La comisión de inteligencia del Parlamento de Gran Bretaña ha presentado esta semana un informe en el que se analiza el incremento de la amenaza terrorista de la extrema derecha, a la que, afirman, se le presta poca atención y exige muchos más recursos.
El parlamentario conservador Julian Lewis, presidente de la citada comisión, alertó de que la amenaza del terrorismo de extrema derecha va en aumento, con personas que a menudo buscan unirse a las Fuerzas Armadas y grupos que tratan de reclutar adeptos dentro del Ejército. Asimismo, agregó que existía un «riesgo similar» por la «amenaza interna en relación con la Policía», citando problemas en torno al proceso de investigación de antecedentes para los candidatos que buscan unirse a la policía y la falta de verificaciones de antecedentes adecuadas. El informe cita varios casos de oficiales de policía y militares investigados por sus relaciones con grupos neonazis, gracias a las investigaciones de varios periodistas, como los que llevan a cabo la campaña y la revista de investigación antifascista Hope Not Hate.
Y no es la única vez que se alerta de ello. Otro informe del Instituto de Relaciones Raciales (IRR) avisa de que la policía de Reino Unido y de toda Europa están sufriendo una “cultura del extremismo” cada vez mayor, y advierte sobre un aumento de agentes que comparten contenido racista y de extrema derecha en línea. En Francia, por ejemplo, el 81% de los gendarmes declararon que votarían por Marine Le Pen, según recoge The Guardian.
Una de las demandas para afrontar estos nuevos retos es el incremento de los medios para que los servicios secretos investiguen a estos grupos. Lewis se mostró «seriamente preocupado» por su limitada capacidad para asumir la responsabilidad de investigarlos «sin ningún tipo de recursos proporcionales” para abordar la «amenaza cada vez más compleja» que representan los grupos terroristas de extrema derecha.
La investigación alerta de que el material en Internet de estos grupos parece ser más difícil de abordar que la propaganda del terrorismo islamista, tal vez, apuntan, debido a la mayor falta de comprensión de la amenaza de la extrema derecha por parte de los gobiernos occidentales, y las preocupaciones con respecto a la libertad de expresión, uno de los principales motivos por los que la difusión del discurso de odio en redes sigue siendo demasiadas veces impune.
El informe explica la evolución del terrorismo fascista desde los años 30 del siglo pasado hasta hoy: compara varios periodos recientes e insiste en que “la probabilidad de un ataque terrorista de extrema derecha» en el Reino Unido se evalúa como «una posibilidad realista», igual que “los actores solitarios presentan el mayor riesgo”. En el presente, insisten, “el fuerte aumento de material en línea que promueve la ideología de extrema derecha ha amplificado el proceso de radicalización. Ya no es necesario el contacto de la vida real, o que las personas asistan a reuniones o eventos para ser reclutados».
En el documento se detallan también las conexiones entre grupos neonazis y fascistas de varios países y se recopilan los atentados más recientes para explicar que se trata de un fenómeno global e interconectado. Según esta investigación, y en comparación con los años anteriores, los terroristas de extrema derecha “son más reactivos a eventos externos; en parte impulsado por un mayor enfoque en las políticas contra la inmigración a nivel mundial y los ataques terroristas islamistas de 2017”. Asimismo, remarcan que “sigue habiendo una ausencia de un liderazgo carismático prominente”, pero, sin embargo, consideran que esto ahora es menos relevante debido a la creciente influencia de las plataformas en línea.
El informe subraya la importancia de haber ilegalizado al grupo neonazi National Action en 2016 para disuadir a otros potenciales grupos y activistas neonazis de emprender acciones violentas. En este sentido, destacan varios atentados frustrados como el intento de asesinato de la diputada laborista Rosie Cooper y de un oficial de policía en 2017, el atentado contra una mezquita en Londres en 2019 o contra un despacho de abogados especializado en derechos humanos y migraciones en 2020.
Sobre las conexiones internacionales, el informe advierte de que “no existe un proceso para controlar a las personas que han viajado al extranjero con fines relacionados con el terrorismo de extrema derecha y han regresado al Reino Unido”, como sí ocurre con los combatientes islamistas, por ejemplo. Por esto, inciden en que existe una gran posibilidad de que “estos combatientes extranjeros que regresan se habrán radicalizado aún más y desarrollado conexiones con otros que comparten su ideología de extrema derecha”. Aunque no alude directamente a la guerra en Ucrania (hay partes del informe público a las que no se puede acceder), hace años que los servicios secretos de varios países alertan del peregrinaje de activistas neonazis tanto a Rusia como a Ucrania para establecer contactos e incluso participar en grupos armados. En este mismo sentido alertaba el digital The Interceipt hace escasamente dos semanas, cuando informaba sobre la presencia de militantes del grupo nazi Misanthropic Division en Ucrania.
Finalmente, también se citan las vinculaciones de los grupos de extrema derecha con las movilizaciones durante la pandemia contra las medidas sanitarias, alimentados además por las teorías conspirativas que han hecho proliferar estos y otros grupos en Internet.
El Índice Global de Terrorismo 2020, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz presentado a finales de noviembre de 2020, reflejaba que 89 de las 108 muertes en atentado registradas en 2019 en Occidente fueron llevadas a cabo por ultraderechistas. En total, hasta 2020, y según este organismo, el terrorismo ultraderechista se estima que habría crecido un 320% en todo el mundo.
No obstante, según explicó el eurodiputado Miguel Urbán, el informe de Europol presentado en aquellas fechas en el Parlamento Europeo por el guardia civil y director del Centro Europeo contra el Terrorismo (ECTC), Manuel Navarrete, sobre actividad terrorista en la UE no citaba “los casos sucedidos recientemente en el Estado, como los dos ataques terroristas de carácter xenófobo contra centros de menores no acompañados, la detención de un francotirador que amenazaba con asesinar al presidente del Gobierno español en un chat o el desmantelamiento de un taller clandestino para la fabricación de artefactos explosivos donde se incautaron de diferentes tipos de explosivos y veintiséis armas de fuego».
