5.000 millones de euros. Es la cantidad que las diferentes instituciones públicas de todo el mundo han invertido solo para la investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Dinero público para lograr crear uno de los fármacos más importante de nuestra historia reciente.
La cifra la ha revelado la campaña No es sano en un informe presentado este jueves. En él desglosan la financiación pública que ha sido puesta a disposición del desarrollo de la vacuna y donde no se incluyen otros conceptos, como las aportaciones para el aumento de la capacidad de producción y de distribución de las dosis. Aseguran que más del 98% de esos 5.000 millones de inversión procede directamente de los gobiernos de diferentes países, liderados por Estados Unidos y Alemania.
De ahí proviene el dinero, pero, ¿a dónde va? Cuatro compañías –Moderna, Janssen, CureVac y la alianza Pfizer/BioNTech– se llevan más de la mitad del montante de dinero público. “Sin embargo, los estudios que han dado lugar a estas vacunas comenzaron mucho antes de la pandemia y también gracias al dinero público”, explican las autoras del estudio, Irene Bernal y Eva Iráizoz, de la fundación Salud por Derecho. Se refieren, por ejemplo, a las investigaciones de ARN mensajero –técnica utilizada por Pfizer, Moderna y CureVac–, en marcha desde hace cuatro décadas.
Algo similar sucedió en el caso del fármaco de Atrazeneca, “que fue una de las más rápidas en desarrollarse gracias a los ensayos clínicos con otro coronavirus que ya se habían realizado previamente en la Universidad de Oxford”, señalan.
Las vacunas como bien público
Que una de las cunas del neoliberalismo pidiese liberalizar las patentes de las vacunas, obligó a posicionarse a una gran parte del planeta. La administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, solicitó a principios de mayo que se suspendiesen de manera temporal los derechos empresariales de los estos medicamentos mientras dure la pandemia. “Las circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias”, expresó la representante de Comercio Exterior estadounidense Katherine Tai. India y Sudáfrica ya lideraron a finales de 2020 una propuesta similar ante la Organización Mundial del Comercio que que fue bloqueada por varios países.
Tras el paso adelante de EEUU, el Gobierno español, que se había opuesto hasta entonces, secundó la propuesta. Esta misma semana, el Senado se ha convertido en la primera institución del Estado en solicitar de manera formal y mayoritaria la liberalización temporal de las patentes de las vacunas tras una iniciativa impulsada por EH Bildu y apoyada por la mayoría de los senadores de la Cámara Alta (PSOE, ERC, PNV, Junts y el grupo de Izquierda Confederal). Alemania, donde se ha desarrollado la de BioNTech/Pfizer, sin embargo, se ha mostrado en contra: “La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir siéndolo en el futuro”, defendió Ángela Merkel. Francia y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tampoco se han posicionado de una manera muy favorable.
Desde No es sano denuncian que los Estados no han hecho valer las grandes inversiones de dinero público que han realizado: “Al contrario, todo ese conocimiento ha terminado en manos de las compañías que tienen licencias exclusivas e imponen la confidencialidad sobre todo tipo de acuerdos de producción y distribución alcanzado con Gobiernos y organismos internacionales”.
Asimismo, critican que, a pesar de estar en mitad de una pandemia mundial, haya sido el mercado quien ha regulado los precios de las vacunas. Así, según los datos aportados, en Túnez se ha pagado 7 dólares por el fármaco de Pfizer mientras que Israel ha llegado a pagar 47, algo “que podría haberle dado acceso preferencial a las dosis”, según el informe. En el caso de Moderna, su vacuna oscila entre los 15 y los 37 dólares por dosis. Finalmente, por la de AstraZeneca, la UE ha desembolsado 2,9 euros mientras que países como Sudáfrica y Uganda han pagado 5,25 y 7 dólares, respectivamente.
Desigualdades entre quienes más y quienes menos tienen
Para vacunar al 75% de la población mundial, serían necesarias 12.000 millones de dosis de los diferentes medicamentos, una producción que las farmacéuticas no pueden asumir, al tiempo que se niegan a liberalizar las patentes. De acuerdo con los datos que aporta el informe, prácticamente 9.000 millones de dosis ya están comprometidas a nivel mundial. De ellas, 7.750 millones se han pactado mediante acuerdos bilaterales y 1.120 millones a través de Covax, un mecanismo global para la compra conjunta.
A pesar de ello, denuncian, “de nada sirve tener vacunas efectivas si son inaccesibles para millones de personas”. Los países más ricos del planeta han acaparado más de la mitad de los viales, y Estados como Reino Unido o Canadá “podrían llegar a vacunar más de tres veces y casi cuatro veces a toda su población, respectivamente”, explican en el estudio. En el lado contrario, aquellos países con menores rentas solo tienen aseguradas un 17% de estas dosis.
Ante esto, desde la campaña No es sano piden aumentar la producción. “Las farmacéuticas calcularon una producción de 9.500 millones para 2021 y hasta ahora solo han distribuido algo más de 1.680 millones”, denuncian. Mientras tanto, siguen guardando tanto las patentes como los conocimientos técnicos, impidiendo que pueda acelerarse la producción.
Además, la fabricación de las vacunas se está concentrando en países de rentas altas. Desde la organización señalan la “potencial capacidad de producción” desaprovechada en continentes como Asia, América Latina y África. “Países como Bangladesh o Vietnam podrían sumarse y otros que ya están produciendo podrían tener una capacidad mucho mayor”, sostienen.
