Este pasaje pertenece al libro ‘Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la Transición’ (Atrapasueños, 2018). Cuando se cumplen 40 años del ‘caso Almería’, la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición ha hecho llegar a la presidenta del Parlamento de Andalucía y a los diferentes grupos políticos la propuesta de declaración que fue aprobada en el Parlamento de Cantabria por unanimidad en 2018. Esta fue la crónica de aquel día histórico en el reconocimiento institucional del crimen de los tres jóvenes por parte de varios agentes de la Guardia Civil.
Lucía tiene una larga melena negra y unos ojos profundos. Viste chaqueta de cuero, botines y un pantalón con rayas en los laterales, tan de moda entre las adolescentes de hoy en día. Lleva una cámara de fotos colgada al cuello. Explora el lugar con discreción y observa a su padre. Están en un espacio solemne. El patio de un antiguo hospital cubierto por una cúpula transparente. Recuerda, por un momento, a la del parisino Museo del Louvre vista desde abajo. Hay unas cien sillas a un lado y otras cien sillas al otro. Al fondo, un escenario, un atril y dos pantallas. Hay también tres banderas repetidas: dos europeas, dos españolas y dos cántabras. Lucía tiene 13 años. Y es la única niña que va a asistir esta tarde a este acto histórico en España.
Periodistas y cámaras llegan poco a poco al Parlamento de Cantabria, el lugar de la convocatoria. Clic, clic, clic. Lucía continúa con su reportaje particular. Un clic más. Acerca la cámara a un ojo, guiña el otro y capta el momento en que su padre está siendo entrevistado por una periodista de la EITB, la televisión pública vasca. Sobre cada asiento, reposa un papel fotocopiado que dice: “La memoria es dignidad”. Es 10 de mayo de 2018. Hace una tarde agradable en Santander. 17 grados, despejado. Desde el cielo, la olas de la bahía parecen estáticas, es como si el tiempo viajara sobre un espacio detenido. El avión que me ha traído hasta aquí ha llegado 20 minutos antes de lo previsto.
Cada vez acude más gente. Hombres y mujeres mayores, de mediana edad, algunos más jóvenes. Lucía sigue siendo la única niña que está a punto de asistir a este acto histórico del que la ciudadanía en general no tendrá noticias. Ahora es ella la que posa, junto a su padre, su madre, sus tíos y sus tías para una foto solicitada por la prensa. Las dos primeras filas están reservadas para los familiares de quienes esta tarde van a ser homenajeados: se llaman Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas. Lucía ocupa una silla de la segunda tanda y, en ese momento, entra al patio del Parlamento el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC). Saluda serio uno a uno, una a una, y se sienta en una esquina de la primera fila, sin hablar. El acto está a punto de comenzar. Carolina Hernáiz, portavoz de Desmemoriados, la asociación impulsora de lo que Lucía, su padre y el resto de familiares van a vivir en unos instantes, trae al presente con palabras justas un recuerdo de hace 37 años y da paso a la presidenta de la Cámara, Dolores Gorostiaga (PSOE):
“El día 7 de mayo de 1981 Luis Montero García, de 33 años, natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca), y empleado de Fyesa en Boo de Guarnizo; Luis Cobo Mier, de 29 años, natural de Santander y empleado de Aceriasa en Nueva Montaña; y Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina (Almería), y empleado de Feve en Santander; todos ellos residentes en Cantabria, inician un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, hasta la localidad de Pechina en Almería para acudir a la primera comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales”.
Lucía aparta la cámara de fotos de su rostro, coge su teléfono móvil y comienza a grabar el relato que hasta ese mismo momento no se ha escuchado en ninguna otra institución del Estado. Ese Francisco Javier Mañas Morales que acaba de nombrar la presidenta del Parlamento es su padre, el niño que iba a hacer la comunión. Juan Mañas Morales era su tío, uno de los tres jóvenes asesinados por varios agentes de la Guardia Civil tras ser identificados como etarras sin serlo. Es el conocido como caso Almería, un símbolo de la violencia en la Transición a cuyas víctimas, la democracia aún no ha terminado de reparar. Hubo un juicio. Pero no se hizo justicia.
