BOGOTÁ // “Para el pueblo liberación, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo se lo ganó”. Esta arenga, coreada por miles de personas, resonó el pasado miércoles en las calles de Bogotá durante una nueva jornada de paro nacional. Un cántico que, al caer la noche, se ve sofocado por el sonido de las aturdidoras lanzadas por la fuerza pública para disuadir a los manifestantes.
Las protestas contra el gobierno de Iván Duque han unido a amplios sectores de la sociedad: jóvenes estudiantes endeudados para poder acceder a la universidad; colectivos feministas que exigen el cese de la violencia contra las mujeres, que aumentó durante el confinamiento, con más de 630 casos de feminicidios durante 2020, según el Observatorio Independiente de Feminicidios Colombia; el sector médico que rechaza las privatizaciones y desigualdades que acarreará la inminente reforma de la sanidad.
La pandemia demostró que morir a causa de la COVID-19 en Colombia era cinco veces más probable para las clases bajas y, ahora, en plena tercera ola de coronavirus, cuando el país roza los tres millones de contagios y supera los 76.000 decesos, los manifestantes temen más a las políticas de los gobernantes que a la pandemia.
Estas son las imágenes del malestar social durante ocho días de protestas en todo el país latinoamericano, iniciadas el pasado 28 de abril para exigir al Gobierno conservador de Duque la eliminación del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma fiscal impulsada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien, una vez retirada del Congreso “para redactar un nuevo texto”, el pasado domingo, anunció su dimisión.
La reforma tributaria, que afectaría principalmente a la clase media y baja del país, activó unos reclamos históricos, tanto nacionales, sectoriales como locales. “La situación económica, social y de salud también se hizo presente en las manifestaciones. Si bien se inició con una reforma fiscal, la gente está pidiendo muchas más reformas sociales debido a esa acumulación de agravios, abandono, desplantes y violaciones de derechos humanos por parte de la Policía. De alguna manera también las personas están protestando contra el Gobierno”, explica Mauricio Albarracín, subdirector del centro de investigación colombiano DeJusticia.
La oleada de protestas abarca el descontento con la clase política dirigente y la desconfianza en las instituciones públicas. El clamor de miles de jóvenes que no se sienten representados ni por el Gobierno conservador en el poder, que sigue la estela y las directrices del exmandatario Álvaro Uribe Veléz, ni por el principal candidato opositor, el izquierdista Gustavo Petro.
Pero sus voces son también el retrato de las carencias sociales de la segunda nación más desigual de América Latina. “Antes de la pandemia ocurrieron probablemente las protestas más grandes contra un gobierno en todo el país”, recuerda Albarracin sobre el paro nacional de noviembre de 2019, que perdió fuerza debido a las restricciones por la pandemia.
Desde entonces, se sucedieron distintas movilizaciones como las protestas en contra de la violencia policial tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez, grabado en vídeo. Unos disturbios que dejaron decenas de fallecidos en enfrentamientos con la Policía en Bogotá. O la llegada de los indígenas a la Plaza Bolívar para entablar un diálogo con el presidente, que se negó a sentarse con las comunidades para escuchar sus peticiones. “Es cierto que durante todo el año las personas han protestado desde sus casas”, dice Albarracin.
“¿A dónde se dirige la marcha?”, preguntaba alguien el miércoles a un grupo de manifestantes. “A casa porque nos matan”, contestaba un joven que sostenía una pancarta con el lema: “La resistencia no es un capricho, es un acto de dignidad”. Pero en las calles del país también hay miedo. El temor a no volver vivo a casa, agudizado en los últimos días por el masivo despliegue policial y los incendiarios mensajes del político Álvaro Uribe Vélez, en apoyo del uso de la fuerza armada para sofocar las protestas.
El trabajo sucio lo hacen cientos de policías en moto, patrulleros que llegan a fin de mes con el sueldo mínimo colombiano, poco más de 220 euros. “Gente pobre con uniforme matándose con gente pobre con hambre, dirigidos por gente rica sin hambre ni uniforme”, se podía leer en un cartel. Militares armados patrullan los vecindarios, es frecuente el uso gases lacrimógenos o el despliegue del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) para golpear a los manifestantes o incluso disparar balas reales, mientras las autoridades colombianas reciben con silencio la condena internacional.
