A sus 79 años, el escritor, periodista, abogado y expolítico Sergio Ramírez vive de nuevo un exilio, «un estado de ánimo», como él lo define, que ya vivió cuando comenzaba su vida adulta. Entonces, se refugió en Costa Rica para ponerse a salvo de la dictadura de Anastasio Somoza. Ahora lo hace en España para estar a salvo de la orden de detención dictada por el presidente Daniel Ortega. El mismo hombre con el que combatió en la guerrilla sandinista y con quien fue vicepresidente -y Ortega, presidente- del primer Gobierno tras el derrocamiento del sátrapa.
En 2018, el gobierno de Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, reprimieron las protestas ciudadanas con disparos, cárcel, desapariciones y exilios forzados: al menos 355 personas fueron asesinadas por agentes del Estado en apenas tres meses, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, el autoritarismo ha ido creciendo a través de la supresión de la separación de poderes del Estado así como de la aprobación de varias leyes dedicadas a castigar la disidencia política. El golpe definitivo para lo que quedaba de régimen democrático tuvo lugar ante las elecciones presidenciales de 2021: siete candidatos electorales fueron detenidos junto a decenas de políticos y políticas, periodistas, profesionales independientes, empresarios y miembros de anteriores gobiernos.
Conversamos con Sergio Ramírez a mediados de julio, durante su estancia en el festival literario de Gijón Semana Negra.
¿Cómo está llevando el exilio?
El exilio te quita unos afectos que son invisibles hasta que los pierdes. Los tienes dentro pero no los ve: tu casa, tu estudio, la playa a la que quieres ir el fin de semana, el pueblo natal que no sabes cuando podrás volver a visitar, los amigos a los que ya no puedes visitar.. Todo eso se lo quita el exilio a uno.
Aquí en España toca un proceso de reconstrucción de la vida que comienza por abrirme mi propio espacio de trabajo literario. Y, a partir de ahí, como hace el corazón infartado, toca ir reconstruyendo los tejidos sanguíneos para poder latir de nuevo.
¿Y cuándo cree que va a poder volver a Nicaragua?
Cuando se pueda, y lo digo con mucha esperanza. Sé que será mucho más temprano que tarde. Y disfrutaremos ese regreso porque significará que en Nicaragua ha habido un cambio político y social importante que llevará al país hacia un espacio de libertad y democracia. Esa sería la única forma en la que creo que podríamos vivir todos juntos en Nicaragua.
¿Cuáles son los puntos débiles del régimen nicaragüense como para que crea que puede caer pronto?
La gran debilidad del régimen nicaragüense es la acumulación interminable, incesante, de poder. Precisamente, la que considera su gran fortaleza. Haber eliminado la autonomía y la independencia de las instituciones; haber concentrado el poder militar, policial, de seguridad en una sola mano; que en la Justicia, la Fiscalía, los procuradores, todo se haga mediante una llamada telefónica. Cada semana un diputado presenta una lista con 70, 80, 90 asociaciones, entidades privadas, ONG que quedan ilegalizadas. Y parece una lista que le envían desde arriba y que él solo lee. De hecho, la Asamblea Nacional ya ha proscrito casi 1.000 organizaciones no gubernamentales y entidades privadas.
En Nicaragua, un juez recibe la sentencia preparada, un fiscal la orden de procesar a alguien al que, a su vez, la policía ha recibido la orden de perseguir o detener; un agente de migración recibe la orden de decomisar el pasaporte a alguien, un cónsul de impedir ingresar a alguien en el país y una aerolínea de no dejar subirse a un avión a una persona… Órdenes, órdenes, órdenes. En Nicaragua, el Estado ha desaparecido y ha sido sustituido por una sola voluntad.
La acumulación excesiva de poder genera debilidad porque le quita la base de sustentación al poder. Además, para que sea duradera, tiene que basarse en un consenso mínimo de la sociedad, y en Nicaragua no lo hay. Ha habido una ruptura con la Iglesia Católica, ya hay dos sacerdotes presos, a los que no han llevado a la cárcel acusados de subversión sino de violación, de agresión, inventándose este tipo de cargos. Las monjas de la Madre Teresa de Calcuta han sido expulsadas del país. Sus centros de atención social han sido confiscados.
