El agricultor araucano Justo Gutiérrez y su maquinaria agrícola arrasada. FEDE SEGARRA
A pesar de que durante la campaña para las constituyentes, todas las propuestas de los dirigentes mapuche fueron pacíficas , ninguno de ellos ha condenado abiertamente la violencia de los grupos radicales. Desde 1997, cuando tres camiones ardieron en un primer acto reivindicativo, se han sucedido los asaltos y los ataques incendiarios contra iglesias, empresas forestales y vehículos de agricultores. Esto se traduce en que los implicados en las disputas hayan optado por defenderse con armas . Según la Fiscalía chilena, desde 2016 se han producido 547 atentados en la Araucanía y Biobío.
La eficacia del Gobierno para mediar en este conflicto está en entredicho. Desde Santiago se ordenó militarizar la zona con carabineros o agentes especiales de policía . Comunidades mapuches denuncian el uso desmedido de una fuerza que incluso habría afectado a niños, heridos con perdigones; algo que ya condenó Unicef en 2012. La estrategia del Estado a lo largo de los años ha consistido en custodiar una parte importante de los terrenos en proceso de recuperación, y aplicar en algunas ocupaciones la expeditiva Ley Antiterrorista, redactada durante la dictadura de Pinochet .
Las acusaciones de narcoterrorismo se suceden en los medios de comunicación chilenos cuando se debate sobre los mapuches más radicalizados y su financiación. Se les llega a relacionar incluso con las FARC colombianas , hasta hoy sin pruebas. El episodio más importante relacionado con el tráfico de drogas fue la detención del exlíder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Emilio Berkhoff, en junio del año pasado. La CAM es la organización mapuche radical más conocida . En la operación se decomisaron casi 825 kilos de pasta base de cocaína.
Los dirigentes mapuches tienen bien aprendidas sus respuestas contra estas acusaciones: “Antes nos llamaban analfabetos, luego borrachos y ahora toca que nos tilden de narcotraficantes”. Para ellos, las plantaciones de marihuana son muy limitadas y niegan los cultivos de coca. El pasado mes de enero, en la comunidad de Temucuicui, 800 policías entraron por la fuerza para decomisar mil plantas de cannabis. Los agentes sufrieron una emboscada y un agente murió en la operación.
Tan solo un año antes, la denominada Operación Huracán se saldó con ocho mapuches detenidos por asociación terrorista ; entre ellos el actual líder de la CAM, Héctor Llaitul . Posteriormente, la Fiscalía descubrió que se habían manipulado sus teléfonos para crear conversaciones inexistentes e inculparlos . Esto supuso la dimisión del director de Carabineros, el general Bruno Villalobos, y del director de Inteligencia, el general Gonzalo Blu. Los mapuches recriminan a las grandes corporaciones y a los latifundistas que posean más hectáreas que la mayoría de sus familias. Sin embargo, bajo esa etiqueta de empresarios o colonos, también hay muchos agricultores que trabajan sus tierras, y que las heredaron de sus abuelos. Muchos de ellos entienden las reivindicaciones indígenas, y creen que no todos son violentos, pero argumentan que también tienen derecho a vivir allí.
Justo Gutiérrez es un huinca, como llaman a los chilenos de ascendencia europea. Su finca, colmada de avellanos cuyos frutos irán a parar a los italianos de Ferrero, se ubica en Vilcún, cerca del río Quepe. Al fondo del terreno, se divisan hasta seis tractores calcinados: “Nos los quemaron todos, nos dejaron con una mano delante y otra detrás”. Y apuntilla: “Es una injusticia sentirte extranjero en la tierra que te ha visto nacer”. Gutiérrez es vicepresidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA), una organización que, según él, documenta en redes sociales los ataques mapuches contra el resto de araucanos. Para la contraparte, solo se encargan de difundir odio y acusar al mapuche de violento.
Según el Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2021, las tomas de tierras aumentaron un 688% con respecto al mismo período del año anterior en las regiones australes de la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos . El pueblo chileno aguarda con recelo cómo se materializará la nueva constitución. Si no satisface sus demandas, puede provocar que los manifestantes vuelvan a salir a las calles con más fuerza. Mientras tanto, escépticos ante este proceso, en el pequeño pueblo de Boroa, familias como la de Gladys y Arturo se levantarán cada día con la misión de recuperar la tierra de sus antepasados. La tierra que empieza, precisamente, en el siguiente centímetro de campo que hay tras la valla de su cuarto de hectárea cultivada ; y la misma por la que otros agricultores huincas no dormirán de noche pensando que puede ser ocupada.
Perfil de los constituyentes mapuches: defensores de los derechos humanos, profesores o ambientalistas
La participación del pueblo mapuche en las elecciones constituyentes fue la más baja de todas las comunidades indígenas (22,3%), con la excepción del pueblo diaguita (21,35%) . La ley interna del proceso obligaba a confeccionar listas paritarias, lo que derivó en la asunción de cuatro mujeres electas y tres hombres.
