«A veces tienes la sensación de que estás trabajando para la mafia. Hay un régimen de miedo y silencio que recorre el matadero». Kalidou Balde nació en Senegal hace 44 años y desde hace 15 trabaja en el sector cárnico. Actualmente trabaja en un gran matadero, donde asegura que apenas hay representación sindical. .
Una investigación llevada a cabo por la organización de periodismo internacional Lighthouse Reports, en colaboración con lamarea.com y elDiario.es, revela las condiciones en las que se trabaja en el sector porcino, según denuncian algunos trabajadores de la industria y corroboran otros profesionales como médicos que atienden a empleados, inspectores de sanidad o veterinarios que han trabajado para algunos grandes conglomerados. También han participado en la investigación abogados laborales y representantes sindicales.
“Miedo” es la palabra más repetida. La industria cárnica en general, y los mataderos en particular, según las múltiples fuentes consultadas, “se abastecen en un alto porcentaje de personas migrantes, algunas en situación administrativa irregular”. Una garantía de dependencia laboral que aprovechan determinadas empresas del sector para someter a estos trabajadores a pésimas condiciones laborales.
Miedo a ser despedidos
La lucha de los trabajadores y las trabajadoras alcanzó su punto álgido a partir de 2017. Desde entonces, las condiciones han mejorado, aunque no lo suficiente. Una de las victorias se ha plasmado en el cierre de algunas de las consideradas «falsas cooperativas», un instrumento que permitía tener a muchos empleados y empleadas en régimen de falsos autónomos sin vacaciones, sin pagas extras y sin prestaciones por desempleo. En 2019, de los 19.000 falsos autónomos existentes en España, se estima que 12.000 trabajaban en el sector cárnico. Una situación que el secretario general de Industria de Comisiones Obreras de la región de Osona (Barcelona), Juan Jiménez, define como de “semiesclavitud”.
«Todo lo que puedes hacer es trabajar, callarte y mantener la cabeza baja. La única respuesta que teníamos cuando nos quejamos era que si no nos gustaba nos fuéramos a casa, que había 50 personas en la puerta esperando para trabajar”, cuenta Mohammed Laghmari, de 55 años y origen marroquí. Durante más de dos décadas trabajó en el sector porcino en diferentes lugares. En su historia se mezclan las duras condiciones laborales de la industria con las dificultades de organización sindical. Jornadas interminables, disponibilidad completa según producción, ausencia de vacaciones y, al ser falso autónomo, el miedo a ser despedido en cualquier momento sin derecho a prestación por desempleo.
En 2017, la Generalitat de Catalunya aprobó una modificación de la Ley de Cooperativas para intentar acabar con el fenómeno de los falsos autónomos. En ese momento, Laghmari intentó organizar a sus compañeros para terminar con sus pésimas condiciones laborales y pasar a ser considerados empleados por cuenta ajena, logrando el apoyo de cientos de trabajadores. Según explica el exempleado, tras el cambio legislativo, la falsa cooperativa obligó a todos los socios a mudarse a otra, cuya sede estaba fuera de Catalunya, con el objetivo de eludir la ley.
«Sube a firmar o estás en la calle», le dijeron, siempre según su versión. Pero él y otros 80 trabajadores decidieron no aceptar el cambio. Una decisión que les hizo perder su trabajo. Él pasó dos años recogiendo cartones en la calle para ganarse la vida. Un informe oficial de la Inspección de Trabajo realizado entonces, y obtenido por primera vez por los investigadores de Lighthouse Reports, confirma el relato de Laghmari. En él se asegura que los hechos “atentaron contra la dignidad de los trabajadores y sus más elementales derechos laborales y previsionales, quienes ante la situación de necesidad que tenían y de la que se acogieron las empresas referidas, fueron obligados a aceptar el cambio de cooperativa si querían seguir trabajando y cobrando un sueldo”.
El conglomerado señalado por el informe es el Grupo Jorge, “uno de los mayores grupos cárnicos de España con presencia en el sector porcino desde hace 75 años”, según se definen a sí mismos. Le Porc Gourmet era el matadero en el que trabajaba, uno de los más grandes del grupo. Tras una denuncia de los sindicatos por emplear a “falsos autónomos”, en 2019 el conglomerado se vio obligado a regularizar a más de 1.500 trabajadores. En respuesta a Lighthouse Reports, la compañía defiende que tras llegar a acuerdos con los sindicatos mayoritarios y con la administración “fue la primera [empresa] en el Estado español en internalizar directamente [a los trabajadores] en las empresas del grupo, con plena representación sindical”.
