Ecoembes vive un mal momento reputacional. Tras décadas contando con el apoyo de instituciones públicas y medios de comunicación, diferentes estudios han puesto a esta organización en el punto de mira de la opinión pública.
La última en hacerlo ha sido la fundación internacional Changing Markets, que en su informe ‘More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España’, publicado esta semana, revela la estrategia de Ecoembes y detalla “el interés de la industria […] para no mejorar la gestión de residuos en España y el beneficio que obtienen de un modelo de negocios que se lucra de la generación de residuos”.
Esta investigación se suma a la publicada en octubre del pasado año por Greenpeace, que apunta al “fracaso de la gestión de envases domésticos” por parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en su informe ‘Ecoembes miente’.
Según Changing Markets, España no es una rara avis en el sistema europeo. Sus montañas de desechos, sus playas, ríos, mares, bosques y calles plagadas de envases son la norma en muchos países del continente debido a la deficiente gestión llevada de los ecoembes de cada Estado. Así lo señala también una nueva investigación llevada a cabo por periodistas de varios países que pone al descubierto la incapacidad de los Green Dots (Puntos Verde) de lugares como Bélgica, Holanda, República Checa o Austria, además de España.
Bajo el principio de que “quien contamina, paga” –norma conocida como Responsabilidad Ampliada de Productor (RAP)– las empresas tienen el deber de encargarse de la recogida, gestión y reciclaje de los envases que ponen en el mercado. Para evitar hacerlo de manera individual, suelen agruparse en torno a sociedades como Ecoembes, una estrategia rentable desde el punto de vista económico.
El procedimiento es sencillo: cada compañía debe pagar una tarifa –Green Dot o Punto Verde– a la organización por cada envase que pone a la venta en el mercado; posteriormente, Ecoembes –en el caso español– sufraga a los ayuntamientos o administraciones regionales el coste de la recogida, selección o cualquier otro trámite de los residuos del contenedor amarillo.
En lugares como Alemania y Polonia, estos sistemas están sometidos a competencia y su poder es limitado. En otros como Bélgica, Holanda, República Checa, Austria o España operan en régimen de monopolio, lo que provoca que su poder e influencia sea enorme. Así lo señala la investigación europea, donde se demuestra que “pocos gobiernos logran controlar o dirigir” a estos Green Dots. Se trata, además, de entidades disfrazadas de organización ecologista, a pesar de pertenecer a las compañías que ponen a la venta los envases, entre las cuales se encuentran algunas de las multinacionales más contaminantes de planeta.
En el consejo de Ecoembes se sientan representantes de corporaciones como Coca-Cola o Danone –la 1ª y 4ª empresa que más envases producen cada año–, supermercados como Mercadona o Alcampo y lobbies como la Asociación Nacional del Envase de PET (ANEP). O lo que es lo mismo: Ecoembes está en manos de la propia industria plástica. “Como resultado, las organizaciones Green Dot tienen de facto una gran autonomía y poder cuando se trata de procesar residuos de envases”, se explica en la investigación, producida con el apoyo de IJ4EU and Journalismfund.eu.
Basura callejera
Botellas de refresco flotando en el río. Latas de aluminio abandonadas en el bosque. Embalajes en la calle de cualquier pueblo o ciudad. El problema de la basura abandonada sigue aumentando sin control, convirtiendo a España en la cuarta* mayor fuente de contaminación del Mar Mediterráneo, convirtiendo a la masa de agua continental la sexta área más grande de acumulación de plástico en el mundo.
Sin embargo, la basura callejera –conocida como littering– no es un problema para los Green Dots, puesto que estas organizaciones solo se encargan de aquellos envases que acaban en los contenedores de reciclaje. Su limpieza puede costar desde 30 a 100 euros al año por persona, según el ranking elaborado por Newtral, y que pagan los propios contribuyentes. Hasta 2024, el año que fija la nueva legislación europea para que sean los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) –es decir, las empresas– quienes se encarguen de su recolección, transporte, tratamiento y medidas de sensibilización.
Tal y como señala la investigación europea, los diferentes ecoembes y otras organizaciones patronales se oponen a hacerse cargo de la basura callejera. Por el contrario, “alientan a los ciudadanos a asumir más responsabilidad contra el littering” y así evitar y descarrilar nuevas legislaciones que afecten directamente a la industria: “A este respecto, es notable la relación entre muchos Green Dots y organizaciones de basura como NederlandSchoon, Mooimakers y BeWapp en Bélgica, Reinwerfen en Austria y Paisaje Limpio en España”, explican.
