Este artículo sobre las consecuencias judiciales después de un accidente laboral se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
CARLA BENITO | Durante el año 2020 hubo 79 accidentes laborales mortales solo en Catalunya. En España fueron 595 las personas que murieron a raíz de un accidente laboral. Datos que a pesar de haber bajado respecto a años atrás, últimamente se han estabilizado y no han seguido reduciéndose. Además, desde que Eurostat, la oficina europea de estadística, publicase por primera vez en 1997 los datos de siniestralidad laboral de los diferentes países de la Unión Europea, se ve que España se encuentra a la cola en materia de seguridad y salud en el trabajo debido a sus altos índices de siniestralidad.
Además del accidente mortal, por mucho que se apliquen los protocolos de riesgos laborales, hay siempre muchas derivadas, duelos a pasar y trámites burocráticos a resolver. A menudo trámites que pasan por juzgados.
Es el caso del trabajador de la empresa de jardinería y recogida de residuos VicVerd, Lluís Barnolas, de 57 años. El año 2018, junto con un compañero que resultó herido, recogían de los restaurantes de la calle de la Riera de Vic botellas de vidrio. Se trata de una calle estrecha con una pendiente bastante pronunciada. El camión de recogida perdió los frenos y comenzó a precipitarse hacia abajo. Tanto Barnolas como su compañero intentaron detenerlo, pero al ser la calle tan estrecha, la maniobra no fue posible y el camión los acabó arrollando.
Como explica el abogado de la familia, Miquel Mitjans, tras el accidente se realizó un estudio de este y se vio que el freno de mano estaba en mal estado. Aunque también es cierto que el conductor no puso la retromarcha recomendada cuando el vehículo está en bajada, ya que pensó que con el freno de mano era suficiente como siempre habían hecho. Los trabajadores, por su parte, acreditaron que tampoco tenían una formación adecuada. Ante esto, la empresa VicVerd comenzó los trámites para no responsabilizarse de la muerte de uno de sus trabajadores. También llegaron a decir que justo hacía dos meses que había pasado la ITV para negar sus culpas. Aquí, Mitjans expresa que la ITV se pasa en plano, no en pendiente. VicVerd es una empresa mixta donde hay tres partes: una que es la empresa del Ajuntament de Vic que gestiona los servicios de la ciudad y las otras dos que son la Associació Sant Tomàs PARMO-TAC y Recollida & Reciclatge, SL.
Con todo, en cuanto al uso o no de la marcha atrás cuando el vehículo se frena en pendiente, Mitjans explica que Inspección de Trabajo entendió que la formación se debe tener entendida cuando tienes el carnet de conducir desde hace 15 o 20 años y que todo el mundo tiene que poner la marcha atrás. «Entendieron que la causa principal era esta aunque la policía local acreditara que el freno de mano estaba en mal estado porque no habían hecho el mantenimiento nunca en 10 años que llevaba el camioncito en uso diario poniéndolo en marcha, parando, poniéndolo en marcha de nuevo… durante todo el servicio», relata Mitjans. Añade que «se puede entender que la empresa no es responsable de la marcha atrás, pero sí del estado del freno de mano… Si hubieran hecho el mantenimiento, no habría habido ningún problema». Así, Inspección de Trabajo reconoció que había culpa de la empresa, pero no señaló que no tuviese responsabilidad.
De este modo, la familia no tenía ningún derecho a indemnización. Hecho que ahora podría cambiar porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le ha dado la razón. Tras varias demandas contra la empresa y la aseguradora por parte de la familia, algunas sin éxito, ahora el TSJC ha condenado a VicVerd por falta de medidas de seguridad, dado que no habían hecho el mantenimiento, que el camioncito estaba obsoleto y que no se hacían las revisiones que tocaban. La sentencia impone un recargo a VicVerd del 30% de las prestaciones de la Seguridad Social a la viuda del trabajador fallecido.
A pesar de esta victoria para la familia, la que acabaría con la lucha contra la empresa y permitiría definitivamente pasar el duelo y descansar, el Ajuntament de Vic quiere llevar la sentencia al Tribunal Supremo y poner un recurso. Ahora la familia ha iniciado una recogida de firmas para detener este propósito.
Roser, la viuda de Lluís Barnolas, explica que han iniciado esta campaña para hacerlo visible: «Es un tema sobre el que no hay sensibilidad, para que lleguen las indemnizaciones pasa mucho tiempo, años, y si va al Supremo aún será más largo… Trámites, pero no hay manera de que se quiera hablar y escuchar. La familia parece invisible», denuncia. Y es que para ella y su hija, la empresa, y en este caso el Ajuntament de Vic, las ha abandonado en esta situación y no entienden cómo quieren seguir insistiendo y alargando el duelo que les supone mezclar la muerte con todo de procesos judiciales. En el pleno de la semana pasada del ajuntament, Capgirem Vic (Assemblea Oberta d’Esquerres – CUP) y ERC rogaron a Junts per Catalunya, quien gobierna en mayoría absoluta, que no fueran al Supremo por este caso para que se pudiera cerrar el tema. Pero no parece que esto vaya a acabar así. Según Mitjans, a pesar de la demanda desde la oposición de asumir las culpas como institución pública que debe aprender de los errores, el gobierno dijo que el caso se trataba de términos jurídicos, no políticos, y que por tanto no se retiraban.
La familia supone que no deben ser el único caso donde hay batallas judiciales y vulneraciones, ya que hay muchos accidentes de trabajo. Así, para ayudar a todos los casos, quieren visibilizar el suyo y todo lo que está comportando. ¿El objetivo? Exigir que se agilicen las indemnizaciones, pero también denunciar falta de agilidad, de sensibilidad y de humanidad: «Este tipo de empatía y diálogo que debería tener y que no existe».
Como también traslada Miquel Mitjans, abogado de la familia, desde la empresa VicVerd llegaron a decir que el trabajador que conducía debería haber puesto la marcha atrás y que «el trabajador que corría fue un poco temerario por intentar recuperarlo en esta situación». Mitjans apunta que «lo que hizo fue intentar que no fuera a un mal mayor. Imagina si el camioncito se precipita calle abajo hacia la plaza a las 17h de la tarde … Que se les tratara de esta manera fue aún más duro».
En cuestión de derechos laborales, la empresa debe tener la obligación de tener las herramientas de trabajo en buen estado y si una se ha desgastado esto es culpa de la administración. A menudo es Inspección de Trabajo quien resuelve esto sin ir a más, pero también depende de la ley su eficiencia.
En el estado espanyol existe una ley vigente la LO3/2007 de Prevención de Riesgos Laborales que modificaba la ley inicial Ley 31/1995, pero ley que muchos sindicatos denuncian que 26 años después sigue sin aplicarse y menos adaptarse a cuestiones de técnica preventiva y de modelo productivo actuales. Datos de diversas instituciones públicas decían en 2017 que en el 60% de los casos, la empresa tenía una Evaluación de Riesgos vigente que contemplaba medidas que hubieran evitado o, al menos paliado, los efectos del siniestro. Es decir, el 60% de las empresas tenían cómo evitar ese accidente, pero no se aplicaba. Lo que sorprende también de este dato es que el 40% de las empresas ni siquiera tenían esta opción y lo reconocen públicamente así que se está incumpliendo la ley.
