Sociedad

Las app de rastreo de COVID-19 más “peligrosas para los derechos humanos”

Amnistía Internacional ha analizado las aplicaciones de rastreo de contagios por COVID-19 de once países de Europa, Oriente Próximo y el Norte de África para analizar el respeto al derecho a la intimidad. Según el estudio, las más peligrosas son las de Bahréin, Kuwait y Noruega.

Patricia Simón

17 junio 2020 Una lectura de 4 minutos

“Bahréin, Kuwait y Noruega violan la privacidad de las personas con invasivas herramientas de vigilancia que superan los límites justificados para hacer frente a la COVID-19”, según el investigador Claudio Guarnieri, director del proyecto Security Lab de Amnistía Internacional (AI). Unas horas antes de que la ONG hiciera públicos los resultados de su investigación, la madrugada de este martes, el gobierno del país nórdico retiró la aplicación, tras haber sido informado por AI de sus conclusiones.

No han obtenido respuesta, sin embargo, por parte de las autoridades de los otros dos países de Oriente Próximo, reconocidos por sus flagrantes violaciones de derechos fundamentales. Según AI, las aplicaciones que Bahréin y Kuwait siguen utilizando “transmiten las ubicaciones de los usuarios a una base de datos gubernamental en tiempo real, lo que es poco probable que resulte necesario y proporcionado en el contexto de una respuesta de salud pública”. La ONG también alerta sobre la implementada por Qatar, que ofrece la opción de activar el rastreo directo de contactos de todos los usuarios o de personas concretas, pero que en el momento de la publicación del informe se encuentra desactivada.

Teniendo en cuenta la falta de libertades que sufre la población de Kuwait, Bahréin y Qatar resulta preocupante que sus gobiernos hayan desarrollado aplicaciones que obligan a los usuarios a registrarse con su número de documento nacional de identidad. La ONG, que se muestra partidaria del uso de aplicaciones para frenar los contagios, advierte que “para que sean compatibles con los derechos humanos, deben, entre otras cosas, incorporar en su diseño la protección de los datos y la privacidad, lo que significa que los datos recopilados deben ser los mínimos necesarios y almacenarse de forma segura”. Es decir, las autoridades deben garantizar que no van a utilizar esa información para ningún otro fin y que no van a ponerla a disposición de terceros o destinarse a fines comerciales. Y añade: “la decisión individual de descargar y usar aplicaciones de rastreo de contactos debe ser completamente voluntaria”.

La «falta de transparencia» del modelo francés

Amnistía Internacional distingue tres tipologías de app entre las que los países han puesto en marcha para frenar la cadena de contagios de COVID-19. En primer lugar, se encontraría las que han creado países como Líbano o Vietnam, con las que las personas usuarias pueden registrarse y comprobar voluntariamente sus síntomas.

En segundo lugar, estarían las que utilizan un modelo que estiman «descentralizado y menos invasivo», en las que incluyen a las desarrolladas por Google y Apple. Entre estas se encontrarían las que se están poniendo en marcha en España, sobre las que expertas consultadas por este medio han mostrado sus dudas. Desde Amnistía Internacional explican a La Marea que las estudiarán cuando estén en marcha, pero que en un principio “no les generan grandes preocupaciones para el cumplimiento de nuestros requisitos”.

En último lugar, se encontrarían las aplicaciones de rastreo de contactos como las desarrolladas en Bahréin, Kuwait o Noruega, “que son las más peligrosas para los derechos humanos, pues están centralizadas, lo que supone que registran los datos captados por medio del sensor de Bluetooth del teléfono, del GPS o de ambos y los suben a una base de datos gubernamental centralizada”.

En el caso de la aplicación qatarí, AI descubrió una “grave vulnerabilidad de seguridad que dejaba expuestos datos personales sensibles de más de un millón de personas”, que fue subsanado después de que la organización alertara a sus autoridades. En el caso de Bahréin, la app llegó a estar vinculada a un programa de televisión que premiaba a aquellas personas a las que llamaban por teléfono para comprobar que permanecían en casa durante el Ramadán.

Amnistía Internacional también recoge en el informe su preocupación por el modelo francés, que recopila la información de manera centralizada, lo que “sumado a la falta de transparencia sobre el modo de almacenar los datos, suscita la sospecha de que puedan dejar de ser anónimos”.