En febrero de este año, las principales cabeceras de Baleares se movían entre los primeros posibles contagios por coronavirus y la contienda política sobre la investigación de 16 supuestos casos de explotación sexual a menores tuteladas que residen en centros de acogida de Mallorca –15 chicas y un chico–. El tema llegó a una sesión de control a Pablo Iglesias en el Congreso y, pocos días antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma, se constituyó una comisión de expertos con el fin de arrojar luz sobre este asunto –que ni es nuevo ni se limita a este territorio–.
Cuatro meses más tarde de la fecha prevista, este miércoles, el IMAS –el Institut d’Afers Socials de Mallorca, responsable de la tutela de menores– y la comisión, coordinada por Noemí Pereda, doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona, presentaron las conclusiones de su informe. Estas han sido elaboradas a partir de la revisión de publicaciones sobre esta cuestión a nivel nacional e internacional pero también a través de los testimonios de quienes trabajan con las menores tuteladas y de los propios jóvenes en acogimiento residencial. De ellas se extraen también una batería de propuestas para mejorar este circuito de protección.
El contexto balear
El informe presentado este miércoles pone énfasis en que la ESCIA –la explotación sexual comercial infantil y adolescente– es un fenómeno generalizado. Según las estadísticas del Ministerio de Interior, el número de este tipo de delitos ha aumentado en los últimos ocho años en todo el país, aunque es Baleares la comunidad autónoma que registra una mayor tasa, algo que, tal y como refleja este informe, «no puede obviarse». En 2018, esa tasa era de 12,87 en Baleares mientras que la del conjunto nacional era de 8,2 –en Madrid, del 7,98–.
Desde la comisión de expertos barajan dos opciones: o bien este incremento se debe a una mayor capacidad para detectar casos o realmente se están produciendo en mayor medida que en otros lugares. En todo caso, y según concluye el informe, existe «la necesidad de reforzar y continuar incidiendo en la prevención, la identificación precoz y la atención a las víctimas». En la misma línea, señalan también que los menores de entre 14 y 18 años de Baleares son los que más alcohol y sustancias como hipnosedantes consumen de España, lo que para la comisión también está relacionado con un aumento de los delitos de ESCIA.
Actualmente, el IMAS –un órgano dependiente del Consell de Mallorca, gobernado por PSOE, Podem y Més Per Mallorca– cuenta con 30 centros de menores. De ellos, seis son públicos y 24 concertados, gestionados por entidades sociales. En Mallorca hay más de 350 menores tutelados por esta Administración.
Actualización de los protocolos y rapidez a la hora de intervenir
Para la comisión, entre los principales escollos está la falta de actualización del actual protocolo –el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears, de 2018– que debería diferenciar entre víctimas de abuso infantil y víctimas de ESCIA. Al no hacerlo, consideran que las particularidades de la ESCIA –un delito con fines de explotación comercial, es decir, tráfico sexual de menores– «quedan difuminadas o no recogidas».
En la misma línea, recomiendan también guías estandarizadas de actuación que tengan en cuenta la «complejidad» de la ESCIA y una mayor formación de quienes trabajan en el sistema de protección.
Por otro lado, el tiempo entre la detección y la atención de casos de ESCIA es otro de los problemas. Un obstáculo ligado a la burocracia que ya han señalado otros expertos. El director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, explicaba en febrero a La Marea –a raíz del anuncio de la investigación de 16 supuestos casos de explotación sexual– la importancia de que los tiempos que transcurren entre la presentación de denuncias y la sentencia no sean tan dilatados como los existentes.
La creación de un centro especializado
De la investigación de los casos que ha realizado esta comisión se concluye que ninguna de la víctimas se encontraban en centros especializados en ESCIA. De hecho, hasta la fecha no existe en las islas y es una de las principales recomendaciones de este grupo de expertos.
En una entrevista, la experta Noemí Pereda explicaba, precisamente, que «hay muy poca sensibilización social respecto a las necesidades de estos menores», en referencia a quienes sufren la ESCIA. Pereda, que pone en valor iniciativas como el acogimiento familiar como alternativa a los centros de menores, señala en el nuevo documento las garantías de un centro especializado para víctimas de ESCIA o personas sospechosas de haber sufrido este tipo de explotación. Esta medida, que ya fue anunciada por el Consell de Mallorca el pasado enero, se materializará con la apertura de un centro este octubre, tal y como ha anunciado la presidenta de esta institución, Catalina Cladera.
Más allá de Mallorca
Si bien en los últimos meses el foco mediático de la ESCIA ha caído sobre Baleares, el informe y las voces expertas insisten en dar una perspectiva global a este problema que, en palabras de Noemí Pereda, «no se limita a Baleares en España, ni España es el único país en el que ocurre». «Siempre que haya niños y niñas vulnerables va a haber adultos que van a intentar aprovecharse de ellos», añade. Por eso, desde la comisión instan a que las propuestas dirigidas al Consell de Mallorca puedan servir de referencia a otras comunidades autonómas.
