Ya está el debate donde quieren situarlo las élites económicas y políticas y, muy especialmente, las grandes patronales. Que si hay una amenaza cierta de que nos instalemos en una espiral salarios-precios; que si, en esta situación de emergencia, el crecimiento de las retribuciones de los trabajadores debe acomodarse a los resultados obtenidos por las empresas en materia de productividad; que si la evolución de los salarios de los que disponen de un puesto de trabajo no debe comprometer la creación de empleo y la competitividad de las firmas.
Vayamos por partes y veamos qué hay de cierto en estas afirmaciones, que se presentan como evidencias incuestionables, como puro sentido común, que debe orientar la política económica.
Reparemos, en primer lugar, en la muy manida “espiral salarios/precios”. Con esta expresión se traslada el mensaje de que el importante crecimiento de la inflación, que ha alcanzado niveles históricos en la economía española –el aumento en abril del índice de precios al consumo (IPC) ha sido, en comparación con el mismo mes del año anterior, del 8,3%–, podría abrir las puertas a exigencias salariales por parte de los trabajadores destinadas a compensar y superar el alza en los precios, lo que se trasladaría a nuevos aumentos en los mismos, y así sucesivamente, hasta abrir paso a una espiral acción/reacción con consecuencias muy negativas para la economía.
La realidad, sin embargo, nada tiene que ver con ese escenario. De hecho, según la información proporcionada por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en 2021, las retribuciones de los trabajadores perdieron un 2,2% de capacidad adquisitiva, dado que la progresión del IPC, en torno al 3%, fue muy superior al modesto crecimiento de la compensación nominal por empleado, del 1,1%.
Y en 2022 se acentuará todavía más ese panorama. Las últimas estimaciones realizadas por el Banco de España sitúan el aumento del IPC en este año en torno al 7,5%, mientras que el aumento de los salarios quedará, con toda seguridad, lejos de esa cifra. Según los datos del Ministerio de Trabajo, los convenios colectivos vigentes hasta abril de 2022 contemplan un aumento de los salarios del 2,4%. Hay que tener en cuenta, además, que los trabajadores incluidos en estos convenios solo representan al 28% de las personas empleadas y que de ellos solo cuentan con cláusula de revisión salarial el 15,6%.
En un contexto estructural dominado por la precariedad de las relaciones laborales, el alto nivel de infraocupación, la permanente amenaza de los ajustes de plantilla (que la reforma del mercado de trabajo recientemente aprobada ha mantenido prácticamente intacta) y la debilidad de las organizaciones sindicales es altamente improbable que nuestra economía experimente una escalada salarial. Más bien al contrario, existe una presión sistémica que presiona a la baja los salarios de las personas trabajadoras.
Detengámonos ahora en la propuesta realizada desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) consistente en que la negoción salarial se acomode, tenga en cuenta, los resultados obtenidos en materia de productividad en los diferentes sectores y empresas.
Haciendo gala de todo el cinismo del mundo, la CEOE ahora muestra preocupación por que los salarios de los trabajadores sigan la estela de la inflación y crezcan más que la productividad del trabajo, afectando negativamente a las cuentas de resultados de las firmas. Esta patronal no ha mostrado, sin embargo, ninguna inquietud ni preocupación cuando se ha dado la relación inversa y los crecimientos en la productividad fueron superiores a los registrados en los salarios, lo que ha supuesto que su participación en la renta nacional (en la tarta de la riqueza, podríamos decir) se haya reducido. Así, entre 2000, año en el que arranca la Unión Económica y Monetaria, y 2021, la reducción en esa participación ha sido de 3,5 puntos porcentuales; continuó el retroceso entre 2014 y 2019 (1,1 puntos), cuando el Producto Interior Bruto de la economía española mostraba registros positivos; y también en 2021 (0,5 puntos). Así pues, no han sido las rentas del trabajo, sino las del capital las que han salido ganadoras de ese desigual reparto.
