“Las personas de color cometen más delitos”. Esta frase lapidaria es frecuentemente esgrimida por la extrema derecha en los medios de comunicación y en el Congreso de los Diputados con la intencionalidad de legitimar políticas discriminatorias. Pero más antigua que la irrupción de los ultras en la política institucional, lo es el racismo que emana de las instituciones y que se manifiesta con estas argumentaciones que asocian la delincuencia con la condición racial.
Esta en particular fue la respuesta dada por el jefe de un operativo policial en el barrio de Lavapiés ante el cuestionamiento del presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), Antumi Toasijé, quien se encontró con el despliegue de camino al trabajo. El argumento con una base estigmatizante hacia las comunidades “de color” fue denunciado en sus redes sociales hace semanas. Sin embargo, ha pasado desapercibido.
“Era un registro en el que una persona negra estaba siendo rodeada por ocho agentes”, narra el historiador y panafricanista de origen colombiano, primer afrodescendiente en dirigir el CEDRE, en una conversación donde explica que interpeló a los agentes identificándose con su cargo público, conocedor de las consecuencias que tiene este acto siendo un ciudadano particular.
En el año 2017, el Equipo de Implementación para el Decenio Afrodescendiente de la ONU en España acudió a Lavapiés para impartir una formación sobre identificaciones policiales por perfil racial. De camino al taller, presenciaron uno de estos controles y decidieron intervenir. Como consecuencia de ello, las dos mujeres que componían la delegación fueron filiadas por los agentes, insultadas e, incluso, se les negó su condición de españolas por ser negras, como ellas mismas denunciaron. Un año después, el Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes presentó un informe sobre su primera visita a España concluyendo que “el establecimiento de perfiles raciales es un problema endémico”.
Toasijé, conocedor de las estadísticas y datos sobre estos controles, los expuso ante el oficial de policía que se valía de la supuesta habitualidad con que “las personas de color” cometen delitos, para justificar su control. En el tuit donde denuncia los hechos, comparte un artículo de The Guardian que referencia un informe de 2017 realizado en Inglaterra y Gales, el cual muestra cómo las personas negras tienen hasta ocho veces más probabilidades que las personas blancas de ser paradas y registradas. No obstante, el resultado de estas identificaciones evidencia que esas personas blancas cometieron más ilegalidades.
En la misma línea se muestra el Protocolo de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE), implementado por primera vez en 2007 en el cuerpo de policía municipal de Fuenlabrada, un programa que recoge datos de identificaciones policiales, lo que permite conocer la nacionalidad de las personas controladas y el resultado de las identificaciones. Se trata de una herramienta demandada por la sociedad civil y recomendada por el propio Defensor del Pueblo a la Policía Nacional en 2013.
Los resultados del primer año de implementación de esta herramienta en Fuenlabrada mostraron, al igual que en Gales e Inglaterra, que las personas no blancas eran identificadas de manera desproporcionada. De esta forma, las personas de nacionalidad marroquí tenían hasta 6,3 veces más posibilidades de sufrir un control policial frente a quienes tenían nacionalidad española, pero la tasa de acierto, es decir, el número de personas que acabaron multadas o detenidas, era más elevada en españoles.
Hablamos de una práctica habitual que “se debe al racismo institucional, al colonialismo existente y a la ausencia de instituciones capaces de ponerle freno”, asevera Toasijé, y señala que el último informe del CEDRE indica que “el racismo policial sigue ahí”. Desde el organismo dependiente de Igualdad, monitorean estas y otras prácticas discriminatorias, si bien señala que una forma de mejorar su labor es permitiendo que lo conformen personas directamente afectadas por estas prácticas, “algo que no está pasando”, lamenta.
Entre las tareas del CEDRE contra estos controles, se encuentran las campañas para fomentar la denuncia, debido al bajo número de personas que lo hace, consecuencia directa de la desconfianza en las instituciones que producen unas fuerzas del orden que, en lugar de protegerte, te criminalizan por lo que eres. A esto, se le añade un proceso duradero en el tiempo y complejo a quienes inician el procedimiento, puesto que es la víctima quien ha de demostrar la discriminación sufrida, de igual manera que durante la identificación policial ha de demostrar su inocencia y no al revés, que el agente sea quien justifique su control de acuerdo a una sospecha razonada.
En la actualidad, España está pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso de Zeshan Muhammad, a quien la policía identificó por ser «negro y punto». Este joven, acudió en 2017 a la Corte Europea por la falta de voluntad de las instituciones españolas en la lucha contra identificaciones racistas como la que él sufrió en 2013 mientras paseaba por las calles de Barcelona.
A pesar de la cantidad de investigaciones y estudios que demuestran la existencia de esta práctica, que no se limita a España –la Comisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha señalado recientemente en un informe la elaboración de perfiles étnicos como una práctica “generalizada” en toda Europa–, el principal escollo está en el reconocimiento del problema. Algo por lo que luchan las organizaciones antirracistas y en defensa de los derechos humanos desde hace años.
En el Día Internacional contra la Discriminación Racial, la ONG Righst International Spain (RIS) envío una carta a Interior, firmada por más de cien organizaciones de todo el país, en la que se exigía este reconocimiento y el fin del racismo policial. La respuesta del ministerio a esta misiva se circunscribe a la dada por el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a la diputada de ERC, María Dantas, durante una Comisión de Interior a finales de 2020, quien preguntado por estas prácticas aseguró que “no se hacen identificaciones por perfil racial y no existe eso que llaman racismo institucional”.
Sumado a esta postura inamovible de la negación de un problema evitable, “está una parte de la población que apoya vehementemente a la policía y que considera que esto son difamaciones, junto a otro sector de la población que lo justifica”, señala Toasijé. Frente a ello, una población que lucha desde el antirracismo para que se ponga fin a una práctica ilegal como ha vuelto a indicar la Agencia Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea. “Desde el punto de vista institucional, debería existir una legislación que convierta en punibles estas prácticas que no son tan fáciles de determinar y juzgar, también tenemos que abordar el racismo judicial y una educación antirracista en todos los ámbitos”, concluye. Quizá así, dejará de parecernos normal que el jefe de un operativo policial justifique movilizar a ocho agentes contra un solo hombre por el color de su piel.
Youssef M. Ouled es periodista e investigador sobre el perfil racial para Rights International Spain.
