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Plataforma de la Mezquita de Córdoba: “La Iglesia ha cometido el mayor robo inmobiliario de Europa”. (Lavozdelsur.es)
Esta plataforma ciudadana surge en 2014 para exigir que la “Mezquita sea del pueblo”. En 2016 consiguieron devolverle su nombre original y ahora siguen luchando para que el monumento sea de titularidad pública. En Jerez, la Catedral o la Torre del Reloj están en la misma situación.La Plataforma se formó precisamente para exigir una serie de regularizaciones, y es que el principal monumento estuvo sufriendo distintas anomalías con los obispos que en aquella época pasaron por allí, hasta tal punto que fue inmatriculada por 30 euros. Dicho en otras palabras: el obispo se la quedó para la Iglesia amparado por una ley ahora inconstitucional.
En 2010, cuando llegó Demetrio Fernández, le quitó el nombre al monumento, que pasó a llamarse Santa Iglesia Catedral. Le borraron el nombre de Mezquita para dejarle solo el de Catedral, cargándose de un plumazo varios siglos de historia y la impronta omeya de Al Andalus en Córdoba. “Negar la memoria de una ciudad es lo más grave que se puede hacer, y más desde una actitud conquistadora medieval, como si fuera un señor feudal”.
La Plataforma, por tanto, se constituyó para conseguir tres objetivos claves: recuperar su nombre, exigir la titularidad pública y la gestión compartida entre la administración pública y la iglesia.
Miguel Santiago es portavoz de la Plataforma: “Conseguimos que el Gobierno en época de Rajoy retirase el famoso artículo de la ‘Ley hipotecaria’, por el cual se podía inmatricular edificios por el simple hecho de pedirlo al obispo.
Este es un artículo infame porque consideraba al obispo como un funcionario en un Estado aconfesional. Desde 2015, la iglesia no ha podido volver a inmatricular”, cuenta el portavoz.
“La iglesia se ha apoderado de los bienes patrimoniales más importantes de los andaluces amparados en una ley inconstitucional. Es el mayor robo inmobiliario que se ha conseguido en toda Europa, en un marco aparentemente legal. La iglesia católica se ha quedado con el 70% del patrimonio, puede que haya 100.000 inmatriculaciones.
Durante el régimen franquista no había discusión sobre de quién eran los templos, porque imperaba el nacionalcatolicismo y se suponía que los templos eran del régimen; pero ya en la «democracia», en 1998 con José María Aznar, se aprobó un artículo de la Ley Hipotecaria en el que comparaba al obispo con un fedatario público, como si fuera un notario.
“El obispo, simplemente firmando un escrito, podía apropiarse de bienes. Miles y miles de bienes públicos han sido inmatriculados inconstitucionalmente por la iglesia. Desde 2015 se retira el artículo porque es anticonstitucional”, explica Miguel. Sin embargo, el actual Gobierno pide que sea la propia ciudadanía quien sea la que denuncie en estos casos, cuando “es la Administración la única responsable de que esto se cumpla”.