Las protestas continúan en las calles de las principales ciudades de Colombia a pesar de la retirada de la polémica reforma tributaria anunciada por el presidente del país, Iván Duque. Las manifestaciones, reprimidas brutalmente por la policía y el ejército, contabilizan ya al menos 24 muertos y más de 800 heridos en los últimos siete días.
El plan fiscal de Duque consistía en subir los impuestos a las clases populares y la clase media para tapar el agujero que la pandemia de la COVID-19 ha dejado en las arcas públicas. Decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a protestar contra esta medida, desafiando a una enfermedad que está dejando una media de 500 fallecidos cada día.
Pero la reacción popular contra la clase política del país no se explica únicamente por una abusiva reforma fiscal. Colombia está entre los países con más desigualdad del mundo y buena parte de su población observa con impotencia cómo sus políticos electos no han hecho nada por paliar esta fractura social. Sobre la mesa del presidente Duque hay otras reformas que también van a ser contestadas en la calle: la reforma de las pensiones y la reforma de la sanidad.
El abortado proyecto fiscal de Duque propició la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Los manifestantes piden también la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, y la del propio presidente Duque.
Violencia policial
Si estas manifestaciones han tenido repercusión internacional, como la tuvieron las protestas realizadas en Chile contra el presidente Sebastián Piñera (saldadas con 36 muertos desde 2019), se debe a la extrema dureza con la que han sido reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad. El impacto que han causado las muertes provocadas por la policía colombiana han llevado a la ONU a pronunciarse y a recordar que a la hora de vigilar una manifestación las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Las imágenes difundidas por las redes sociales (con los hashtags #SOSColombia y #NosEstánMatando) demuestran que nada de esto ha sido tenido en cuenta por los agentes colombianos. Avisamos de la dureza de las imágenes que reproducimos a continuación:
La noche del lunes al martes fue particularmente violenta en Cali. En diversas zonas de la ciudad, como el barrio de Siloé, las autoridades cortaron la electricidad y el acceso a Internet. Horas después, cientos de internautas denunciaron que la policía entraba por la fuerza en las casas y procedía a efectuar detenciones. Según puede observarse en diversas grabaciones, la policía llegó a disparar directamente a los balcones en los que estaban asomados los vecinos.
“Tiraron a matar. Los enfrentamientos de ayer fueron una matanza por parte de la Policía”, explicó un líder social al diario El Espectador, pidiendo al periodista que ocultara su identidad. Al menos cinco personas murieron y 33 resultaron heridas.
La Fiscalía, por su parte, atribuye los desórdenes ocurridos en Cali a las estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC.
El pasado miércoles, y a pesar de la violencia desatada en los días precedentes, los manifestantes volvieron a echarse a las calles. Transcurría el segundo «paro nacional» y el presidente Iván Duque apareció en televisión para dirigirse a la nación. No hizo una sola mención a los ciudadanos fallecidos durante las protestas. Lo que sí hizo fue ofrecer una recompensa de 2.000 euros por ayudar a las autoridades en la identificación de los autores de actos vandálicos (al menos 25 comisarías han sido asaltadas durante los disturbios). Mientras, en las principales ciudades, estudiantes, trabajadores, amas de casa y pensionistas continuaban mostrando su malestar contra la clase dirigente marchando por las calles o con caceroladas desde sus ventanas. La brutalidad ejercida por los agentes del orden ha despertado una ola de indignación en el país.
El presidente, en su anuncio, sugirió que está sopesando declarar el «estado de conmoción», una figura política parecida al estado de emergencia que le otorgaría poderes excepcionales para controlar los desórdenes públicos si estos amenazan la estabilidad institucional. Para Duque y los suyos, los incidentes que se están registrando en los últimos días en Colombia se resumen en un pulso entre el Estado y la anarquía.
Entre los más firmes defensores de la actuación policial se encuentra el expresidente Álvaro Uribe. El ardor con el que ha pedido que se actúe contra los manifestantes ha propiciado que Twitter retirara una de sus publicaciones por “glorificación de la violencia”. El tuit rezaba lo siguiente: “Apoyemos el derecho de soldados y policías a usar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal y del terrorismo vandálico”.
Un largo reguero de sangre
Uribe, que cuenta en España con la admiración expresa de la mayoría del Partido Popular (en especial de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso), tiene una larga experiencia en todo lo relacionado con la violencia de las fuerzas del orden. Bajo su mandato (2002-2010) se produjo la mayor parte de los llamados “falsos positivos”. Se trata del asesinato de miles de jóvenes que el Ejército colombiano camufló para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Muchos de estos jóvenes continúan desaparecidos. Los cuerpos de otros han ido apareciendo a lo largo de los años en fosas comunes. La Jurisdicción Especial para la Paz cifró el número de esos “falsos positivos” en 6.402 asesinados.
El partido de Uribe, Centro Democrático, fue el más feroz opositor al Proceso de Paz encabezado por Juan Manuel Santos para poner fin a un conflicto armado con las FARC que se alargó por espacio de 50 años. Duque, el actual presidente, es hoy la cara oficial del uribismo pero no podrá presentarse a un segundo mandato en mayo de 2022 ya que la reelección presidencial quedó vetada tras una reforma en el Congreso en 2015. Sea quien sea el candidato, no faltan voces que auguran una derrota del uribismo por la pésima gestión realizada durante la pandemia (apenas se repartió el 50% de las ayudas sociales prometidas) y por el deterioro de las instituciones públicas producido por su credo neoliberal.
Actualización 10.15h (06/05/2021)
Fe de errores: Iván Duque no puede presentarse a la reelección en 2022, como se decía inicialmente en el artículo.
