Este artículo se ha publicado originalmente en La fàbrica digital. Puedes leerlo en catalán aquí.
Quizá sea porque en su establecimiento siempre se ha hecho así, o directamente para que se quieran aprovechar de las circunstancias personales del trabajador o trabajadora. En otras ocasiones, es el propio empleado o empleada quien lo pide para poder sobrevivir. Así son los pagos en B, desregulados y que dejan en una posición de absoluta indefensión a la persona asalariada. Poner fin a esta dinámica, sostienen a quienes la padecen y diferentes especialistas, requiere la organización sindical de la clase obrera, que ve cómo se reduce su poder adquisitivo y cómo sus cotizaciones menguan día tras día.
L. A. tiene 34 años, es hondureña y lleva cuatro años en España, donde llegó cuando huía de su país después de haber denunciado malos tratos por parte de su pareja y que la justicia no la protegiera. Allí dejó a sus dos hijos pequeños, mientras ella, ahora, intenta conseguir el asilo político. Desde que vive en Catalunya, se dedica a cuidar a personas dependientes: “He llegado a trabajar los siete días de la semana, sin descanso, por 700 euros al mes”, dice. Sin contrato, la indefensión de la trabajadora era enorme. Cuando la persona que cuidaba murió, ella se quedó sin trabajo, sin lugar a donde ir y sin ningún tipo de remuneración.
Su sector, completamente feminizado y con un alto porcentaje de población migrante, convive permanentemente con este tipo de situaciones. “También estuve cuidando a un señor durante cinco meses, donde lo pasé muy mal. Tampoco tenía contrato, así que me dijeron que me pagarían menos de lo acordado porque dormía en la casa, gastaba agua cuando me duchaba y electricidad cuando cargaba el móvil”, relata. Lo aceptó porque no le quedaba otro remedio. Sin ese dinero, sus hijos no podrían escolarizarse en Honduras.
Ahora, dice, las cosas han mejorado notablemente. Convive y trabaja para una señora, su “ángel”, tal y como la define. Tiene un contrato en el que está estipulada su jornada: de lunes a sábado por la mañana. Sin embargo, se ve obligada a trabajar el fin de semana completo. La parte del salario que queda fuera de lo recogido en el documento contractual la recibe en B, por lo que prefiere no dar su nombre completo. «Me encantaría que no fuera así, porque eso significaría que cotizaría más y porque tengo derecho a cobrar lo que me corresponde», añade. Por el momento, se forma, se organiza y comparte experiencias con otras compañeras en la asociación AMB CURE.
Individualizar al trabajador
El economista Fernando Luengo incide en que este tipo de pagos fuera de lo acordado son “un ahorro muy importante para el empresario en cuanto a cotizaciones”. Aunque es casi imposible conocer la magnitud del fraude, dada la realidad sumergida en la que ocurre, la cifra podría ascender hasta millones de euros anuales. “Todo esto tiene que ver con una dinámica de individualización de las relaciones laborales y su desregulación. Que te paguen B te coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad desmedida, porque estos pagos, al igual que existen, pueden dejar de existir”, añade.
Lo mismo ocurre con las horas extras sin pagar, que se ha contabilizado que en España llegan a millones. “Yo me pregunto dónde está la inspección de trabajo que obligue a cumplir todas las leyes que se aprueban para evitar este tipo de fraudes”, prosigue. Desde su punto de vista, la negociación colectiva sería el único mecanismo capaz de evitar estas situaciones, que son estructurales en determinados sectores económicos como hostelería o servicios de limpieza.
La individualidad a la que se refiere Luengo también está bien presente en la figura del trabajador autónomo, no sujeta a una relación asalariada con la parte empresarial pero sí dependiente de todas sus demandas y necesidades. “Dejando a un lado los falsos autónomos, estamos ante otro tipo de fraude que cometen las empresas; una cuota alta para los trabajadores por cuenta propia puede inducir a realizar cobros en B si la cuantía es demasiado elevada y las ganancias no permiten vivir con dignidad”, explica.