La presidenta de la Cámara continúa leyendo con voz cercana:
“Esa noche pernoctan en Madrid en la casa que les ha prestado un amigo, y en la mañana del 8 de mayo continúan su viaje hacia la provincia de Almería. El mismo día 7 se produce en Madrid un atentado de ETA sobre el vehículo que transporta al general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo muy malherido y acabando con la vida de los tres militares que lo acompañan. Las Fuerzas de Seguridad del Estado montan inmediatamente el habitual dispositivo de control y búsqueda de los presuntos responsables del atentado, que se relaciona inicialmente con José María Bereciartúa y José León Mazusta, acompañados por un tercer integrante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa. Mientras tanto, en la segunda etapa de su viaje tras su salida de Madrid, los viajeros cántabros sufren una avería en el vehículo, que imposibilita su utilización posterior y les obliga a la búsqueda de un modo de transporte alternativo. Tras barajar el ferrocarril, se deciden por el alquiler de un coche en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), con el que consiguen finalmente arribar a la casa familiar de Juan Mañas, en la provincia de Almería, en la madrugada del sábado 9 de mayo. Sin embargo, en la mañana de ese mismo sábado, un hombre con el que habían coincidido el día anterior en Alcázar de San Juan cree reconocer a los viajeros cántabros en las fotografías de los presuntos autores del atentado de Madrid que la prensa ha publicado, y lo comunica a la Guardia Civil, que monta un dispositivo de búsqueda, encabezado en Almería por el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que localiza y detiene a los jóvenes el día 9 a las 9 de la noche en una tienda de regalos de Roquetas de Mar”.
Quien no conozca la historia, puede pensar fácilmente que es el guion de una película. Lucía continúa grabando con su teléfono, detrás del presidente de Cantabria, que continúa callado.
“Una vez identificados por los documentos que portaban, dado que Luis Cobo había dejado los datos de su documento de identidad para alquilar el coche con el que finalmente llegaron a Pechina el día de su detención, se inician múltiples actuaciones, tanto en Santander como en Almería, para contrastar su identidad según los documentos que portaban. Estas diligencias demostraban, sin duda alguna, que los detenidos no podían ser los autores del atentado. Sin embargo, hacia las 6 de la mañana del día 10 de mayo, aparecen los cuerpos de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales dentro de los restos del vehículo alquilado, en un pequeño barranco de la carretera de Gérgal (Almería), calcinados, desmembrados y con múltiples balazos”.
Según una crónica publicada por El País dos días después, las fuentes de la Guardia Civil, “que en un principio ofrecieron información”, señalaban la posibilidad de que las víctimas fueran miembros de ETA. “Las últimas informaciones oficiales, facilitadas por el Ministerio del Interior, aseguran que los tres jóvenes muertos no tienen ninguna vinculación con esta organización terrorista, y de las mismas han desaparecido las alusiones al carácter de delincuentes comunes que, en algún momento, se llegaron a hacer en medios policiales”.
No se oye ni un suspiro. El relato retumba entre las paredes de piedra del Parlamento este 10 de mayo de 2018:
“Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el hallazgo de sus cadáveres (aproximadamente nueve horas) no existe más allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jóvenes (‘peligrosos terroristas’) de su muerte por un intento de fuga. Versión inverosímil que mantuvieron y aumentaron incluso cuando se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los asesinados. Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue necesario hacer siete autopsias y multitud de pruebas periciales porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras, “lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contradicciones, y llegó a atribuir falsamente la propiedad de unas pistolas a las víctimas, o a menospreciar el testimonio de unos pescadores que acudieron a ayudar al ver el coche en llamas y pudieron ver la lata de gasolina con la que presuntamente le prendieron fuego. También se puso de manifiesto la desaparición de pruebas en Casa Fuertes, una fortaleza a donde las familias creen que fueron trasladados los detenidos en el transcurso de aquella aciaga noche para ser torturados”.
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Al otro lado del presidente Revilla, en la otra tanda de asientos, el padre de Lucía escucha con atención lo que, en ese lugar solemne, una representante política está narrando. Es la historia que nadie le contó aquel 10 de mayo de 1981, cuando era un niño de ocho años que iba a hacer la comunión. En la sede del Parlamento cántabro, este niño de 8 años, hoy con 45, sube a un atril y dice:
“Esto no fue un trágico error, sabían lo que querían hacer, un crimen organizado a sangre fría. La Administración olvidó a las familias, pero no a los asesinos, que incluso fueron indemnizados con dinero de los fondos reservados”.
Una pantalla mantiene congelados los rostros de las tres víctimas. Juan Mañas, serio, con bigote y mirada profunda. Luis Montero, de cejas pobladas, con jersey de cuello alto y mirada hacia ninguna parte. Luis Cobo, con barba y mirada terminada en sonrisa. Son las fotografías con las que podemos imaginar cómo eran estos tres trabajadores. Son las caras que varios agentes de la Guardia Civil dijeron haber confundido con etarras.
