Huye de quien a la hora de hablar de fiscalidad diga “hay que subir los impuestos” o “hay que bajar los impuestos”. No sirve de nada decir que se quieren bajar los impuestos si no se especifica qué impuesto se quiere bajar, a quién se le va a bajar, cuánto se dejará de recaudar y, lo más importante, de dónde se recortará.
Porque cuando hablamos de impuestos estamos hablamos de la sanidad o de la educación pública que queremos. Es por ello que un sistema tributario basado en la progresividad fiscal -tal y como reconoce la Constitución española- cumple una de las funciones primordiales de las instituciones en un estado social de derecho: la redistribución de la riqueza.
Hablemos de impuestos. En el año 2007, el PIB del Estado español alcanzó 1,075 billones de euros (1.075.539 millones de euros) y el número de empresas en activo se situó en 3.336.657. En 2021, por su parte, el PIB ha sido de 1,205 billones de euros (1.205.063 millones de euros) y el número de empresas en activo incrementó hasta las 3.366.570, alcanzando el número más alto en la creación de empresas desde la gran recesión. También los ingresos fiscales han sido superiores en 2021 en comparación con 2007, pasando de 200.676 millones de euros a 223.382 millones (+11,31%).
Igualmente, los beneficios empresariales están de enhorabuena. Si bien es cierto que sería inútil obviar la pandemia y el parón económico, la realidad es que las compañías cotizadas en la Bolsa española consiguieron un beneficio récord de 64.021 millones de euros en el año 2021 -frente a los 9.389 millones de euros de pérdidas el año anterior-. No es de extrañar que Ana Botín afirmara recientemente que “aumentan los ingresos en todos los negocios” o que Josu Jon Imaz constatara que “ha sido un año extraordinario”. Y, si bien la recuperación ha sido más robusta entre las grandes empresas, también ha llegado a las cuentas corporativas de las pequeñas y medianas.
Pero, contrariamente a lo que se podría deducir, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades no ha sufrido la misma suerte. Según los datos ofrecidos por la propia Agencia Tributaria, dicha recaudación ascendió hasta los 44.823 millones de euros en 2007, suponiendo el 22,34% del total ingresado. No obstante, en 2021, y aunque la recaudación por dicho tributo incrementara un 67,9% respecto al año en el que la COVID-19 paralizó la economía, solamente alcanzó los 26.628 millones de euros -11,92% del total de los ingresos fiscales-. Pero no solo los números absolutos son preocupantes. Lo es aún más la evolución del tipo efectivo sobre los beneficios que han pagado las empresas por Impuesto sobre Sociedades. En el año 2000, éste era del 21,42%, en 2005 del 19,69%, en 2010 del 8,95%, en 2015 del 9,83% y en 2020 del 8,30%. Es decir, en las últimas dos décadas ha caído un 61,25% lo que pagan las empresas por sus beneficios.
Inverso ha sido el comportamiento tanto del IRPF como del IVA, incrementándose la recaudación anual por cada uno de los tributos alrededor de 22.000 millones de euros. En cuanto al IRPF, se ha pasado de recaudar 72.614 millones de euros en 2007 a 94.596 millones en 2021. Mientras en 2007 el IRPF suponía el 36,18% del total de la recaudación, en 2021 comprendía el 42,35%. 55.851 millones de euros eran los que se recaudaron a través del IVA en 2007, incrementándose esta cifra hasta los 72.493 millones para el año 2021. Así, si en 2007 los recursos recaudados por IVA equivalían al 27,83% del total de los ingresos fiscales, en 2021 el porcentaje se elevó hasta el 32,45%.
La conclusión es clara. Mientras la recaudación por Impuesto sobre Sociedades se reduce un 40,59% en tan solo quince años, los recursos recaudados por IRPF e IVA incrementan un 30,27% y un 29,79% respectivamente. Extraña redistribución de la riqueza que mientras incrementa la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo, la reduce sobre los beneficios empresariales.
Si analizamos cuánto suponen dichas cuantías sobre el total de los ingresos fiscales, podemos observar que la suma de la recaudación por los tres tributos suponía el 86,35% en 2007 y se mantenía en el 86,72% en 2021. Es decir, que lo que han dejado de pagar las empresas por sus beneficios ha recaído sobre las economías familiares.
Habrá quien diga que España es un infierno fiscal. Sin embargo, cabe recordar que la cuarta economía de la Unión Europea es la decimoctava en cuanto a recaudación -de 27-. Y, lógicamente, tampoco se encuentra entre los primeros puestos si hablamos de presión fiscal. Es más, países como Dinamarca -47,6%-, Francia -47,5%-, Bélgica -46,2%- o Suecia -43,7%- están muy lejos de España -37,5%-. La traducción es bien sencilla: El diferencial fiscal de España hace que anualmente se dejen de recaudar 68.400 millones de euros.
Parece sensato pensar que no es de justicia un sistema tributario donde las familias soportan más del 75% de la recaudación tributaria. El sistema tributario español pide a gritos una reforma fiscal. Porque, aunque algunos no quieran verlo, la evidencia empírica nos muestra que un sistema tributario no es solo un elemento de la más elemental justicia social o una garantía de igualdad de oportunidades en la sociedad, sino que es además una herramienta que asegura el dinamismo económico. Las sociedades con mejores índices de igualdad social son también las más prósperas económicamente.
