QUIQUE SÁNCHEZ | El Gobierno presentó el pasado 4 de octubre su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, con la mayor cifra de gasto alcanzada hasta la fecha. Estos presupuestos revalidan el título de “más sociales de la historia” y este año el Ejecutivo añade la consideración de “primer ejercicio verde”.
Resulta sorprendente, no obstante, que estas cuentas para 2023 asignen a la cartera de Defensa una de las mayores subidas, de casi un 26% respecto a 2022, alcanzando unos inauditos 12.827 millones de euros. Y la sorpresa es aún mayor si, siguiendo los criterios de cálculo del Centre Delàs, sumamos las partidas de carácter militar asignadas a otros departamentos, pues nos encontramos con que el gasto militar real para 2023 será de más del doble de la cifra oficial de Defensa: 27.617 millones.
De entre estas partidas endosadas a otros programas cabe destacar los 1.601 millones del Ministerio de Industria para ayudas a la I+D a empresas militares a cargo de los Programas Especiales de Armamento (PEA), que también son más del doble (un 126% más) de lo consignado en los anteriores presupuestos. Esto, sumado a las partidas de Defensa para pagar estos programas, que aumentan un 72,1%, dan un impulso sin precedentes a las inversiones en armamento para el 2023, que alcanzarán los 7.743 millones. Para poner esta cifra en perspectiva, nos puede ayudar compararla con los 7.049 millones que recibirá el Ministerio de Sanidad o los 7.117 millones para Servicios sociales y promoción social. Esto supone además que de cada 10 euros que invierta el Estado central en 2023, 3 irán destinados a armas.
Parece entender el Gobierno que la situación de inestabilidad y crecientes tensiones en la esfera internacional, así como las crisis interrelacionadas de tipo económico, social, medioambiental y humanitario, exigen que, como país, demos una vuelta de tuerca más a nuestra apuesta por la vía militar y que entremos, ya sin tapujos, en una carrera armamentista y unas políticas militaristas que hacen las delicias de todo señoro de la guerra, desde Washington a Moscú, pasando por Bruselas.
Sin embargo, y a poco que observemos la tendencia previa, entenderemos que este exorbitante aumento del gasto militar no responde a un nuevo análisis de amenazas y necesidades de defensa propiciado por la invasión rusa. De hecho, la mayoría de los programas de armamento a los que daremos 7.743 millones el año que viene ya estaban aprobados antes del estallido del conflicto, con un calendario de pagos que se proyecta hasta 2035.
Esta lluvia de millones responde más bien a una utilización sin ambages del miedo y el shock generados por la guerra en Ucrania, que el Gobierno cree le permiten aplicar una subida y tomar unas medidas que a comienzos de año habrían sido consideradas inaceptables. Así, al calor de la invasión rusa, se nos vende una especie de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, tijeras debes comprar” que no parece estar recibiendo gran contestación. Y es que incluso, sin pararnos a pensar en por qué este conflicto merece más atención y sacrificio que otros (Ucrania está dos veces más lejos que Libia o el Sáhara Occidental y más o menos a la misma distancia que Palestina), resulta evidente que estos presupuestos militaristas tienen más que ver con impulsar la industria militar española y seguir el ejemplo y directrices de nuestros aliados que con nuestra seguridad colectiva.
Pese a que la Ministra Robles repita sin sonrojarse que “invertir en defensa es invertir en paz” y que ser parte de la OTAN sirve para “reforzar la paz”, cabe preguntarse cómo exactamente construye paz que aumentemos nuestras capacidades para hacer la guerra. La vía militar y el armamentismo (con su buena carga de testosterona) nos han traído a esta situación de crisis e inestabilidad, por lo que es de ilusos (u oportunistas) defender que nos pueda sacar de ella, que más de lo mismo pueda generar un resultado diferente.
También es interesante otra reflexión en este sentido: ¿cómo altera el actual status quo que incrementemos aún más nuestro gasto militar? Los países miembros de la OTAN ya gastan 17 veces más que Rusia, ¿tendremos paz cuando gastemos 20 veces más? ¿O será al llegar al 2% del PIB que exige la Alianza Atlántica cuando estemos totalmente seguras? Las trampas al solitario que se hace el Gobierno a la hora de presupuestar le permiten ocultar que en 2023 el gasto militar español ya superará el objetivo del 2% del PIB pero, al margen de ello (o precisamente por ello), no podemos ignorar lo arbitrario de ese criterio ni dejar de denunciar lo que verdaderamente significa: una enorme inyección de millones para las empresas de armamento y la consolidación de unas relaciones internacionales militarizadas, con los Estados Unidos como claro ganador en ambos escenarios.
Estas políticas, espoleadas por la guerra en Ucrania, no solo no construyen paz ni seguridad, sino que también generan desconfianza y torpedean los ya de por sí insuficientes esfuerzos para hacer frente a las amenazas existenciales de nuestra era, especialmente a la crisis climática. También nos acercan a grandes pasos al holocausto nuclear, con nueve países que, por poseer este tipo de armamento, no están dispuestos a perder una guerra, como ya ha dejado caer en varias ocasiones Vladimir Putin. Es necesario preguntarse también, por tanto, qué posibilidades nos ofrece la vía militar ante este escenario, más allá de la peor de las distopías.
Con la ventana de oportunidad para evitar el colapso cerrándose cada vez más rápido, son necesarias (y además representan una oportunidad de liderazgo) políticas enfocadas en la diplomacia y la mediación, en el multilateralismo y la cooperación, como herramientas para construir unas relaciones entre países que no estén basadas en el uso de la fuerza ni en la amenaza de una destrucción mútua asegurada, y que sigan además principios de sostenibilidad y justicia global.
No obstante, el Gobierno de España (o, para ser justos, su sector en mayoría) sigue con estos presupuestos la línea que marcan los países más poderosos y apuesta de forma denodada por la vía militar, cuando el momento exige todo lo contrario.
Lo que de nuevo estaba en cuestión con los presupuestos generales era, en definitiva, elegir entre dos opciones incompatibles: o bien preparar la distopía o bien trabajar por evitarla. El gobierno de Sánchez opta, una vez más, por la primera.
