ella también se encontraba como invitado Ricardo Ferris, inspector jefe y responsable de la Comisaría Centro de Valencia que fue apartado de su cargo por equiparar a los migrantes con delincuentes durante el acto organizado por el partido de extrema derecha.
Como protesta ante la destitución de Ferris y para denunciar la “represión a los trabajadores”, Policías para el Siglo XXI convocó una concentración en València para el jueves 27 de octubre, de la mano del sindicato Solidaridad, vinculado a Vox. “¡El tiempo de caciques y cortijos ha llegado a su fin! Con la verdad hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12”, han publicado en sus redes sociales, haciendo referencia a una frase atribuida al papa Juan Pablo II.
Sin embargo, la protesta, que fue difundida por el partido de ultraderecha España 2000, ha sido rechazada por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. Según ha adelantado el diario El Español, los organizadores no comunicaron la misma con diez días de antelación, tal y como marca la ley.
Contra “el señalamiento y la intimidación de periodistas”
El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha denunciado de manera pública “el señalamiento” a los periodistas Miquel Ramos y Dani Domínguez por parte de miembros del grupo de Telegram del colectivo Policías SXXI: “El señalamiento es especialmente grave, porque se ha hecho en un entorno policial, con voluntad de intimidar a los dos informadores y, por tanto, de coartar la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión”, subrayan en su comunicado.
La organización de periodistas alerta de que “la difusión de ideas y proclamas de extrema derecha entre los miembros de los cuerpos policiales es especialmente grave y puede tener consecuencias para todos los ciudadanos, tal y como hacen evidentes los precedentes políticos del Estado español”. Ante ello, defienden que es “imprescindible” que los cuerpos policiales frenen “la difusión del odio, el autoritarismo y el racismo entre sus propias filas”: “Que estos sectores se atrevan a intimidar a periodistas indica hasta qué punto se creen suficientemente impunes”, finaliza el comunicado.
También la Unió de Periodistes Valencians se ha manifestado en términos similares en su cuenta de Twitter: “Condenamos las amenazas recibidas por profesionales del periodismo en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información y exigimos a @interiorgob [Ministerio del Interior] que tome medidas al respecto”.
