La asociación Militares con futuro es una de las 11 organizaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas (RAPFAS). Lo es gracias a la Ley Orgánica 9/2011, la cual establece que «los militares tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos». El objetivo, explican en su página web, es «aglutinar en este proyecto las demandas que los miles de militares a diario desempeñan su trabajo».
Militares con futuro cuenta con un programa de 20 puntos entre los que se encuentran propuestas para las mejoras laborales del colectivo, contra la discriminación o por la libertad sindical en las Fuerzas Armadas. Su secretario general y cabo del Ejército de Tierra, Marco Domínguez, responde a las preguntas de lamarea.com como portavoz de la asociación.
La creación de una asociación de militares en activo es un hecho noticioso porque no suele ser algo habitual. ¿Por qué nace Militares con futuro?
Nuestra asociación ha nacido con un claro y nítido propósito: resolver un doble estancamiento. Por un lado, el de las condiciones laborales y de vida que sufren a diario los militares con una extensa y variada lista de injusticias. Por otro lado, el del asociacionismo profesional y su actividad por mejorar la situación de los militares. Ya han pasado 10 años desde que se reguló el asociacionismo profesional militar y el balance es decepcionante.
Militares con futuro nace con un espíritu integrador, con ánimo de aglutinar las demandas del colectivo, en territorio nacional o en misiones internacionales; que sean escuchadas pero, sobre todo, atendidas. Además, es una asociación transversal, donde caben todos los militares y cuyos objetivos son la mejora de las condiciones laborales en todos los aspectos. Para ello no basta con los mecanismos internos establecidos, sino que es preciso contar con la fuerza de la unión, una organización sólida que pueda gestionar las demandas de manera eficiente.
Están conformados como asociación pero reclaman libertad sindical dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Creen que es una posibilidad factible? ¿Hay ejemplos en países de nuestro entorno?
El ejercicio de derechos constitucionales, lejos de poner en peligro la democracia o de inducir a la disolución del principio de disciplina y jerarquía en las Fuerzas Armadas, contribuye a que los militares tengan una mayor identificación y respeto por el sistema constitucional al que sirven y por el que deben hacer los mayores sacrificios. Son varios los países en nuestro contexto europeo, como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Bélgica, etc., donde los militares gozan de más derechos fundamentales que los españoles (derecho de sindicación, de afiliación a partidos, de negociación de sus condiciones laborales y plenos derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión, equiparables a los demás ciudadanos de sus países) y nadie duda de que sus ejércitos funcionan con alta cohesión, disciplina, profesionalidad y eficacia. No cabe en ninguna lógica que a aquellos que tienen como misión garantizar el ordenamiento constitucional se les prive de derechos constitucionales que defienden hasta con su propia vida si fuera necesario.
Además de las laborales, ¿qué otras reivindicaciones vehiculan el programa de Militares con futuro?
Podemos añadir otras como las condiciones de vida en los alojamientos militares, las indefinidas e interpretables normativas sobre jornadas y horarios, conciliación familiar, vacaciones o descanso por guardias o maniobras, la realidad de los oficiales de complemento, los criterios sobre vacantes y destinos, la prevención de riesgos laborales, la situación de los militares con discapacidad, los protocolos ante las bajas médicas o expedientes psicofísicos, la atención psicológica y la realidad de los psicólogos militares, el pase a la reserva, la lucha por la igualdad y contra toda discriminación o nuestro más que cuestionable régimen disciplinario y justicia militar.
Si valoramos también la situación de los militares respecto a sus derechos fundamentales, reflejados en la Ley de Derechos y Deberes para los miembros de las FAS 9/2011, encontramos otro desequilibrio importante entre la sociedad española y los empleados de la administración civil en general y la de los ciudadanos de uniforme en particular, que somos los militares. Por ello, se hace conveniente una revisión de la ley que nos haga avanzar en derechos y nos equipare con el resto de ciudadanos españoles así como con otros países de la Unión Europea en lo relativo a derecho de sindicación, de participación en la interlocución con el Ministerio de Defensa, de asociación, de reunión, de afiliación a partidos o de libertad de expresión.
Reclaman también una mayor independencia de la justicia militar. ¿No es independiente en la actualidad?
La actual realidad de la Justicia española nos la presenta troceada en dos partes: una jurisdicción ordinaria para el conjunto de la población y, además, una jurisdicción especial para los ciudadanos militares.
Hay que arrumbar esa vieja regla de que ‘quien manda, juzga’. No tiene sentido y quiebra toda independencia que los miembros que integran los Tribunales Militares no sean jueces de carrera, sino militares de la especialidad jurídica que mantienen dependencia del Ministerio de Defensa y que pueden cambiar de destino y ocupar puestos donde ya no serían ‘jueces’ (sino interventores, asesores jurídicos…) y que podrán estar a las órdenes de a quien antes o después tendrán que juzgar. Por otro lado, la justicia debe ser independiente e igual para todos. Nos preguntamos qué particularidades hacen que tenga que juzgarse de diferente forma, por ejemplo, un hurto en un vestuario de un gimnasio de un cuartel y el mismo en un vestuario de un gimnasio en la calle.