Ya hay más de 24 fallecidos durante las marchas, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, que ascienden a 37, según denuncian los organismos de derechos independientes. Una madre en Ibagué se lamenta frente al cuerpo inmóvil de su hijo: “Llévame contigo, amor”.
A las protestas también se han unido campesinos, afrocolombianos de las periferias e indígenas de los territorios, las áreas rurales del país. “Queremos avanzar sobre la posibilidad de un diálogo entre todos los sectores sociales que permita lograr la paz. La Minga indígena (una forma de protesta de las comunidades indígenas del país) es un ejercicio colectivo del pensamiento y la palabra para tejer una propuesta alternativa para la nación”, señala Giovanny Yuli, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde Cali, donde han decidido establecerse en apoyo a las movilizaciones y donde se están viviendo los mayores altercados y la peor represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
En el país más letal para los defensores de la tierra, con 64 asesinatos de líderes ambientales en 2019, según el último informe de Global Witness, los líderes también tomaron las calles con banderas blancas pidiendo paz tras más de tres décadas de conflicto armado. Pese a los Acuerdos de Paz de 2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, el conflicto se perpetúa en aquellos territorios donde el Estado apenas tiene presencia y los grupos armados ilegales marcan la ley.
Como explica el analista de dinámicas sociales y conflictos, Luis Celis, la sociedad colombiana ha trabajado por la paz y la transformación del país: “Pero este Gobierno no ha tenido ningún interés en desarrollar los acuerdos porque el uribismo es la fuerza política que defiende este orden de exclusiones. Este acuerdo de paz sigue siendo una tarea pendiente y se suma a la insatisfacción que hay en las calles”.
Las protestas incluyen la insignia colombiana que ondea en los balcones de los barrios acomodados, cacerolazos nocturnos y velatorios por los muertos; comisarías de policía incineradas y barricadas en las carreteras tras los disturbios que proliferan cuando cae la noche. “El Gobierno tiene la táctica de criminalizar la protesta a través de la estigmatización de las personas que salen a manifestarse, lo que se convierte en una práctica común. Esto tiene como objetivo legitimar el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía”, critica Alejandro Rodríguez, de la organización Temblores, plataforma que registra los abusos y violaciones de derechos en el marco de las protestas.
Las actuales movilizaciones son también la representación en las plazas de todo el país de aquellos trapos rojos que, durante el último año, colgaban en las ventanas de los barrios populares, ahogados por la crisis económica acentuada por la pandemia. “La sociedad colombiana es una sociedad profundamente desigual. Tenemos un orden social lleno de exclusiones: hay exclusión de la tierra, exclusión del conocimiento, exclusión del crédito”, señala Celis.
Más del 42,5% de la población colombiana están en situación de pobreza y 7,5 millones de personas padecen pobreza extrema, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En una nación de 50 millones de habitantes, el trabajo informal representa un 48,7 % del mercado laboral. “La riqueza en Colombia se ha concentrado en unas pocas manos, hay una enorme fragilidad social que en medio de la pandemia se expresa en hambre”, continúa el analista colombiano
“Lo que comenzó con un tinte reivindicativo contra lo que denominamos el paquetazo de Duque, ha venido tomando unas dimensiones políticas de hastío con el régimen actual, en particular descontento con el uribismo, con la extrema derecha”, relata el líder social y político Diego Pinto, que añade que la calle exige la renuncia inmediata del presidente Iván Duque, cuya imagen ha caído 16 puntos en el último mes, un descenso que obedece en parte a la reforma tributaria y al manejo de la pandemia, según una encuesta de Guarumo-EcoAnalítica.
Estos días, en los barrios populares preparaban en ollas comunitarias el tradicional sancocho colombiano, una sopa que lleva por ingredientes los alimentos más representativos del país: yuca, plátano, papa, maíz, cilantro, gallina y aguacate, cocinados en una gran olla y a fuego lento. Un sancocho es también una expresión colombiana para denominar una situación que tiene problemáticas muy diversas, no siempre parejas entre sí. Esta analogía culinaria podría ser la metáfora de las masivas movilizaciones que, como la tradicional sopa, vienen cociéndose en la gran olla a presión que es Colombia.
