En España prima la persecución del delito antes que la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Amnistía Internacional (AI) publica este jueves un informe en el que denuncia su situación, así como la respuesta por parte de las autoridades, que está lejos de ofrecer la protección adecuada, especialmente hacia las niñas.
Según AI, la identificación de estas víctimas tiene «graves fallos estructurales». Este trabajo recae exclusivamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado –concretamente, en las unidades encargadas de la persecución del delito, «por lo que no siempre se garantiza un enfoque de género y protección de derechos humanos», añaden desde AI–.
El hecho de que, como señala la organización, no se priorice la identificación de las víctimas como tales, lleva a ignorar su situación y ofrecer soluciones. «Los siguientes pasos son inexistentes», explica Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, en un comunicado de la asociación.
No hay datos que muestren la magnitud del problema pero desde esta organización ofrecen algunos cálculos: solo 1.000 de las 75.000 personas que, según el Gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual han sido identificadas como víctimas en los últimos siete años –entre 2013 y 2019–. Estas cifras, dicen, no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.
Los estereotipos de género son otra de las preocupaciones que señalan desde Amnistía Internacional a la hora de identificar a las víctimas, puesto que muchas veces, la policía busca «un determinado perfil de víctima de trata», que a menudo no se corresponde con la realidad. Esto hace que muchas mujeres sean descartadas.
Las costas como vía de entrada a la trata
«Muchas víctimas, bien por el hecho de no ser identificadas como tal, o bien porque aún no han sido explotadas, podrían ser mejor protegidas si tuvieran acceso a la información y a la asistencia letrada a la que tienen derecho«, explica Virginia Álvarez. «Pero nos hemos encontrado con que, por ejemplo, de julio a septiembre de 2018, según el Colegio de Abogados de Algeciras, el promedio de asistencia fue de 3.000 personas al mes y las asistencias se realizaron de manera colectiva, sin separar a los hombres de las mujeres. La ratio normal era de 12 personas por letrado o letrada, con un solo intérprete de la administración. Así no se puede garantizar una adecuada asistencia para las personas migrantes y posibles refugiadas que llegan, entre las que puede haber víctimas de trata», añade.
En este sentido, desde Amnistía Internacional proponen la creación de un organismo multi-agencial con formación en género y en trata, que permita la detección temprana y mejore la coordinación entre los distintos actores que intervienen para la identificación.
Las operaciones policiales y las detenciones que derivan de ellas también preocupan a la organización. Según explican en su informe, muchas mujeres acaban siendo detenidas por su situación de irregularidad aunque existan indicios de que es una víctima de trata con fines de explotación sexual. En una información publicada en La Marea el pasado mes de julio, la abogada experta en migraciones globales Cristina Manzanedo explicaba que «ayudaría mucho más a las mujeres que sufren explotación una mirada desde la protección de las víctimas, más allá de la persecución del delito» ya que «hay que garantizarles alternativas reconocidas por su condición de víctimas».
La situación ha empeorado por la pandemia
Aunque desde Amnistía Internacional celebran que el Ministerio de Igualdad tomase medidas como la implantación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis de la COVID-19, también lamentan «que pocas de estas medidas se hayan materializado».
En lo que se refiere a la detección e identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual, señalan que la pandemia ha empeorado la situación que ya era grave en las costas. Como puntos concretos, en AI denuncian la falta de asistencia letrada en Almería o la ausencia de medidas frente al aumento en la llegada de personas migrantes a Canarias.