Por lo demás, ¿cómo interpretar la propuesta de los jefes de la CEOE de trasladar la negociación salarial a las empresas? Ante la evidencia de una desigual correlación de fuerzas en ese ámbito, que beneficia claramente a los empresarios, y en un contexto de ruptura del diálogo social (al menos en lo que concierne a los salarios), los intereses del capital se impondrán con toda seguridad a los de los trabajadores. Apelar a la búsqueda de un nexo con la productividad a escala descentralizada tan solo me parece una cortina de humo que, en realidad, persigue aumentar los márgenes de beneficio a costa de los trabajadores.
Un tercer asunto que también precisa un comentario. La gran patronal amenaza con que el aumento de los salarios dificulta o impide la creación de empleo. Argumento mil veces invocado y otras tantas desmentido por la evidencia empírica. En realidad, fijar salarios decentes, un término utilizado por la Organización Internacional del Trabajo, estimula la demanda agregada a través del consumo y, al favorecer las expectativas de negocio de las empresas, representa un estímulo para la inversión. Asimismo, y esta no es una cuestión menor, crea las condiciones para que emerja una cultura empresarial innovadora, que solo puede abrirse camino desde el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos laborales.
Una última reflexión que también dice mucho del sesgo contenido en el planteamiento de la CEOE. Queda fuera de la propuesta y, por supuesto, también del debate, como si no tuvieran nada que ver con el tema que nos ocupa, las retribuciones percibidas por los ejecutivos de las grandes corporaciones. Y, sin embargo, el asunto es trascendental.
Con la información aportada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y recogida por El País, solo se puede concluir que estamos ante un patrón salarial escandaloso que se sitúa en las antípodas del que hemos examinado antes. Los datos nos introducen en un mundo dominado por los privilegios y los privilegiados.
La retribución media percibida por un cargo de alta dirección en las empresas cotizadas supera los 600.000 euros al año y, para más inri, en 2021 creció en relación con el año anterior, un 11,6%. Y en el selecto grupo de las empresas del IBEX esa retribución superaba el millón de euros, lo que supuso un aumento del 18%. Sueldos que están muy lejos de los salarios de los trabajadores de esas empresas; y aumentos que no guardan ninguna relación con la subida de los precios en ese mismo periodo, que, recuerde el lector, fue del 3%.
Si reparamos en el grupo de trabajadores que ocupan el decil inferior de ingreso (dato que proporciona el Instituto Nacional de Estadística para 2020), cuyo salario promedio anual era de unos 7.300 euros, podemos apreciar la distancia sideral que les separa de los jefes de las grandes corporaciones. Como muestra un botón: la relación entre las personas mejor pagadas de Iberdrola, Inditex, Banco de Santander, Cie Automotive, Telefónica y Acciona y los trabajadores con ingresos más bajos superaba las ¡1.000 veces!
Por todo lo anterior, el planteamiento de la gran patronal resulta inaceptable. Y es muy revelador de cómo entiende el Pacto de Rentas, iniciativa lanzada por el Gobierno para intentar hacer frente a la situación de emergencia desencadenada por la inflación. Las únicas rentas que la CEOE contempla con preocupación son las de naturaleza salarial, exigiendo contención a los salarios de la mayor parte de los trabajadores, mientras que calla sobre las escandalosas retribuciones que perciben las élites empresariales.
Me parece evidente que seguir esa hoja de ruta –que, en realidad, es un camino trillado– supondrá profundizar en la desigualdad, que no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, y empobrecer al grueso de las personas trabajadoras. Aunque quizá la verdadera apuesta de la gran patronal trascienda con mucho la evolución de los salarios y los precios. La batalla política, pues de eso se trata, está en otro lado: contribuir a crear un clima de confrontación y desafección, de descrédito institucional que favorezca el ascenso de las derechas y su triunfo en las próximas citas electorales.
Fernando Luengo es economista, coordinador del videoblog econoNuestra.
