La caza fue una de las mayores aficiones de Juan Carlos I. También el principio del fin de su reinado tras el caso de Botswana. La caída que sufrió durante una cacería sirvió, entre otros, para ilustrar la opacidad de la Casa del Rey. El conocimiento de sus escándalos por parte de la ciudadanía española vino a continuación.
De todo ello ha intentado desmarcarse el actual monarca: «Desde su proclamación ante las Cortes Generales, Su Majestad el Rey inició el camino de la modernización de la Corona para hacerla merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos”. Con esta frase daba comienzo el comunicado de la Casa Real que cifraba en 2.573.392,80 euros el patrimonio personal de Felipe VI.
Un día después, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que reformaba la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Entre las novedades, por primera vez el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar los gastos de la corona. Un nuevo paso a favor de la transparencia que, sin embargo, es más corto de lo que en un principio se pudo pensar, puesto que las auditorías del Tribunal de Cuentas no se remitirán a las Cortes ni se debatirán en la Comisión Mixta Congreso-Senado, como sí se hace en otros casos. El Tribunal de Cuentas remitirá su informe directamente a Felipe VI.
La transparencia de la Casa Real sigue siendo todavía, en 2022, una de las tareas pendientes de mayor volumen para el Estado. Por ejemplo, La Marea trató de conocer a mediados de abril el gasto anual que supone mantener el pabellón de caza situado en el Palacio de la Zarzuela, un capricho de Juan Carlos I que se empezó a construir en 2007 y que costó 3,4 millones de euros a Patrimonio Nacional. Se sigue manteniendo con dinero público.
Patrimonio Nacional, en su respuesta, explicó que el mantenimiento de dicho inmueble “es el mínimo indispensable” para conservarlo, y consiste en “una revisión periódica de instalaciones y en la aplicación (cada dos años) de los barnices de protección de la carpintería de madera exterior”. Sin embargo, aseguró en su contestación que estos trabajos son difíciles de cuantificar.
Asimismo, también se pedía un desglose de las especies animales ubicadas en dicho pabellón, que tampoco fue aclarado: “Los bienes muebles que pudieran encontrarse en el citado pabellón” no son administrados ni gestionados por dicho organismo.
La Marea se puso en contacto entonces con el departamento de prensa de Casa Real para tratar de conocer de quién o quiénes son propiedad los bienes que se encuentran en el inmueble y obtener un listado de los mismos. Casa Real, por su parte, remitió a este medio a la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, quien, según la Ley de Transparencia, “será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información de estas características”, se especificaba en el mail enviado por el departamento de prensa.
Por ello, se decidió realizar una nueva Petición de Transparencia a la citada secretaría general con las mismas cuestiones. La solicitud no fue admitida a trámite al interpretar Presidencia que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública “se circunscribe a información referente a la Casa de su Majestad el Rey en materia de personal, administración y gestión patrimonial”. Dicha petición, aseguran, “no versa sobre una actuación sujeta a derecho administrativo de la Casa de S.M el Rey”.
Finalmente, no ha sido posible conocer la titularidad de los bienes que se encuentran en este pabellón de la Zarzuela ni tampoco el coste exacto que supone para las arcas del Estado su mantenimiento y cuidado.
Otras peticiones sin respuesta
Esta no es la primera vez que una solicitud de acceso a la información pública sobre la Casa Real es inadmitida por parte Presidencia del Gobierno. En ocasiones anteriores, este medio ha intentado conocer, por ejemplo, cuál es el coste educativo de la formación de la Infanta Leonor y la Infanta Sofía. Una petición denegada al considerar este organismo que esta información no se encontraba comprendida “dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.
Es una respuesta calcada a la recibida tras pedir información referida a la estancia, alojamiento, manutención y cualquier gasto derivado de la presencia de Irene de Grecia en el Palacio de la Zarzuela. La hermana de la reina emérita Sofía vive en las dependencias reales desde los años 80, tras la abolición de la monarquía en Grecia. Hasta ahora, no ha sido posible saber cuáles son los gastos que los españoles sufragan por la presencia de un miembro ajeno a la Casa Real en suelo de patrimonio nacional.
