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Abordar la crisis climática exige un Derecho global

«Tenemos legislaciones cada vez más interrelacionadas y sujetas a importantes límites internacionales y, en nuestro caso, al Derecho de la Unión Europea».

Activistas bloquean parte del puente de Waterloo durante la protesta de Extinction Rebellion. REUTERS / Hannah McKay

Xabier Ezeizabarrena

14 agosto 2020 Una lectura de 6 minutos

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

La lucha contra el cambio climático, el derecho y la soberanía se están viendo afectados por cambios conceptuales de calado. Las razones son diversas y guardan relación con los cambios en nuestras sociedades y en sus ordenamientos jurídicos, cada vez más globalizados.

Tenemos legislaciones cada vez más interrelacionadas y sujetas a importantes límites internacionales y, en nuestro caso, al Derecho de la Unión Europea.

En realidad, el principio clásico de la soberanía histórica según Jean Bodin se ha suavizado notablemente. De facto, casi ningún Estado es plenamente soberano en la actualidad. Entre otras razones, porque el paradigma de los derechos fundamentales junto a los tratados y convenios internacionales imponen obligaciones y límites a todos los Estados democráticos.

Esta aproximación nos enfrenta a potencialidades de importancia en la dinámica ambiental del planeta y su protección. Los ecosistemas, los recursos naturales, las pesquerías, el clima, sus relaciones e impactos desbordan cualquier límite territorial o político. Algo similar está sucediendo hoy con la terrible pandemia de la COVID-19. Lo mismo sucede con las catástrofes naturales y su prevención y con las sequías.

Los fenómenos con implicaciones globales no conocen límites territoriales ni son receptivos a respuestas jurídicas locales. Se trata de una cuestión global escasamente tratada en las sucesivas cumbres climáticas de la ONU.

Un proceso de escala planetaria

El fenómeno del cambio climático tiene ya implicaciones en el medio ambiente global, en la calidad de las aguas dulces y oceánicas y en la configuración de nuestras costas, por ejemplo. Ello supone que el principio de soberanía clásica que acompaña a la aplicación del Derecho no es plenamente eficaz en materia ambiental ni facilita respuestas a las problemáticas climáticas globales.

El papel del Derecho internacional y los nuevos conceptos de soberanía vuelven a ser relevantes, puesto que la utilización política de los ordenamientos jurídicos se ha exprimido hasta límites insostenibles.

El sistema internacional impone una serie de límites al concepto clásico de soberanía. Los más importantes son los derechos humanos de todas las personas, a día de hoy implicados directamente en la defensa del medio ambiente. Es fundamental dar pasos decididos hacia la consecución de un derecho subjetivo a un medio ambiente sano o equilibrado. Todos los seres humanos debemos ser sus destinatarios reales, más allá de cualquier otra consideración o límite jurídico.

Cambios en el concepto de soberanía

El concepto actual de soberanía comienza a alejarse del poder omnímodo de los Estados para acercarse a modelos de soberanía limitada o compartida.

Sin embargo, subsisten Estados anclados en las nociones del pasado cuyos sistemas evitan someterse a los parámetros internacionales, o prefieren no compartir soberanía. El ejemplo más evidente es el de Estados Unidos que, en general, practica una política contraria a la limitación de su soberanía o a la idea de compartir poder político, especialmente en el plano de la protección ambiental internacional.

Adicionalmente, la globalización de Occidente y la economía libre de mercado han impuesto a las sociedades más desprotegidas límites a sus gobiernos (cada vez menos soberanos) y políticas. Estas limitaciones son de interés en materia de protección del medio ambiente.

El ejercicio del poder y sus políticas públicas, de inversión, de infraestructuras y de transporte también deben sujetarse a controles. Se trata de importantes limitaciones cuantitativas y cualitativas para que dichas políticas consideren la imposibilidad de ejecutarse más allá de la capacidad de aguante de la biosfera. El objetivo es aplicar los principios generales del desarrollo sostenible.

Decisiones de inversión inteligente

También es necesario que las políticas de inversión y, en particular, las de gestación de nuevas infraestructuras, se ejecuten mediante índices de rentabilidad social de sus impactos. Es decir, resulta imprescindible que las administraciones públicas se comprometan a elaborar y contrastar sus inversiones mediante índices objetivos.

Lo anterior implica conocer, medir, cuantificar y comparar opciones para que sea posible optar por aquella inversión o infraestructura con una mayor rentabilidad social en términos de creación de empleo, impacto ambiental, número de usuarios, impacto en el transporte o, por ejemplo, generación de servicio público.

