Opinión

Muerte de una niña

"Lo que la mayoría no sabíamos de Kailia Posey era que, detrás del 'meme', se agazapaba una historia de crueldad, de violencia, de la que no cuesta deducir que el suicidio ha resultado ser la consecuencia final", escribe Pablo Batalla.

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  1. La Ley de bebés robados continúa en un cajón cuatro años después de obtener amplio consenso en el Congreso
    La plataforma impulsora CeAqua lamenta el olvido del Gobierno respecto de una norma que busca reparación y agilizar las investigaciones.
    Hasta en dos ocasiones, noviembre de 2018 y junio de 2020, el Congreso de los Diputados ha respaldado de forma mayoritaria la necesidad de aprobar una ley sobre el fenómeno de los bebés robados en nuestro país, unas prácticas que hasta donde se ha podido acreditar se iniciaron durante la posguerra, siguieron en el franquismo e incluso continuaron produciéndose más allá de la transición, hasta la década de los noventa. La norma, dirigida a buscar la reparación de las víctimas y agilizar las investigaciones, duerme desde entonces el sueño de los justos sin que el Gobierno haya adoptado ninguna decisión que permita hacerla realidad.
    Así lo explica Soledad Luque portavoz de CeAqua en el área de ‘bebés robados’ y presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños. Esta asociación fue la que elaboró el texto original que firmaron todos los grupos parlamentarios cuando se registró, a excepción de PP Ciudadanos y Vox en febrero de 2020, aunque los ‘populares’ y Ciudadanos mostraron su apoyo a la iniciativa y votaron a favor. Desde entonces, nada ha vuelto a saberse del asunto.
    La asociación impulsora de la norma también se mueve en otros ámbitos, como el cultural, y prueba de ello es la exposición ‘Duerma en ti… Maternidades robadas en España (1939-1999)’ que puede verse en el Museo Nacional de Antropología hasta el 5 de junio. La muestra es resultado del trabajo fotógrafo Pedro Lange-Churión y la investigadora Aránzazu Borrachero junto a varios colectivos de víctimas.
    «No son simples fotografías de víctimas, sino historias de vida que demuestran lo que hay detrás de pérdida, de sufrimiento, de ausencia», si bien en esas miradas «también hay valentía, resiliencia y fortaleza», según señaló la portavoz de la plataforma a Infolibre con ocasión de la inauguración de la exposición.
    En los últimos diez años las investigaciones se han llevado ante un juez en un total de 522 ocasiones, si bien es muy difícil que tengan resultado. La dificultad estriba en los problemas puestos de manifiesto por los propios para recabar pruebas por el paso del tiempo, la muerte de protagonistas o la destrucción de archivos clínicos por la desaparición de muchas de las clínicas donde nacieron estos niños.
    La estadística de la Fiscalía tiene su origen en una Circular suscrita en diciembre de 2012 por el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, que empezó a controlar este dato para «preservar el principio de unidad de actuación», facilitar la coordinación y, en definitiva, asegurar la eficacia sobre este asunto.
    En esas fechas la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid -cuyo titular, Adolfo Carretero, ha vuelto a saltar a los titulares por el pelotazo de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid-reabrir la investigación del primer caso de niños robados, que implicaba a la monja María Gómez Valbuena al estimar que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad no están prescrito. La religiosa falleció en enero siguiente, aunque la investigación en relación con su actividad siguieron para uno de los médicos con los que presuntamente colaboraba, el doctor Eduardo Vela, si bien fue absuelto por considerarse que los hechos habían prescrito.

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