De la misma forma, en España, Ecoembes y la ONG SEO Bird Life colaboran en el proyecto ‘LIBERA, unidos contra la basuraleza’, que trata de “frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales”. A pesar de ello, la iniciativa ha sido tachada de “irresponsable lavado de imagen” por parte del consultor medioambiental Alberto Vizcaíno. El experto, autor de Contenedor Amarillo S.A. (Fuera de Ruta, 2020), denuncia la utilización de personas voluntarias para recoger basura abandonada, una tarea que debería ser financiada por el SIG y las empresas que lo conforman.
Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)
El SDDR es la gran apuesta de organizaciones ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción. A través de este sistema –que conviviría con el actual– los usuarios tendrían la oportunidad de devolver los envases utilizando máquinas colocadas en supermercados y otros lugares, y recibirían a cambio una pequeña cantidad económica.
Sus defensores argumentan que la incorporación de este modelo es la única forma de involucrar a la ciudadanía y animar a las empresas a producir menos envases de un solo uso, dos puntos esenciales para conseguir las ambiciosas metas que establece la Directiva europea de Plásticos de Un Solo Uso, que obliga a los países europeos a recolectar nueve de cada diez botellas de plástico para 2029.
Para la industria –en España capitaneada por Ecoembes–, el SDDR se ha convertido en el gran enemigo, ya que su introducción rompería el monopolio establecido en los diferentes países y pondría en jaque sus gastos para el desarrollo de la recogida selectiva con diferentes cubos, según señala Changing Markets a través de su informe centrado en el caso español.
En él, señala las tácticas utilizadas “para hacer descarrilar la legislación y distraer de la verdadera responsabilidad que las empresas tienen en la crisis de los plásticos”. Entre el abanico de formas de presión hacia los legisladores, la organización pone en el centro a Reciclos, uno de los últimos proyectos lanzados por Ecoembes, y al cual colocan “en la cumbre del greenwashing”.
Reciclos fue lanzado en 2019, aunque no comenzó a funcionar hasta mayo de 2020 bajo las siglas SDR, correspondientes a Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), unas siglas similares al SDDR. El principio es relativamente sencillo: a través de unas máquinas o del propio contenedor amarillo, los consumidores obtienen puntos por depositar los envases. Para ello necesitan una aplicación web que permite escanear las latas y botellas que se van a tirar a la basura, consiguiendo un máximo 10 puntos semanales que luego se pueden canjear para participar a sorteos.
En el informe More Trash, More Cash se critica que, “habiendo sido Ecoembes el oponente más fuerte a la introducción de un sistema SDDR obligatorio, a primera vista parece irónico que Reciclos imite sus principios”. Asimismo, argumentan que el proyecto “no es más que un parche, una distracción a corto plazo para bloquear cualquier reforma del sistema actual”. Esta visión coincide con la del consultor ambiental Alberto Vizcaíno, quien asegura que la iniciativa “es una práctica de greenwashing” que solo sirve para “para lavar la imagen de la empresa que crea el problema”.
La iniciativa tampoco es novedosa. Como recoge Changing Markets, la empresa Greenredeem lanzó en 2019 un proyecto piloto similar en el Reino Unido como alternativa al SDDR mediante de máquinas expendedoras inversas en 25 escuelas. A pesar de la táctica, “el Gobierno británico no cedió ante esta falsa solución promovida por el lobby para evitar la introducción de medidas obligatorias” y actualmente trabaja con el objetivo de introducir un SDDR a partir de 2024.
Ximena Banegas, portavoz de la fundación Changing Markets, pide al Gobierno de España –que actualmente trabaja en la nueva Ley de Residuos– que evite caer en la “trampa” financiada por la industria: “Apostando por políticas de prevención y reutilización podrán reducir el costo de la contaminación por plástico, se generarán nuevos puestos de trabajo y mejores oportunidades para negocios locales”, defiende.
*Fe de errores: En una primera versión de este artículo se establecía que España era la segunda mayor fuente de contaminación por plástico del Mar Mediterráneo en base un informe de WFF. Sin embargo, un estudio posterior de dicha organización sitúa a España en el cuarto lugar.
*Dani Domínguez y José Bautista han colaborado con la fundación Changing Markets