El presidente de los empresarios y de los bancos están presos. Y hay una enemistad con la clase media, que es la que ahora está migrando masivamente a los Estados Unidos, a Costa Rica. Y luego está el aislamiento internacional como reacción a la brutalidad del régimen y también como respuesta del propio régimen que se aleja ante cualquier crítica, así sea de quienes podrían ser sus aliados, como los presidentes de México y de Argentina. Por no hablar de la ruptura con España y con la Unión Europea, y la fantasía de pensar que el mundo puede girar solo alrededor de Rusia o de Irán.
¿Qué señales de autoritarismo dieron Daniel Ortega y Rosario Murillo antes de la represión de las protestas de 2018?
Hay dos etapas muy diferenciadas. La primera, en la que Ortega se consolida entre su propia fuerza política apelando a la revolución tras la derrota electoral de 1990. Se presenta como el único líder capaz de unir a las bases del sandinismo. Es un liderazgo muy precario pero no hay nadie más que se pueda hacer cargo de reunir los restos de ese partido.
La segunda etapa fue la alianza con su mujer. Cuando su hija Zoliamérica Narváez lo acusa a él de violación, Murillo la acusa de mentirosa, la abandona y respalda a su marido a cambio de una cuota de poder.
Y la tercera es la alianza con la derecha que representa Arnaldo Alemán, expresidente que fue encarcelado por lavado de dinero y corrupción. Ortega consigue su respaldo a cambio de liberarlo gracias a que ya controla a los jueces. A cambio, Alemán le respalda en la reforma constitucional que reduce el porcentaje de votos necesario para salir elegido como presidente en la primera vuelta al techo electoral de Ortega.
Luego, su alianza con la Iglesia católica, representada por el cardenal Obandio y Bravo, su gran enemigo, y que entonces lo casa y le ofrece la comunión cada domingo. Y, por último, su gran pacto con la empresa privada y con el gran capital. Ortega nunca hizo una reforma fiscal, los bancos jamás han pagado impuestos. El acuerdo era: ustedes hagan el dinero que quieran mientras yo me encargo del tema político.
Pero en 2018 el régimen transgrede todos los límites con su represión, acaba el pacto con la empresa privada, con la Iglesia Católica con la muerte del cardenal Obando y con el expresidente Alemán porque ya no le sirve –de hecho, su mujer ahora está presa acusada de sedición–. Todo ello es parte del aislamiento en el que vive el régimen.
Y ante esta concentración del poder y creciente autoritarismo, ¿por qué la ciudadanía no se levantó hasta 2018?
En Nicaragua hubo una gran ingenuidad colectiva de creer que Ortega era atraíble hacia la democracia, que apoyarle supondría suavizar y equilibrar sus posiciones. Al contrario, nunca estuvo en sus planes seguir el juego a sus aliados, sino utilizarlos.
Muchos analistas defienden que el plan del régimen es que cuando muera Ortega le sustituya Murillo. ¿Es viable?
Todo está dirigido a que su mujer herede el poder y que, a medio plazo, le sustituya su hijo Laureano Ortega, cantante de ópera y empresario. Hasta ahora, el Ejército, la Policía, las fuerzas paramilitares y los empresarios –eso es muy importante– les han apoyado. Hay que tener presente, además, que ha venido creciendo una fuerza emergente de empresarios que manejan negocios alrededor de la familia Ortega, los mayores empresarios del país, y que controlan la minería, la energía, el gas, la electricidad…
Y aun así tiene esperanza de que terminen cayendo pronto.
Es que es un esquema que tiene pies de barro.
Uno de los gremios más reprimidos desde las protestas de 2018 ha sido el del periodismo. Pero, incluso, desde el exilio hay muchos periodistas dedicados a informar sobre las vulneraciones de derechos fundamentales que tienen lugar en Nicaragua.
Hoy, el periodismo de resistencia se hace desde fuera del país. La gente en Nicaragua sabe lo que está ocurriendo en su país gracias a la información que elaboran periodistas desde el exilio gracias a corresponsales y ciudadanos que les envían vídeos y datos de manera anónima. La difunden a través de las redes sociales y el régimen no puede caparlas porque no puede permitirse el coste social de un apagón informativo.
