La iniciativa privada se lleva la mitad del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, es decir, más de 4.100 millones de euros de los 8.365 millones de euros de la partida liquidada de Sanidad de la región en el año 2018. Esto supone un aumento de más de un 15% en aquellos recursos que van a parar a bolsillos privados si se compara con los datos del año 2015.
Esa es la conclusión a la que ha llegado la organización Audita Sanidad en su análisis sobre El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña. En dicho informe, hecho público este miércoles 27 de enero, analizan la cantidad de recursos públicos que han acabado en manos privadas en el trienio comprendido entre 2015 y 2018, último año para el cual hay datos presupuestarios liquidados. Tal y como han explicado durante la presentación del trabajo, es importante trabajar con los datos liquidados puesto que entre los presupuestos de principios de año y la realidad, “hay desviaciones que rondan los 500 millones, llegando a sobrepasar los 600 millones en 2016”.
De todas las partidas analizadas por Audita Sanidad, la más cuantiosa es la dedicada al gasto farmacéutico, que se llevó más de 1 de cada 4 euros de todo el presupuesto sanitario de la región durante el año 2018, lo que supone prácticamente 2.200 millones de euros, un aumento del 22% respecto a 2015. Ello, según los autores del informe, demuestra “la absoluta dependencia que tenemos de los laboratorios privados”, algo que se ha puesto de manifiesto de manera clara con la vacuna de la COVID-19.
La segunda partida en cuanto a montante fue la destinada al material de laboratorio, quirúrgico o de curas, la cual ha crecido “enormemente” en este trienio: un 36,8% entre 2015 y 2018. Los siguientes puestos los ocupan los conciertos con instituciones sanitarias, principalmente la Fundación Jiménez Díaz; las concesiones administrativas, llamadas “concesiones publico-privadas”, que tienen lugar en los hospitales de Villalba, Torrejón, Valdemoro o Móstoles y que “benefician a fondos de inversión especulativa como Fresenius”. También las iniciativas de financiación privada, es decir, los hospitales de modelo PFI en los que los profesionales sanitarios dependen del servicio público de salud y, el resto, es privado.
Según han explicado durante la rueda de prensa online celebrada este miércoles, en el estudio se observa un importante incremento de las inversiones reales o, lo que es lo mismo, en el gasto en infraestructuras, que creció en un 350% en dicho trienio. Esto se debe a que, durante los años previos, los peores de la crisis, apenas hubo inversión en obra nueva.
A pesar de la mayor inversión en instalaciones entre 2015 y 2018, no se ha construido ni un centro de salud nuevo ni se ha hecho el mantenimiento necesario. «Por lo tanto, ni siquiera con esta subida se consigue un buen mantenimiento de las infraestructuras”, ha señalado Carmen San José, médico de familia e integrante de la plataforma ciudadana.
Ha sido la propia San José quien ha señalado que el sector privado de la Sanidad en la Comunidad de Madrid “constituye un agente verdaderamente privilegiado: absorber más del 49% de todo un presupuesto sanitario nos hace pensar que se está promoviendo que el beneficio privado”, ha defendido.
Entre las conclusiones y propuestas de Audita Sanidad se encuentra la apuesta por la desmedicalización de la sanidad y por la creación de una industria farmacéutica pública que permita una mayor independencia de las iniciativas lucrativas. Asimismo, solicitan que la sanidad pública se blinde en la Constitución y que se deroguen determinadas normas que permiten la entrada del sector privado en la Sanidad Pública, además del artículo 135 de la Constitución que establece prioridad en el pago de la deuda.
Un Gobierno “al servicio de la ideología neoliberal”
Entre 2000 y 2019, la deuda total de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por ocho, pasando de 4.200 millones a 33.469 millones de euros y creciendo a un ritmo muy acelerado a partir de los años 2007 y 2008. Desde la plataforma desconocen qué porcentaje de dicha deuda corresponde al ámbito sanitario, unos datos que tratarán de recabar o estimar durante el año 2021.
Sí tienen claras cuáles son las causas generadoras de esta deuda sanitaria todavía sin cuantificar: incremento exponencial del gasto farmacéutico y falta de voluntad política para sustituir los medicamentos de marca por medicamentos genéricos; “transferencia desmesurada de recursos a la Fundación Jiménez Diaz”; crecimiento de los costes de los hospitales de gestión privada; procesos de privatización como los procesos de datos, limpieza…; desviaciones entre el presupuesto inicIal y el presupuesto liquidado; “uso y abuso desmedido del contrato menor por la Consejería de Sanidad”, que adjudica a dedo el 99,7% de las licitaciones; o la corrupción en el ámbito de la sanidad, entre otras.
Según explica el economista Vicente Losada, “la deuda ha servido como palanca para imponer el modelo económico del neoliberalismo basado en el empobrecimiento de las naciones, el menoscabo de los derechos y el aumento de las desigualdades”. Desde la organización ciudadana consideran que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha puesto el gobierno de la región “al servicio de la ideología neoliberal”, algo que demuestra el dumping fiscal que se vive en Madrid.
Según sus cálculos, esto ha provocado que entre 2002 y 2018, la CAM haya dejado de percibir unos 6.000 millones de euros debido solo a las bonificaciones sobre el impuesto de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones: “Eso se traslada a una falta de recursos que el Gobierno justifica como un medio para hacer recortes en la sanidad pública”, sostiene Losada.
Ante ello, consideran que el gobierno capitaneado por Isabel Díaz Ayuso solo es una continuación de la política que el PP viene realizando en la región en la que gobierna de manera ininterrumpida desde 1995. “No es una persona que no sepa lo que hace. Son más de 20 años con una política sanitaria que va en una dirección: dar al sector privado aquellos servicios que generan rentabilidad, lo que supone sobrecostes y un resultado en vidas que no parece que les importe”, ha criticado la médico Carmen San José.
Recientemente, un informe del Corporate Europe Observatory ha defendido que “la privatización del sistema sanitario europeo ha tenido efectos mortales, puestos en evidencia durante el último año”. La organización europea señala en el trabajo los casos ocurridos en hospitales o residencias de ancianos, en los que se ha hecho patente que “la subcontratación y la provisión privada de atención médica han degradado significativamente la capacidad de los Estados miembros de la UE para lidiar de manera efectiva con la COVID-19”.
Ayuso ha sido una de las grandes defensoras de la “colaboración público-privada”, convirtiendo su perfil de Twitter en una especie de valla publicitaria para las principales compañías y empresarios del país como Florentino Pérez, El Corte Inglés o el Banco Santander, entre muchos otros. Otras como la constructora Ferrovial ha salido muy beneficiada de la construcción y el mantenimiento del hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, una obra muy criticada por la oposición por sus sobrecostes y su dudosa necesidad.