En medio de la crisis humanitaria en Moria (Lesbos, Grecia), Bruselas decidió adelantar el Pacto Migratorio al pasado 23 de septiembre. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Migración, Margaritis Schinas, avanzó que el refuerzo de fronteras y las expulsiones serán clave y augura una nueva cascada de dinero público europeo para las multinacionales que se lucran en el negocio antimigratorio. En medio de la opacidad habitual de la gestión migratoria, destaca otro elemento que ha recibido menos atención mediática: la nueva apuesta de Europa por el uso de drones militares para control migratorio, un asunto en el que España sirve como laboratorio.
El uso de drones para control migratorio será una de las nuevas herramientas de Frontex, la agencia europea de guardacostas y fronteras, que en los últimos años ha multiplicado sus competencias y presupuesto (la Comisión le consagrará 11.000 millones de euros entre 2021 y 2027), hasta el punto de convertirse en el primer cuerpo uniformado de la UE. Esta tecnología de origen militar servirá para reforzar la ‘externalización de fronteras’, otro de los pilares reforzados en la política antimigratoria europea.
Como parte de la externalización de fronteras, países como España o Italia siguen proporcionando medios y formación a las autoridades de Libia y Marruecos. Ambos estados están en el punto de mira de las organizaciones que defienden los derechos humanos, pero las autoridades europeas no muestran interés en ese sentido. Hasta septiembre de este año, al menos 8.435 migrantes y refugiados han sido detenidos en el Mediterráneo y desembarcados en Libia de la mano de la Guardia Costera de ese país, según los datos de Amnistía Internacional. Esta organización denuncia las sistemáticas torturas y detenciones arbitrarias en condiciones inhumanas que sufren los migrantes en territorio libio, y también en Marruecos.
Detener a los migrantes desde el aire
La UE ya está utilizando drones militares en sus ‘misiones de ayuda’ a los migrantes, en detrimento de los barcos desplegados en operaciones de rescate en alta mar. Se trata del nuevo enfoque europeo de política migratoria y lleva en curso desde 2017.
Los drones de Frontex recogen información acerca de la localización en tiempo real de las pateras en el Mediterráneo y la envían a Eurosur, el programa de la UE que coordina la vigilancia fronteriza para combatir la migración irregular. Este sistema, a su vez, informa a países terceros, como Libia o Marruecos, para que sean sus guardacostas los que rescaten o detengan a los migrantes. Todo esto, además, amparándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estipula que el centro de coordinación de rescate marítimo más cercano -que normalmente se encuentra en países como Turquía o Libia- debe ser informado de las emergencias reales o sospechosas de personas a la deriva. En los casos más flagrantes, estos guardacostas han sido llamados para interceptar embarcaciones de migrantes que se encontraban ya muy cerca de Grecia, Italia o Malta.
Esta estrategia, denominada pull-back, instrumentaliza una ley internacional para satisfacer objetivos políticos. A su vez, con frecuencia implica consecuencias terribles para los migrantes. En los países a los que son devueltos, estos son maltratados y esclavizados. En el caso de Libia, los guardacostas los encierran en centros de detención para migrantes, financiados con dinero de la UE y en dónde se los tortura sistemáticamente.
La ONG SeaWatch ha exigido que la información de los drones de Frontex se comparta con organizaciones independientes que rescatan a migrantes. No han obtenido respuesta y todo apunta a que, por el momento, esto no va a cambiar.
La operación de vigilancia aérea y localización de pateras que realizan los drones de Frontex, bautizada como Servicio de Vigilancia Aérea Multipropósito, se inició en Italia. A día de hoy opera también en las costas de Argelia, Túnez y Libia, y cubre buena parte del Mediterráneo. En medio de la opacidad, es posible afirmar que entre 2017 y 2020 Frontex notificó a las autoridades libias al menos 42 pull-backs.
España se suma al club del Predator B
En España, el uso de aeronaves no tripuladas para control fronterizo es una cuestión que sobrevuela desde hace tiempo y cada vez con más ruido. El Ministerio del Interior está inmerso en la remodelación de las vallas de Ceuta y Melilla desde 2019. Son dos emplazamientos que, junto al estrecho de Gibraltar, forman un enclave indispensable para la Industria del Control Migratorio. Las políticas migratorias de España y la UE son terreno fértil para esta industria. Una de sus especialidades es su capacidad para diversificar su cartera de clientes, adaptando la tecnología militar al uso civil. Cámaras térmicas, sensores de movimiento o potentes radares como el sistema SIVE, son elementos que se llevan usando durante años para la vigilancia de los perímetros fronterizos. Ahora es el turno de los drones de combate adaptados.
