Ha dicho Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, del PSOE, que el tamaño no importa. Se refería a las macrogranjas y la polémica surgida en torno a las palabras falseadas del ministro de Consumo, Alberto Garzón. El tamaño no importa, dice, sobre gigantescas explotaciones donde la cantidad de animales que se hacinan en su interior son la causa del problema de bienestar animal o de contaminación de suelos y aguas debido a las toneladas de purines que se producen dentro. Y en un momento en el que su propio gobierno ha prohibido nuevas aperturas o ampliaciones en el territorio castellanomanchego hasta 2025.
En otras ocasiones, el tamaño sí ha importado al presidente de CLM; por ejemplo, a la hora de decidir si se puede o no se puede hablar mal de una empresa. Sucedió en marzo de 2018, cuando García-Page pidió que no se hablase mal de Incarlopsa, el proveedor cárnico de Mercadona, con sede en su comunidad. El motivo: la cantidad de puestos de trabajo que la compañía tiene en Castilla-La Mancha.
Al gobierno de García-Page, en realidad, nunca le ha gustado que se hable mal de Incarlopsa, ni aunque lo hagan los veterinarios de la Junta para denunciar irregularidades. Ocurrió en 2016. Dos funcionarios del área de veterinaria de la Consejería de Sanidad de la Junta denunciaron que en el matadero de Tarancón (Cuenca), perteneciente a Incarlopsa, se incumplía la normativa de bienestar animal, ya que no se estaba aturdiendo de forma correcta a los animales antes de matarlos, que es algo a lo que obliga la legislación.
Estas consideraciones no gustaron a Incarlopsa y la propia empresa pidió a la Junta de Castilla-La Mancha que ambos veterinarios fuesen apartados de sus puestos de trabajo. “Petición que, sorprendentemente, la Administración se apresuró a satisfacer por la vía cautelar”. El entrecomillado pertenece al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que dos años después acabó condenando a la Junta por apartar a dos veterinarios que simplemente habían hecho su trabajo. Tanto Incarlopsa como la Junta también fueron condenadas a pagar las costas judiciales.
Entre 2016 y 2017, Incarlopsa donó 400.000 euros a la fundación Impulsa, la entidad que gestiona la publicidad del gobierno de Castilla-La Mancha. Un año después, García-Page pedía que nadie hablase mal de la empresa.
Lambán y el presunto capo de la carne
Por aquellos años, la carne también hacía negocio en Aragón. Agosto de 2017. Un grupo cárnico italiano tenía prácticamente tomada la decisión de instalar un macromatadero en Binéfar, en Huesca. El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, anunció algunos días después que se iba a aprobar la declaración de interés autonómico para el proyecto. Además, añadió que la empresa iba a poder optar a las ayudas de la agroalimentación, así como a las vinculadas al INAEM. La empresa iba a crear “más de 600 empleos directos” e iba a invertir 70 millones de euros, como se recogía en la propia web del Gobierno de Aragón.
El proyecto, además, benefició al alcalde de la localidad, también del PSOE. Alfonso Adán, primer edil de la ciudad, admitió que su empresa de seguros hizo negocios con el matadero, si bien nunca ha llegado a explicitar la cantidad económica que recibió por los trabajos. El ayuntamiento tenía que tomar la decisión en aquellos momentos de bonificar o no el 50% sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), lo que supondría un ahorro para los carniceros italianos de casi 400.000 euros. Tras desvelarse los negocios del alcalde, que no pretendía inhibirse de la votación, esta fue atrasada y, finalmente, rechazada al no cumplir con los requisitos.
Y hubo más beneficiarios. Según contó el diario Público en su momento, las labores inmobiliarias le fueron adjudicadas a la presidenta de la agrupación comarcal del PSOE, Rosa Altabás; parte de los terrenos en los que se iban a situar las instalaciones fueron adquiridos al padre del concejal Txema Isábal*. Desde esta formación política, sin embargo, defienden que Isábal ha sido muy combativo contra la instalación del matadero en la ciudad; y la seguridad le fue contratada al número 2 de la policía local, Antonio Díez, que llegó a patrullar por las instalaciones del matadero con un uniforme de una empresa de seguridad.
Al frente de este proyecto se situaba Piero Pini, un magnate de la carne que estaba siendo investigado en Polonia acusado de estafa por sus actividades empresariales en el país, según informó el diario Público. Unos hechos que la administración aragonesa conocía.
Algún tiempo después, en 2019, Piero Pini fue arrestado por la policía húngara y estuvo en prisión preventiva desde marzo hasta diciembre de ese año acusado de fraude fiscal. El fiscal húngaro les pide a él y a su hijo Marcello tres años y medio de cárcel. Entre las últimas noticias que se conocen, Pini fue nuevamente arrestado en Hungría el pasado año por supuestamente sobornar a un abogado.
Aunque Piero Pini fue el impulsor del matadero en Aragón, la empresa que lo gestiona está a nombre de otros de sus hijos, lo que sirve a los socialistas aragoneses para excusarse.
*Fe de errores: en una primera versión de este artículo se decía que el terreno pertenecía al concejal, tal y como se publicó en su momento en los medios
