El sistema de salud pública español está sufriendo ahora «las consecuencias de un decenio de austeridad«. Así lo ha denunciado la revista The Lancet, que critica también la situación en el Reino Unido. Las imágenes vividas durante los meses más duros de la pandemia y la imposibilidad de contener la segunda ola ponen de manifiesto los socavones del sistema sanitario.
En este contexto surge Historia del seguro de enfermedad en España desde finales del XIX a la actualidad (Catarata, 2020), un trabajo de investigación llevado a cabo por el economista y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) Tomás Gómez, la socióloga y doctora en Ciencias de la Información Eva Matarín y el profesor de Historia del Derecho y las Instituciones Jorge Montes.
Los autores miran hacia atrás para entender de dónde vienen nuestros males y señalan al franquismo como “una losa en el momento más inoportuno para el desarrollo de los Seguros Sociales en España”. Porque cuatro décadas de dictadura todavía resuenan y lastran nuestro presente. “El modelo económico español padece la marca de los errores del franquismo, de una masa empresarial que surgió al calor del régimen, de un modelo intensivo en mano de obra y que, a pesar de las distintas reconversiones, sigue siendo muy sensible a las crisis económicas en materia de empleo”, analizan Gómez, Matarín y Montes.
Según explican, esto se hace especialmente notable en las infraestructuras hospitalarias, muchas de las cuales fueron construidas en los últimos años del régimen, que quiso dejar su impronta en forma de ladrillo. Mientras Europa comenzaba a construir sus sistemas nacionales de salud, aquí se imponía “el desorden y la falta de coordinación”, sin atisbos del carácter redistributivo.
El libro también desmonta «el mantra de que la seguridad social la inventa Franco», explica a La Marea Tomás Gómez. En España, las primeras instituciones de previsión social nacieron a finales del siglo XIX y principios del XX, pero no fue hasta la II República (1931-1936) cuando estas se desarrollaron, a través de la creación el seguro de maternidad, la Caja Nacional contra el paro o el Instituto Nacional de Previsión, entre otros.
La llegada de la derecha al gobierno republicano y el posterior golpe de Estado paralizaron las reformas emprendidas por el ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, quien había ratificado los diferentes convenios nacionales y comenzó un proyecto para unificar los seguros sociales.
Un seguro propagandístico
El ministro franquista José Antonio Girón de Velasco ultimó la aprobación en 1942 el Seguro de Enfermedad Obligatorio (SOE), el primero de la historia del país. “Pero no era más que un acto de propaganda con el objetivo de asentar el régimen en el imaginario popular. Era un seguro completamente desconectado del resto de países europeos”, añade Gómez, que asegura que «el SOE no tenía aportación del Estado, sino de empresarios y trabajadores. No era nada”. Según se explica en el trabajo, “el objetivo era desmantelar el peligro que suponía para el régimen el sector del proletariado más movilizado”.
Cuarenta años más tarde, durante la Transición, comienza a cimentarse el Estado del bienestar. “La Seguridad Social experimentó una enorme transformación entre los años 1977 y 1984”, defienden en la obra. En el 86 llegó finalmente la Ley General de Sanidad.
La crisis de 2008 puso a prueba nuestro sistema de prestaciones sociales. En solo cinco años, la tasa de paro pasó del 8,42% del primer trimestre de 2007 al 26,94% del año 2013, cuando se alcanzó el pico de desempleo según la Encuesta de la Población Activa (EPA). Los malos datos económicos llevaron al gobierno del Partido Popular a aplicar recortes sanitarios, acabar con la universalización del sistema –lo que limitaba la cobertura a los inmigrantes en situación irregular– y a incorporar copagos en determinados medicamentos. Para Gómez, “uno de los grandes temas pendientes es el blindaje de la sanidad”, ya que, como recuerda, la salud no se encuentra en los derechos de primera generación de la Constitución Española. “Hay que esperar hasta el artículo 43. ¿Hasta qué punto el Estado puede dejar de prestar estos servicios?”, se pregunta.
Y, sin haberse recuperado, la crisis de la COVID-19 ha vuelto a mostrar las costuras del sistema de salud y de cobertura social. “Es evidente que el sistema no estaba preparado”, defiende Tomás Gómez. El exdirigente socialista cree que no se han reforzado los mecanismos que fallaron en la primera ola. “No estábamos preparados y dudo que se haya hecho algo para mejorarlo. La sensación que me da es que todo el mundo se esconde, nunca sabes de quién es responsabilidad y juegan con la confusión. No se ha estado a la altura de los ciudadanos”, subraya.
Actualmente, en plena segunda ola, la presión hospitalaria vuelve a ser preocupante en determinadas regiones. Al igual que sucede con la atención primaria, reclamada por muchos profesionales como un punto clave para hacer frente a la pandemia, pero que en la actualidad está asfixiada ante la falta de profesionales contratados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende, no obstante, que el problema es que “faltan médicos para contratar”.
Un debate eterno
¿El Estado del bienestar es sostenible? La pregunta es recurrente en España. Para Tomás Gómez, la pandemia ha cerrado un primer debate: “El mundo occidental parecía que estaba libre de la muerte por enfermedades infecciosas y que eso era cosa del pasado y de otros lugares del planeta. Y se ha visto que no es así”. El economista defiende que la COVID-19 es una enfermedad que afecta “a ricos y a pobres”, aunque determinados estratos sociales se hayan visto más afectados.
Respecto a la sostenibilidad, Gómez hace hincapié en la necesidad de hacer una buena gestión del dinero. “Yo he tenido responsabilidades políticas y mi ideología es muy clara pero creo que hay un exceso competencial en mano de las comunidades autónomas”, critica. El expolítico denuncia que hay determinadas zonas de la Comunidad de Madrid, principalmente aquellas fronterizas, que no cuentan con infraestructuras sanitarias mientras estas se agolpan en otros lugares. Ante esto, defiende que la organización de la red de salud sea una competencia suprarregional mientras que la gestión de la misma se deje en manos de las comunidades: “Se ha visto que son quienes mejor las gestionan”, asegura el exdiputado de la Asamblea de Madrid.
