Con un polo verde, vaqueros y la correspondiente mascarilla, Francisco Javier Mañas prepara unas diapositivas en la sala Palafox, en el edificio de la Constitución de 1812 de la Universidad de Cádiz. Allí se está desarrollando un curso de verano sobre una época, la Transición, que viene a ser como un limbo entre la dictadura y la democracia, o ese lugar al que el Estado siempre mira desde una única dirección. “Yo soy el niño que iba a hacer la comunión, hermano de Juan Mañas”, dice en presencia de los participantes –todos hombres–. Su hija lo graba con un teléfono móvil, sentada en una silla al fondo, junto a su madre. La escena, y el empeño de esta familia andaluza por saber toda la verdad sobre el crimen de su hermano y dos compañeros más en 1981, aún impresiona.
“Este mayo se han cumplido 40 años. Para alguna gente, esto hace mucho tiempo. Para nosotros, los familiares y quienes estamos en esto, es como si hubiera pasado ayer”, prosigue. En ese ayer que hoy, 12 de julio de 2021, explica este niño ya adulto, fue asesinado su hermano, Juan, y sus compañeros Luis Cobo y Luis Montero en el conocido como caso Almería. O, mejor dicho, en el denominado caso Almería. Porque algunos de los alumnos presentes en la sala, estudiantes de Historia, admiten que hasta hoy no tenían conocimiento de este ayer. “Hoy he visto los homenajes a Miguel Ángel Blanco, todos merecidísimos. Pero siempre estamos con lo mismo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros no los merecemos?”, reflexiona Francisco Javier, siempre con templanza y dispuesto a contar hoy quién fue su hermano.
Nueva ley de memoria y víctimas hasta 1978
La nueva ley de memoria histórica, que está pendiente de llegar al Consejo de Ministros, ahora con Félix Bolaños al frente de la materia, vuelve a dejar al margen los crímenes que quedaron impunes en ese espacio de tiempo que va desde la aprobación de la Constitución a principios de la democracia. No se acuerda, en principio, de víctimas que todavía hoy siguen sin ser reconocidas por el Estado y que continúan sufriendo las consecuencias de unos hechos que, en muchos casos, no llegaron ni siquiera a ser juzgados, como el caso de María José Bravo del Valle, violada y asesinada en un crimen reivindicado por el grupo de ultraderecha Batallón Vasco Español.
De momento, tal como está redactada la ley abarcará hasta 1978 y se queda atrás en ese aspecto con respecto a la andaluza, que llega hasta 1982. «Mi hermano era un trabajador, el segundo de cinco hermanos de una familia humilde. Él era muy emprendedor y quería ser algo”, va narrando Francisco mientras muestra fotos antiguas de Juan Mañas en el servicio militar, en su trabajo como ferroviario en Santander… “Pero su vida duró poco”, añade. En Andalucía, a pesar de la ley, tampoco han encontrado el reconocimiento que buscan.
La vida acabó para Juan y sus amigos en el viaje que emprendieron desde Cantabria hasta Almería para asistir a la comunión de quien hoy, en este edificio con historia, denuncia que persiste el silencio y el ocultamiento de esta otra parte de la historia de España. Varios guardias civiles los detuvieron, según dijeron entonces, confundidos con etarras. Los torturaron, los desmembraron y los calcinaron. De los 11 agentes implicados, solo tres fueron juzgados en una causa donde los familiares, que eran las víctimas, recibieron amenazas; donde el abogado de las víctimas era el amenazado y donde los periodistas que querían investigar también eran señalados. Esos tres guardias civiles fueron condenados finalmente por homicidio, no por asesinato. Y cumplieron buena parte de la condena en centros militares.
Reparación para estas familias
¿Tiene el Gobierno pensado algún tipo de reparación para las familias de víctimas cuyos crímenes en fechas posteriores a la aprobación de la Constitución no fueron juzgados o fueron despachados sin justicia real? ¿Qué solución puede darse a esas familias que, en algunas ocasiones, se han autodefinido como víctimas de segunda? En una entrevista con la lamarea.com, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, respondió lo siguiente –que es prácticamente lo mismo que evitar responder–:
«Este anteproyecto tiene por objeto el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución de 1978. En coherencia, a los efectos de la misma, se considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante dicho periodo”.
En una entrevista en 2019 publicada en El País, la entonces vicepresidenta en funciones y hoy exvicepresidenta, Carmen Calvo, afirmó: «Salimos de una manera tan brillante de la dictadura a la democracia, sin un solo roce de violencia, salvo ETA, salvo ETA».
Las exhumaciones como deber del Estado
La futura ley tiene como base la asunción por parte del Estado de las exhumaciones y, entre otras novedades, prevé la creación de una Fiscalía específica para investigar los crímenes franquistas. Entre los familiares de víctimas se preguntan cómo es posible esto sin la derogación de la Ley de Amnistía, que es lo que, en la práctica, alegan los jueces para no investigar los asesinatos denunciados. Esos obstáculos fueron los que los llevaron a recurrir a la justicia argentina.
Hasta este miércoles, varias víctimas relatarán sus vivencias en este seminario –Víctimas de la Transición. Luchando contra el silencio y el olvido– de la 71ª Edición de los Cursos de Verano de Cádiz. La organización destacó la importancia de que estos encuentros se difundan en la Universidad. En la mesa también estarán Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en una manifestación en Madrid el 23 de enero de 1977, la víspera de la matanza de Atocha; Andoni Txasko, víctima de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria; y Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado durante los sanfermines de 1978.
