“Nos han dicho que en dos o tres semanas se van a ir de la vivienda”. Fabiola comienza a ver la luz al final de un túnel después de varios meses. Durante el estado de alarma varias personas usurparon la vivienda por la que pagaron una entrada en febrero. Ella, su pareja Gerard y sus dos hijos pequeños siempre habían vivido de alquiler, pero decidieron comprar ante la creciente subida de los precios del alquiler: “Compramos porque creemos que el mercado del alquiler no se autorregula y porque nuestros gobernantes no van a hacer nada”.
Su proyecto de vida en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se torció cuando les avisaron de que su casa había sido ocupada. Cuando los Mossos llegaron al inmueble no pudieron intervenir porque habían pasado las 48 horas que la ley fija como tope para aplicar el delito de allanamiento de morada. Además, aunque no había personas dentro de la vivienda, sí había signos de habitabilidad, algo que impide a la policía actuar. “Había incluso un perro medio abandonado en la terraza, sin comida y sin agua. Esto demuestra la calidad humana de esta gente”, explica.
“Desde entonces ha sido un infierno”, se lamenta. En ese momento, Fabiola y Gerard podían acudir a la vía civil o a la vía penal. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero) parece haber acelerado los plazos de la vía civil: “Si realmente los mecanismos son rápidos, esta será la alternativa más interesante, y no la vía penal por delito de usurpación”, explican desde Garón Abogados.
Pero para ello es necesario costear un abogado –que en este caso están pagando todavía los actuales propietarios de la vivienda–. Por este motivo, “la gente que no tiene recursos va por lo penal porque es gratuito. Pero no saben qué es lo que viene después”, advierte Fabiola. En su caso, le avisaron de que los plazos del desalojo podrían demorarse entre 3 y 5 meses, pero con la actual crisis sanitaria, podría llegar hasta un año.
“Nos está costando la salud mental, la tranquilidad, las vacaciones y las horas que no dedicamos a nuestros hijos”, se queja. Además, diferentes gastos extra, al tener que seguir pagando el alquiler mientras ya están pagando el préstamo al que accedieron para dar la entrada en febrero: “Si firmamos la hipoteca mientras seguimos teniendo que pagar el alquiler y el préstamo de la entrada, no llegamos a fin de mes. Es así como la gente queda en situación de vulnerabilidad y no quienes ahora están usurpando nuestra casa”.
Apoyo de una plataforma antidesahucios
Fabiola intenta no referirse a ellos como okupas, sino como usurpadores: “Esto es otra cosa; esto no es parte del movimiento okupa. Yo entiendo que quien tiene la necesidad hace lo que sea por vivir, pero esto no es una familia vulnerable. Si eres vulnerable vas a una casa de un fondo buitre y no a la casa de un particular”, se queja.
Por ello, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Plataforma 500×20, una organización antidesahucios de Vilanova i la Geltrú que lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad. Fueron ellos quienes desde entonces tratan de mediar con las personas que se encuentran en el interior del inmueble para que lo abandonen lo antes posible y así Fabiola y Gerard puedan hacerse con él y comenzar su nueva vida.
Ella se siente dolida debido a que este tipo de personas daña al movimiento okupa: “Mientras que no se satisfaga el derecho constitucional que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, tendrá que haber movimiento okupa. Pero esto no tiene nada que ver; se han creado mafias que se valen de este movimiento y de sus mecanismos para otra cosa”, explica denunciando que estas personas pidieron 5.000 euros para irse: “Tanto los propietarios actuales como nosotros coincidimos en decir que no, porque mañana iban a hacer lo mismo en otro sitio. Esto no es okupación, es allanamiento e intento de extorsión”.
Fabiola denuncia también la industria del miedo creada en torno a esta problemática. “Las empresas de alarmas no solo están haciendo más negocio por el miedo de la gente, sino que lo hacen con los propios extorsionadores, que instalan alarmas en las viviendas”, explica asegurando que las compañías no piden ningún documento que acredite que la persona reside de forma legal en ese inmueble. En la fachada de la suya, luce hoy el distintivo de Securitas Direct.
Si cumplen con lo apalabrado, en un par de semanas estarán fuera del inmueble. Pero, después de varios meses de lucha, Fabiola todavía no está convencida: “Hasta que no me vea con las llaves en la mano y dentro de la casa, no estaré tranquila”.
