LA MIRADA DE MÓNICA G. PRIETO // La excepción se ha acabado. A Hong Kong, reducto de pseudo-democracia en una China con tolerancia cero hacia cualquier atisbo de disidencia, le están arrebatando las libertades una a una, día a día. Lo hacen con unas prisas inauditas que aprovechan la distracción por la pandemia en un mundo que ha dejado de mirar más allá de sus fronteras, porque los problemas ajenos ya no son su prioridad.
El paraguas de la nueva Ley de Seguridad Nacional pone las cosas fáciles a Pekín en su intento de aplastar a la oposición cívica que exige democracia en las calles de Hong Kong. Cualquiera que participe en las manifestaciones puede ser acusado de traición, sedición, subversión o colaboración con fuerzas extranjeras, delitos que implican entre tres años y cadena perpetua.
Gritar Democracia puede implicar ser detenido por la nueva Oficina de Seguridad Nacional, dirigida por funcionarios chinos y no hongkoneses, y ser enviado a Pekín para ser sometido a juicio, un lugar caracterizado por la ausencia de garantías jurídicas donde el 100% de los casos suelen terminar en condena firme. Los jueces serán ahora designados a dedo por el máximo responsable político hongkonés, fiel a China, acabando de facto con la independencia judicial y la separación de poderes.
Y las medidas son extraterritoriales: cualquier ciudadano no hongkonés que incurra en uno de los nuevos delitos puede ser detenido y acusado, como también lo pueden ser aquellos hongkoneses que hayan huido al extranjero. “Literalmente, la ley se puede aplicar a cualquier ciudadano del planeta”, explicaba a Axios el abogado sino-estadounidense Wang Minyao. Cualquiera que defienda la democracia en Hong Kong, cualquiera que ataque al Gobierno autónomo hongkonés o al régimen chino, es susceptible de ser acusado en firme si osa viajar al territorio autónomo.
China, crecida en su éxito económico, nunca deja nada al azar. El himno alternativo compuesto por los manifestantes durante las protestas del pasado año, Gloria a Hong Kong, ha sido prohibido en las escuelas: incluía el lema de las marchas, Liberad Hong Kong, la revolución de nuestros días. Para algunos, era el verdadero himno de la excolonia británica que durante 150 años vivió en un régimen de pseudolibertad que hoy es arrebatado por la ambición supranacionalista de Xi Jinping, decidido a homogeneizar el territorio bajo su mando.
Hace unos días le tocó el turno a la literatura: las bibliotecas públicas y numerosas librerías han retirado libros considerados “sensibles” que hablen de oposición, democracia o disidencia. El futuro de las ONG y de los analistas y observadores internacionales asentados en la isla también está en entredicho.
Compañías tecnológicas como Facebook, Twitter, Google, WhastApp y Telegram han dejado de responder a las solicitudes de datos procesadas por las autoridades, ante el temor de que sean usadas contra los activistas. Su retirada dejaría a la excolonia más próxima al gran muro digital –es decir, la versión de la red controlada por las autoridades chinas– que a su condición de bastión de la libertad online que disfrutaba hasta la entrada en vigor de la nueva ley. Incluso TikTok, versión internacional de una aplicación china, ha anunciado su retirada del territorio autónomo.
El mundo digital sirvió para articular protestas que hoy en día son ilegales. Su control, combinado con la Ley de Seguridad, pone en entredicho el futuro de cualquier red social en la excolonia y la misma libertad de expresión. Como decía en un artículo publicado por Apple Daily, una web opositora hongkonesa, la periodista y presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Partido Demócrata Emily Lau, “el canario en la mina hongkonesa es la libertad de expresión, sin la cual el resto de libertades estará el peligro”. Aplastada esta, no habrá vuelta atrás.
Muchos grupos opositores, muchos activistas han borrado sus perfiles de las redes sociales. Otros se han marchado: Taiwán ha creado una oficina para conceder asilo a los hongkoneses, y Australia sopesa convertirse en refugio seguro para los disidentes. Alemania y Canadá recuerdan que están abiertos a ofrecer asilo a los ciudadanos que se sientan en peligro, y Estados Unidos ha revocado los acuerdos económicos especiales con la isla ahora que ya no es una excepción de derechos y libertades, sino una extensión de China.
Su categoría de foco financiero internacional se desvanece –se estima que la huida de inversiones equivale a la pérdida de 4.450 millones de dólares– ahora que las empresas internacionales no se pueden sentir jurídicamente seguras, pero bien podría ser ese uno de los objetivos del régimen comunista: atraer toda la inversión internacional deseosa de hacer negocios en Asia a la China continental, donde no hay excepciones. Trabajar allí implica plegarse a las condiciones del régimen.
El riesgo que implica mirar hacia otro lado es que China se crece en su impunidad. Como escribía Donald Clarke, profesor de la Universidad George Washington, el último objetivo de la ley es “insuflar un temor divino entre los críticos de China en todo el mundo”. Ya no es la potencia que escondía sus avances y sus esfuerzos, ni se caracteriza por su humildad. La nueva China de Xi es ambiciosa y aspira a recuperar el papel mundial que, considera, le negó la Historia. Según el director del FBI, Christopher Wray, China aspira a ser “la única superpotencia mundial”, y lo logrará antes de lo que creemos si Estados Unidos sigue hundiéndose a sí misma.