“Desde que me di cuenta de que mi hermano y sus dos amigos no habían vuelto a casa, sabía que pasaba algo. Se montó un dispositivo de búsqueda con mis padres, amigos, gente del pueblo, en el hospital, policía, guardia civil, que nos trató fatal. Hice la comunión aquel mismo día. Sin mis padres. Cuando yo me enteré de lo que había pasado, mi hermano ya estaba enterrado. Fue muy duro. En ese momento se me hizo un nudo grandísimo, no supe cómo aceptarlo. Mi madurez fue prematura. Tuve que crecer con eso y hasta el día de hoy”, cuenta el niño ya grande, de mirada profunda como su hermano Juan, de mirada profunda como su hija Lucía, en esta tarde histórica en Santander que no copa portadas de periódicos.
Suena ahora la voz cálida y sentida del andaluz Carlos Cano.
Adónde están los brazos /
adónde están las piernas /
adónde están los gritos /
que el viento se llevó, /
en Casa Fuertes, amigo, /
perdidos en la arena, /
que como una bandera /
ardiendo levantó.
Es la banda sonora del documental que está preparando sobre los hechos la asociación Desmemoriados, una especie de David contra el olvido Goliat. Las imágenes del teaser van sucediéndose implacables. Recortes de periódicos, fotografías del entierro, Francisco Javier vestido de comunión con un crucifijo en la mano…
Si por Gérgal pasaras /
la curva de la muerte /
lleva claveles rojos /
y acuérdate de Juan /
y acuérdate de Cobo /
que nadie olvide nada /
que quien olvida paga /
acuérdate de Luis.
Escuchar el alma reivindicativa y justa de Carlos Cano, aguantar el nudo en la garganta y no derramar una sola lágrima se convierte en este momento en un triángulo imposible.
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Plano de María Morales. Una mujer recia de 82 años. Es la madre de Juan Mañas. Su padre ya no vive. Ya no vive tampoco la madre de Luis Cobo. Ya no vive su padre. Ya no vive tampoco la madre de Luis Montero. Ya no vive su padre. “¿Es que usted se cree que los tenemos aquí para comérnoslos con patatas? Eso le dijo a mi marido la guardia civil, cuando fue a buscarlos”, cuenta en la cinta María. Ella, otra de tantas mujeres dedicada a sus labores, nunca ha salido de Andalucía. Nunca ha hecho los mil kilómetros al norte que Juan debería haber recorrido tras la comunión de Francisco Javier, junto a sus amigos. “Yo tenía el reloj [de mi hijo] y vino uno a por el reloj, un guardia, que si yo lo sé pues de mi casa no sale. Lo que pasa es que no sabíamos nada. Y se llevó el reloj, porque decía que el reloj era una bomba de los terroristas”.
Juan Mañas pertenecía a una familia trabajadora compuesta por cuatro hijos y una hija. Además de Francisco Javier, este 10 de mayo de 2018 están en primera fila sus hermanos Pepe y Antonio y su hermana, Mari Carmen. Ver aquellas imágenes en blanco y negro, oír el testimonio de la madre y no entender por qué nadie los ha arropado hasta el momento, causan aún un fuerte desgarro en sus expresiones. Ellos sí. Ellos han podido recorrer, por primera vez juntos, el camino de vuelta. En coche. Sigue María: “Al otro día vienen y me dicen, el juez creo, ‘señora, vamos a hablar con usted en privado’. Los metí en la alcoba. Y me dicen: ‘Si usted nos da la palabra de que no va a abrir la caja le mandamos a su hijo para arriba, pero si la va a abrir no se lo mandamos’. Porque me decían que la caja venía [tapada] con clavos. Y yo les dije: ‘Me la mandan, que yo no la voy a abrir’”.
