El 9 de junio de 2020, pocas semanas antes del fin del primer estado de alarma, la Generalitat de Catalunya se jactaba de ser la primera administración en constituir un comité de expertos para evaluar las consecuencias de las medidas restrictivas ante la pandemia sobre los derechos fundamentales de la población. Pero este lunes, un año y medio después de su creación, el Ejecutivo catalán decidió disolver el comité, tal y como avanzó ayer la cadena SER. Esta disolución se dio sin que el informe de 74 páginas elaborado por las y los expertos llegara a ver la luz. Tras la polémica suscitad al conocerse que sus conclusiones no se harían públicas, el Govern aseguró la mañana del martes que finalmente sí lo haría. Pero, horas después, se volvió a desdecir, según SER Catalunya.
El comité estaba bajo el mando del Departament de Justicia y su actual consellera, Lourdes Ciuró (Junts), se pasa la patata caliente con su antecesora, Ester Capella (ERC). Según ha declarado Ciuró, desconocía de la existencia de este grupo de estudio hasta la polémica desatada el lunes por la emisora catalana. Por ello, ha asegurado que ha remitido el informe elaborado por los 12 expertos al Govern catalán para que evalúe qué hacer con él.
«Estuvimos trabajando muchos meses en este tema, realizando varias reuniones, y todos los capítulos fueron entregados durante el último trimestre de 2020», explica Anaïs Franquesa, abogada penalista, codirectora del Centre Iridia y miembro del comité. Así, según explica la letrada, el informe estaba casi acabado ya hace un año, solo a falta de elaborar las conclusiones por parte del coordinador del comité, el doctor en Derecho Xavier Bernadí. La parte pendiente se fue postergando debido a las elecciones catalanas, celebradas el 14 de febrero de 2021 y a la consecuente reestructuración de los departamentos de gobierno. Precisamente, en el nuevo ejecutivo Bernardí ocupa el cargo de secretario del Govern.
Pero, a pesar de las largas, la versión oficial -hasta que la nueva consellera accedió al cargo el 20 de julio de 2021- era que el objetivo de la Generalitat seguía siendo publicar el informe. «El 24 de mayo recibí una carta de la consellera saliente diciendo que la intención era seguir adelante con el trabajo hecho, pero que todo quedaba en manos de la nueva consellera. Y entendemos que, al ver los trabajos realizados y nuestras conclusiones, decidieron no seguir adelante», argumenta Franquesa, aunque asegura que no se les ha dado ninguna explicación oficial. La Generalitat tampoco ha contestado a las preguntas de este medio.
Un informe crítico
Según han declarado diversos miembros del comité, de sus investigaciones se extraía una crítica a la actuación de los ejecutivos catalanes y españoles durante la pandemia y se aseguraba que declarar el estado de alarma no era necesario, como así lo estableció también el Tribunal Constitucional en julio de 2021. También concluían que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia afectaban “intensamente” a derechos fundamentales de la población. La abogada Anaïs Franquesa fue la encargada de analizar la “violencia policial y punitiva” y las consecuencias de aplicar la Ley Mordaza sobre aquellas personas que se saltaran las restricciones de reunión o movilidad. “Era un informe bastante crítico”, según han declarado varios expertos.
Justo esta tarde, la Generalitat ha confirmado su anuncio del pasado día 11. A partir de la medianoche del jueves al viernes 21 de enero levantará el toque de queda nocturno de una a seis de la madrugada que seguía vigente en más de un centenar de municipios catalanes desde el pasado 23 de diciembre.
Otra de las cuestiones que reclamaban a los gobiernos es más transparencia. Y es precisamente esta transparencia la que brilla por su ausencia ante la decisión de la Generalitat de no hacer público un informe casi acabado y que, según el ejecutivo, tenía la intención de servir de guía ante otras pandemias o situaciones excepcionales futuras. “Es relativamente normal que se cometieran errores porque estábamos ante un escenario totalmente desconocido que pedía celeridad. Pero lo que no tiene sentido es que el Govern se niegue a hacer autocrítica y a dar explicaciones por las decisiones tomadas”, asegura David Bondia, síndic de greuges de Barcelona y ex director del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC).
Para el jurista es un “error enorme” esta disolución, ya que es negar el acceso a una investigación sobre un tema sensible y que afectó a “muchos derechos fundamentales”. Bondia considera que fue acertado restringir la movilidad, pero “tenemos que tener claro que cuando se toca un derecho así, muchos otros se verán afectados y parece que el Govern esté obviando esto”, afirma. Además, añade que fueron los colectivos vulnerabilizados los que se vieron más perjudicados por estas restricciones de derechos. “La securitización tuvo grandes consecuencias. Pero no nos podemos quedar aquí: después de una crisis tenemos que reforzar los derechos que se han visto afectados. Y el informe podría haber sido una gran oportunidad para ello”, asegura.
Los miembros del comité, que según asegura Franquesa no recibieron ningún tipo de remuneración por el encargo, eran la misma Anaïs Franquesa; Xavier Antich, filósofo y profesor de la Universitat de Girona; Josep Maria Vilajosana, catedrático de Filosofía del Derecho en la UPF; Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la UAB; Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la UOC y la Universitat de Lleida; Anna Badia, catedrática de Derecho Internacional Público en la UPF; Francina Esteve, profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de Girona; Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo en la UOC; Josep Casadevall, expresidente del TEDH; Núria Terribas, directora de la cátedra de Bioética de la Universitat de Vic; Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de la UB y Xavier Bernardí, doctor en Derecho y coordinador del comité.
Noticia actualizada el 18 de enero de 2022, 14h.
