Medio ambiente

Adif será sancionada económicamente por arrojar dos vagones al río Sil

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil considera que la acción fue intencionada. Por ello, la empresa será sancionada y deberá revertir el daño causado.

Fotograma de uno de los vídeos del tren arrojado al río. @MaltratoPaisaxe

Eduardo Robaina

05 agosto 2020 Una lectura de 5 minutos

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha abierto diligencias previas “para investigar y determinar los daños al dominio público hidráulico tras la caída al cauce del río Sil de dos vagones”, según anuncia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota de prensa. Los vagones corresponden a un tren de mercancías descarrilado el pasado martes 28 de julio en Sobradelo, Orense. La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) era la encargada, con la colaboración de Renfe, de llevar a cabo las labores de retirada del tren. El presidente de la Confederación, José Manuel Quiroga, adelanta que la empresa responsable recibirá una sanción económica, además de la obligación de revertir el daño causado, incluyendo la retirada de los vagones.

Los hecho se remontan al pasado domingo por la mañana. En ese momento, detalla el MITECO en la nota, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil recibió un aviso de la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) -el 112- avisando de la acción de dejar caer los vagones dada la dificultad de su recuperación y alegando cuestiones de seguridad. No obstante, no se contaba con la autorización expresa de la Confederación Hidrográfica -dependiente del Gobierno central y responsable de la cuenca hidrográfica-. Por este motivo, el organismo público ha decido abrir una investigación al respecto.

Desde el MITECO señalan que “tras las investigaciones y averiguaciones realizadas por el personal de la Confederación Hidrográfica se desprende que los vagones habrían sido empujados de forma intencionada para que se produjera su caída por el talud”, y que la propia Confederación desautorizó la acción dado que no era viable desde el punto de vista ambiental en la forma planteada.

La propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó a través de su cuenta de Twitter lo ocurrido, tachándolo de “descabellado”: “La manera de despejar las vías ocupadas por vagones descarrilados en ningún caso puede ser ‘despeñarlos’ al cauce. Deberán sacarse de allí y aclarar lo sucedido”, escribió.

#ADIF VIERTE AL RÍO SIL LOS VAGONES DESCARRILADOS
Vídeo 1
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— MaltratodaPaisaxe (@MaltratoPaisaxe) August 3, 2020

En un comunicado difundido el martes 4 de agosto, Adif afirma que han abierto una investigación “para conocer todos los detalles de lo sucedido”, y señalan que “todos los vagones se encontraban vacíos, por lo que no se produjo ningún tipo de riesgo asociado al vertido de la carga”.

En dicho comunicado, la empresa explica su propia versión de los hechos: “Era necesario apartar cuatro vagones para reparar la vía. Dada la complicada accesibilidad de la zona, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, se trataba de una condición indispensable previa para situar una grúa ferroviaria en paralelo a los vagones y suspenderlos para encarrilarlos. Durante esas maniobras, un vagón se pudo desplazar correctamente, pero el segundo de los vagones se precipitó ladera abajo, hasta la ribera del río Sil”.

Desde Adif afirman estar analizando lo ocurrido con el fin de depurar las responsabilidades pertinentes. Explican, también, que la prioridad sigue siendo retirar los vagones descarrilados, así como revertir los daños que se hayan podido producir en el entorno a la mayor brevedad posible.

A través de un comunicado, la organización ecologistas Amigos da Terra piden tanto a la Confederación Hidrográfica como a la Consellería de Medio Ambiente que se aplique el principio de “quien contamina, paga”, regulado en la Ley de responsabilidad medioambiental, según la ONG. Por su parte, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación al respecto por un presunto delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Lo mismo ha pedido el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego tras registrar una iniciativa parlamentaria: “No se puede tolerar que una empresa pública sea la primera en incumplir la normativa sobre la gestión de residuos y reparación de los daños causados al entorno”, explicó el representante gallego. También se han manifestado indignados todos los grupos de la oposición en el Parlamento gallego, incluido el partido socialista gallego.