Contra la individualidad en el trabajo, el “curro”, utilizando sus palabras, lucha Daniel Treviño. Residente en Madrid, tiene 29 años y ha trabajado una década en la hostelería. Durante ese tiempo, ha ofrecido sus servicios a unos veinte locales de la capital. «Yo he tenido que trabajar en lugares donde únicamente funcionaban con pagos en B. Esto es totalmente estructural en el sector», afirma. Su experiencia le lleva a pensar que la hostelería es uno de los sectores que está a caballo de las formas de hacer antiguas, típicas y malacostumbradas a pagar casi al día, una imagen que evoca el caciquismo y el jornal, y un momento en el que todo está digitalizado y queda grabado. «Muchos empresarios te dicen esto, que aquí siempre se han hecho las cosas así». Eso sí, siempre salen ganando”, matiza.
Las inspecciones que brillan por su ausencia
Este chico de unos 30 años considera que «si de verdad la inspección de trabajo trabajara con rigor, la mayoría de los pequeños comercios de hostelería dejarían de existir, porque funcionan gracias a los pagos en B». Asegura que nunca ha presenciado ninguna de esas inspecciones tan deseadas por los trabajadores y trabajadoras víctimas de la explotación. Solo vio una, de sanidad, y el propietario del local les obligó a remodelarlo para que desapareciera su cocina, ya que carecía de licencia para tenerla.
“En España, la hostelería representa un gran porcentaje del PIB, pero al mismo tiempo se ha creado una cultura en la que se piensa que son trabajos de tercera categoría, que cualquiera puede hacerlos y que es el lugar en el que caes cuando todo falla. Esta cultura de la degradación viene dada por el empresariado, que quiere ahorrar costes a toda costa, y son dos discursos que se retroalimentan”, se lamenta Treviño.
Él, consciente de que la situación del sector es una “cuestión de clase”, como dice, en la que se mezcla a una población mayoritariamente migrante que ignora sus derechos, se organiza en CNT Madrid. Solo ha trabajado dos veces bajo un marco estrictamente legal «y los jefes eran extranjeros, uno de nacionalidad vietnamita y dos de Argentina», puntualiza el camarero.
Tratar el tema de los pagos en B significa moverse a partir de la intuición y con un gran problema que acompaña a esta realidad: la falta de datos al respecto. Sin datos no podemos saber cuál es la magnitud exacta de la situación, pero es posible hacerlo. La Administración pública dispone de una cantidad ingente de datos que podría cruzar; por ejemplo, la cifra de ventas de un comercio con las horas que trabajan sus empleados”, defiende Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras a nivel confederal.
La responsabilidad, sostiene, recae en el empresario: “Entiendo que hay muchos trabajadores en una situación bastante precaria y vulnerable que se ven obligados a aceptar pagos en B, pero debe ser su empleador quien les proporcione unas condiciones dignas”, remarca Gutiérrez. Este tipo de trabajadores, más preocupados y ocupados en el hecho de sobrevivir que en el de vivir, son víctimas del sistema: “Los pagos regulados son imprescindibles para calcular la cotización, la Seguridad Social y la posterior jubilación”, destaca el sindicalista.
El IMV como alternativa
Para resolver la situación, la inspección de trabajo deberá reforzarse, tal y como históricamente reclaman las centrales sindicales. Además, se suma el miedo a hacer público la situación, aunque cualquier trabajador puede denunciar su empresa de forma anónima ante la inspección: “Siempre está planeando ese pensamiento, del que se aprovecha el empresario, que si no coge uno hay cincuenta como esperando detrás”, explica Gutiérrez.
Por eso, aparte de más controles y potenciar el cuerpo de inspectores para hacer cumplir leyes, como la que obliga a fichar al inicio y al final de la jornada laboral, o del aumento del salario mínimo, el sindicalista de CCOO propone el ingreso mínimo vital (IMV) como una solución que aportaría a cualquier persona, al menos, la posibilidad de negarse a aceptar un trabajo en el que no se respetaran sus derechos laborales. “El IMV no saca a nadie de una situación precaria, sería un mínimo, pero son herramientas que podrían proporcionar una alternativa al trabajador para que pudiera rechazar un trabajo en el que te paguen dos duros oficialmente y menos en el momento de la verdad”, concluye Gutiérrez.