En tiempos de paz y en territorio nacional, la jurisdicción militar debe desaparecer. Y, por consiguiente, se ha de contar con magistrados civiles independientes a las FAS, no sometidos a jerarquía ni que ostenten empleo militar y que estén especializados en el derecho militar y en el derecho en situaciones de conflicto. Las zonas de conflicto han cambiado y ahora en ellas conviven civiles y militares. Estas situaciones, tratadas en el ámbito jurisdiccional, se podrían abordar legislando o modificando los códigos ordinarios, de tal manera que incluyan previsiones para que ciertas actuaciones tengan diferente tratamiento en caso de guerra o conflicto, se tenga condición de militar o civil.
Entre las demandas y las reivindicaciones de MCF, ¿hay alguna relacionada con las denuncias de discriminación por género que a veces se ha denunciado en las FAS?
Es un asunto fundamental para nosotros; tanto es así que tenemos una secretaría dedicada a la Igualdad. Contamos con un grupo de trabajo no mixto de mujeres militares, ya que creemos que es imprescindible que cuenten con espacios seguros donde poder reunirse.
Por otro lado en el programa recogemos algunas propuestas como la actualización de los protocolos contra el acoso sexual, que a nuestro entender siguen siendo insuficientes.
En lamarea.com y otros medios de comunicación hemos publicado casos que apuntan hacia una radicalización de determinados miembros dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Les preocupa?
Uno de los fines marcados en los estatutos de Militares con futuro es “divulgar y defender, desde la neutralidad política e ideológica, los valores constitucionales, democráticos y de respeto a nuestro Estado de Derecho entre los militares españoles, así como confrontar legalmente aquellas manifestaciones o acciones públicas contrarias a ellos que surjan desde el seno de nuestras Fuerzas Armadas”. Nuestra postura es la defensa constitucional de manera que, todo lo que se salga de ello, será denunciado por MCF.
La ministra Margarita Robles aseguró hace algunos meses que estos casos son una “minoría” mientras que otras voces, como la del exmilitar Luis Gonzalo Segura, sostienen que este es “un problema estructural” y que dentro de las FFAA “el relato predominante es el de la ultraderecha”. ¿Cuál es su visión? ¿El Ejército español es una institución del siglo XXI?
Después de más de 40 años desde que se aprobó la Constitución y entramos en una España democrática, las Fuerzas Armadas han demostrado madurez y una alta entrega en el cumplimiento de las misiones que se les ha ordenado. Estas FAS, ya profesionalizadas, han participado en misiones internacionales de toda índole, han estado sometidas a confrontaciones en conflictos armados con pérdida de vidas; han sido partícipes en misiones de ayuda humanitaria de todo tipo, incluso, en nuestro país, se actúa en catástrofes y calamidades públicas, como incendios, terremotos, inundaciones o epidemias mortales, en beneficio directo de la población.
Según los últimos datos aportados por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial se incrementó durante el año 2020 un 2,6% hasta casi 2.000 billones de dólares. ¿Creen que es necesario aumentar el gasto en Defensa en estos momentos?
La política de Defensa y su presupuesto está en manos de las instituciones políticas y son ellas las que, valorando las necesidades, aprueban ese presupuesto. No cabe duda de que para cumplir las misiones encomendadas son necesarios unos medios adecuados. Los militares tienen en la actualidad las menores retribuciones en comparación de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de esta extraordinaria y dura labor reconocida socialmente, el Estado no le da el reconocimiento económico que merece y deja al colectivo militar en una situación de desventaja respecto a otros empleados públicos.
Siguen creciendo los casos de puertas giratorias entre el ámbito militar y de Defensa y empresas de armamento. Uno de los casos más conocidos es el del exministro de Defensa Pedro Morenés, que ha acabado a sueldo de este tipo de compañías. ¿De qué formas creen que influye esto?
Los militares tienen en la actualidad un problema de puertas, una que hace que los militares de complemento que alcanzan los 45 años salen por esa puerta y no pueden volver a entrar; esa sí que es una puerta que interesa porque supone que, después de una vida dedicada a las FAS, un personal perfectamente válido es expulsado del sistema con una edad a la que le es muy difícil volver a encontrar otro trabajo.
En el caso de la tropa y marinería, que suponen alrededor de 80.000 efectivos, el 85% es temporal. De igual manera hay aproximadamente 600 oficiales de complemento en situación de temporalidad. La difícil situación en la que quedan aquellos que son puestos en la calle a los 45 años obliga a tomar soluciones inmediatas, desarrollando las medidas incumplidas de la ley y acompañándolas con otras que aborden con eficacia esta problemática.
