Bajar el IVA o suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica como ya se hizo a finales de 2018. Son las dos principales medidas que está barajando el Gobierno para rebajar la subida de la luz. El precio de la electricidad no para de subir y puede provocar que la factura de la luz de junio sea la más cara de la historia en España.
Esta situación provoca el incumplimiento del artículo 3.2. del acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en 2019 para formar gobierno. En él, se recogía explícitamente la obligación de una “reforma del mercado eléctrico” y la “bajada de la factura” para los consumidores con el objetivo de hacer “el sistema más justo socialmente”.
Dentro de este punto se incluía la realización de los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico “para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías”. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado esta semana que el Ejecutivo está “estudiando” aprobar por decreto este mecanismo, que supondría una reducción de los ingresos de las grandes compañías de unos 1.000 millones de euros anuales.
De manera paralela, la reducción o suspensión de algunos impuestos también está sobre la mesa. El propio Garzón se ha mostrado partidario de una “reducción posible, hipotética, del 21% al 10%” de IVA. La medida ha sido bien acogida desde la organización de consumidores Facua, que lleva proponiendo esta bajada desde hace años: “Si tomamos los datos del usuario medio en los últimos seis meses, una persona se podría ahorrar cada año algo más de 81 euros, que es un ahorro significativo”, explica el secretario general de la organización, Rubén Sánchez. Por el contrario, no cree que suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica sea una buena medida, ya que “representa en la factura poco más de lo que cuesta un café”.
Para Laura Feijoo, del departamento técnico de Ecooo Rvolución Solar, retocar el IVA debe ser parte “de una remodelación integral del sistema fiscal por uno con mayor carácter progresivo”. Por ello, pide que la medida se acompañe de otras muchas con el objetivo de que no se interprete por parte de la ciudadanía “que el problema de que el recibo de la luz es caro en España es por culpa de los impuestos”. En el caso del el impuesto a la generación eléctrica, Feijoo opina que su supresión debería acompañarse de “mecanismos que obligaran a las compañías a repercutirlo en el importe a pagar por el consumidor”.
El profesor y director de Economics for Energy Pedro Linares explica que, “evidentemente, bajar los impuestos abarata la factura, pero lo hace a costa de una pérdida de recaudación”. Un problema que, según Rubén Sánchez, se podría solucionar a través del aumento de los impuestos directos a grandes rentas y a empresas con grandes beneficios. A pesar de ello, el profesor Linares defiende que la reducción o eliminación de determinados tributos es injusta socialmente: “Los bajas para todos y quien más se beneficia es quien más consume. Para mucha gente, la factura es un tema menor en su presupuesto”, sostiene.
Álvaro del Río conoce bien el sistema desde dentro, ya que fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre 1983 y 1989. Opina que es “trágico” que la acción del Ministerio de Transición Ecológica sea reducir los ingresos del Estado mientras se apoyan los beneficios “abusivos” de las grandes empresas “ante la subida artificial de tarifas por la muy previsible manipulación oligopolista del mercado”.
Tampoco cree que esta medida sea la solución el catedrático de Economía Aplicada de la UCM y autor de El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal), Enrique Palazuelos. Aunque defiende que eliminar de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica “es un buen remedio a corto plazo”, no ve aconsejable “improvisar sobre la marcha” con otros impuestos como el IVA: “Reduciría bastante la previsión de los ingresos estatales y focalizaría el problema hacia donde no está la solución”, asegura. Para evitar esquilmar las arcas públicas, Álvaro del Río tiene claras las contramedidas: “Si se considera bajar el IVA, los impuestos sobre los salarios –disparatados en altos cargos– y los beneficios, debieran ser mucho mayores”, propone.
Los impuestos a nuestro alrededor
La carga impositiva en la factura de la luz es dispar en los Estados de nuestro entorno. “Países grandes como Italia o Reino Unido tienen tipos reducidos, pero lo más habitual es tener el tipo estándar como Alemania, Holanda o los países nórdicos”, explica el especialista en mercados energéticos y actual director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco. En el caso francés, por su parte, se aplica un IVA reducido a la parte fijo y el IVA estándar a la parte variable, una opción que Fresco considera “interesante” porque “no va contra las políticas de eficiencia energética pero, a la vez, convierte el suministro eléctrico en algo de baja fiscalidad”.
Finalmente, Portugal adoptó el modelo francés hace dos años para los hogares con poca potencia contratada, llegando a conseguir que la Unión Europea le permita tener un IVA reducido para los primeros kWh consumidos y, una vez superado el límite, se aplica tasa estándar. En el acuerdo entre UP y PSOE se establece una modificación de la factura eléctrica para que “el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”. Según Rubén Sánchez, esta es una cuestión en la que también hay que “apretar”.
Más allá de la bajada de impuestos en la factura de la luz
Pero, sin tocar los impuestos, ¿es posible abaratar la factura de la luz con el marco regulatorio actual? Asume el profesor Pedro Linares que la reforma del sistema eléctrico “es complicada”, aunque defiende que desde el Ejecutivo se han ido tomando algunas medidas en esa dirección, los cuales no parecen haber dado sus frutos en el corto plazo. Cree, no obstante, que una de las formas a medio plazo de abaratar la generación es aumentar la cuota de renovables en el mix, cuyo precio es mucho menos volátil. Una opinión que también apoya Pedro Fresco: “Lo que tenemos que hacer es doblar esfuerzos en la instalación de energías renovables […]. A más renovable, electricidad más barata”.
Laura Feijoo apuesta por la “pedagogía” hacia la ciudadanía: “Una de las formas más eficientes y rápidas para bajar la factura de la luz es comprobar si nuestro término de potencia está bien contratado”, explica. Consciente de que el problema no puede dejarse únicamente de la mano del consumidor, cree que el Gobierno ya ha comenzado a dar pasos “con bastante valentía” en temas como la eliminación de los beneficios caídos del cielo” o la implementación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), “que pretende sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables que asumirán principalmente las grandes compañías petroleras”. Todo ello, según Feijoo, debe acompañarse del “control, análisis e investigación de las grandes compañías del oligopolio que en un sistema eléctrico como el español pueden tener capacidad de manipulación de los precios”.
El bono social es una prioridad para Facua. Piden que suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas y agua para aquellas familias que sean consideradas vulnerables. Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, Facua pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y que el descuento llegue al 70%, el cual se verá incrementado en función del número de hijos, dependientes, con discapacidad o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
En el corto plazo, el catedrático Enrique Palazuelos no cree que el Gobierno disponga de más opciones que retocar los tributos y acabar con la sobrerretribución, es decir, con los beneficios caídos del cielo. En el medio plazo, apunta hacia tres principales problemas estructurales: “El pésimo funcionamiento del mercado mayorista-marginalista; las sobrerretribuciones que siguen recibiendo los peajes […] y los problemas derivados de cómo han decidido la CNMC y el Gobierno reajustar su pago entre los consumidores”. Ante ello, en el plazo máximo de un año, defiende que el Ministerio de Transición Ecológica debería negocia estos cambios con las empresas del oligopolio “instándoles a reconocer el derecho de los poderes públicos a llevar a cabo reformas profundas en un sector estratégico”.