Prevención de riesgos
Fuera de Catalunya, la situación no parece ser mejor. Moses es de origen nigeriano, y el “miedo” a perder su trabajo le hace pedir que no se desvele su apellido. Trabaja en un matadero de Zaragoza en el que, asegura, “nadie se atreve a quejarse de nada”. Hace dos años dejó de ser autónomo para pasar a estar contratado por la compañía y “fue algo bueno”. Sin embargo, la mayoría no conservó ni la antigüedad ni otras mejoras logradas.
A la dureza de las condiciones de trabajo se le une, según denuncian todos los empleados y exempleados entrevistados, una insuficiente prevención de riesgos. El problema empieza con el idioma, ya que las formaciones solo se imparten en español a pesar de que la mayor parte de los trabajadores son migrantes: “La gente finge entender todo y luego vuelve a la cadena. Muchos piden ayuda a compañeros de la misma nacionalidad porque no han entendido nada. La empresa lo sabe, pero piensan que simplemente haciendo la formación han cumplido con su obligación”, explica Montse Castañé, de 59 años, una de las pocas españolas que ha trabajado en los mataderos. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, establece: «El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico”.
Desde Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), por ejemplo, reconocen que solo imparten la formación en español, aunque aseguran que “se utilizan fotografías e imágenes para facilitar la comprensión” y que “los técnicos realizan traducciones o utilizan traductores si es necesario”. Además, según explican, al final de cada formación “se solicita a los trabajadores rellenar unos cuestionarios para asegurar que el empleado ha entendido y asimilado lo explicado”. El Grupo Fuertes también reconoce impartir la formación únicamente en castellano, aunque en su caso argumentan que sus trabajadores y trabajadoras “son castellanohablantes”. Según explican, los empleados del conglomerado “son formados en materia de prevención de riesgos laborales” tanto en el momento de su contratación como cuando se producen “cambios de funciones o incorporación de nuevos equipos”.
Los trabajadores consultados por Ligthhouse Reports, elDiario.es y lamarea.com aseguran haber presenciado e incluso sufrido todo tipo de accidentes, desde cortes profundos hasta pérdidas de extremidades. “Conozco a cuatro personas que han perdido la mano”, sostiene el senegalés Kalidou Balde. “También hemos visto muchas veces cómo los gerentes llevaban ellos mismos a los trabajadores al hospital después de un accidente y se negaban a avisar a la ambulancia”, añade. Asimismo, denuncian la poca utilidad de las inspecciones laborales, ya que cuando estas suceden, se reduce la velocidad de la cadena de producción para que el entorno de trabajo parezca más seguro.
Los relatos de estos trabajadores son corroborados por un médico de familia que atiende habitualmente a los empleados de un gran matadero de la zona de Osona y que ha decidido hablar bajo la condición de anonimato. Según explica, «todas las semanas» atiende a trabajadores de ese gran matadero. La mayoría no habla castellano: «Tienen problemas para entender y expresarse en español, así que a menudo acabo por atenderles en inglés», dijo. Este médico asegura tratar de manera constante cortes profundos en manos o antebrazo, e incluso policontusiones en todo el cuerpo: “Vienen a verme regularmente con tendinitis crepitante [daños en los tendones] y con lesiones que nunca he visto en personas de aquí, solo entre quienes trabajan en el matadero”. El doctor tiene claro los motivos: “Estas lesiones son el resultado de un exceso de trabajo: trabajan muchas horas, a un ritmo muy alto y con movimientos muy repetitivos”.
El volumen desproporcionado de trabajo les obliga, explica el médico, a vulnerar en ocasiones la normativa en materia de sacrificio de animales para no ocasionar a estos un “sufrimiento evitable”, ya que llegan a matar a los cerdos incluso antes de que estén completamente aturdidos. Son los propios animales quienes, aún plenamente conscientes, reaccionan defendiéndose y golpeando a los trabajadores, asegura el doctor.