Y no la abrió. Y no volvió a ver más a su hijo. Y nadie le brindó ayuda ni le pidió perdón. ¿Quién puede mirar a la cara a María? ¿Quién? ¿Quién puede sentarse delante de una mujer que guardó durante años un trozo de cráneo que halló en el lugar de los hechos? Su hija, Mari Carmen, la describe como una mujer fuerte, resistente: ”Cuando al principio fuimos al monolito que se levantó en honor a mi hermano y los amigos en Gérgal, mi madre se encontró un trozo de cráneo y decía que era de él, de Juan. Lo cogió y se lo metió en el bolsillo y se tiró con el cráneo guardado años y años. Tú dime a mí, para una niña con 15 años y para un niño como Francisco Javier, lo que aquello puede ir creando dentro. Y no tuvimos ayuda psicológica ninguna. Yo veía a mi madre todos los días, todos los días, con el trozo de cráneo, con los recortes de periódicos y con varias pertenencias de él, un trozo de jersey que le trajeron en un sobre. Me acuerdo cuando él llegó aquel último día a Almería. Me acuerdo que me había comprado un jersey de hilo, era por este tiempo, como ahora, y me dijo ‘ay, déjame el jersey que me lo ponga’. Lo mataron con ese jersey. Y le trajeron a mi madre el trozo de jersey con trozos de carne pegada. ¿Tú como vives ese día a día con esa edad? Eso era así todos los días, la única niña en la familia, me lo tragaba todo”.
Mari Carmen se desahoga y recrea esta conversación entre ella y su madre un día cualquiera, bastantes años después del crimen. Su madre estaba haciendo un fuego.
–¿Pero qué haces, mamá?
–Se acabó, ya no hay más.
–¿Pero qué estás haciendo?
–Quemando recuerdos. Porque esto me está destrozando.
“Lo quemó todo. Los periódicos, el trozo de cráneo, todo. Y nos estaba destrozando a nosotros también. Yo le decía que tenía más hijos por los que vivir y seguir luchando. Cuando se casó mi hermano Antonio llevaba una gasa negra y la obligamos a que se la quitara. Era la madrina. Luego vino el juicio, y hemos recibido muchas amenazas por parte de la gente mala, o gente sin corazón. Nosotros íbamos al juicio y gente joven de ultraderecha nos escupía cuando pasábamos por su lado. Siempre hemos estado en un sinvivir. A mí me sigue doliendo, me duele todavía. Pero si él está en algún sitio quiero que su cuerpo esté tranquilo y en paz, que sepa que estamos luchando por la persona que era”, relata Mari Carmen sin ningún rastro de miedo a hablar.
Para ella, su hermano Juan era su luz: “Él me decía que me viniera a trabajar con él aquí, a Santander. Cada vez que iba a Almería, para mí era una fiesta, lo más grande. Y esto, claro, nos marcó la vida. Y la vida, por cierto, siguió pasando. Yo tengo dos hijos. Mi hija tiene 23 años y mi hijo 18. Ellos han vivido también con esa historia. Se lo he explicado todo. Y ahora estamos luchando, además, para que cuando nosotros no estemos continúen peleando ellos por la dignidad de mi hermano y sus dos amigos, para que sean considerados como víctimas del terrorismo. Qué tiempos”, suspira. “Me acuerdo también de María Asensio. La mataron en Huércal Overa en una protesta vecinal pidiendo agua. Qué tiempos. Lo que queremos también es que los que participaron y aún vivan no se vayan a la tumba sin contarlo. Porque nos costó mucho trabajo volver a la normalidad”.
Porque fue de pronto. Un día –no habían pasado ni tres meses del intento de golpe de Estado del 23-F–, vienen y te dicen que tienes un hermano terrorista. “Imagina –propone Mari Carmen como algo improbable–. Imagina eso, que te dicen que tu hermano es de ETA. Llegas incluso a dudar, con todo lo que dicen. Porque claro, él estaba aquí en Santander, pero no sabíamos con quién andaba. De todas formas, mis principios me decían que no, que no podía ser de ninguna de las maneras porque yo conocía muy bien a Juan, porque Juan era una persona especial. Pero claro, lo acusaban de etarra. Fue muy duro. Nada más pasar aquello, estuve una semana sin comer nada, se me cerró el estómago”. Dice Mari Carmen que ha pensado muchas veces en escribir un libro: “Tengo el título buscado: Viviendo a la sombra de la justicia”.