En diciembre de 2019, llegaron a la base de Morón de la Frontera dos de las cuatro unidades del dron militar MQ-9 Predator B que España adquirió al fabricante estadounidense General Atomics Aeronautical System. EEUU solo autoriza la venta de este dron a sus aliados de la OTAN. La compra por 158 millones de euros fue aprobada en Consejo de Ministros en 2015 y se espera que las dos unidades restantes lleguen en 2021.
Desde el Ministerio de Defensa afirman que “las unidades MQ-9 Predator no han sido recepcionadas formalmente”. Sin embargo, en enero de este año, el Ejército del Aire publicó un vídeo con el primer vuelo de un Predator B.
Defensa sostiene que “es pronto para saber cuáles serán sus funciones y áreas geográficas en las que las desarrollarán”. Otros países poseedores de drones MQ-9 Predator ya los han utilizado en tareas de control de fronteras. Por ejemplo, EEUU los despliega en su frontera con México, e Italia en el marco de la operación Mare Sicuro en el Mediterráneo central y costa de Libia.
Los Predator B tienen como sede principal la base de Talavera la Real (Badajoz), desde la que pueden controlar la frontera sur de España. Además, contarán con otra base secundaria en el aeródromo de la isla de Lanzarote (Las Palmas), zona que cubre otra importante ruta migrante desde el Sahel, donde también opera Francia. Ambas áreas, muy próximas a los perímetros fronterizos de España, son controladas por Interior. Sobre el uso de los Predator B para vigilancia fronteriza, este ministerio explica a La Marea que “no consta ningún tipo de colaboración en ese sentido”. De momento.
Los MQ-9 Predator B no solo sirven para observar, sino que son armas de primer nivel. Estas aeronaves no tripuladas han sido utilizadas por el ejército de EEUU en varias operaciones en Oriente Medio. Por ejemplo, uno de estos drones fue usado para el famoso ataque en el que murió el general iraní Qassem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Dentro de la jerga militar estadounidense se les conoce con el apodo de reapers (segadores), en alusión al arquetipo de la muerte que ‘sega las almas’ con su guadaña.
El Ejército del Aire ha optado por asignarles el nombre de NR05. Las cuatro unidades que ha adquirido España todavía no están provistas de armamento. Otros países europeos que también poseen drones Predator B sí que han decidido armarlos.
El ‘lobby’ del dron en la UE
Desde hace más de 20 años, Europa financia proyectos militares bajo el paraguas de la inversión en drones. Aunque financiar proyectos militares va formalmente en contra del reglamento de la UE, el doble uso de la tecnología dron -civil y militar- permitía a las empresas de defensa beneficiarse de las subvenciones europeas. Hasta 2020, la UE ha destinado más de 190 millones de euros para investigación en drones en el área de seguridad.
Sin embargo, a partir de la creación del Fondo Europeo de Defensa (EDF por sus siglas en inglés), la necesidad de la UE de servirse de los programas de investigación en tecnología de dron para alimentar a la industria armamentística ha decaído. Esto no significa que la UE haya perdido interés en financiar proyectos de drones. De hecho, la dependencia de la unión con respecto a EEUU e Israel en materia de tecnología de aeronaves no tripuladas ha sido uno de los motivos que llevó a la creación de programas europeos de investigación en drones.
Estos proyectos los llevan a cabo unas pocas empresas que controlan la Industria del Control Migratorio a nivel europeo. Cabe destacar, entre ellas, la francesa Dassault Aviation, la paneuropea Airbus, involucrada en dos de los cuatro proyectos, la italiana Leonardo y la británica BAE Systems.
El uso de drones militares para vigilancia fronteriza en Europa es un nuevo ejemplo de la capacidad de innovación que presenta el emergente negocio antimigratorio. La COVID-19 y el cierre de fronteras siguen poniendo en el punto de mira los flujos migratorios procedentes de África. En línea con la idea de la Europa Fortaleza, en la que España tiene un papel fundamental como puerta de Europa, la región se dispone a desembolsar cientos de millones de euros para detener los flujos migratorios africanos, que en realidad solo suponen el 10% del total de migrantes irregulares que llegan a España.
Los drones son solo una parte de la Industria del Control Migratorio. El equipo de porCausa investiga a fondo este negocio y su forma de perpetuarse, pero necesita apoyo para seguir desenmascarando #Spectram.