Según un inspector de Sanidad Pública de Castilla y la Mancha especializado en mataderos, la legislación que regula el sacrificio de ganado para consumo humano en la Unión Europea exige que los animales sean aturdidos antes de ser sacrificados: “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda 2,5 o 3 minutos para que el animal quede inconsciente antes de matarlo. Porque si no los aturdes, el animal sufre mucho”, explica. Las bajas, sin embargo, son mínimas. Y, de nuevo, vuelve a aparecer esa palabra: “Todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo, necesita trabajar pase lo que pase y no puede darse el lujo de ausentarse», asegura.
Aunque la mayor parte de los trabajadores de la industria porcina se encuentran empleados en los mataderos, en las granjas también se vulneran sus derechos. De acuerdo con un antiguo veterinario de una de las principales empresas del país y que prefiere mantenerse en el anonimato, la tos causada por la acumulación de amoniaco en el aire como consecuencia de los purines de los animales es una de las principales afecciones a la salud de los trabajadores. “La prevención de riesgos laborales deja mucho que desear. Falta de equipo de protección personal. Por ejemplo, las mascarillas faciales escaseaban antes de la COVID-19 para proteger contra los gases tóxicos”, denuncia.
La vulneración de derechos en el sector cárnico es una de las razones por las que la Unión Europea ha propuesto condicionar sus ayudas (la famosa Política Agraria Común, la mayor inyección de capital público al sector ganadero de Europa) al cumplimiento de la legislación comunitaria y nacional en materia laboral, de cara a la nueva reforma para la PAC 2023-2027. Una medida consecuente, teniendo en cuenta los más de 32 millones de euros, según los datos ofrecidos por FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), que reciben los principales conglomerados de la industria de manera directa, cuyos nombres más reconocidos aparecen en los testimonios de estos trabajadores que aseguran haber vivido de primera mano violencia y coacción en el marco de unas condiciones laborales degradantes.
El crecimiento de las empresas multiservicios
Los abusos a los que se han enfrentado numerosos empleados del sector también los corroboran historias como la de Shariff Diao, quien habla del racismo que viven los trabajadores que, como él, han nacido fuera de las fronteras españolas. Denuncia que en julio de 2019, sus responsables le comunicaron a él y a otros compañeros del matadero en el que trabajaba que iban a pasar de una cooperativa a una compañía multiservicios, creada para externalizar a los empleados.
Diao y otros trabajadores se enfrentaron a su miedo de ser despedidos y pidieron mantener la antigüedad de más de 5 años o, en caso contrario, cobrar una indemnización. Sin embargo, tampoco sirvió de nada. Según su relato, la empresa les presionó para que abandonasen su lucha: «Aprovecharon que estuve una semana fuera para llamarlos uno a uno. Le contaron a cada uno una historia diferente para convencerlos de que firmaran. Cuando regresé, muchos habían abandonado la pelea». Solo quedaron cuatro en pie, incluyéndole a él, quienes decidieron presentar una demanda por cesión ilegal de trabajadores y todos ellos fueron a la calle sin indemnización por despido ni desempleo. Ahora, él trabaja recogiendo fruta: «No tengo un trabajo estable como antes, pero al menos no tengo que soportar el acoso y el racismo todas las semanas de mi vida», concluye.
Las empresas multiservicios se han convertido en la baza laboral perfecta para muchas compañías del sector, en detrimento de las falsas cooperativas, ahora más controladas. Según explica el experto legal Laurentino Dueñas, la subcontratación no es ilegal y supone un ahorro de costes. Según Dueñas, la externalización de servicios ha crecido un 33% entre 2008 y 2015 en términos del volumen de gasto que representa para las empresas cárnicas. “Aunque desarrollan su actividad diaria en plantas cárnicas y están empleados en actividades de sacrificio y procesamiento, esos trabajadores no están cubiertos por los dos convenios colectivos nacionales que cubren el sector cárnico español”, denuncian desde la Federación Europea de Alimentación, Agricultura y Turismo. Esto provoca importantes diferencias en materia de salarios, jornada laboral y cobertura de la seguridad social entre trabajadores contratados, por subcontratistas y trabajadores empleados directamente por las empresas cárnicas. “Empresas multiservicios como Randstad tienen sus propios convenios de empresa que nada tienen que ver con el de los centros de trabajo donde operan sus trabajadores”, asegura Buenaventura Campo, representante sindical de Comisiones Obreras.