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En el patio del Parlamento, un asistente al acto muestra en su móvil a Pepe, el hermano mayor de Juan, hoy con 63 años, una foto antigua. “Es de cuando estábamos en la mili, de cuando éramos zapadores ferroviarios, en Madrid, la segunda promoción”, añade el hombre, alto, llamado Alberto Sierra. “Mira a ver si lo reconoces, con gafas o sin gafas”, le pide a Pepe. Sierra, que continúa trabajando en los ferrocarriles –quién sabe si junto a Mañas de no haber sucedido nada de lo que aquí se está contando–, destaca su personalidad cálida y familiar: “Como había alcanzado un puesto de trabajo público se sentía como muy obligado a apoyar a la familia. Estaba muy volcado con ella. Cuando me enteré de lo que había pasado, mi primera reacción fue de sorpresa. Después sentí estupefacción, y, finalmente, mucha rabia porque todos los compañeros de Juan sabíamos que él no tenía ni por asomo relación alguna con abertzales ni nada por el estilo. Yo conozco a Juan Mañas, un hombre que consiguió que en el bar bajaran el menú a los trabajadores, y, sabiendo como era, sé que se desgañitó diciendo que él era inocente”, sostiene. Pepe, que hoy viste de traje, sin corbata, asiente con agradecimiento.
“Cuando continúan los acontecimientos y ves que todo queda medio tapado, la rabia fue en aumento –continúa Sierra, aún con la foto ampliada en el móvil–. Es increíble que no haya cierta valentía del Estado más allá del trágico error. Y quizá ese episodio fue uno de los gérmenes del GAL. Ciertos elementos del Estado que empiezan a tomarse la justicia por su mano. Llámalo GAL o como quieras, pero sí creo que fue un germen que desembocó en ello, lo que alimentó que luego ocurriera todo eso. No se me quita de la cabeza lo que tuvieron que pasar esos muchachos. Tuvo que ser espeluznante. Y ni tan siquiera esperaron a que llegara la identificación. Y no hubo una respuesta contundente por parte del Estado…”. El primer crimen cometido por los GAL se produjo dos años más tarde, en 1983, con el doble secuestro y asesinato de Lasa y Zabala.
Tras una ojeada rápida, Pepe señala sobre la pantalla del móvil uno de los chicos de la foto: “Sí, este era Juan Mañas”, confirma el que fuera su compañero. Los recuerdos se agolpan con una cadencia inédita, sin prisas pero a la vez veloces, una cadencia incompatible con el ritmo a destiempo de las palabras.
“Juan fue el padrino de nuestra boda. Yo lo conozco de siempre. Si llevo ya cuarenta años con mi marido. Yo tenía 19 años”, rememora la esposa de Pepe, también llamada Mari Carmen. “Hemos vivido muy mal. Un año antes vino a mi boda en tren”, añade Pepe, conductor de autobuses toda su vida. “Entré a los 16 años de cobrador, cubría la ruta Almería-Roquetas, y después de cuarenta y tantos años cotizados ya me he prejubilado. Hemos estado donde mi hermano trabajaba, en la Renfe, donde se han portado muy bien con nosotros. Es la primera vez que venimos a Santander”, recuerda Pepe, que conoce con tanta precisión la carretera como el olvido. Pechina-Santander: 1.000 kilómetros, 37 años. Han pasado 37 años, una vida, muchas vidas.
“Yo tenía novia en ese momento. Estaba empezando mi vida. Juan y yo trabajábamos juntos de camarero, hasta que él se fue a la mili. Nos queríamos quedar con el bar, en Benahadux. Pero él se fue a la mil”, explica Antonio, el hermano intermedio. “Yo aún creo que esto es un sueño, me creo que cualquier día mi hermano va a aparecer. Porque tú no ves el cuerpo, no ves nada. No, qué va, si mi hermano va a venir de vacaciones, pienso muchas veces. Pienso que va a volver”.
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En 1982, en la primera edición de El caso Almería. Mil kilómetros al sur (Argos Vergara), el periodista Antonio Ramos Espejo ya anotaba en la portada: “Ocurrió algo más que un trágico error cuando Luis Cobo Mier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García fueron obligados a interpretar los papeles de los etarras Mazusta, Bereciartúa y Goyonechea Fradúa hasta morir mil kilómetros al sur”. En una revisión de la obra, en 2011, el reportero escribió: “El caso Almería es un caso cerrado para la justicia, pero abierto para la historia y para la conciencia de aquellos culpables que viven y de los testigos que participaron en los hechos. El enigma queda aún por descifrar”.