Tenemos ante nosotros toda una serie de elementos objetivos y subjetivos que deben contribuir a que las administraciones públicas dibujen y ejecuten sus políticas con un compromiso de sostenibilidad en tres ámbitos: midiendo la rentabilidad social, ambiental y económica de cada decisión pública.

Algo tan elemental como lo anterior se presupone en el terreno de lo teórico y en la planificación. Sin embargo, la práctica demuestra que algunas decisiones se adoptan sin certeza sobre sus índices de rentabilidad social, económica y ambiental.

Es necesario ser conscientes de que la protección ambiental del planeta basada en una soberanía plena que ejecuta sus dictados sobre una determinada sociedad está sufriendo mutaciones conceptuales y prácticas. Ello afecta a la economía, al Derecho, a las cuestiones ambientales, al cambio climático, a las políticas energéticas y pesqueras, entre otras.

Las viejas recetas del ejercicio del poder político no son necesariamente válidas en la actualidad. Ello implica apostar por formas de poder compartido, difuso o en red que deben generar una mayor participación activa de la sociedad.

Dado que la naturaleza no se somete a nuestros límites territoriales y políticos, necesitamos diseñar y desarrollar un Derecho más global y coercitivo para la protección ambiental del planeta Tierra.

Xabier Ezeizabarrena es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Comentarios

Ursula López dice:

26/08/2020 a las 12:45

Otro proyecto del que tuve conociminto recientemente y que trabaja también en la legislación para la protección ambiental, es el conocido como Acuerdo de Escazú: un Acuerdo Regional adoptado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y tiene como propósito mejorar la democracia ambiental en América Latina y el Caribe desarrollando tres derechos: el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia.
Ahora mismo están en plena campaña para conseguir la ratificación por parte de los países que faltan para que pueda entrar en vigor, pues en septiembre termina el plazo.
Más info:
https://www.escazuahora.cl
https://www.escazuahora.pe

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Ursula López dice:

25/08/2020 a las 21:05

Muy interesante el artículo y el planteamiento. Claramente hemos dejado jurídicamente indefensa a la Tierra, algo realmente peligroso. Personalmente colaboro con la organización Stop Ecocidio, que trabaja para conseguir que el crimen de ECOCIDIO (la destrucción a gran escala de la Naturaleza por parte de las grandes empresas) sea reconocido por la Corte Penal Internacional y se convierta oficialmente en el 5º Crimen internacional Contra la Paz (junto con el genocidio, los Crímenes de Guerra, etc). Con ello, se pondría fin a la inmunidad de la que disfrutan actualmente los perpetradores de este crimen atroz contra la vida a nivel planetario. Si os interesa, aquí podéis saber más: https://www.protectoresdelatierra.org

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Carmen C. dice:

25/08/2020 a las 17:35

La selva amazónica está ardiendo sin control para que unos pocos puedan asegurarse nuevas tierras de cultivo.
La UE está a punto de echar más leña al fuego firmando un desastroso acuerdo comercial.
Las motosierras están llevándose por delante la paz de la selva; los pájaros y los monos huyen en señal de protesta. Un árbol gigante cae derrumbado, el tronco es enviado a Europa, las ramas sobrantes se queman. La fuerte y saludable selva tropical se convierte en terreno para el monocultivo.
La UE pretende aumentar la presión, para beneficiarse de los productos cultivados en estas tierras agrícolas, mediante la firma de un acuerdo comercial con un grupo de cuatro países sudamericanos llamado Mercosur [1]. Este acuerdo sería echar más leña al fuego.
Impidámoslo.
https://act.wemove.eu/campaigns/no-acuerdo-ue-mercosur-amazonas-ardiendo?action=share&utm_source=civimail-31876&utm_medium=email&utm_campaign=20200819_ES

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Javier Pascual dice:

17/08/2020 a las 15:23

Como se explica en el artículo, el ámbito global del problema del Cambio Climático requiere medidas globales. En este sentido, independientemente de la organización de la soberanía abordada en este artículo, ya hay un buen camino para tener incentivos y obligaciones a nivel local que aporten al objetivo global de lucha contra este problema ambiental.
Desde la Comisión Europea se está fomentando la CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE para conseguir un el modelo productivo y de consumo más sostenible, por su impacto y poder sobre el mercado. Esto ya se ve reflejado también en España, donde se ha puesto en marcha un PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA según el cual cada año se puntuará con mayor porcentaje a aquellas empresas que tengan un Plan de Reducción de su Huella de Carbono certificado e inscrito en el Registro del MITECO.
Ya hay más de 2.200 proyectos de Huella de Carbono inscritos en el Registro MITECO, lo cual fomenta la «competitividad verde». Por tanto las empresas deberán, cada vez más, Calcular y Reducir su Huella ( https://sustant.es/huella-de-carbono-para-empresas/ ), y los profesionales deberán estar preparados mediante formación en estos temas (https://sustant-academy.com/curso-especialista-en-huella-de-carbono-y-compensacion-de-emisiones/) para incorporar en las empresas y organizaciones este importante indicador del grado de sostenibilidad de las operaciones y servicios.
La capacidad de la atmósfera de absorver contaminantes se agota, y la del planeta como sumidero de residuos también se agota, los residuos ya nos “comen” y los gases de efecto invernadero modifican nuestro clima. Es evidente que impedimos el normal funcionamiento de los ciclos biológicos y geoquímicos; esperemos que continúen los incentivos y las obligaciones locales, regionales y globales.

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ArroyoClaro dice:

15/08/2020 a las 19:09

HAY PROBLEMAS QUE NO SON GLOBALES, COMO LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DEL AVE EN EL ESTADO ESPAÑOL QUE HAN SIDO CREADOS COMO CASI SIEMPRE POR LA CODICIA Y LOS INTERESES DE LAS GRANDES COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS, POR UNOS GOBIERNOS COMPLICES Y POR EL CONSENTIMIENTO DE UNA CIUDADANÍA QUE NO SE CUESTIONA NADA.
El 94 % de la inversión ferroviaria se destinó a los trenes insostenibles.
La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible saluda el Estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF) publicado a finales de julio de 2020, donde muchos aspectos básicos puestos de relieve coinciden con lo expuesto y reclamado por las plataformas ciudadanas en defensa del ferrocarril. El trabajo de esta agencia estatal independiente del Gobierno creada en 2013 a iniciativa de la UE muestra la insostenibilidad del sistema multimodal de transporte existente en el Estado español.
Como se lee en el texto de AIReF, los trenes de cercanías son el servicio ferroviario más utilizado en España, con 583,5 millones de viajes en 2018, el 90 % de todos los viajes efectuados en los trenes de Renfe durante dicho año. Y cada día, se efectúan 1,5 millones de viajes en los ferrocarriles metropolitanos gestionados por Renfe. En ambos casos, no se suman los viajes en trenes de cercanías de las empresas ferroviarias autonómicas del País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana, ni los viajes en metros y tranvías dependientes de administraciones públicas autonómicas y municipales, ni los viajes en los trenes regionales de Renfe, que en muchos casos ofrecen el servicio de trenes de proximidad al igual que los de cercanías.
Pues en esa situación del ferrocarril español actual, las inversiones estatales en los servicios de cercanías en el período de 1990-2018 han sido enormemente bajas. Ya que la inversión total en infraestructuras, de las redes de cercanías, ha ascendido a 3.680 millones de euros, 131 millones año, una cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en las llamadas líneas de alta velocidad, las del “Todo AVE”, con 1.550 millones de media anual en el mismo período. Es decir se invirtió en el “Todo AVE” el 93,8 por ciento del total de los 59.568 millones y sólo se invirtió en las redes de cercanías el 6,2 por ciento. Es decir se dedicó el 94 por ciento de la inversión a los trenes utilizados por el 10 por ciento de las personas y sólo se aplicó un 6 por ciento del dinero público a los trenes que utiliza más del 90 por ciento de la población.

Así es que el transporte sostenible no ha podido desarrollarse pues la parte del león de la inversión se ha estado dedicando al transporte insostenible. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal explica que España ha construido una infraestructura AVE más extensa que otros países de su entorno, pero sin tener en cuenta criterios de movilidad sostenible. Señala, así mismo, que los beneficios sociales no compensan los costes fijos de la construcción y no ofrecen seguridad en escenarios sujetos a incertidumbre y en los que el coste de oportunidad de los fondos públicos es elevado, donde además ha contribuido a un aumento de las disparidades territoriales….
https://www.ecologistasenaccion.org/149780/el-94-de-la-inversion-ferroviaria-se-destino-a-los-trenes-insostenibles/

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