Elisa Loncón ganó en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule . Es una reconocida lingüista de 58 años y se ha erigido en las últimas décadas como una de las principales activistas mapuches, sobre todo en el ámbito académico. Esta profesora de la Universidad de la Frontera (Temuco), que también ostenta un posgrado por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, ha trabajado para el reconocimiento y la promoción del mapudungún en todo Chile.
Francisca Linconao (62 años), La Machi, ha sido la cara más representativa de este pueblo en los últimos años . Activista por los derechos humanos, ambientalista y autoridad espiritual mapuche, en 2013 fue vinculada al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, por el que tuvo que pasar nueve meses en prisión preventiva, comenzó una huelga de hambre y permaneció en arresto domiciliario. Después de esto, no se encontraron indicios incriminatorios sólidos y fue absuelta e indemnizada . Este episodio reforzó su liderazgo a ojos de su comunidad.
Natural de Tirúa (Biobío), Natividad Llanquileo es la constituyente mapuche más joven , con 36 años. Se define como una líder amerindia, licenciada en Derecho por la Universidad Bolivariana de Chile, y defensora de los derechos humanos. Su figura emergió en 2010, año en el que empezó a ejercer como portavoz de los conocidos como “presos políticos mapuches”, comuneros en huelga de hambre encarcelados en aplicación de la Ley Antiterrorista.
Adolfo Millabur (55 años) , también oriundo de Tirúa, es el constituyente con mayor trayectoria política. Fue el primer alcalde mapuche de Chile, por su ciudad natal, cargo que desempeñó hasta en cinco legislaturas . Semanas antes de la elección, atendió a lamarea.com para sintetizar sus objetivos en la redacción del nuevo texto constitucional: “Conseguir eliminar los colonialismos clásicos, que el poder en Chile se reparta entre el pueblo y que deje de estar en las mismas manos de siempre”. Millabur, Llanquileo y La Machi fueron los más votados en las regiones de Araucanía, Biobío y Ñuble . Además de Rosa Catrileo (39 años) , una temucana también licenciada en Derecho y vinculada a la defensa territorial y los derechos humanos.
En las regiones sureñas de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, los elegidos son Victorino Antilef (51) y Alexis Caiguán (46). Antilef es profesor de lenguaje y fundador del Consejo de Educación Mapuche Azeluwam, una organización enfocada a la enseñanza de la cultura mapuche. Comparte actividad con Caiguán, quien pertenece a los huilliche –rama austral de este pueblo– y que ha dedicado los últimos ocho años a la difusión de las tradiciones y la música mapuches entre las nuevas generaciones.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Latinoamérica
Chile aún no reconoce constitucionalmente a sus pueblos originarios , a pesar de que el 97% de la ciudadanía apoya que su existencia se vea reflejada en la nueva ley fundamental, según un estudio del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de 2020.
Salvador Millaleo, experto indigenista y miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos , cree que esta situación viene provocada por que “la élite de origen europeo trató de olvidar sus raíces indígenas”. El investigador explica a La Marea que, según su visión, el modelo neoliberal que estos tratarían de imponer “choca con las reivindicaciones de las tierras ancestrales” y no les habría convenido que fueran reconocidos en la constitución.
Aproximadamente el 17% de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema en América Latina son indígenas , a pesar de representar menos del 8% de la población. Los movimientos sociales indigenistas fueron espoleados por Naciones Unidas para afrontar desigualdades como esta. Un primer antecedente histórico fue el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (1957), relativo a la protección e integración de estos pueblos. Entonces sólo fue ratificado por Cuba, El Salvador, República Dominicana y Panamá.
México, que cuenta aproximadamente con el 38% de la población indígena de todo el continente, fue el primer país latino en firmar el nuevo Convenio 169 (1989). El artículo 2 de su constitución reconoce a la nación como “pluricultural”. Asimismo, incluyó el derecho a la educación bilingüe y la propiedad colectiva de estos pueblos.
Bolivia , con más del 60% de población declarada indígena, introdujo en su carta magna el derecho a un régimen de autonomía para estas poblaciones en 1991. Perú hizo lo propio en 1994, con un 12% de población originaria en su territorio. En 1996, Guatemala dio acogida a las demandas de los indígenas (40% del total de guatemaltecos). Ecuador, con menos del 10% de población originaria, los reconoció constitucionalmente en 1998.
Ninguna de las tres constituciones que ha tenido Chile (1833, 1925 y 1980) contempla estos pueblos. La nueva carta magna presumiblemente hará que Chile forme parte de los países que sí reconocen a su población autóctona. Así, solo Uruguay y Surinam seguirían en la lista negra de los derechos indígenas en la región.