De los 11 guardias civiles supuestamente implicados en el caso, solo tres fueron juzgados y condenados por tres delitos de homicidio, no por asesinato: 24 años de cárcel para el teniente coronel Carlos Castillo Quero, 15 para el teniente Manuel Gómez Torres y 12 para el guardia Manuel Fernández Llamas. Cumplieron parte de la condena en centros militares, a pesar de que la sentencia ordenaba su ingreso en cárceles ordinarias. La familia de Castillo Quero llegó a pedir el indulto y –recogen las crónicas periodísticas– recibió varios millones de pesetas, procedentes de los fondos reservados, como ayuda para afrontar su futuro cuando fue expulsado de la Guardia Civil. «Fuentes socialistas conocedoras de ese caso señalan que el pago, que incluyó a los otros dos condenados, lo efectuó el primer equipo del PSOE en Interior y aducen que lo hizo en cumplimiento de un compromiso asumido por los anteriores responsables de ese ministerio en el último Gobierno de UCD”, publicó El País.
En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado, en la que se acusaba a cuatro agentes, entre ellos al teniente coronel Castillo Quero: ‘Al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado (…)”. El periodista Antonio Rubio la publicó en el diario El Mundo en 1995.
“Es la impotencia de pensar que esto, cometer un triple asesinato, torturar, acribillar a balazos y quemar, quede impune. Cogimos el mejor abogado pero no hubo una verdad oficial, la Guardia Civil siempre lo negó todo, el Estado lo trató como un trágico error. Se condenó a tres personas y listo. Hemos pedido que se reconozcan como víctimas del terrorismo y se nos ha denegado hasta ahora”, insiste Francisco Javier Mañas. El último rechazo aún no se había producido este 10 de mayo de 2018 en Santander: «La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconocen dicha condición de víctimas únicamente a las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana», argumentó el Gobierno de Pedro Sánchez meses después, este mismo año.
Lucía continúa pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Ya no hace fotos. Ni vídeos. Atiende, como si estuviera asistiendo a una clase extraordinaria de Historia, a la presidenta del Parlamento:
“Estos métodos de terror merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas, siendo particularmente repugnante, puesto que es ejercida por aquellos que precisamente tienen encomendadas la misión de proteger al conjunto de la población y, sin embargo, ejercido por quienes tienen conferido por la ley el legítimo ejercicio de la fuerza dentro de un proceso, siempre, con las debidas garantías”.
Sin embargo, ocurre lo que ha ocurrido. Ocurre que la respuesta no es cambiar la ley, sino decir que la ley no incluye ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado o por elementos policiales incontrolados, como el caso Almería. Y prosigue la representante del pueblo cántabro:
“Esta situación, a todas luces injusta, vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos. Todas tienen derecho a justicia y reparación, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización. La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la segunda categoría de damnificados. En este caso, las familias de los ‘cántabros’ Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, quienes (como les ocurre a otras víctimas del franquismo) sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo, así como negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y reconstrucción”.
El presidente Revilla se levanta de su asiento y sube al atril. Habla por fin:
“Ya no podemos resucitar a los muertos ni condenar a los asesinos. Pero hay cosas que sí se pueden y se deben hacer. Si aquí hemos podido, en el Congreso también”.
Así reza textualmente la declaración institucional, aprobada por todos los grupos políticos con representación en el Parlamento cántabro (PSOE, PP, Podemos, Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos).
“El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas del terrorismo, incluyendo a las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”.
Es la primera vez que un Parlamento se refiere al caso Almería como un crimen de Estado. Para algunos asistentes, esta es la primera vez en toda su vida que entran en el Parlamento. Santiago Diego es uno de ellos, cuñado de una de las víctimas, Luis Cobo Mier. “Yo fui a reconocer el cadáver a Almería”, rememora con voz ronca. “No nos lo quitamos de la cabeza”, interviene a su lado su esposa, Socorro Montero, la hermana de Luis. “Todas las noches rezo por él. Todas, todas. Yo me enteré por la radio. Que te tengas que enterar por la radio… no hay derecho”. Socorro tiene hoy 80 años. Santiago, 83.
Cierra el homenaje El Cant del Ocells, de Pau Casals, interpretada por la viola de Belén Puerto y el clarinete de Andrés Pueyo. De forma espontánea, una mujer lamenta que haya tenido que ser la sociedad civil la que haya promovido el acto.
Lucía y toda la familia se van a picar algo a un bar cercano, La Estrella, donde continúan recordando la historia real de Juan Mañas y sus dos amigos, donde hablan del próximo homenaje en Gérgal, donde hablan otra vez de todo: del pasado, del presente, del futuro… Este 10 de mayo, al menos, las familias de Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas sí tuvieron algo que celebrar.
Y cantaba Carlos Cano:
Así acaba esa historia /
de sombra y de tinieblas /
para que no se pierda /
aquí la dejo yo. /
¿Qué pasó en Almería? /
Pobre Almería /
Ay Almería.
